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Tribunales

Los jueces estallan ante Iglesias: le piden “moderación” y no politizar la Justicia

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La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha criticado este miércoles unas declaraciones del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, que ayer dijo que los tribunales europeos han humillado a los españoles en el “procés”, y ha pedido que no se use políticamente la Justicia. En una declaración institucional adoptada por unanimidad, la comisión permanente del CGPJ apela a la “moderación, prudencia, mesura y a la responsabilidad institucional” para evitar que se cuestione “la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad” de los jueces.

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Se trata del primer encontronazo público del Poder Judicial con el nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, en vísperas de que mañana se examine la propuesta de nombrar fiscal general del Estado a la exministra de Justicia Dolores Delgado.

La declaración, firmada por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Caros Lesmes, y por los siete vocales de la comisión permanente, de tendencias ideológicas diversas, responde a una entrevista de Iglesias con Antena 3, en referencia al “procés”: “Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español”, señaló.

“Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”, comienza la declaración.

El CGPJ explica la tarea de los jueces incluye colaborar con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a los que se subordina la jurisdicción española, por lo que sus pronunciamientos forman parte “del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos”.

Recuerda en este contexto que sobre el “procés” sólo ha habido dos resoluciones de esos tribunales: la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, que no había sido reconocida por el Supremo; y el pronunciamiento del TEDH que confirmó la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de 9 de octubre de 2017.

En el primero de los casos, destaca que el TJUE aclaró la cuestión de la inmunidad de los eurodiputados “en un sentido contrario al sostenido hasta entonces por el propio tribunal europeo, por todos los Estados de la Unión, por la Comisión Europea y por el propio Parlamento Europeo”.

Sobre la tramitación de las euroórdenes contra los huidos del “procés” en otros tribunales de socios de la UE -a los que no están subordinados los españoles-, el CGPJ recuerda que todavía no ha habido pronunciamiento definitivo en Bélgica ni en Escocia.

Sólo el “tribunal regional” alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Carles Puigdemont por el delito de rebelión, aunque aceptó la extradición por malversación, precisa. La comisión permanente recuerda que no es la primera vez que hace una apelación de este tipo en este mandato del Consejo. En abril de 2018 llamó también a “la moderación, la mesura y la prudencia de los responsables públicos para evitar la utilización política de la Justicia” y el cuestionamiento de los jueces después de que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuestionara al juez de la Audiencia de Navarra que firmó un voto particular pidiendo la absolución de los integrantes de La Manada. Según dijo Catalá, cuando “todos” sabían que el juez “tiene algún problema singular”, el CGPJ “debería haber actuado preventivamente” contra él.

La declaración de este miércoles esta suscrita por Lesmes, Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.

DECLARACIÓN COMPLETA

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad la siguiente declaración institucional en respuesta a las manifestaciones realizadas ayer a Antena 3 Televisión por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en las que afirmaba que la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos:

“Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Esa tarea incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias, formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos.

En relación con los hechos acaecidos en Cataluña en el otoño de 2017, solo existen dos pronunciamientos de estos tribunales:

  1. La sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 dictada en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español y que aclara la cuestión de la inmunidad de los europarlamentarios desde la perspectiva del Derecho europeo en un sentido contrario al sostenido hasta entonces por el propio tribunal europeo, por todos los Estados de la Unión, por la Comisión Europea y por el propio Parlamento Europeo. Una vez conocida la sentencia, el Tribunal Supremo acomodó sus resoluciones a la nueva doctrina y acordó la inhabilitación del procesado Oriol Junqueras, decisión que fue inmediatamente aceptada y ejecutada por el Parlamento Europeo, y solicitó a esta Cámara la suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín.

  2. El pronunciamiento del TEDH que confirmó en todos sus extremos la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017 y declaró que esa suspensión era “necesaria en una sociedad democrática” para “el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás”.

La Comisión Permanente también quiere recordar, en relación con la actuación de otros tribunales respecto de los que no existe subordinación alguna de la Justicia española, que ninguno de ellos ha hecho pronunciamiento definitivo sobre las euroórdenes cursadas a Bélgica contra Carles Puigdemont y Antoni Comín –que se encuentran suspendidas- ni sobre la cursada a Escocia contra Clara Ponsatí –que sigue tramitándose-; y que solo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Carles Puigdemont para ser enjuiciado por el delito de rebelión, aunque sí aceptó su entrega por el de malversación de caudales públicos.

Como ya ha hecho a lo largo del presente mandato del CGPJ con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, la Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.

La declaración ha sido suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su Comisión Permanente: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.


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Tribunales

Soros controla a 12 de los 100 jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

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De los cien jueces que formaron parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de octubre de 2019, veintidós tienen –o tuvieron– vínculos con siete ONGs de corte progresista acreditadas ante él, y doce de ellos con la Open Society Foundation (OSF) y su rama jurídica, The Open Society Justice Initiative (OSJI), fundadas y controladas por el polémico magnate norteamericano de origen húngaro George Soros. Se trata, entre miembros actuales, del búlgaro Yonko Grozev, del lituano Egidijus Kuris, del albanés Darian Pavli, de la croata Ksenija Turkovic y del letón Martins Mits; entre los eméritos figuran el polaco Lech Garlicki, la estonia Julia Laffranque, la bosnia Lilijana Mijovic, el húngaro András Sajo, el eslovaco Jan Sikuta, el montenegrino Nebojsa Vucinic y la letona Ineta Ziemle. Así se desprende de la investigación llevada a cabo por el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ), también acreditado ante el TEDH, al que ha tenido acceso ABC.

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Llama la atención la procedencia geográfica de los jueces concernidos: todos proceden de países bálticos o balcánicos que recobraron la libertad tras la caída del Muro de Berlín, elegidos como terreno de cultivo prioritario por la OSF para arraigar sus ideas progresistas: esa zona se lleva la mayor parte de los 90 millones de dólares que la Osf destina anualmente a Europa. Según el informe, Soros ha invertido más de 131 millones de dólares en Albania desde 1992, sirviendo parte de ese dinero para la captación y posterior formación de élites. Y en lo tocante a la selección de jueces para el TEDH, el método demostró su eficacia, pues en 2018 dos de los tres candidatos para ocupar el puesto de Estrasburgo habían sido previamente directivos de la sucursal local de la OSF, siendo Pavli el designado.

La Fundación Soros –otra de las entidades de la nebulosa del magnate–repitió la operación en Letonia, donde creó y financió la Escuela Superior de Derecho de Riga, entre cuyos colaboradores permanentes figuraron los jueces Ziemle y Mits. También llama la atención, aunque no es ni haya sido juez del TEDH, de Nils Muiznieks, director de programas de la OSF en Letonia hasta 2012, año en el que tomo posesión del estratégico cargo de Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que ejerció hasta 2018, distinguiéndose por sus constantes críticas al primer ministro húngaro Viktor Orban, diana predilecta de las campañas de Soros en Europa. Y en 2009, Muiznieks declaró abiertamente que uno de los objetivos de la OSF era el de «crear un homo sorosensus, el de la sociedad abierta, en oposición al homo sovieticus».

Los 90 millones de dólares que Soros ha invertido en el país báltico entre 1992 y 2014 han sido, como se puede constatar, muy productivos. En relación con Bulgaria, el informe no ofrece datos dinerarios, pero sí demuestra la estrecha relación existente entre los dos últimos jueces búlgaros del TEDH y ONGs cuyo mecenas principal es Soros a través de sus múltiples palancas.

El informe señala que los jueces Turkovic –antiguo administrador e investigador de OSF en Croacia– y Sikuta –antiguo miembro del Comité de Expertos de OSF en Eslovaquia– intervinieron en un caso en que OSF actuaba como tercero; en dos Laffranque -ex miembro del comité ejecutivo de Praxis, entidad financiada por OSF, Ziemle –docente en la Escuela Superior de Derecho de Riga– y Garlicki, que ha impartido clases en diversos programas académicos de OSF y de la «Central Europe University», otro de los pilares de Soros en Europa; en tres intervinieron Sajo –antiguo empleado de la oficina central de la OSJI– y Vucinic –colaborador de los informes de OSF en 2005 y 2008; y en cuatro Mijovic, muy activa en el comité ejecutivo de OSF en Bosnia entre 2001 y 2004. Tampoco deja de asombrar que el juez Grozev, exadministrador de la OSFen Bulgaria y antiguo empleado de la Osji en Nueva York fuera elegido juez del TEDH poco después de haber defendido a las Pussy Riots ante ese mismo tribunal y sin que hubiera culminado el procedimiento. «No tomó parte en el juicio, pero el Tedh condenó a Rusia a pagarle 11.760 euros a modo de minuta», señala a ABC Grégor Puppinck, director del ECLJ.

Choque de intereses

Las intervenciones –aunque el fallo final no sea favorable a las pretensiones de Osf y entidades satélites– de estos jueces ponen de manifiesto la existencia de un claro escenario de conflicto de intereses en el seno del TEDH, cuyo reglamento, en el artículo 28, se limita a recomendar la inhibición de un juez, «en caso de que su imparcialidad esté en en tredicho en el examen de un caso concreto». El informe solo percibe trece inhibiciones de jueces en los más de trescientos casos en los que las OSJ, la OSJI y otras ONGs con las que comparte simbiosis ideológica han participado, ya sea como demandantes o como terceros, entre 2009 y 2019. Se dan asimismo situaciones sorprendentes: en el «caso D.H. y otros contra República Checa», fechado en 2007, el abogado de los demandantes era el propio presidente de la OSJI, sin que esta condición figurase en el sumario, pese que la OSJI la reivindicó en su relación de actividades. Curioso también que el en el caso «Big Brother contra Reino Unido», que versaba sobre el delicado asunto de las protección de datos, diez de los demandantes eran ONGs financiadas por la OSF. Otra muestra de la estrecha relación entre Soros y los juristas que operan en el los tribunales internacionales de derechos humanos –no solo en el TEDH- viene dada por la publicación, de forma conjunta por la OSJI y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) fue la de una guía dedicada a las reglas y prácticas de la selección de jueces y comisarios de derechos humanos a lo largo y ancho del planeta.

Volviendo al TEDH, conviene recordar que entre sus competencias, contempladas en el Preámbulo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, figura la protección y el desarrollo de los derechos y libertades del Convenio. En los últimos es evidente que los jueces del TEDH han potenciado esta facultad, siendo la principal consecuencia el aumento de su influencia política. España lo comprobó cuando el TEDH tumbó la «Doctrina Parot», fallo que supuso la liberación inmediata de decenas de etarras. Precisamente, fue la CIJ la que remitió al TEDH, en marzo de 2013, el informe contrario a esa doctrina y la primera en aplaudir el fallo siete meses después. Su hombre en España es el antiguo magistrado del Tribunal Supremo y expresidente de la Unión Progresista de Fiscales, José Antonio Martín Pallín.

El Tribunal de Estrasburgo interviene con cada vez mayor frecuencia en asuntos tocantes a los intereses de grupos homosexuales o de defensores del aborto y a los derechos de las minorías étnicas, teniendo sus fallos capacidad de desestabilización social y política, por ejemplo mediante la modificación obligatoria de leyes aprobadas democráticamente por los respectivos parlamentos. Y este ámbito de los derechos individuales es uno de los favoritos de las entidades vinculadas a Soros presentes en el TEDH. Y su influencia no se mide tanto en el número de victorias judiciales como en el hecho de haber logrado que el TEDH adopte su sesgo progresista en la interpretación de los Derechos Humanos, lo que permite, el informe del ECLJ es elocuente al respecto, una sincronización de acciones en la puesta en marcha de campañas para sensibilizar a la opinión pública europea y arrastrarla hacia sus posiciones. Medios a Soros no le faltan. E insuficiencia de medios al TEDH tampoco: su presupuesto anual, 70 millones de euros, es inferior en 20 millones a la cantidad que el magnate gasta cada año en Europa.

Los seis escuderos

El informe del ECLJ no limita su investigación a los grupos directamente controlados por George Soros. También escudriña –aunque su influencia es notablemente menor– la actividad de otras seis ONGs presentes en el Tribunal de Estrasburgo: la británica The Aire Centre, la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch, Interights, los Comités Helsinki y Amnistía Internacional. Todas cooperan estrechamente con el entramado de Soros. En el caso de los Comités Helsinki y de Amnistía Internacional llama la atención su deriva izquierdista: durante la Guerra Fría, los Comités Helsinki destacaron por su defensa de los disidentes encarcelados en los países de Europa Oriental; Amnistía Internacional se ciñó durante casi seis décadas a una defensa de los Derechos Humanos no contaminada ideológicamente. Hasta que en 2007, reconoció el aborto como un derecho, decisión que supuso la ruptura de su colaboración con la Santa Sede.

La magistrada española en el punto de mira

Los efectos de la colonización ideológica en la que las organizaciones vinculadas a Soros han jugado un papel importante también se hacen sentir en la política: en enero de 2018, los socialistas europeos pidieron públicamente la anulación del nombramiento –uno de los últimos importantes del Gobierno de Mariano Rajoy- de la jurista donostiarra María Elósegui como juez española del Tedh por su postura contraria al matrimonio homosexual. Fracasaron en su intento, pero nunca antes un grupo político había osado formular una petición de tanto calibre.


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Tribunales

Revocada la condena por el poema machista sobre Irene Montero

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La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la sentencia de un Juzgado madrileño que condenó al autor de un poema machista sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y a la revista que lo publicó. La condena fue de 50.000 euros para el autor y de 20.000 para el comité de redacción de la publicación.

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El tribunal estima que prevalece el derecho a la libertad de expresión y estima el recurso de la citada asociación contra la sentencia dictada en 2018 por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid, que declaró la existencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad y la imagen de Irene Montero por la publicación de dicho poema en la citada revista en 2017.

El texto del poema, titulado «De monjas a diputadas» y firmado bajo el pseudónimo El Guardabosques de Valsaín, sobre el que aparecía una fotografía de medio cuerpo de Irene Montero, que entonces era portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, era el siguiente:

«Cuentan que en España un rey/ De apetitos inconstantes/ Cuyo capricho era ley/ Enviaba a sus amantes/ Hacer de un convento grey/ Hoy los tiempos han cambiado/ Y el amado timonel/ En cuanto las ha dejado/ No van a un convento cruel/ Sino a un escaño elevado/ La diputada Montero/ Expareja del ‘Coleta’/ Ya no está en el candelero/ Por una inquieta bragueta/ Va con Tania al gallinero».
Sátira

La Audiencia califica de satírico el poema y señala que aun conteniendo una opinión «emitida en un tono hiriente y molesto se encuentra amparado por el ejercicio de la libertad de expresión» por lo que entiende que no se ha vulnerado el derecho al honor de Irene Montero.

Tampoco aprecia intromisión del derecho a su intimidad personal pues el hecho de que Irene Montero «es pareja sentimental del secretario general del partido político al que pertenece -el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias- es un hecho notorio y no ha sido el poema el que la ha divulgado».

«El poema denota por sí mismo su carácter sarcástico y puramente humorístico ajeno a toda pretensión de reflexión seria sobre la cuestión», añade el tribunal, que recuerda que «la demandante es diputada y persona de evidente notoriedad pública».
Libertad de expresión

La Sala argumenta que la libertad de expresión no solo ampara expresiones u opiniones inocuas sino también otras mordaces, molestas o desabridas e incluso las que, si bien aisladamente pueden ser ofensivas o inapropiadas, apreciadas en el conjunto del texto quedan amparadas por la libertad de expresión, máxime cuando el destinatario de la crítica u opinión es un personaje público«.

Destaca que «la libertad de expresión constituye uno de los pilares de toda democracia, la cual no puede existir realmente sin ella».

La resolución recuerda que la asociación judicial emitió a través de su cuenta de Twitter un comunicado en el que rechazaba el texto del poema y lamentaba el daño que la publicación hubiera podido ocasionar.

En su demanda Irene Montero alegó que el poema constituía «una intolerable burla sexista» al reducirla «a la condición de ‘pareja de’ por el hecho de ser mujer, haciendo ver que el cargo público que ostenta la demandante depende de los deseos sexuales de un hombre».


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Tribunales

La jueza del caso de las niñas de Alcácer pide ayuda al Reino Unido para esclarecer la huida de Antonio Anglés hace 27 años

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Ficha policial de Antonio Anglés
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La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, encargado del caso Alcácer, ha emitido una orden europea de investigación para solicitar la colaboración de las autoridades del Reino Unido sobre la supuesta huida en barco de Antonio Anglés en marzo de 1993.

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Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano han confirmado que las diligencias de esa orden europea, dictada el pasado mes de noviembre, se están cumplimentado actualmente.

La requisitoria (orden de busca y captura internacional contra Antonio Anglés) sigue activa, por lo que “ha de investigarse cualquier dato novedoso que pueda contribuir a conocer su paradero y propiciar su detención”, añaden desde el TSJCV.

El juzgado recibió un informe policial donde se solicitaba nuevos interrogatorios a testigos, miembros de la tripulación del barco desde el que supuestamente huyó el fugitivo.

Este viernes, el diario Las Provincias informa de que a raíz de esa orden judicial, la policía tomará otra vez declaración al capitán del barco ‘City of Playmouth’, en el que supuestamente viajó como polizón el asesino de las tres adolescentes de Alcácer, para esclarecer cómo escapó del camarote.

El secuestro y asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, las tres vecinas de Alcácer (Valencia) de entre 14 y 15 años violadas y torturadas hasta la muerte por el prófugo Antonio Anglés y su compinche Miguel Ricart -en libertad desde 2013-, mantuvo en vilo a España durante más de dos meses, hasta que aparecieron sus cadáveres.

Investigaciones posteriores han seguido la pista del posible paradero de Anglés, en caso de seguir vivo, o la confirmación de su muerte, que pudo haberse producido al arrojarse al mar desde el citado barco rumbo a Irlanda.


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