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Europa

Johnson culpa a la izquierda de que el terrorista que atentó en el puente de Londres estuviera en libertad

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Boris Johnson ha culpado al hecho de haber tenido “un Gobierno izquierdista” que Usman Khan, asesino de dos jóvenes de la Universidad de Cambridge el pasado viernes, estuviera en libertad condicional. Ha prometido que creará una nueva ley, si es elegido, para que delitos graves de terrorismo sean castigados con un mínimo de 14 años de prisión. Algunos presos no serían puestos nunca en libertad.

El responsable de cuestiones de seguridad en la oposición laborista, Nick Thomas-Symonds, afirmó a la BBC que el tamaño de las sentencias es “irrelevante”, porque ya existe la perpetua para los delitos más graves y los condenados a un plazo fijo -como estaba Khan tras tener éxito su recurso a su primera condena por tiempo indeterminado- saldrán algún día. Para el laborista, lo importante es la rehabilitación y la supervisión.

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En un fin de semana en el que se han publicado sondeos sobre intención de voto en las elecciones del día 12 que reducen la ventaja de los conservadores, la campaña ha absorbido la política sobre el atentado y el terrorismo en general, con el líder laborista, Jeremy Corbyn, criticando la puesta en libertad de Khan, justificando que la Policía lo matase, alegando que la política exterior británica ha agravado el problema y pidiendo una completa investigación.

Los dos fallecidos, Jack Merritt, de 25 años, coordinador del curso del Instituto de Criminología cuyos participantes, incluido Khan, se reunían en un salón junto al puente de London Bridge, y Saskia Jones, de 23, licenciada también en Cambridge, que colaboraba como voluntaria en la organización del curso, estaban especializándose precisamente en procedimientos de rehabilitación en prisiones.

La acusación de Johnson a una izquierda genérica como responsable indirecta de lo ocurrido parece oportunista. Los conservadores han gobernado durante casi una década y su Discurso de la Reina, el 31 de octubre, contenía la promesa de una ley para aumentar el tiempo que “los autores de los delitos más graves” pasarían en prisión. Fue un Gobierno conservador el que abolió la confusa pena por tiempo indeterminado, introducida por los laboristas, a la que fue condenado inicialmente Khan.

La realidad, quizás chocante para el argumento electoralista de Johnson, es que el Ejecutivo de su predecesora, Theresa May, introdujo en 2015 reformas en el régimen penal y de prisiones que exigían la intervención del organismo supervisor de las decisiones de libertad condicional para amortiguar la puesta en libertad condicional tras cumplir la mitad de la sentencia introducida por el Gobierno del laborista Gordon Brown en 2008.

Khan llevaba una pulsera electrónica y según el servicio de supervisión de presos en libertad condicional, se entrevistaba con ellos una vez por semana. Los universitarios de Cambridge le habrían invitado a participar en el curso. Había escrito a las autoridades explicando que no sostenía ya sus ideas del pasado. El retrato que emerge es que Khan habría burlado fríamente al sistema de control.

Pero un académico que fue ejecutivo del sistema penitenciario, Ian Achenson, ha descrito en ‘The Times’ los graves problemas en las prisiones y la desorganización de las estructuras de supervisión. El Gobierno de May le pidió un informe, pero la gran mayoría de sus recomendaciones fueron desoídas. El sistema trabaja dislocado y en condiciones extremas por deficiente dirección y drásticos recortes presupuestarios.

Habría en estos momentos, según Achenson, 220 presos con perfil similar al de Khan. El primer ministro, Johnson, dice que hay 74 en condiciones de libertad condicional de los que también se podría sospechar que mantienen las ideas o planes que los llevaron a prisión. Las cifras no son enormes y parecen confirmar las difíciles condiciones en las que opera el sistema de penitenciario.


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Europa

Hungría, faro moral de Europa: prohíbe a las personas transexuales registrar oficialmente su cambio de sexo

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El Parlamento húngaro ha aprobado este martes una ley que impide modificar el sexo con el que los ciudadanos aparecen identificados en los documentos oficiales, bloqueando así el reconocimiento legal del cambio de sexo, en una medida que afecta a unas 30.000 personas trans en el país.

El cambio legal, impulsado por el Gobierno húngaro, ha sido aprobado gracias a la mayoría absoluta de que dispone el Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán. La ley determina que en los documentos oficiales debe registrarse el sexo biológico, determinado por los cromosomas, y que ese dato no puede ser modificado nunca.

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Organizaciones europeas de defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), como ILGA-Europe y Transgender Europe habían pedido que se retirara la propuesta al entender que aumentará la «discriminación y violencia» que sufren las personas transexuales.

También habían protestado la comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic; el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y diversas ONG y partidos de la oposición húngaros.

Las críticas se centran en que la nueva legislación dificultará la vida de mucha gente, que tendrán que explicar las contradicciones entre sus documentos y su identidad o que, por ejemplo, serán hospitalizadas en alas que no corresponden con su identidad sexual. El Gobierno de Orbán afirma que, pese al cambio legal, las personas trans podrán vivir su vida y expresar su identidad tal como lo han hecho hasta ahora.

La Sociedad Háttér, de defensa de los derechos LGBTI, ha denunciado que se trata de una ley inconstitucional y que pedirá al presidente que no firme la ley y la recurra ante el Tribunal Constitucional. Aseguran también que contradice la normativa internacional en derechos humanos. Amnistía Internacional ha calificado la reforma de «escandalosa» y ha denunciado que «empuja a Hungría de vuelta a la Edad Media».


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Europa

(VIDEO HIJAS DE EUROPA) Tommie Lindh: el héroe de 19 años que murió apuñalado evitando la violación de una niña de 14 años y del que la #PrensaAmaestrada no habla

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Tommie Lindh ha muerto.

Y a nadie parece importarle: solo a unos pocos a los que la prensa mansa, apesebrada, aleccionada, mamporrera y obediente del poder socialista en boga en toda Europa califica de “fascistas”, “ultraderechistas” y “racistas”. ¿No les suena de algo?

Tommie Lindh tenía 19 años y vivía en Suecia, en la ciudad de Härnosand. Una ciudad que debido al perenne y corrupto Gobierno izquierdista sueco, se ha visto, como casi toda Suecia, invadida por lo peor de la inmigración islámica radical, como aquí el innoble animal Abubaker Mohamed, el asesino y violador con antecedentes de agresión, violencia y asalto sexual. Gracias a las bondades del Gobierno Sueco, se movía en completa libertad. 

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Abubaker Mohamed

Aquí tienen el enlace directo al muro público del asesino en Facebook: no sabemos cuanto durará, pero no parece que la policía sueca quiera o haya pedido suspenderlo, suponemos que para no “coartar” los derechos de Abubaker Mohamed.

Cuando vio lo que ocurría, se lanzó valientemente contra el agresor, que intentaba violar a una muchacha de apenas 14 años. El perro sarnoso, loco de rabia, apuñaló repetidamente a Tommie Lindh, hasta que cayó muerto, y ni las asistencias ni los médicos pudieron hacer nada por el.

La policía sueca tiene órdenes políticas de ocultar a la prensa y a la sociedad estos crímenes, para así no “provocar odio”. Enferma y nauseabunda es la sociedad que, para evitar el odio, silencia los crímenes ¡En lugar de impedirlos!

Hoy, la Hermandad Española de las Hijas de Europa le dedican un vídeo a su memoria imperecedera: nos unimos al pésame a su familia y honramos la memoria de este joven mártir sueco, que dio la vida por defender la de una inocente.


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Europa

En Bélgica caen como moscas: “Coronavirus: la masacre belga”

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Ministro belga (el que protege a Puigdemont, por cierto) demuestra su absoluta incapacidad para ponerse una mascarilla.
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Por Drieu Godefridi.- (*)

Aún es muy pronto para hacer una evaluación definitiva sobre la gestión del covid-19 en cada país, pero una cosa está clara: Bélgica está viviendo una auténtica masacre.

Todo empezó en 2015, cuando el Gobierno del primer ministro Charles Michel (actual presidente del Consejo Europeo) decidió destruir todo el ‘stock estratégico’ del país –63 millones de mascarillas, entre las cuales figuraban las tan valiosas FFP2–, cuidadosamente almacenado por el Ejército en un cuartel de Belgrade (Namur), porque estaba «desfasado», según declaró la ministra de Sanidad, Maggie de Block, que aún sigue en el cargo. «Para nada», afirmó el principal sindicato del Ejército; «esas máscaras fueron incineradas… para hacer sitio a los refugiados». En 2015, Bélgica y Europa se vieron inundadas de inmigrantes por la invitación a acudir al continente que les cursó la canciller alemana, Angela Merkel, y tanto las leyes de la UE como la Convención Europea de Derechos humanos hicieron materialmente imposible rechazarlos.

Todo el stock estratégico fue incinerado, sí; y nunca fue reemplazado, otra decisión de De Block que, dada la frecuencia con que se producen epidemias y pandemias, equivale a un crimen. «Gobernar es prever», que dijo Emile de Girardin.

Así que cuando la pandemia del coronavirus se extendió por Bélgica, este desgraciado país apenas tenía máscaras: ninguna para los ciudadanos, ninguna para la Policía, ninguna para las residencias de ancianos y casi ninguna para los hospitales.

La pandemia hizo erupción mucho antes en Italia que en Bélgica. El norte de Italia, tan ligado a China por medio de las industrias textil y de la moda, fue el epicentro de la pandemia en Europa. El 31 de enero Italia prohibió los vuelos procedentes de China, decisión lamentablemente tardía, y el 21 de febrero varias localidades del país transalpino quedaron completamente confinadas.

Muchos belgas tienen raíces italianas, especialmente en el sur (Valonia), y muchos más adoran Italia. De ahí que, pese al brote, entre el 22 y el 23 de febrero decenas de miles de belgas partieran a Italia para festejar el Carnaval. Y el Gobierno belga no abrió la boca.

Cuando esa gente regresó, principalmente por los dos mayores aeropuertos del país –el de Bruselas Sur (Charleroi) y el de Bruselas (Zaventem)–, no fue sometida a ningún chequeo. Sí lo fue cuando arribó a Italia, pero no cuando regresó a Bélgica. En ese entonces la ministra De Block manifestó que tomar la temperatura a la gente era inútil, y que cerrar la frontera no tenía sentido: «Un virus no se detiene en una frontera», dijo. Cuando el doctor Marc Wathelet trató de advertirle de los riesgos, De Block le llamó, en un tuit que posteriormente borró, «histérico».

Parece que la epidemia hizo eclosión en Bélgica, mayormente, de la mano de esos viajeros no chequeados.

A primeros de marzo, el Gobierno de la primera ministra Sophie Wilmès –del mismo Movimiento Reformador centro-izquierdista que su predecesor, Charles Michel– no veía problema en que los belgas asistieran a acontecimientos de masas, como el Salón Batibouw (una feria inmobiliaria), la Feria del Libro y, por supuesto, la manifestación por el Día de la Mujer del 8 de marzo. Para ese día, en Italia ya habían muerto 366 personas como consecuencia del virus.

Cuando Wilmès decidió finalmente ponerse en acción, por medio de unas directivas fechadas el 23 de marzo, lo hizo principalmente para proscribir cualquier iniciativa privada relacionada con las mascarillas y los medicamentos: el Gobierno se iba a hacer cargo.

Por desgracia, esos políticos profesionales y sus expertos no tenían la experiencia necesaria en el campo del comercio internacional. El primer cargamento de mascarillas solicitado por el Gobierno belga jamás llegó; las mascarillas del segundo cargamento eran muy eficaces… para hacer cafés, y cuando un emprendedor local tomó la iniciativa y encargó millones de mascarillas para que les fueran entregadas a las autoridades, fue demonizado –sin la menor justificación– como un «bandido». Pero, «hey, esto es una emergencia, ¡no tenemos tiempo para aportar pruebas!».

A principios de abril, dos meses después de que la pandemia se extendiera por Europa, en Bélgica aún no había mascarillas prácticamente, ni siquiera para los profesionales sanitarios que se exponen a diario al contagio, así que imagínense para el ciudadano del común.

Como no había máscaras, el Gobierno decidió anunciar que las máscaras no eran necesarias. La muestra suprema de la ineptitud gubernamental aún se puede ver en la web personal de la ministra de Sanidad: «Llevar máscaras para protegerse del coronavirus no tiene demasiado sentido».

Junto con las máscaras, el otro elemento imperativo para combatir al virus son los tests; hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha reconocido. Los tests son bastante sencillos de producir y el primer requisito para una respuesta eficiente ante cualquier pandemia. Los recursos sanitarios belgas son notables –hospitales, médicos, laboratorios públicos y privados, una enorme cantidad de compañías químicas privadas–, y el gasto público en sanidad belga es uno de los más elevados del mundo. Así las cosas, el Gobierno tenía la oportunidad de maquillar su ineptitud criminal con los tests.

Por desgracia, ocurrió todo lo contrario. Premió con el monopolio de facto sobre los tests al laboratorio de un tal Marc van Ranst, de la Universidad Católica de Lovaina. No hay razón concebible alguna para esa decisión, y las consecuencias fueron exactamente las mismas que con las mascarillas: la exclusión del sector privado y el racionamiento de los tests, de los que ha habido una cruel carestía desde el primer día.

La decisión es aún más sorprendente cuando uno se entera de que Van Ranst es no sólo médico sino un activista político. Declarado comunista e israelófobo, llegó a hablar un día del «Gazacausto», y se quedó tan a gusto con la palabreja. Este es el tipo al que se ha coronado Míster Test de toda Bélgica.

Cuando compañías privadas desarrollaron nuevos métodos de chequeo, el Gobierno belga publicó inmediatamente una nueva orden para proscribirlos, con el pretexto de que quizá no fueran 100% fiables.

Sin máscaras, rastreos y con apenas tests: esta viene siendo la situación en Bélgica en medio de la peor pandemia desde la gripe española de 1918. Es una situación dramática enteramente debida a las ominosas decisiones del Gobierno. Cuando Wilmès rompió el monopolio de facto que ella misma había creado, permitiendo tests de empresas privadas como GSK, ya era demasiado tarde.

Desafortunadamente, no acaba aquí esta triste historia de incompetencia criminal. Lo peor estaba aún por llegar. En vista de lo que sucedía en Italia y Alsacia (Francia), donde algunos hospitales se han visto temporalmente desbordados con los pacientes del coronavirus, el Gobierno belga tomó la que, en perspectiva, puede que sea la peor decisión adoptada desde 1945: los residentes en residencias de ancianos infectados tendrían que permanecer en las propias residencias. Así pues, no hubo hospitalización para esa pobre gente anciana.

Junto con la práctica total ausencia de máscaras y tests, esta directiva tuvo consecuencias cataclísmicas: muertes, muertes y más muertes. Bélgica habla ahora no de una sino de dos epidemias: la de la población en general y la de las residencias de ancianos. Trágicamente, prácticamente la mitad de las muertes por coronavirus en Bélgica han tenido lugar en asilos. Pese a los esfuerzos heroicos de sus trabajadores, los asilos belgas son de hecho trampas mortales. Para evitar contagios, a los moribundos que yacen en sus habitaciones no se les permite siquiera ver a sus familias una última vez; otra decisión del Gobierno belga que se ha proclamado, cancelado y vuelto a proclamar.

Sin máscaras, sin tests y con los asilos convertidos en trampas mortales: ahora entiende uno por qué Bélgica es el país del mundo con más muertes por coronavirus per cápita, con una cifra diez veces superior a la de Alemania [1].

La masacre belga es completamente debida a la trágica incompetencia de las elites gobernantes, y era completamente evitable.

NOTA:

[1] La inefable Maggie de Block ha anunciado que «recontará» las muertes en las residencias de ancianos porque algunos de los incluidos en las estadísticas sólo eran «sospechosos» de tener el coronavirus. Ahora bien, numerosos países, empezando por EEUU, han incluido los casos sospechosos en sus conteos.

(Gatestone Institute) Drieu Godefridi, escritor liberal, es el fundador del Instituto Hayek de Bruselas. Tiene un doctorado en Filosofía por la Sorbona de París y gestiona inversiones en varios países europeos.


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