Un total de 11.194 personas que habían solicitado las prestaciones de la ley de la dependencia han fallecido en Cataluña entre 2013 y 2017 sin llegar a recibir las ayudas que les correspondían, según datos del departamento de Trabajo, Bienestar Social y Familias.

Además, actualmente hay 18.438 personas en lista de espera para poder acceder a una plaza de residencia financiada públicamente.

Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), la patronal que agrupa al 70 % de las residencias, centros de día, centros sociosanitarios y servicios de ayuda a la dependencia, considera que «son cifras duras y que nos sitúan ante un espejo nada agradable que nos interpela como sociedad».

Pascual advierte que se avecina «un tsunami social» por el sobreenvejecimiento de la población y recuerda que en 2051 la población de 65 años o más habrá llegado al 30 % en lugar del 18 % actual, y el colectivo de 85 años o más estará formado por 550.000 personas, más del doble de las que hay ahora.

«Hablar de las personas que han fallecido es difícil y nada agradable, pero se debe hacer. En primer lugar para visibilizar un colectivo, el de las personas mayores, a menudo desplazado de la actualidad de los medios de comunicación», señala la presidenta de la ACRA.

Pascual resalta que el 75 % de las 11.194 personas solicitantes de las ayudas de la ley de dependencia que murieron entre el 2013 y el 2017 ya tenían una valoración hecha y un plan individual de ayuda (PIA), que determina qué tipo de prestación puedes recibir.

«No es momento de repartir responsabilidades ni de criticar la actuación del actual gobierno porque la situación a la que hemos llegado es fruto de un maltrato acumulado hace muchos años», alega Pascual.

La presidenta de ACRA cree que «hay que cambiar la estrategia fijada por la Generalitat de incremento de la actividad de las plazas porque no permite absorber con eficiencia la demanda existente» y propone apostar por la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS).

Las PEVS son una prestación económica que se da cuando el acceso a un servicio público o concertado no es posible y su importe se establece en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del usuario.

La presidenta de ACRA propone que la Generalitat aumente el importe de la PEVS del grado II, correspondiente a la dependencia severa, el grado mayoritario entre los dependientes, de los 426 euros actuales hasta los 715 euros, el mismo importe que ahora reciben los grandes dependientes de grado III.

«Estos casi 300 euros extras al mes permitirían a los usuarios plantearse la posibilidad de abandonar la lista de espera y acceder a un recurso asistencial de forma inmediata. Desde ACRA hemos calculado que la inversión pública por cada 1.000 plazas de PEVS con este nuevo importe sería de 3,5 millones de euros, netamente inferior al gasto que hay que hacer para crear 1.000 nuevas plazas con financiación pública», afirma Pascual.

La presidenta de la ACRA recuerda que el importe de las PEVS había sido superior a los 1.000 euros antes de su suspensión hace unos años.