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Economía

Las cuentas y los cuentos de Pedro Sánchez a los pensionistas

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Juan Mata Hernández.- Soy pensionista, conozco algo de cálculo, pues también soy ingeniero, y les aseguro que no he sido capaz de darme cuenta de lo que pretendía el Gobierno del señor Sánchez con la última carta que envían para informar sobre la evolución de la pensión. Sólo pensar lo que supone de ineptitud y mala fe ese documento que se está dirigiendo a todos los pensionistas en estos días, estremece: tiene origen en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y comienza así: “En relación con la revalorización de las pensiones del Sistema de la Seguridad social para el año 2019….”, siguen a continuación los detalles de un Real Decreto…, los porcentajes, etcétera. Y por fin, en la parte baja del oficio/comunicado, el esperado detalle de los euros que nos van a pagar, que en realidad, es lo único en que nos detenemos todos para conocer y comparar.

Pues miren ustedes, los que han organizado esta propaganda electoral, bien que lo saben, ya que encontramos la sorpresa de que, en la correspondiente carta dirigida a una viuda, que su titular me ha hecho llegar, señalan una revalorización de 367 euros para una pensión de 115. Así que, incluyendo los complementos a mínimos, le van a pagar 677 euros, que, oiga, no es mucho, desde luego, pero vaya… si partía de una pensión de 115, no son moco de pavo los 367 de más que le cuelgan ¿verdad?

Luego, ya con la sensación de que nos han pretendido tomar el pelo, reviso mi caso y compruebo que la revalorización, que también publicitan con amplia y visible generosidad, supondría un 5,55% que tampoco estaría mal si tenemos en cuenta que la inflación de 2018 fue del 1,2%. Pero claro, hay un gato encerrado que tiene 7 años. ¿Qué pensarían ustedes?

Pues, seguro que responderían: Hombre, así por lo bajo, me parece que a la viuda la han tratado muy bien, porque 367 sobre 115 representa más de un 300% de revalorización. ¡Ya era hora de que alguien se ocupara de los pensionistas más desfavorecidos, gritarán eufóricos! Poco a poco, amigo mío, poco a poco… pues se empieza a parecer usted a mí cuando leí por encima el documento, y ambos, usted y yo, hemos picado como aquellos pavos a quienes les robaban el reloj de cadena y dejaban pendiendo el atadero de metal. Esa revalorización, si se analiza con detenimiento el complejo documento, sí que es como el moco que les cuelga a los pavos.

Nos han querido engañar las cuentas del señor Sánchez con el cuento que nos ha enviado la ilustrada Mª Gloria Redondo, directora general del INSS, que firma la carta.

Ha sido peor que lo de los bancos con las “preferentes”, porque allí habría letra pequeña que no se entendía, según el caso, pero no publicitaban con gruesos caracteres la palabra “REVALORIZACIÓN 2019” por todos lados, para hacernos creer que ese incremento tenía al heterogéneo gobierno de Pedro Sánchez como único autor y benéfico responsable.

Ha tenido que ser la llamada indignada de mi buen amigo Pedro Lobo, quien me advirtiera de la evidente mala fe que subyace en esta información. Fíjense, la revalorización que refleja el escrito se refiere nada más y nada menos que a la diferencia entre la pensión que se tendrá en el año 2019 y la que la titular había percibido en 1995, año en que se le pagó por primera vez. O sea que del 300% nada. Y si observan el documento, en ninguna parte indica que la pensión origen fuera la de hace 24 años, ni tampoco, por lo de poder al menos comparar, se refleja la subida que el coste de la vida experimentó en ese período.

En realidad, en ninguna parte del documento encontramos la diferencia entre la pensión de este año y la del anterior, que es la que la mayoría de pensionistas buscaríamos de inmediato. Hay un olor a podrido apestoso que indigna por lo que supone la venta de una falsa imagen ante un colectivo que no va a leer la realidad porque, muy probablemente, ni se detendrá a analizar con detalle la carta, ni quien la escribió pretende tampoco que lo haga.

Se podría haber ido usted y todo este Gobierno al diablo con sus socios de Podemos e independentistas, a quienes riegan con subvenciones, antes de ofender la dignidad de los pensionistas con una artimaña de este calibre.

Tal engaño tiene por lógica que venir desde arriba, pues no me imagino a una simple directora General del INSS capaz de tomar una decisión de esta dimensión sin contar con su Ministro de Trabajo, y este a su vez con quien lo colocó ahí. En definitiva, pretenderán que, cuando de verdad tengan que enfrentarse a las urnas, ojalá fuera cuanto antes para que valore lo que nos ha parecido su carta, pensemos en el generoso dispendio que ha hecho con los pensionistas. Pero, siendo también un despilfarro de 8 millones de envíos, se demostrará letal para quienes lo han pretendido.

Cuando un colectivo como el de los pensionistas, corre el riesgo de caer en la fanfarria propagandística de quienes gobiernan. ¿Piensa usted que los españoles somos tontos?

Será difícil que nadie vuelva a creer en las promesas de quien nos consideró unos incautos, y a buen seguro que contemplaremos otras alternativas que, además, del ejemplo de austeridad que ustedes no practican, nos aboque en consecuencia a aceptar con buen talante una situación digna y productiva para la sociedad de la que formamos parte.


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Economía

Alemania evita la recesión

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Por Jaime Caneiro.- La economía alemana ha esquivado la recesión en el tercer trimestre. El PIB ha crecido el 0,1%, un registro notable después de la caída del 0,2% entre abril y junio. Pero el problema de Alemania, igual que el de la eurozona, que creció un exiguo 0,2% trimestral, es que el crecimiento sigue siendo débil, que esta ralentización se extenderá probablemente durante los próximos dos trimestres y que la política de contención presupuestaria quizá no sea ya suficiente para garantizar un crecimiento sostenido y apreciable durante el próximo bienio. No hay recesión, pero la ralentización puede ser profunda porque implica que la industria, tanto en Europa como en Alemania, está en crisis.

El hecho de que Alemania haya evitado la recesión se presta a dos interpretaciones. En primer lugar, supone un alivio político para el Gobierno alemán. No tendrá que enfrentarse a la espinosa tarea de explicar una recesión. En segunda instancia, significa que no hay razones imperativas que justifiquen la aplicación de políticas de estímulo presupuestario, es decir, más inversión pública y más gasto. Los responsables de la política económica germana pueden caer en la tentación de interpretar que la tasa de crecimiento solo pasa por un bache.

Pero la sensación de alivio es engañosa. La desaceleración global es un hecho, el ciclo está en su fase descendente, las amenazas del proteccionismo comercial y del Brexit no se disipan y la crisis del automóvil es inquietante para Alemania. Berlín tiene además un compromiso, no menos real por que no esté escrito, de liderar los esfuerzos para recuperar el crecimiento en la eurozona. Los organismos internacionales coinciden en que los países con superávit fiscal tienen que implicarse en un esfuerzo de gasto para favorecer el crecimiento de las economías del área con déficit elevados; Alemania con más razón, porque tiene mayor capacidad de empuje.

Hay motivos, pues, para reclamar a Berlín que reconozca la desaceleración real y rompa con la inercia de una política de gasto limitado, cuando no contractivo. En beneficio de los alemanes y del resto de los europeos


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Economía

Podemos quiere disparar el precio de la luz a las familias con mayor consumo

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La posible formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha vuelto a poner sobre la mesa las pretensiones de este partido de extrema izquierda en materia energética recogidas en su programa electoral.

Así, y con el supuesto objetivo de tener una factura de la luz «más barata y justa», el partido de Pablo Iglesias quiere establecer un nuevo sistema tarifario según el cual los primeros kilovatios (kWh) consumidos, «que son imprescindibles para llevar una vida digna», tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes «hasta penalizar el derroche». Este sistema, sin concretar aún, podría disparar las facturas de la electricidad de la mayoría de las familias.

Hay que recordar que actualmente existen distintas tarifas de la luz. El consumidor elige una y su precio se multiplica por el total de los kWh consumidos sin ningún baremo.

Lo que pretende Unidas Podemos es establecer una tarifa progresiva, por tramos, similar a la que ya existe en otros suministros. En la comunidad de Madrid, por ejemplo, el Canal de Isabel II establece tres precios del agua en función del consumo: hasta 25 m3, entre 25 y 50 m3 y más de 50 m3.

Este sistema, asumible en su teoría, es de difícil aplicación en la electricidad, ya que su consumo en las familias depende de distintos factores, como el número de miembros que residen en cada vivienda, los horarios –hay horas más baratas y otras más caras–, etc…

Peaje de potencia

Para intentar compensar el presumible incremento de la factura de la luz para la mayoría de las familias, este partido también quiere rebajar drásticamente el término de potencia, una parte fija del recibo «que pagamos aunque no consumamos nada». Su intención es reducirla a la mitad para que, como regla general, «no sea superior al 25% del total de la factura para consumos domésticos normales».

En estos momentos, el peaje de potencia es de 0,104229 euros el kilovatio día para una potencia contratada de 3,3 kW en una tarifa pvpc, la que tienen la mayoría de clientes domésticos. Esto quiere decir que cualquier consumidor tiene que pagar unos 12 euros –impuestos incluidos– por ese concepto al mes aunque no haya encendido la luz. Es lo que sucede, por ejemplo, con las segundas residencias.

Por otra parte, Unidas Podemos también recoge en su programa «la recuperación automática de la gestión pública» de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Sería la pretendida empresa pública de energía la que asumiría la explotación de esas centrales, propiedad la mayoría d elas grandes eléctricas, cuando vayan caducando sus concesiones.

Para conocer cómo podría gestionarse este asunto en el seno del futuro gobierno social-comunista, se puede recordar que hace unos meses, el Congreso debatió una propuesta en este sentido de Unidas Podemos. Su diputado Jorge Luis Bail dijo que, en caso de volver a subastar estas explotaciones, podrían establecerse beneficios como una bajada del precio de la luz en los municipios afectados. Alberto Herrero, del PP, cuestionó que «la solución no sea recuperar las concesiones», y apostó por volver a subastarlas. No obstante, se mostró a favor de «repartir los ingresos» que generen estas centrales.

El socialista Marc Lamuà afirmó que «es hora de que esos beneficios empiecen a revertir de forma clara y diáfana», y añadió que «una vez que revierta» la gestión, «debe primar el interés público frente a los intereses de las eléctricas» y que, así, «la riqueza generada revierta de manera justa y justificada» en municipios afectados.

Sin embargo, la portavoz de Energía del PNV, Idoia Sagastizábal, manifestó que, si bien la revisión de los aprovechamientos hidroeléctricos invitan a recuperar las concesiones, la experiencia de las sociedades públicas revelan que «a los ayuntamientos les resulta muy difícil gestionar», por lo que pidió debatir a fondo este asunto, al igual que la necesidad de inversiones o los posibles efectos que tendría el fin de ingresos fiscales que abonan las empresas que gestionan actualmente estas centrales.


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Economía

La deuda pública crece en 7.021 millones de euros, el 97,72% del PIB

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La deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó en 7.027 millones de euros en septiembre, hasta situarse en 1,207 billones de euros, y marca su segundo mayor dato tras el máximo de la serie registrado el pasado mes de junio (1,210 billones), según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

El Ministerio de Economía destaca que tomando el último PIB nominal conocido y el previsto a 31 de diciembre de 2019, el ratio de la deuda sobre el PIB se habría situado en el 97,72% del PIB, por debajo del dato del mismo mes del año pasado (98,79%). En cualquier caso, está por encima del objetivo de deuda para el conjunto del año, situado en el 95,9% del PIB, que figura en el Plan Presupuestario 2020 que remitió el Gobierno a Bruselas en octubre.

Una evolución de la deuda “volátil”

El departamento de Nadia Calviño indica que el saldo mensual de deuda tiene una evolución “volátil” y muy condicionada por la concentración de emisiones en los primeros meses del año y de los vencimientos ene enero, abril, julio, octubre y, por primera vez este año, noviembre.

Por administraciones, el aumento de la deuda del Estado y de la Seguridad Social explica todo el incremento de la deuda pública en septiembre, dado que el endeudamiento de comunidades y corporaciones locales se redujo.

En concreto, la deuda del Estado creció en el noveno mes del año en 0,87% respecto al mes de agosto, hasta los 1,064 billones de euros, y respecto al año anterior, repuntó un 2,76%. La cifra supone el segundo mayor dato tras el pico registrado en junio (1,065 billones).

Por el contrario, la deuda pública de las comunidades autónomas se redujo en septiembre un 0,43%, hasta los 297.286 millones de euros, pero en tasa interanual registró un incremento del 1,6%; al tiempo que las corporaciones locales redujeron también su endeudamiento en 311 millones en agosto respecto al mes anterior, hasta los 25.307 millones, y en el último año recortaron su deuda un 9,6%.

La deuda de la Seguridad Social marca un nuevo récord

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social subió un 2,4% en septiembre y se sitúa ya en 52.445 millones de euros, nuevo máximo, en tanto que a nivel interanual registró un alza del 50,4%, con 17.582 millones de euros más en el último año.

Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones. La factura mensual de las pensiones sobrepasa los 9.700 millones de euros, pero en los meses en los que hay paga extra, ésta se duplica.

El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros para pagar las pensiones.

En los meses de julio y diciembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso que alcanza actualmente los 19.000 millones de euros y que puede generar tensiones de liquidez al sistema. De hecho, el Gobierno ya ha anunciado que, además del préstamo, para pagar la extra de Navidad sacará 3.500 millones de la ‘hucha de las pensiones’.


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