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Economía

Los ministros Duque y Celaá, Marcos De Quinto, Espinosa, y Tejerina y Rodríguez, los diputados con mayor patrimonio

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Los ministros socialistas Pedro Duque, Isabel Celaá y María Luisa Carcedo, las exministras del PP Isabel García Tejerina y Elvira Rodríguez, el también ‘popular’ Adolfo Suárez Illana, el dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, el diputado de Ciudadanos (Cs) y exdirectivo de Coca Cola Marcos De Quinto y el representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte, son algunos de los diputados del Congreso que declaran mayor patrimonio y rentas.

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Así, Duque ingresó 40.562,10 euros en 2018 por sus meses de ministro de Ciencia y otros 2.246,07 euros anteriores como profesor universitario, más 33.519.42 euros de rendimientos de cuentas y capital mobiliario, 4.000 euros por el alquiler de una vivienda y 545,25 euros en dividendos de acciones. Pagó 21.000 euros de IRPF.

UN ASTRONAUTA CON UN MILLÓN DE EUROS EN PRODUCTOS FINANCIEROS

Pero, además, Duque posee dos casas en propiedad en Alicante y otra en Madrid, además de un coche y una barca, más de 313.000 euros en cuentas corrientes e inversiones de casi un millón de euros en productos financieros (incluyendo su participación de 390.977,16 euros en Copenhage Gestores Inmuebles, la sociedad patrimonial creada con su esposa y con la que compró su vivienda de Jávea (Alicante).

De su lado, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, recibió 28.187,12 euros como ministra de Educación y 13.195,346 de pensión de jubilación, así como 2.505,30 euros en dividendos de acciones. También tiene tres viviendas, dos terrenos rústicos, más de 140.000 euros en el banco y 540.000 euros en fondos de inversión y acciones. Pagó 13.000 euros por IRPF en 2018 y debe 153.000 euros prestados.

La de Sanidad, María Luisa Carcedo, declara ingresos de 14.807,80 euros por su labor como ministra y otros 17.175,83 por su etapa anterior como Alto Comisionado en la Lucha contra la Pobreza Infantil. En 2018 pagó más de 21.000 euros de IRPF. Además tiene más de 31.000 euros en cuentas corrientes e inversiones superiores a los 145.000 euros en Liberbank Cart Moderada, así como 400.000 euros en un plan de previsión asegurado, un seguro de vida y un fondo de inversión.

Otros miembros del Gobierno presentan saldos notables en sus cuentas. Margarita Robles (Defensa) tiene más de 400.000 euros, cantidad similar a la de su colega de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque en su caso por la venta de su vivienda habitual. Algo menos tiene ahorrado la socialista palenciana Luz Martínez Seijo, 360.000 euros.

GANANCIAS DE REGISTRADORA

La exministra de Vivienda Beatriz Corredor ingresó en 2018 casi 200.000 euros como registradora de la propiedad, más 4.500 euros como profesora de dos universidades y otros 16.000 euros por alquileres. La diputada socialista, que pagó más de 130.000 euros de IRPF, tiene dos viviendas y un apartamento, un garaje y un solar, así como 140.000 euros en cuentas y tres vehículos. Debe casi 120.000 euros de cuatro hipotecas.

El ministro de Cultura, José Guirao, recibió 73.200 euros de salario en 2018, tiene una vivienda en Madrid, dos terrenos de secano y monte de un valor superior a 320.000 euros, parte de varias viviendas e inmuebles rústicos en Almería y Murcia heredadas e inversiones superiores a los 440.000 euros. Además, declara un cuadro Wendy White valorado en 11.150 euros y una fotografía de Elle Koll, de 6.500.

En el PP, la exministra Isabel García Tejerina destaca con 20.000 euros cobrados en Agricultura y otros 20.000 abonados por el PP, más otros 120.000 euros por dividendos de acciones, rentas de una planta fotovoltaica y una explotación agraria. Tejerina, que pagó 65.000 euros por IRPF, contrató un préstamo hipotecario de 900.000 euros en mayo que aún debe, así como otro personal del que adeuda 140.000. Posee parte de varias viviendas en Palencia y Valladolid y participaciones en un par de sociedades con pisos y locales. En depósitos y cuentas suma 435.000 euros, más 81.000 euros en un plan de pensiones.

Por su parte, la presidenta del PP navarro y diputada por Madrid, Ana Beltrán, ingresó 150.000 euros por vender el 25% de una casa en Madrid, tiene parte de varias viviendas en Navarra, Huesca, Málaga y Zaragoza, así como el 25% de cuatro naves industriales en Zaragoza. El saldo de su cuenta es de 547.000 euros y tiene dos créditos por casi 500.000 euros. En 2018 pagó por IRPF unos 29.000 euros.

La exministra y expresidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, que en 2018 ingresó más de 200.000 euros y pagó 75.513 euros de IRPF, posee un capital mobiliario de 833.000 euros, más un plan de pensiones a renta variable de 289.312 euros y cinco viviendas en Madrid (todas ellas compartiendo propiedad).

PISOS EN TRES PAÍSES

La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, declara 50.966 euros por su trabajo de periodista en 2018 y otros 15.000 por el alquiler de un apartamento en Francia y en su cuenta corriente tiene 397.244 euros. Pagó 15.000 euros por IRPF, no tiene préstamos y dispone de varias propiedades: un piso en Madrid y otro en Francia comprados en 2011, así como la mitad de un apartamento en Argentina y de una finca rústica en Toledo.

La diputada por Sevilla Teresa Jiménez Becerril percibió 104.214 euros como eurodiputada y más de 9.000 euros de dividendo por un hotel. Tiene pisos en Madrid, Cádiz, Bruselas e Italia, un local comercial en Sevilla y la mitad de un hotel en Huelva heredado. Su saldo bancario supera los 321.000 euros y solo debe casi 6.000 euros por el piso que compró en Bruselas. Pagó 40.000 euros de IRPF.

Por su parte, Adolfo Suárez Illana, secretario en la Mesa del Congreso, ganó algo más de 200.000 euros por su actividad profesional, otros 45.000 euros por dividendos de sus acciones y cerca de 500.000 en finiquitos de sus servicios profesionales en Ontier y Elecnor. Pagó de IRPF unos 74.000 euros. Tiene la mitad de una vivienda en Madrid y parte de unos terrenos rústicos en Ávila heredados. Su cuenta acumula 71.259 euros –100.000 menos que hace seis meses–, dispone de cuatro vehículos y debe 67.000 euros.

EL CATÁLOGO DE ESPINOSA

Como en junio, Iván Espinosa de los Monteros, es quien más declara en Vox, con rentas de 94.700 euros: 48.400 euros por actividad profesional, 35.000 del alquiler de un inmueble, 13.000 euros de intereses de un préstamo y otros 50 euros por la colaboración con un medio de comunicación, más 1,12 millones en acciones de sociedades inmobiliarias. Posee una casa y una oficina en Madrid y, a nombre de sociedades, una vivienda en Cantabria y dos oficinas en Madrid. Por contra, debe 657.000 euros.

La secretaria general del grupo, Macarena Olona, cobró 121.700 euros como abogada, a los que se suman 61.000 euros de ganancia por transmisión de participaciones y 12.000 euros por alquiler de una vivienda. Olona, ahora de baja de maternidad, tiene 98.000 euros en su cuenta y paga dos préstamos que suman 133.000 euros.

En Ciudadanos repite como diputado ‘más rico’ el exvicepresidente mundial de Coca Cola, Marcos de Quinto, con 48,3 millones de euros entre derechos de cobro de la multinacional (23,8 millones), acciones (12,6 millones), planes de pensiones (8,6 millones) y cuentas (3,3 millones). En 2018 ingresó 5,6 millones.

Y se estrena en la lista el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que ingresó 25.998 euros en 2018 por su trabajo de arquitecto, otros 320.000 de ganancias por transmisiones de elementos afectos a su actividad y otros 12.000 euros por el alquiler de tres viviendas y un local. Dispone de cinco pisos en Teruel y Valencia y parte de otras tres viviendas, así como 250.000 euros en cuentas. Pagó más de 71.000 euros de IRPF y adeuda medio millón en préstamos.

En Unidas Podemos, destaca la diputada por Baleares Antonia Jover, que tiene 157.502 euros en depósitos bancarios y tres viviendas. Diplomada en Empresariales, Jover cobró 29.528 euros en 2018 de una cadena hotelera y 2.389 de paro, más 209.918 euros de ganancia patrimonial por la venta de un inmueble.

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El sector hotelero se derrumba ante la inacción del Gobierno y augura una caída aún mayor del PIB: sólo el 25% de hoteles están abiertos y la ocupación media es del 33%

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Y los rebrotes de la pandemia no ayudan: en Barcelona, la ocupación cae al 12% y en Madrid no supera el 22%. Algunos hoteleros lanzan promociones y ofertas especiales, otros cierran y piden alargar los ERTE hasta diciembre o más allá.

El sector hotelero se derrumba ante la inacción del Gobierno por el impacto negativo de la pandemia del coronavirus. Sólo el 25% de hoteles están abiertos (unos 4.500 de los 16.000 registrados, según informó Invertia) y la ocupación media aún no llega ni a la mitad: es del 33%.

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Y los rebrotes no están siendo de ayuda. En Barcelona, la ocupación ha caído al 12% en los 120 hoteles que están abiertos de los cerca de 500 que hay en total, como informa El País. Además, una decena ha vuelto a cerrar las puertas. Y en Madrid, la ocupación no supera el 22%, según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), y sólo hay 100 hoteles abiertos de los 322 que pertenecen a esta asociación, como recoge Hosteltur.

En Barcelona sólo hay 120 hoteles abiertos de los 500 que hay; en Madrid, 100 de 322

En las Pitiusas (las islas de Ibiza y Formentera, y varios islotes), la ocupación ha sido del 37% en julio, un 58% inferior a la de hace un año, según informa Diario de Ibiza. Y la cosa tampoco es mejor en la isla de Mallorca, donde la ocupación se ha situado también en el 37%, a pesar de que estaba abierta el 57% de la oferta. Se nota y mucho la menor llegada de turistas extranjeros. Esto también se ha notado en Benidorm, aunque en el conjunto de la provincia de Alicante, la ocupación media ha sido del 45% en el séptimo mes, como señala el diario Información.

En el primer semestre, la ocupación ha caído de media un 55%, hasta situarse en el 33%, según el Barómetro del Sector Hotelero en España elaborado por STR y Cushman&Wakefield, recogido por Hosteltur. Asimismo, conviene destacar que 111.080 empresas de turismo, ocio y cultura han recibido 14.445 millones de euros en avales del ICO hasta el pasado 31 de julio. Pero eso no basta, aunque el Gobierno mantiene su inacción…

111.080 empresas de turismo, ocio y cultura han recibido 14.445 millones de euros en avales del ICO hasta el 31 de julio

Algunos hoteleros están lanzando promociones y ofertas especiales para intentar elevar la ocupación, mientras otros han optado por cerrar y otros temen un otoño sin clientes. “El verano se da por perdido y ahora hay que esperar que en otoño se pueda recuperar algo”, ha afirmado Manel Casals, director del Gremio de Hoteles de Barcelona. “Nuestra previsión es que el sector no levantará cabeza hasta la celebración del Mobile World Congress (en febrero de 2021)”, ha añadido. Por su parte, María Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallora (FEHM), ha señalado que han trasladado la necesidad de prolongar los ERTE hasta diciembre (opción que hasta ahora sólo se ve en Moncloa como una posibilidad) ante la situación complicada del sector, pero si esto no basta, “será necesario tomar más medidas hasta abril de 2021”.

Sea como fuere, la desastrosa campaña turística de verano augura una caída histórica de la economía española -el PIB cayó un 18,5% en el segundo trimestre- durante el resto del año. Nuestro país corre el riesgo de que las previsiones que la OCDE publicó el lunes, y que nos situaban como el pais con menor crecimiento, no sólo se cumplan sino que se queden cortas. Y el Gobierno, de vacaciones.

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Economía

Traducción de certificaciones y legalizaciones

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La traducción es considerada una actividad esencial, ya que a través de ella es que se transmite el conocimiento y la información de las áreas más variadas, además de permitir una gran cantidad de gestiones comerciales, educativas, jurídicas, etc.

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Dentro de las especializaciones de la traducción se encuentra la traducción jurada y los traductores que la certifican con su firma y sello. En muchas oportunidades estas traducciones necesitan de otras gestiones para cumplir su función final. Por ejemplo, ser legalizadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores (o el organismo que las legaliza según cada país), o en caso de que los países para los cuales se realiza la traducción no sean firmantes del Convenio de la Haya, se debe legalizar en el consulado correspondiente.

Qué es la Apostilla de La Haya

La apostilla es la representación de la legalización del organismo correspondiente, que brinda la garantía de que son auténticos, y especialmente que fueron emitidos por la autoridad competente de un país para las mismas autoridades de otro. Asimismo, demuestra que se han cumplido todas las formalidades legales que se debían cumplir de manera interna.

Este trámite se hace en el país de origen de la documentación para ser presentado en otro país. Asimismo, es importante destacar que la apostilla no es un documento adicional que se adjunta a la traducción, sino que es un sello de legitimización.

La traducción con apostilla

En el caso de que le llegue a un traductor jurado un documento para traducir que ya tenga la apostilla, ésta se puede traducir o no, ya que no es obligatorio hacerlo. Los traductores jurados tienen experiencia en este tipo de labor, por lo que la traducción de apostilla, en caso de ser requerida,  es un desafío que sortean con profesionalidad.

De acuerdo con las definiciones del Convenio de la Haya la apostilla puede ser escrita en la lengua oficial del país en donde se expide, con las menciones incluidas en un segundo idioma. Sin embargo, “Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)” siempre debe estar escrito en francés.

Otras legalizaciones

Para algunas gestiones, las traducciones también reciben otras legalizaciones como puede ser la consularización o la legalización en un Colegio de Traductores local. En este último caso, la gestión consiste en comparar el sello y la firma del traductor que se encuentran en la traducción con los que se tienen registrados en ese organismo. Además, se constata la vigencia del permiso o matrícula del traductor.

En el caso de que se deba consularizar la traducción, esta gestión se realiza en el consultado del país en donde se presentará el trámite. Los cónsules actúan y ejercen actividades parecidas a las que realiza un funcionario de un Registro Civil, por lo que la traducción queda legalizada como si lo hubiera hecho un notario.

Conclusión

Las certificaciones y legalizaciones de las traducciones son pasos muy importantes en lo referido a los trámites por los cuales se realizan las traducciones juradas. En el caso de la apostilla, puede o no traducirse, de acuerdo con lo planteado por el Convenio de La Haya. En el caso de hacerlo, se deberá hacer según lo establece el Convenio.

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Otra “catalanada” digna de Torra y sus muchachos: Francia retira del mercado un gel hidroalcohólico de origen catalán porque no desinfecta

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Francia ha denunciado el gel ante la Comisión Europea que ha valorado el producto como «grave»

 

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Cataluña progresa en su esfuerzo de mejorar su imagen como “zona especialmente industrializada y trabajadora” dentro de España. Con un poco más de esfuerzo, no solo jamás podrían entrar en la UE, sino que cabe la posibilidad de que fueran expulsados de la ONU.

 

La Dirección General de Competencia, Consumo y Control de Fraudes de Francia ha decretado que se retire del mercado un gel hidroalcohólico de origen catalán, llamado On Dermo, porque no desinfecta.

«No produce la efectividad antibacteriana y antiviral», escribió la institución en su cuenta de Twitter.

Francia ha denunciado el gel ante la Comisión Europea (CE) que ha valorado el producto como «grave» y ha puesto de relieve que el distribuidor ya lo ha retirado del mercado.

En este anuncio, publicado la segunda semana de julio por el portal de alertas del organismo internacional, avisa de que el producto no contiene la cantidad suficiente de etanol ni de isopropanol. Por consiguiente, no mata a las bacterias o virus, que podrían entonces llegar al usuario, aumentando así el riesgo de infección.

 

Además, según se indica en el mismo informe, «la presencia de alcoholes no va acompañada de los correspondientes pictogramas y advertencias». Los usuarios no disponen, por tanto, de información sobre la toxicidad y la inflamabilidad del producto, que, en presencia de una fuente de ignición, podría provocar un incendio.

Según informa ElDiario.es, la empresa que lo distribuye ha señalado que Francia «ha cometido un grave error», por lo que ya ha dejado el caso en manos de sus abogados.

La postura que defiende la empresa es que la legislación es diferente según si se considera el producto como cosmético o como producto biocida. La dirección de consumo francesa ha determinado que este gel es un biocida y que, por lo tanto, no cumple con los requisitos mínimos.

Por ello, desde la Dirección General de Competencia, Consumo y Control de Fraudes del país galo mantienen la solicitud que han hecho a los compradores y en la que piden que todos los geles se devuelvan al punto de compra.

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