Connect with us

Economía

La subida del salario mínimo interprofesional incrementará el paro e incentivará la economía sumergida

Published

on

Comparta este artículo.

J. L. Feito (R) Al igual que sucedió con otras alzas bruscas del salario mínimo interprofesional (SMI) al comienzo de la Transición política y en las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), la subida del coste salarial mínimo aumentará el peso de la contratación temporal, reducirá la duración de la jornada media de trabajo y ralentizará el crecimiento del empleo a tiempo completo, incrementará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores de baja cualificación e incentivará la economía sumergida. Algunos de estos efectos, como la reducción de la jornada y el aumento de la contratación temporal y a tiempo parcial, serán inmediatamente visibles.

Loading...

Lo anterior no implica afirmar que el nivel actual del SMI en nuestro país sea la causa principal del elevado paro estructural que padecemos, ni que la reciente subida vaya a coartar de forma significativa la creación de empleo. Más paro estructural que el SMI han causado los salarios mínimos establecidos por muchos convenios colectivos, y mucho más nocivo para el empleo y la reducción del paro que la reciente subida del SMI sería que dicha subida impulsara alzas proporcionales de esos mínimos de convenio y que dichas alzas se transmitieran al conjunto de la escala salarial. En este artículo nos limitamos estrictamente a estudiar las posibles consecuencias negativas de la subida del SMI, suponiendo que dicha subida no tiene impacto alguno sobre la estructura salarial acordada en la negociación colectiva. Aun bajo este supuesto, como se ha dicho y se razonará en las líneas siguientes, la subida del SMI que ha entrado en vigor en enero de 2017 tendrá apreciables efectos netos negativos sobre los trabajadores más propensos a perder su puesto de trabajo y a permanecer en el paro.

Loading...

Criticar la subida del SMI tampoco implica, como equivocadamente suponen los partidarios de dicha medida, que quienes lanzan estas críticas no quieran que aumenten los niveles salariales más bajos o los salarios medios en nuestro país. El deseo de que los salarios mejoren todo lo posible, especialmente los más bajos, lo comparten tanto los partidarios como los detractores de dicha subida. La diferencia entre unos y otros no reside en el ámbito de los deseos sino en el de los métodos para hacer el deseo realidad, sin que la subida de los salarios de unos implique la pérdida de empleo o la permanencia en el paro de otros. De lo que se trata, pues, es de dilucidar si la subida del salario mínimo decretada por el Gobierno, acompañada de una subida de igual proporción de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social, será positiva o negativa para los trabajadores de menor renta salarial y especialmente para los más vulnerables, los más propensos a perder su puesto de trabajo o a permanecer en el paro.

CONSIDERACIONES GENERALES

Antes de entrar en el análisis de las magnitudes pertinentes para apoyar empíricamente las anteriores afirmaciones, es conveniente efectuar algunas consideraciones generales que parecen desconocer quienes jalean esta medida por su supuesto impacto benéfico sobre los trabajadores de menor renta.

En primer lugar, se ha de recordar que el salario mínimo siempre es cero, esto es, el verdadero salario mínimo es la pérdida o ausencia de salario por perder el empleo o permanecer en el paro. En las economías de mercado, el Gobierno puede fijar un nivel de salario mínimo pero son las empresas las que determinan el nivel de empleo y, por ende, el número de trabajadores que terminará percibiendo esos umbrales salariales. Esto es, el Boletín Oficial del Estado (o la negociación colectiva) puede imponer niveles salariales mínimos pero no el volumen de empleo consistente con dichos salarios. El empleo tenderá a alcanzar el nivel en el cual su coste para las empresas iguala la contribución relativa de los trabajadores empleados a los ingresos de las mismas. Si el coste salarial mínimo supera la contribución que algunos trabajadores empleados o parados realizan, o pueden realizar, a los ingresos de las empresas, descenderá la demanda de este tipo de trabajadores, reduciéndose su empleo (o su jornada) o prolongándose su permanencia en el paro. Dicho más llanamente, si lo que los empleados le cuestan a los empleadores supera lo que aquellos producen se reducirá el empleo (y aumentará en caso contrario). Así, no se puede dar por sentado que todos los trabajadores que están cobrando alrededor del salario mínimo de 2016 seguirán empleados, trabajando las mismas horas anuales que antes y ganando el incrementado salario mínimo de 2017. Ni tampoco que el número de trabajadores que saldrán del paro y cobrarán el nuevo salario mínimo será igual al que habría encontrado trabajo al anterior nivel del SMI.

Esto es, existen valores del salario mínimo cuya superación tendría efectos opuestos a los buscados con dicha medida. Este es un hecho que hasta los más ardorosos partidarios de subir intensamente el salario mínimo reconocen tácitamente, ya que ni ellos se atreven a solicitar que el salario mínimo se iguale al salario medio. Si la subida del salario mínimo, aunque aumente la renta de algunos trabajadores, reduce la de otros, ya sea porque se acorte su jornada, pierdan su empleo o permanezcan en el paro los que en ausencia de dicha subida habrían encontrado trabajo, entonces dicha medida podría deteriorar la situación de los trabajadores de menor renta en su conjunto. De lo anterior se colige que la subida del salario mínimo no solo no tiene por qué reducir la precariedad laboral ni la desigualdad salarial sino que incluso puede aumentarlas.

En segundo lugar, está la falacia, no por repetida menos falsa, consistente en defender la subida del salario mínimo como un instrumento para acelerar el crecimiento del consumo privado y de la demanda interna. Vaya por delante que no siempre es positivo para la economía y para el empleo que se acelere el crecimiento del consumo o el de la demanda interna. No lo es, por ejemplo, cuando el crecimiento de dichas variables se hace a costa de aumentar el endeudamiento externo del país, como sucedió con especial virulencia en los años anteriores e inmediatamente posteriores a la Gran Recesión. Dicho esto, el crecimiento del consumo privado depende del crecimiento del poder de compra del conjunto de los asalariados y de otras variables como la fiscalidad, la confianza de los agentes económicos en la evolución de la economía o los movimientos de los tipos de interés. El poder de compra del conjunto de los asalariados, a su vez, depende del comportamiento de los salarios medios reales (no del salario mínimo) y de la evolución del empleo. Esto implica que si la subida del salario mínimo no aumenta los salarios medios en términos reales o, aunque lo hiciera, tuviera una incidencia negativa sobre el nivel de empleo que sobrepasara el efecto alcista sobre los salarios, su impacto sobre el consumo privado podría ser incluso negativo. En cualquier caso, solo aumentos de los salarios medios reales que sean compatibles con el crecimiento del empleo y con el mantenimiento de niveles de competitividad adecuados pueden garantizar ritmos de crecimiento sostenibles del consumo privado y de la demanda interna.

En tercer lugar, la presunción de ausencia de impactos negativos sobre el empleo y el paro de establecer determinados niveles de salario mínimo en España no se puede amparar en comparaciones de estos niveles con los existentes en otros países cuyas rentas per cápita, niveles de productividad y salarios medios son sensiblemente superiores a los nuestros. Ya hemos visto en la primera consideración que si los niveles de los salarios reales mínimo o medio superan la productividad de los grupos de empleados correspondientes se perderá empleo hasta que dichas pérdidas eleven la productividad, acercándola al nivel de los salarios reales.

Esta presunción está firmemente arraigada en las formaciones políticas de izquierda y extrema izquierda, y en buena parte de la opinión pública que, por otra parte, ignora que en alguno de los países de mayor renta per cápita de Europa (los países escandinavos) no existe salario mínimo. Como tampoco existía en Alemania hasta el año pasado, país en el que dicho salario mínimo no es aplicable a los jóvenes de menos de 18 años y a los parados de larga duración. La mayor parte de los políticos y de la opinión pública, así como muchos economistas no especialistas en el mercado de trabajo, ignoran también que España es el único país del mundo (de los que tienen SMI) que desde 1998 tiene un salario mínimo común tanto para los jóvenes como para el resto de los trabajadores. Todos los demás países tienen una escala de salarios mínimos crecientes con la edad hasta, al menos, los 20 años. En algunos de ellos (Alemania y Holanda), el salario mínimo de los jóvenes de menos de 18 años es inferior al salario mínimo para los jóvenes de estas edades en España, a pesar de las notables diferencias de productividad y salarios medios entre esos países y el nuestro. Debería ser abrumadoramente obvio que el elevado paro juvenil en España (superior al 40%), y especialmente el de los jóvenes de menos de 20 años (superior al 50%), tiene algo que ver con el nivel de salario mínimo preexistente antes de esta última subida.

En cuarto lugar, tampoco es un indicador útil de los posibles efectos del salario mínimo el mayor o menor valor que alcance el denominado índice Kaitz, el cociente entre el salario mínimo y el salario medio. De acuerdo con la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario mínimo mensual actual (707,6 ) alcanza el 37,4% del salario medio mensual de 2015 (1.893,7 ) y el 44,3% del salario mediano (1.596,8 ). 2015 es el último año con datos completos publicados, pero los niveles salariales de 2016 no alterarán apreciablemente esos porcentajes. Estos indicadores, en sí mismos o en comparación con los de otros países, no nos dicen nada sobre el posible impacto del salario mínimo porque dicho impacto depende de las estructuras de productividades laborales individuales de cada país. Si en un país determinado el grupo de trabajadores con productividad inferior al salario mínimo y al salario medio es abultado, las consecuencias negativas de subir el SMI serán tanto mayores cuanto más se acerque dicho salario al salario medio, con independencia de cuál sea su índice Kaitz en comparación con el de otros países. En este sentido, la recomendación de la Carta Social Europea de intentar situar el salario mínimo en torno al 60% del salario medio (una recomendación que no se cumple en ningún país europeo ni de la OCDE), que también se ha utilizado por algunos grupos políticos para apoyar la subida del salario mínimo en nuestro país, debería entenderse como una recomendación para aumentar la productividad de los trabajadores que la tienen más baja mediante políticas educativas y de formación. Si no se entiende así, la única interpretación alternativa posible de esta recomendación sería que la Carta Social Europea promueve el paro de los trabajadores más vulnerables.

EVALUACIÓN DE daños

Veamos a continuación los elementos para evaluar el impacto del salario mínimo sobre el empleo y el paro. En lo que sigue se utilizan indistintamente comparaciones entre salarios nominales y valor de la productividad laboral (o productividad nominal) o bien entre salarios reales y productividad laboral. Un aumento del salario mínimo (más precisamente, del coste salarial mínimo) hasta un determinado nivel afectará negativamente a los flujos de empleo allí donde este nivel supere la contribución de los trabajadores a los ingresos de las empresas donde trabajan o podrían trabajar. La productividad nominal de los trabajadores, la contribución a los ingresos de la empresa, tiene un componente estructural y otro cíclico que la impulsa al alza en las etapas expansivas y a la baja en las contractivas. Por eso, en una fase de crecimiento sensible del PIB se creará habitualmente empleo en proporción cercana a dicho crecimiento, si bien la subida del coste salarial mínimo podría moderar el crecimiento de ciertos tipos de empleo. En general, sobre todo cuando el paro supera su nivel de pleno empleo o su nivel estructural, la creación de empleo por unidad de PIB será tanto mayor cuanto menor sea el ritmo de variación de los costes laborales reales.

El empleo neto creado en un año será igual al empleo creado menos el empleo destruido y el paro se reducirá por el importe de dicho aumento, suponiendo constante la población activa. Por lo tanto, dejando al margen el impacto del salario mínimo sobre la tasa de actividad y suponiendo constante la población activa, sus dos canales principales de incidencia adversa serían su posible impacto negativo sobre la creación bruta de empleo y su posible impacto positivo sobre la destrucción de empleo. El aumento del coste salarial mínimo puede afectar también a la composición del empleo aumentando la proporción de contratos temporales, reduciendo la duración de la jornada o pasando empleo a la economía sumergida. La contratación temporal tiene un coste laboral inferior a la indefinida, ya que los costes de despido son un componente del coste laboral y por eso tiende a acentuar su crecimiento cuando suben los costes salariales.

Por cualquiera de estas tres vías, los empleadores (empresas, autónomos y también familias, en el caso de las empleadas/os del hogar) ajustan sus costes laborales anuales a lo que consideran que pueden pagar en el año por el trabajo del empleado. Como se ha dicho antes, la creación bruta y la destrucción de empleo, así como la duración de la jornada, la proporción de la contratación indefinida y el montante de la economía sumergida, pueden variar por otras causas ajenas a la subida del coste salarial mínimo. Aislar con precisión el efecto de esta subida orillando el de esas otras causas exige estudios econométricos que no estarán disponibles hasta que se cuente con la evidencia de algunos años de vigencia de la medida. A falta de estos estudios, se pueden utilizar algunos indicadores para dar una idea del orden de magnitud del impacto de la subida, una evaluación que permita, al menos, apreciar si dicho impacto será significativo o insignificante.

La estimación aproximativa del impacto de la subida del salario mínimo se efectúa habitualmente observando la proporción de trabajadores empleados que por su nivel salarial podrían verse afectados por los nuevos umbrales del salario mínimo. Obviamente, cuanto mayor sea la proporción de trabajadores con salarios alrededor del mínimo, mayor será el impacto potencial de una subida del mismo sobre los flujos de creación y destrucción bruta de empleo. Florentino Felgueroso ha estudiado la cobertura del nuevo nivel del SMI vigente en 2017 en comparación con la existente al anterior nivel de salario mínimo (y también con la vigente bajo hipotéticas subidas adicionales del mismo hasta el año 2020, datos que se pueden consultar en el artículo citado de este autor). La fuente utilizada por Felgueroso es la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) y la unidad salarial considerada es el salario mensual ajustado a mes equivalente a tiempo completo.

Como se puede observar en el gráfico adjunto (¿A quiénes afecta?), la proporción del total de asalariados con salarios cercanos al mínimo, al inicio de 2017, es del 3,6%, una cifra no elevada pero no despreciable y sensiblemente superior a la del año 2015. Lo más relevante y útil del gráfico de Felgueroso, a mi juicio, es la cobertura del SMI entre los jóvenes y los trabajadores no cualificados. En estos grupos la cobertura del SMI es significativa (18,5% y 12,3% respectivamente, sensiblemente superior a la existente antes de la subida) y, por tanto, también lo es su incidencia negativa potencial. Piénsese que estos grupos de empleados, más que otros, son la porción emergente de un iceberg con una parte abultada sumergida en el desempleo. Es igualmente significativa la cobertura del salario mínimo entre las empresas de reciente creación, un dato también preocupante, ya que la creación neta de empresas es el principal motor de la creación neta de empleo.

La cobertura del nuevo SMI también se puede observar de forma más burda, pero también relevante, a partir de los datos del decil de salarios del empleo principal de la EPA, resumidos en el gráfico inferior de la página anterior (¿Cuántos perciben una suma inferior al SMI?).

Nótese que el total de los asalariados es inferior al 10% de la población que debería cubrir cada decil. La razón probable estriba en que la nota de prensa del INE publica los datos muestrales sin escalar por los pesos de representatividad de los componentes correspondientes. En todo caso, la escalación probablemente aumentaría el peso de la población a jornada completa y reduciría el de la población a jornada parcial. Con independencia de esta corrección, cerca de un 10% de los asalariados percibiría menos del salario mínimo actual, ya que atendiendo a los datos de la Encuesta de Estructura Salarial, solo una parte insignificante de la población de asalariados del segundo decil ganaría menos del nuevo salario mínimo de 707,6 . La diferencia entre la cobertura de estos datos de la EPA y la cobertura de los datos que utiliza Felgueroso se debe a que dicho autor calcula el sueldo mensual ajustado a mes equivalente a tiempo completo. Según la muestra de la EPA, el sueldo medio bruto mensual de los asalariados a jornada completa en 2015 fue de 2.142 mientras que el de los asalariados a jornada parcial se cifró en 697,2 . Ahora bien, el número medio de horas semanales habitualmente trabajadas en 2015 fue de 19,5 horas para los asalariados a jornada parcial y de más de 40 horas para los de jornada completa. Al ajustar a mes equivalente a tiempo completo, los salarios mensuales de los trabajadores de jornada parcial ascienden correspondientemente.

El hecho decisivo para el tema que nos ocupa es que una parte de la reducción de jornada y, por tanto, de los menores ingresos anuales de los trabajadores afectados, puede ser involuntario e inducido por el nivel del salario mínimo. Los datos del Cuadro 2 corroborarían esta deducción, ya que los datos sin escalar de dicho Cuadro dan mayor peso a los jóvenes y extranjeros, esto es, a los trabajadores de menor cualificación.

En todo caso, para evaluar aproximadamente el impacto de un determinado nivel del coste salarial mínimo no basta con analizar el porcentaje de la población asalariada con salarios cercanos al mismo. Es necesario, además, estudiar las características de la población activa en el paro. La cobertura del SMI entre los asalariados sería un indicador suficiente si el paro fuera esencialmente friccional o muy bajo. Sin embargo, cuando el paro estructural es muy elevado y es especialmente alto entre los jóvenes y los menos cualificados, aun cuando la cobertura del SMI entre los asalariados empleados fuera muy baja, el nivel del SMI podría ser una barrera al empleo de una parte significativa de los parados. Para dirimir esta cuestión se debería poder responder a la pregunta: si el SMI fuera inferior al actual o inexistente o significativamente más bajo para los jóvenes de menos de 20 años, ¿en cuánto se reduciría el desempleo?

A falta de estudios econométricos precisos sobre esta cuestión, que hasta donde yo sé no se han efectuado, la única aproximación posible a una respuesta a esta pregunta la ofrecerían los datos de desempleo entre la población activa más perjudicada por el establecimiento del salario mínimo: los jóvenes y los trabajadores poco cualificados. Los datos de la última EPA disponibles al escribir estas líneas, la de noviembre de 2016, ilustran un nivel y estructura del desempleo que, sin duda alguna, se vería reducido con salarios mínimos inferiores a los actuales (incluyendo los de algunos convenios), al menos para los jóvenes. A esa fecha de 2016, la tasa de paro juvenil (16-25) se situaba en el 41,9% y la de los jóvenes de menos de 20 años en el 54,7%. La tasa de paro de muy larga duración (dos años o más) alcanzaba el 40% y la tasa de paro de trabajadores de baja o muy baja cualificación el 30%. Estas cifras, al igual que la tasa de paro general, que se situó a finales del 2016 en el 18,6%, prácticamente duplican las medias correspondientes de la Unión Europea. Por eso, dicho sea de paso, tiene poco sentido intentar extraer consecuencias del salario mínimo comparando el nivel absoluto o relativo (en relación con el salario medio) que tiene en nuestro país con el que alcanza en esos otros países.

Sin duda alguna, estas cifras mejorarán considerablemente en los próximos años mientras persista la actual etapa expansiva del ciclo económico. Pero la población trabajadora española tiene dos rasgos diferenciales que, combinados con las también diferenciales distorsiones del entramado institucional de nuestro mercado de trabajo, harán que el paro estructural entre los jóvenes y los menos cualificados siga siendo muy elevado en España mientras dichos rasgos y rigideces institucionales persistan. Uno es la baja cualificación de los trabajadores inmigrantes en España en comparación con las de los países más avanzados de la OCDE. El otro, relacionado parcialmente con el anterior, es la elevada proporción de trabajadores jóvenes y no tan jóvenes con baja cualificación por las altas tasas de abandono escolar de los últimos años. En el año 2014, por ejemplo, la tasa de abandono escolar de las personas de edades comprendidas entre 25 y 34 años era del 39% para hombres y del 28% para mujeres, cerca del doble de las tasas promedio correspondientes para el conjunto de los países de la OCDE. En 2015, el porcentaje de jóvenes que no tienen empleo ni están estudiando ni en formación alcanzó el 23% (el de los jóvenes nacidos fuera, el 32%), mientras que la media de la OCDE se situaba en el 15%. Estas cifras han mejorado notablemente en el 2016 pero siguen siendo un 80% superiores a la media de la OCDE.

Con una población activa en la que existen bolsas tan amplias de trabajadores de baja o muy baja cualificación, y por tanto con productividad muy baja, los niveles anteriores, y aún más los actuales, del coste salarial mínimo (también de los salarios mínimos de algunos convenios) tienen, por fuerza, que estar reprimiendo los flujos de creación de empleo y salida del paro. Como colofón, se puede añadir que toda la evidencia internacional disponible que no encuentra efectos negativos discernibles del salario mínimo sobre el empleo se refiere a países que tienen tasas estructurales de paro muy bajas, y, en todo caso, tasas que, en promedio, alcanzan menos de la mitad de la tasa de paro estructural de nuestro país.

CONCLUSIONES

Para buena parte de la opinión pública, para los sindicatos y para muchos políticos ayunos de conocimientos económicos, subir el salario mínimo es equivalente a subir los ingresos salariales anuales de todos los trabajadores empleados que ganen menos de dicho salario, y de todos los que se hubieran empleado al nivel preexistente del salario mínimo y que ahora supuestamente lo harían al nuevo nivel. No conciben la posibilidad de que la subida del salario mínimo pueda tener efectos negativos de ningún tipo sobre la creación bruta de empleo ni de que acentúen la destrucción de empleo o reduzcan la duración de la jornada o eleven la tasa de temporalidad de la contratación.

En las economías de mercado, la política puede establecer, por ley, un salario mínimo, pero son las empresas las que determinan el número de personas que tendrán empleo a ese nivel salarial, así como la duración de la jornada o la modalidad de contratación temporal o indefinida de dicho empleo. El empleo tenderá a alcanzar el nivel en el cual su coste para las empresas iguale la contribución relativa de los trabajadores empleados a los ingresos de los mismos. Si el SMI (para ser más precisos, el coste salarial mínimo) en términos reales asciende hasta un determinado nivel, los trabajadores empleados o parados cuya productividad sea inferior a dicho nivel tendrán un riesgo elevado de perder su empleo o de permanecer en el paro.

El aumento del SMI (8%) y de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social (8%) vigentes a partir de 2017, el alza más elevada en términos reales desde los años de la Transición, ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados. Muchos de estos efectos negativos serán anegados por la intensa creación de empleo que seguirá caracterizando la actual etapa de expansión económica y serán sólo palpablemente visibles en la siguiente etapa contractiva del ciclo económico. A lo largo de estas páginas se han examinado los datos relevantes para sustentar estas afirmaciones, poniendo de relieve la cobertura significativa del nuevo SMI entre los trabajadores empleados más vulnerables y, sobre todo, el elevado paro estructural existente de los jóvenes (especialmente los menores de 20 años) y de los trabajadores de baja o muy baja cualificación. Los más perjudicados por esta medida no serán quienes están ganando salarios alrededor del mínimo, aunque algunos de ellos pueden sufrir pérdidas de empleo o reducción de jornada, sino los trabajadores con más dificultad para acceder al empleo y los más propensos a permanecer en el paro.

Los sindicatos y muchos grupos políticos ven en la subida del SMI un antídoto contra la desigualdad salarial y lo que denominan precariedad laboral, esto es, contra los empleos de baja remuneración y los contratos temporales o a tiempo parcial. me parece haber demostrado, sin embargo, que el salario mínimo fomenta la contratación temporal y la reducción de jornada, ralentiza la creación neta de empleo a tiempo completo y, por ende, reduce o, en el mejor de los casos, mantiene los ingresos anuales de los trabajadores más vulnerables.

España tiene una tasa de paro estructural anormalmente alta en comparación con la mayoría de los países de la UE o de la OCDE. Una de las causas, ciertamente no la única, es la baja cualificación comparativa de los jóvenes y de algunos colectivos no tan jóvenes. A su vez, esto obedece a las comparativamente muy elevadas tasas de abandono escolar de nuestro país, desde hace varios años, el doble de la media de la OCDE. El año pasado es el primero en que se registra una visible reducción de las tasas de abandono escolar, si bien continúan siendo un 80% superiores a las de dicho conjunto de países. También se debe a que la población inmigrante que trabaja en España tiene una proporción de trabajadores poco o muy poco cualificados superior a la que registran otros países avanzados de Europa.

Aparte de los costes en términos de paro estructural que tiene subir el salario mínimo en estas condiciones, se debería entender que la única posibilidad de reducir significativamente este paro abultado es mediante la creación masiva de lo que los sindicatos denominan empleo de “poca calidad”. Cualquier empleo es de mejor calidad que el paro, porque en el paro no solo se pierde el salario y la experiencia laboral que ofrece cualquier empleo, sino porque, además de estos costes pecuniarios, están los costes psicológicos de no encontrar trabajo. Nótese la incoherencia de los sindicatos y esos grupos políticos entre el desprecio a la creación de empleo “precario” o “basura” en esta etapa expansiva y la conmoción que mostraban por el derrumbe del empleo “precario” o “basura” tras el estallido de la Gran Recesión. O no eran sinceras sus preocupaciones entonces o no lo son ahora. Más allá de los envoltorios o intenciones políticas de las declaraciones de esos grupos, siempre es una mala noticia que se destruya empleo, cualquier tipo de empleo, y siempre es una buena noticia que se cree empleo, cualquier tipo de empleo.

Para reducir el paro significativamente buena parte del empleo creado tiene que ser empleo de “poca calidad” porque buena parte de los trabajadores desempleados no tienen la productividad suficiente para desempeñar “empleos de calidad”. Subiendo el salario mínimo no se consigue mejorar la calidad del empleo sino simplemente mantener en el paro a muchos trabajadores que podrían encontrar empleo en ausencia de dicha medida. Por otra parte, para crear empleo de “calidad” lo primero que hay que hacer es crear empleo y no destruirlo, acelerar su crecimiento y no ralentizarlo. Lo segundo, mejorar el capital humano de los trabajadores mediante la educación y la formación profesional, y aumentar el capital físico y tecnológico mediante la inversión empresarial y la mayor eficiencia en la asignación de recursos. El nivel de los salarios reales de una sociedad solo puede crecer cuando la calidad de su capital humano y su stock de capital físico crecen proporcionalmente más que su población activa y cuando la aplicación de los avances tecnológicos u otras mejoras de la eficiencia en la asignación de recursos aumenta la productividad total de sus factores productivos. Cualquier aparente atajo que se siga fuera de esas vías, y en España desafortunadamente hemos seguido muchos, termina antes o después en más desempleo, con la consiguiente descapitalización de los trabajadores afectados y, en última instancia, en menores avances de los salarios reales de los que se conseguirían acoplando la remuneración de los trabajadores a sus niveles de productividad en cada momento.

 

 


Comparta este artículo.
Advertisement
Loading...
Deje aquí su propio comentario

Economía

Ayuso pide a Sánchez que exima del pago del IVA e IRPF a pymes y autónomos

Published

on

Comparta este artículo.

Primero fue en la reunión de Comunidades Autónomas que mantuvo el presidente del Gobierno con todos los líderes regionales y, luego, a través de una misiva. Isabel Díaz Ayuso pidió ayer a Pedro Sánchez, de todas las maneras posibles, que «sea más ambicioso» en el plan económico para afrontar la crisis que causará el coronavirus. «No puede dejar fuera de cualquier plan que se diseñe a las pymes y los autónomos», dice en la carta la líder del PP regional, que requiere a Sánchez que «garantice» el acceso a liquidez y la exención de una «parte importante de la factura fiscal» de autónomos y empresarios: «Hay que eximir del pago de IVA o IRPF al tejido empresarial más vulnerable».

Loading...

El segundo de los puntos tratado por Ayuso o, en este caso, petición, versa sobre el material sanitario que la Comunidad de Madrid ha adquirido en China para poder hacer frente a la pandemia del coronavirus y que reclama que Sánchez no «retenga». «Estaría incurriendo en una dejación de funciones si confundo lealtad institucional con inacción», escribe Ayuso en la carta: «Por eso tengo que garantizar una correcta atención a todos y cada uno de los madrileños que requieran de un sistema sanitario que es considerado referente mundial». Está previsto que la primera nave, procedente de Shanghai, aterrice en Madrid mañana.

Loading...

Habla Ayuso también de la necesidad de mantener algunos hoteles abiertos para alojar a personal sanitario que trabaja en la región pero no reside en ella, a mujeres que sufren violencia machista, a personas sin recursos y a turistas. «Ni a usted ni a mí nos gustaría que ningún español en cualquier lugar del mundo se viera en una situación como en la que podemos dejar a los turistas si por decreto obliga a cerrar de forma indiscriminada los hoteles», argumenta la presidenta regional, que pide también medidas económicas para las Comunidades Autónomas.

Una de ellas es abrir una «línea extraordinaria del liquidez al 0%» para que las regiones puedan abordar los gastos extraordinarios que se acumulan. «Así como su compromiso de que dichos gastos no computen en la estabilidad presupuestaria», solicita Ayuso, que recuerda a Sánchez que todavía le debe 54 millones que no se abonaron a la región en 2019 por las entregas a cuenta y 377 millones de euros correspondientes al IVA de 2017. «Tenemos una previsión de gasto que ya asciende a los 1.195 millones de euros y que estamos sufragando, de momento, sin ayuda del Gobierno central», puntualiza.

No todo iban a ser peticiones. Ayuso reconoce también las concesiones del Gobierno y «celebra» que permitiese que empresas como Telepizza y Rodilla den cada día comida a beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción. Termina la carta pidiendo colaboración mutua entre las dos administraciones y manifiesta la lealtad que encontrará en Madrid porque «solo hay una manera de vencer al coronavirus y es unidos».


Comparta este artículo.
Continue Reading

Economía

El Banco de España alerta de una perturbación sin precedentes en la economía

Published

on

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Comparta este artículo.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que la economía afronta “una perturbación sin precedentes” debido a la epidemia de coronavirus, por lo que reclama una “mayor ambición de las políticas fiscales europeas comunes”.

Loading...

En unas declaraciones distribuidas por la entidad, el gobernador considera que las medidas adoptadas en España y otros países para contener la epidemia “han llevado a una disrupción muy severa de la actividad económica”, lo que se traducirá en un deterioro de la actividad que podría ser “muy acusado en el corto plazo”.

Loading...

Este martes el Consejo de Ministros dará respuesta económica a la grave crisis que ha desatado la pandemia del COVID-19. El Gobierno dará luz verde a un segundo paquete de medidas económicas en el que se incluyen la concesión de avales para empresas, flexibilidad para ajustar temporalmente las plantillas y aportar la investigación de vacunas.

El Gobierno aprueba medidas económicas de flexibilización de ERTEs y liquidez por el COVID-19
La intensidad de la crisis, que aún no es posible evaluar, es “incierta” pero en cualquier caso será “notable”, por lo que las políticas públicas serán cruciales para evitar que la “transitoria” caída de la actividad económica se transforme en persistente.

En este contexto, “una mayor ambición y coordinación de la respuesta a escala europea no es una opción; es una necesidad”, considera el gobernador, que subraya que la dimensión de la perturbación “hace necesaria una mayor ambición de las políticas fiscales europeas comunes”, ya sea a través de las herramientas disponibles o con otras nuevas.

En ese sentido, apunta a la posibilidad de reforzar las herramientas comunes con un mecanismo para compartir los riesgos presupuestarios de los países individuales.

El Banco Central Europeo (BCE) viene reclamando en las últimas semanas a los países europeos que adopten mecanismos fiscales que ayuden a las medidas monetarias y de liquidez que él puede implantar.

En sus declaraciones, el gobernador repasa la evolución de los mercados financieros globales en las últimas semanas, a medida que empeoraba la emergencia sanitaria, y las medidas adoptadas desde las instituciones europeas.

Así, valora la “flexibilidad” del programa de compras lanzado por el BCE porque ayudará a evitar deterioros adicionales en las condiciones financieras de la zona euro garantizando así que todos los sectores económicos disfruten de “condiciones de financiación favorables”.

“Es importante subrayar que los límites autoimpuestos en los programas de compras podrán relajarse si se considera necesario”, ha insistido.

Estas medidas se ven complementadas con las iniciativas puestas en marcha por el Mecanismo Único de Supervisión bancaria para asegurar que el crédito llegue a la economía real y por las adoptadas por los distintos gobiernos para ayudar a familias y empresas, incluidos los avales públicos, que constituyen “la primera línea de acción” para afrontar la crisis.


Comparta este artículo.
Continue Reading

Economía

Las medidas económicas contra el coronavirus que ha tomado el mundo y que no ha tomado España

Published

on

Comparta este artículo.

Vivimos fechas inciertas. Nos enfrentamos a un enemigo silencioso, que no acumula bajas y es invisible. Un enemigo común que está afectando a todos los rincones de la tierra y que no hace distinciones entre las diferentes clases sociales. Estamos en guerra contra el SARS-CoV-2 (nombre técnico del temido coronavirus), y como en todas las guerras, la economía debe adecuarse a los tiempos convulsos que atravesamos. La emergencia sanitaria ha influido de forma directa en la economía dejando a entrever el comienzo de una nueva crisis económica. Por ello, las medidas que están adoptando los gobiernos son básicas.

Loading...

Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un ambicioso paquete de medidas para paliar los efectos económicos derivados de la crisis del coronavirus. Además de destinar fondos a la investigación científica con el fin de encontrar una vacuna para el COVID-19, las medidas adoptadas por el Gobierno se resumen en la movilización de 200.000 millones de euros, 117.000 de ellos públicos, lo que supone un 20% del PIB español.

Loading...

Particulares

Las partidas incluyen 600 millones que irán destinados a las prestaciones sociales básicas de las Comunidades Autónomas para amortiguar el impacto de la crisis en aquellos que más puedan sentirlo. Sánchez también anunció que aquellos que sufran un ERTE tendrán derecho a una prestación incluso aunque no cumplan los requisitos habituales del sistema. Asimismo, los autónomos que demuestren haber sufrido pérdidas importantes debido al descenso de la actividad también podrán acceder a una ayuda y no pagarán las cuotas a la Seguridad Social.

Empresas

Para las empresas, el Gobierno pondrá a su disposición liquidez por valor de 100.000 millones. Además, aquellas compañías que se decanten por aplicar un ERTE a sus trabajadores en lugar de despedirles quedarán exentos de pagar las cuotas a la Seguridad Social que habitualmente se contemplan en estos casos. Por último, el Gobierno blindará las empresas españolas estratégicas para impedir que entidades o fondos de inversión extranjeros puedan hacerse con ellas durante esta situación de inestabilidad.

Medidas adoptadas en otros países

Estados Unidos

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este martes un enorme paquete de estímulo fiscal de cerca de 1 billón de dólares, en el que se incluye el envío de “cheques” con efectivo a los ciudadanos “de manera inmediata”, para contener el impacto económico del coronavirus.

“Estamos estudiando enviar cheques a los estadounidenses de manera inmediata (…) Los estadounidenses necesitan efectivo ahora”, aseguró Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU., en una rueda de prensa en la Casa Blanca, al delinear algunas de las propuestas del multimillonario plan de estímulo fiscal que presentó al Congreso.

Naciones de nuestro entorno han puesto en marcha planes de contingencia similares al de España para frenar en lo posible las consecuencias económicas de la crisis. No obstante, en algunos de ellos, a pesar de estar gobernados por Ejecutivos de corte liberal, se han tomado medidas más decididas en el terreno social.

¿Qué medidas económicas han tomado otros países por el coronavirus en comparación a las de España?

Italia

Italia, primer foco del virus en Europa, fue la primera en tomar medidas. En primer lugar, el país transalpino ha aprobado una inyección de 3.500 millones de euros para apuntalar su sistema sanitario, desbordado por los más de 30.000 casos de contagio. Además, ha aprobado una línea de gasto de 35.000 millones destinada a apoyar a familias y empresas, con una especial atención al empleo. A esto se le añade una medida contundente: Italia ha prohibido los despidos durante los dos próximos meses.

En cuanto a los autónomos, el Gobierno italiano ha hecho un fuerte compromiso con ellos y este mes cobrarán una ayuda de 600 euros. También se han tomado medidas como la suspensión del pago de las hipotecas no solo a los que pierdan su empleo o a los autónomos que cesen su actividad, como en el caso de España, sino que la medida se ha abierto a quienes sufran un perjuicio significativo de sus ingresos.

Las empresas podrán contar con la exención del abono de distintos impuestos y cuotas para las empresas. Por último, se ha anunciado que el Ejecutivo italiano prestará una atención particular a un sector clave para su economía, como para la española, el turismo.

Francia

El país galo, al igual que España, ha desplegado un importante montante económico para hacer frente a la crisis. En concreto, el Elíseo ha anunciado la movilización de 300.000 millones de euros (el equivalente al 12,4% del PIB francés) que irán destinados a las familias y a las empresas.

El Gobierno de Macron suprimirá ciertos impuestos y eximirá del pago de cotizaciones sociales a las empresas. También se hará cargo de la deuda que las empresas hayan podido contraer con instituciones bancarias. Por último, las empresas no tendrán que pagar el agua, la luz y el gas.

Reino Unido

Si el ‘cabinet’ de Boris Johnson sorprendió por no tomar medidas demasiado severas en lo sanitario, desde luego los tories se han puesto más serios con el posible perjuicio económico de esta crisis. El Gobierno desplegará más de 360.000 millones de euros, el equivalente al 15% del PIB británico, una proporción cercana a la de España.

Johnson pretende así dar liquidez a las empresas, aprobando además un paquete de medidas específico para las pymes. A esto se suman otras dos decisiones: la suspensión de impuestos en ciertos sectores estratégicos, como el turismo, y el pago por parte del Estado de los sueldos de los trabajadores que decidan permanecer en sus hogares.

Alemania

Alemania tiene una cifra similar de contagios a la de España, pero el número de muertos es mucho menor. El país germano también se endeudará y podrá llegar a movilizar unos 500.000 millones de euros, aunque de momento tratará de aplacar la crisis con solo una parte de ese dinero: 20.000 millones.

En lo social, el Gobierno de Merkel asistirá a quienes vean menguados sus ingresos con ayudas directas. Para las empresas, la medida estrella es que estas puedan retrasar el pago de sus impuestos al Estado.


Comparta este artículo.
Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2019 all rights reserved alertanacional.es

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ArabicBulgarianChinese (Simplified)DanishEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianNorwegianPortugueseRomanianRussianSpanishTurkish
A %d blogueros les gusta esto: