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Cartas del Director

La demagogia tiene precio

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Banco de España
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El Banco de España advierte en su informe trimestral sobre la evolución de la economía española de que se está produciendo un encarecimiento del tipo de interés medio aplicado a los nuevos préstamos hipotecarios, que estaría en torno al 2,4 por ciento, es decir, 30 puntos básicos, fenómeno que no se registra en ningún país de la eurozona y que tampoco tiene correlato con otras operaciones de préstamo, como los créditos al consumo. A falta de nuevos datos, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos, apunta a que este encarecimiento podría estar relacionado con los cambios legislativos impulsados por el Gobierno socialista en la legislación hipotecaria, que, entre otras cuestiones, hace que los bancos corran con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, reduce los intereses de demora y de amortización anticipada de los crédito y extiende en el tiempo la protección frente al desahucio de los clientes morosos.

Pese a las protestas de la banca española, que niega la mayor y atribuye lo ocurrido al aumento de las hipotecas a interés fijo, el informe del regulador no hace más que confirmar lo que cualquier lego en la materia podía pronosticar: que las entidades de crédito, muy golpeadas por la política monetaria del Banco Central Europeo, que mantiene los tipos prácticamente en cero, no sólo iban a trasladar al consumidor el incremento de los costes impuestos por el Gobierno, sino, como también se está produciendo, a endurecer las condiciones y las garantías exigidas para la concesión de una hipoteca.

Que esta situación se produzca, además, cuando se desacelera la creación de empleo y aumenta la demanda en el mercado inmobiliario, con costes prohibitivos para los trabajadores más jóvenes o con menores ingresos, debería llamar a la reflexión ciudadana sobre los efectos del populismo en el la vida pública. Como señalamos en su momento desde estas mismas páginas, era imposible no reparar en el oportunismo político, demagogo en el exacto sentido del término, que suponía corregir desde el Ejecutivo la resolución del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Que la decisión judicial hubiera venido envuelta en una trifulca de magistrados poco edificante para los ciudadanos no exime lo más mínimo al Gabinete de Pedro Sánchez, que fue el que tomó la decisión, de sus consecuencias. Sin duda, la misma confusión creada por los jueces del Supremo, que sólo ayudaba a consolidar la percepción popular de que la banca siempre gana y daba pábulo a las teorías conspiratorias más variopintas, era una tentación irresistible para que un Gobierno en precario, como era el caso en noviembre de 2018, no aprovechara la oportunidad de presentarse ante la opinión pública como el valladar contra los malvados banqueros. Y ello, en un país donde la presión impositiva sobre el mercado inmobiliario es de las más altas de nuestro entorno.

En España, los gravámenes para una operación media hipotecaria suponen un coste añadido de 2.800 euros, frente a los 500 de Italia o los 250 de Francia. En Reino Unido, Alemania y los Países Bajos, por citar tres ejemplos próximos, no se paga nada. Y que sepamos, no es «la malvada banca» la que decide la política fiscal. Pero ese debate sobre las cargas impositivas que acosan a quien pretende adquirir una vivienda –que es la gran y, muchas veces, única inversión de toda una vida–, carece de la vistosidad que precisa el político populista, siempre a la búsqueda de un cabeza de turco que pague la cuenta. Con un riesgo añadido: que mientras «paguen los banqueros», se abre la veda para que la izquierda incremente la presión fiscal. La realidad, sin embargo, es tozuda y el Banco de España no ha hecho más que describir los primeros efectos de una mala decisión.

 

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Apoyo a la Guardia Civil

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Algunas actuaciones recientes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, están produciendo sorpresa y perplejidad. El ministro ha calificado como “inoportunas y poco idóneas” las palabras del general Pedro Garrido durante la conmemoración de la patrona de la Guardia Civil en Cataluña. También la Delegada del Gobierno en dicha Comunidad acudió prontamente a disculparse ante los Mossos de Escuadra, en su nombre “y en el del Ministerio del Interior”, por el discurso del Jefe de la Guardia Civil en Cataluña.

El general Garrido no hizo más que lo propio de un alto mando, agradecer a los agentes la defensa del orden constitucional y el trabajo de “desenmascarar a personas relevantes de las instituciones autonómicas” que pretenden llevar adelante un proceso que es contrario a la ley. Que el ministro del Interior se muestre receloso por el hecho de que un mando de la Guardia Civil apueste públicamente por el cumplimiento de la ley y la seguridad de los ciudadanos en Cataluña resulta bochornoso.

Intervenciones como la del Ministro pueden provocar desafección y desaliento en un cuerpo que debe afrontar cada día un contexto de hostilidad alimentado desde las propias instituciones catalanas. En todo caso reflejan la actitud de un Gobierno más preocupado por la estrategia electoral que por apoyar a quienes se juegan el tipo para preservar el orden y la pacífica convivencia en un momento decisivo para Cataluña.

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Otro giro de Rivera

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Entre las crisis internas de su partido y la preocupación por lo que en cada momento le pronostican las encuestas (en este momento, nada bueno para Ciudadanos), Albert Rivera discurre por la política española improvisando propuestas y confundiendo a sus electores. Sólo en este año, Rivera ha transitado por el espacio político ofreciéndose a unos y a otros, vetando a unos para La Moncloa y bendiciendo a otros como socios preferentes. Del «no es no» a Sánchez, Rivera pasó, en los últimos minutos de la legislatura anterior, a ofrecer su apoyo a la investidura del candidato socialista si aceptaba unas condiciones que, en una hábil y previsible réplica, el PSOE afirmó que ya cumplía. Y ahí quedó el líder de Ciudadanos, con el efímero protagonismo de una oferta que, en vez de trasladar la carga de la culpa sobre Sánchez, acentuó el sentido oportunista con el que se conduce Rivera. Tampoco asumió la negativa socialista con todas sus consecuencias, porque a continuación rechazó el «España suma» que le ofreció Pablo Casado, al que compensó ungiéndolo como socio preferente de Cs para formar gobierno si entre ambos tienen un escaño más que la izquierda.

Pero este alineamiento con el PP para un gobierno de coalición tampoco ha debido tranquilizarle, porque ayer, sin renunciar al pacto con los populares, lo compensó levantando el veto a Sánchez para la próxima legislatura, siempre que se pacten diez reformas sociales y políticas, que no las planteó como condiciones innegociables ni parecen inasumibles para el PSOE. Los críticos de Rivera que abandonaron el partido o sus cargos directivos se sorprenderán con este nuevo volantazo, aunque suponga darles la razón sobre la conveniencia de que Cs sea un partido disponible a pactos diversos.

La pregunta inevitable es si Rivera ha encontrado ya su sitio con esta propuesta de desbloqueo para la próxima legislatura o si tras ella se esconden más saltos tácticos que, en vez de dar claridad a su nueva oferta, la convertirán en una fuente de mayor incertidumbre sobre el papel de Cs en el presente y futuro de España. En este momento, el votante de Cs ya sabe que su líder está dispuesto a formar gobierno con el PP, pero también a apoyar la investidura de Sánchez, en ambos casos con condiciones, como es lógico. Esta opción puede ser tan rentable electoralmente como desastrosa para recuperar votantes perdidos si es percibida como una incongruencia. Todo dependerá de que Rivera haga una campaña que no transforme a su partido en un comodín del que resulte ganador, porque, para ese viaje, sus votantes pueden preferir directamente al ganador. Corre el riego, en fin, de que con tanta pirueta táctica termine de marear a los españoles.

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Cartas del Director

Ignorar las crisis solo las agrava

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Al aluvión de datos macroecónomicos publicados ayer, todos indiciarios de la ralentización del crecimiento económico, ABC añade hoy la cifra que documenta el ritmo de la destrucción de empleo en España: las grandes empresas han activado una nueva oleada de despidos y ajustes laborales en un momento en el que la salida de los ERE vuelve a aparecer en el horizonte empresarial.

El primer semestre del año se cerró el pasado junio con un incremento del 40 por ciento de los expedientes de regulación de empleo, herramienta de ajuste laboral cuya aplicación durante el ciclo de la crisis que arrancó hace una década dejó sin empleo a decenas de miles de trabajadores. Ignorar estas señales e insistir en las políticas de gasto no productivo quizás aporte apoyos electorales a la izquierda, pero representa un acto de grave irresponsabilidad, más aún tras la experiencia -y las cuentas- que hace ahora ocho años dejó el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero al equipo de Mariano Rajoy y, más aún, al conjunto de la sociedad española.

El frenazo del PIB, que en el segundo trimestre se quedó en el 0,4 por ciento, el más bajo de los últimos tres años; la baja inflación registrada en septiembre, con un 0,1 por ciento que también es la nota más baja desde 2016, o el aumento de la deuda pública, que en junio marcó un nuevo récord, con 1,21 billones de euros (99 por ciento del PIB) invitan a poner en marcha un programa urgente de reformas, no una política basada en el gasto social y la «reversión» de los ajustes, como anuncia el Gobierno socialista. España está aún lejos de caer en la recesión a la que se dirigen economías como la alemana, la italiana o la británica, pero confiar en la inercia es el camino más fácil para repetir una crisis cuya factura aún no hemos terminado de pagar.

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