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Tribunales

La Audiencia de Navarra mantiene la libertad provisional para los miembros de La Manada

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Dos de los integrantes de La Manada, el pasado 26 de diciembre
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La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decidido mantener en libertad provisional a los cinco integrantes de La Manada al desestimar la prisión provisional que habían solicitado las partes acusatorias, la Fiscalía, la acusación particular que representa a las víctimas y las acusaciones populares, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento.

A pesar de que el pasado 5 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra había confirmado la condena a 9 años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento, la Sección Segunda ha considerado que no era motivo suficiente para cambiar la situación de los acusados por los abusos ejercidos sobre una joven madrileña en la primera noche de los Sanfermines de 2016. Según la Sala, y basándose en el Tribunal Constitucional, la existencia de una condena «resulta todavía inhábil para enervar la presunción de inocencia del acusado, a la espera del desenlace del recurso de casación interpuesto por él», es decir, consideran «provisional» la condena de los cinco miembros de La Manada a la espera de lo que decida el Tribunal Supremo, a quien han recurrido en casación todas las partes.

Por el contrario, la Sala resalta en su auto que «durante el tiempo transcurrido desde que los encausados fueron excarcelados han cumplido, puntualmente, las condiciones que les fueron impuestas».

Consideran que no han variado los motivos que les hicieron ponerlos en libertad el pasado 22 de junio. Sobre el episodio en el que Ángel Boza robó unas gafas de sol en un centro comercial de Sevilla el pasado mes de agosto, la Sala considera que se trata de «dos delitos leves», robo y lesiones, «hechos que afectan a bienes jurídicos muy diferentes y más livianos que los que han determinado su condena por un delito de abusos sexuales».

Sobre el cambio de condición de Alfonso Cabezuelo, que ha sido expulsado provisionalmente de su situación de militar, al contrario de lo que opinan las acusaciones, el tribunal no cree que incremente su riesgo de fuga, más bien al contrario porque «de momento supone que no recibe ingreso alguno. Tal carencia no incrementa el riesgo de fuga, sino que, en cierta forma lo limita».

Esta decisión se ha tomado por dos votos, los de los magistrados Ricardo González y Raquel Fernandino, contra la opinión del presidente de la sala, José Francisco Cobo, que abogaba por la prisión provisional y sin fianza para los cinco encausados. Por ello ha emitido un voto particular.

En él, al contrario de lo que opinan los otros dos magistrados, Cobo considera que «la confirmación del señalado pronunciamiento condenatorio, teniendo cuenta la gravedad de la pena impuesta, consolida y refuerza, los factores que deben ser evaluados, para apreciar que la medida cautelar personal, es necesaria para procurar el fin legítimo asignado a la prisión provisional, concretado en la evitación de la sustracción a la acción de la justicia».

Así pues, a pesar de este voto particular, los cinco miembros de La Manada podrán continuar en libertad a condición de presentarse tres veces por semana en los juzgados de Sevilla, sin poder salir de España ni pisar la Comunidad de Madrid, donde vive la víctima.

Esta decisión es provisional hasta que el Tribunal Supremo decida sobre los recursos presentados por todas las partes.

 


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Tribunales

Declarado culpable de homicidio imprudente el hombre que mató a otro que llevaba unos tirantes de España

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Rodrigo Lanza
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El jurado popular del juicio por la muerte de un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera de España tras recibir una paliza en Zaragoza ha declarado culpable de homicidio imprudente al acusado, Rodrigo Lanza, y ha apreciado que actuó por motivos ideológicos. El veredicto determina que Lanza le causó lesiones con resultado de muerte pero considera que la muerte no fue intencionada.

El veredicto emitido este viernes por el jurado en la Audiencia Provincial de Zaragoza y que no ha sido alcanzado por unanimidad estima que no ha quedado probado que el antisistema Lanza actuara con el ánimo de causar la muerte de Victor Laínez, de 54 años, en diciembre de 2017 en el bar Tocadiscos de la capital aragonesa.

La Fiscalía, la acusación particular ejercida por la familia de la víctima y la acusación popular -que representa Vox- habían solicitado una pena de 25 años de prisión por asesinato con las agravantes de alevosía y motivación ideológica. Por su parte, el abogado de la defensa había solicitado la absolución, según informa Europa Press.

El dueño del bar donde se produjeron los hechos y varios testigos relataron en la vista que Laínez fue atacado por la espalda con un objeto contundente y que luego fue golpeado de forma violenta cuando estaba en suelo, con patadas y puñetazos propinados por Lanza.

El propio Lanza, con la corroboración de su amigo, señaló que Laínez portaba una navaja y que se limitó a defenderse por miedo a morir. Sin embargo, el representante de la acusación particular, Juan Carlos Macarrón, advirtió al jurado en su informe final de que las versiones de los testigos estaban verificadas por las pruebas periciales forenses practicadas.

Los médicos forenses destacaron durante la vista que Laínez fue atacado por la espalda con un objeto contundente y que la muerte le sobrevino a causa de los golpes recibidos, cuando no podía defenderse.

Víctor Laínez falleció cuatro días después de sufrir la agresión y Lanza fue detenido el día 11 de diciembre de 2017 por la Policía Nacional. Desde entonces y hasta 15 día antes del juicio, ha estado en régimen de aislamiento en la prisión de Zuera.


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Economía

La Audiencia Nacional imputa al ex presidente del BBVA, Francisco González, por los pagos a Villarejo

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El ex presidente del BBVA, Francisco González.
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La Audiencia Nacional, tal y como pidió la fiscalía anticorrupción, ha imputado al ex presidente del BBVA en la causa por los pagos al comisario Villarejo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado citar en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al expresidente del BBVA, Francisco González, que ha sido convocado para el próximo 18 de noviembre.

La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación después de que el magistrado decidiera en julio imputar a la entidad bancaria como persona jurídica.

El juez sospecha que la cúpula del BBVA consintió la contratación del excomisario José Villarejo para tareas de información y espionaje para “beneficio personal y empresarial”.

La Fiscalía ha pedido su imputación a la vista de la investigación abierta al BBVA en la pieza 9 de esta causa, en la que se indaga sobre las presuntas contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.

Cuando el juez imputó a la entidad los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, le citó para el 24 de septiembre, fecha que después pospuso al 10 de octubre y finalmente será previsiblemente la semana que viene cuando comparezca un representante legal del banco.


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Tribunales

Jueces para la Democracia expresa en un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas”

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PR.-  Un juez no está para eso, no está para apoyar a ningún gobierno, ni para militar en él, su función es otra. Su función es aplicar la ley, es la defensa de los valores constitucionales. Nos lo dicen fuentes jurídicas. Jueces para la Democracia, con claridad, ha expresado a través de un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades”. Este comunicado no ha gustado en el resto de la carrera judicial. “Es una barbaridad”, nos dicen algunos jueces. Incluso lo califican de lamentable. Las manifestaciones de “Jueces para la Democracia” quebrantan los principios de independencia y lealtad institucionales, señalan otros jueces consultados. Esta asociación, considerada próxima al PSOE, “ha entrado en un debate político que nos está vedado a los jueces”, dicen.

Para la asociación de jueces Francisco de Vitoria, cada juez es libre de votar a quien quiera, pero no tienen que entrar en Política. Su portavoz, Raimundo Prado, en conversación telefónica con COPE, se pregunta qué es ser progresista. Se presupone que el PSOE es progresista pero no quiso modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, recuerda. Por ello se pregunta “¿ dónde radica su progresismo? ”. Como asociación, como jueces, defienden que la Justicia sea lo más independiente posible, basada en principios constitucionales.

“Lo que se espera de los jueces es que seamos independientes”, nos dice María Jesús del Barco, portavoz de la APM, la asociación mayoritaria. Defiende la división de poderes y critica la intromisión de unos en otros. Con rotundidad, Del Barco asegura, que la Política se hace en la Carrera de San Jerónimo, no desde las asociaciones de jueces.


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