Mas de 11.000 catalanes han muerto desde 2013 esperando la prestación por dependencia - ALERTA NACIONAL
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Salud

Mas de 11.000 catalanes han muerto desde 2013 esperando la prestación por dependencia

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La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales alerta del sobreenvejecimiento de la población.
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Un total de 11.194 personas que habían solicitado las prestaciones de la ley de la dependencia han fallecido en Cataluña entre 2013 y 2017 sin llegar a recibir las ayudas que les correspondían, según datos del departamento de Trabajo, Bienestar Social y Familias.

Además, actualmente hay 18.438 personas en lista de espera para poder acceder a una plaza de residencia financiada públicamente.

Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), la patronal que agrupa al 70 % de las residencias, centros de día, centros sociosanitarios y servicios de ayuda a la dependencia, considera que “son cifras duras y que nos sitúan ante un espejo nada agradable que nos interpela como sociedad”.

Pascual advierte que se avecina “un tsunami social” por el sobreenvejecimiento de la población y recuerda que en 2051 la población de 65 años o más habrá llegado al 30 % en lugar del 18 % actual, y el colectivo de 85 años o más estará formado por 550.000 personas, más del doble de las que hay ahora.

“Hablar de las personas que han fallecido es difícil y nada agradable, pero se debe hacer. En primer lugar para visibilizar un colectivo, el de las personas mayores, a menudo desplazado de la actualidad de los medios de comunicación”, señala la presidenta de la ACRA.

Pascual resalta que el 75 % de las 11.194 personas solicitantes de las ayudas de la ley de dependencia que murieron entre el 2013 y el 2017 ya tenían una valoración hecha y un plan individual de ayuda (PIA), que determina qué tipo de prestación puedes recibir.

“No es momento de repartir responsabilidades ni de criticar la actuación del actual gobierno porque la situación a la que hemos llegado es fruto de un maltrato acumulado hace muchos años”, alega Pascual.

La presidenta de ACRA cree que “hay que cambiar la estrategia fijada por la Generalitat de incremento de la actividad de las plazas porque no permite absorber con eficiencia la demanda existente” y propone apostar por la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS).

Las PEVS son una prestación económica que se da cuando el acceso a un servicio público o concertado no es posible y su importe se establece en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del usuario.

La presidenta de ACRA propone que la Generalitat aumente el importe de la PEVS del grado II, correspondiente a la dependencia severa, el grado mayoritario entre los dependientes, de los 426 euros actuales hasta los 715 euros, el mismo importe que ahora reciben los grandes dependientes de grado III.

“Estos casi 300 euros extras al mes permitirían a los usuarios plantearse la posibilidad de abandonar la lista de espera y acceder a un recurso asistencial de forma inmediata. Desde ACRA hemos calculado que la inversión pública por cada 1.000 plazas de PEVS con este nuevo importe sería de 3,5 millones de euros, netamente inferior al gasto que hay que hacer para crear 1.000 nuevas plazas con financiación pública”, afirma Pascual.

La presidenta de la ACRA recuerda que el importe de las PEVS había sido superior a los 1.000 euros antes de su suspensión hace unos años.


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Salud

Compromís pide la expulsión de los sacerdotes católicos en los hospitales públicos

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Compromís, uno de los socios de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado este jueves la exclusión de los sacerdotes católicos que prestan sus servicios en la red de hospitales públicos y los ha comparado con integrantes de sectas según publica la edición de ABC en la Comunidad Valenciana.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrado sendas preguntas dirigidas al Gobierno en la que reclama al nuevo Ejecutivo que formarán el PSOE y Podemos que que garantice la aconfesionalidad del Estado en los centros sanitarios «no respetada en los convenios exclusivos con la Iglesia Católica».

La formación nacionalista, que en la investidura de Sánchez votó a favor a través de su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, ha aclarado que su objetivo «no es extender este tipo de asistencia al resto de religiones, sino evitar que cualquier religión se inmiscuya en los centros sanitarios».

De acuerdo con la tesis que sostiene Compromís, el« Convenio de 23 de abril de 1986 sobre asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Instituto Nacional de Salud atenta contra la aconfesionalidad del Estado consagrada en nuestra Constitución». Compromís recalca que en «dicho convenio se garantizó por parte del Estado a la asistencia religiosa católica de los católicos internados en sus centros, pero no al resto de confesiones o sectas religiosas».

Bajo la premisa de que «la asistencia religiosa no forma parte de ninguna rama de la medicina moderna», la formación que respaldó la investidura de Sánchez lamenta que el Gobierno garantice con fondos públicos la presencia de sacerdotes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde mantiene las competencias de sanidad, «donde la religión con más seguidores no sería la católica».


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Salud

Sanidad ‘pide consejo’ a Google para trabajar contra los ‘influencers’ que promocionan medicamentos

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El Ministerio de Sanidad analiza cómo proceder y trabajar conjuntamente con Google frente a los contenidos difundidos en YouTube en los que «terceras» personas distintas a los laboratorios, como determinadas «influencers», promocionan fármacos, sujetos o no a prescripción.

El objetivo es garantizar que la publicidad de medicamentos se ajuste a la normativa vigente y que es la más adecuada y segura para el buen uso de los mismos, según fuentes de Sanidad. El Ministerio, además, ha solicitado a los Consejos Generales de Médicos y de Farmacia que trabajen conjuntamente para identificar el mayor número de casos posibles sobre publicidad de medicamentos que no cumplan con la normativa vigente.

El pasado 26 de noviembre se envió un escrito a Google España como consecuencia de una investigación abierta a raíz de una denuncia recibida en el Ministerio, han agregado las fuentes.Tras la denuncia, «se procedió a examinar el contenido disponible en la plataforma YouTube, relativo a la promoción de diversos medicamentos de uso humano autorizados en España, tanto de prescripción como de no prescripción, realizada por terceros distintos a los laboratorios farmacéuticos responsables de los mismos».

Constatada la ilicitud de las actividades publicitarias analizadas, por no ajustarse a los requisitos establecidos en la normativa vigente, Sanidad requirió a dicha plataforma que «de manera inmediata» procediera a la retirada de los contenidos indicados o bien hiciera imposible el acceso a los mismos.

Asimismo, para identificar qué productos publicitados son medicamentos de uso humano autorizados en España, instaba a Google a consultar la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

«Al tratarse de un requerimiento general, inicialmente no se identificaron medicamentos concretos», aseguran las fuentes.

En diciembre, Sanidad recibió un escrito de Google en contestación a su requerimiento, en el que le trasladaba que YouTube es un servicio prestado por Google Ireland, así como su voluntad de cumplir con las resoluciones dictadas por el Ministerio o por cualquier otra autoridad competente.

Este buscador solicitaba, además, la colaboración del Ministerio para identificar los contenidos para los que sea necesaria la cesación inmediata.

El pasado mes de noviembre, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y el Consejo General de Colegios de Dentistas hicieron público un comunicado en el que advertían de los peligros de seguir las recomendaciones sobre tratamientos y fármacos que hacen en las redes sociales los «influencers».

En el mismo, incidían en que los únicos profesionales facultados para recetar fármacos y productos sanitarios sujetos a prescripción son los médicos, los odontólogos y los podólogos, así como que los farmacéuticos son los «únicos competentes» para la dispensación informada previa presentación por parte del paciente de la correspondiente receta.


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Religión

Compromís pide la expulsión de los curas católicos en los hospitales: “Quien tenga vicios que se los pague”

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Carles Mulet
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«Quien tenga vicios que se los pague». Con este argumento, Compromís insiste en su exigencia al nuevo Gobierno para que derogue los convenios vigentes desde 1986 que garantizan la presencia de sacerdotes católicos en los hospitales públicos en España.

La coalición valenciana (uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez) ha registrado una batería de iniciativas en el Senado en las que pregunta al Gobierno el coste que ha supuesto la asistencia católica en la sanidad pública y cuándo piensa derogar los acuerdos que la aseguran.

Las preguntas dirigidas al nuevo Ejecutivo llevan la firma del senador de Compromís, Carles Mulet, quien compara a la religión católica con las «sectas» y equipara la asistencia que prestan los sacerdotes con «interferencias mitológicas o mágicas bajo la excusa de un asesoramiento ético, moral o religioso».

En un comunicado de prensa, Mulet señalaba este jueves que el objetivo era «evitar que cualquier religión se inmiscuya en los centros sanitarios». Pese a la rotundidad de estas declaraciones, la formación sostiene en otra nota, remitida este viernes a ABC, que «en ningún momento se pide expulsar a nadie de los centros sanitarios». Horas antes, el senador había escrito en redes sociales que «quien tenga vicios que se los pague». Mulet ha explicado este viernes que su iniciativa «parte a instancias de organizaciones que han visto discriminatorio el trato con el resto de confesiones religiosas».

Compromís gobierna en coalición con el PSPV-PSOE desde el año 2015 en la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat cumple con los acuerdos suscritos con la Conferencia Episcopal y la Santa Sede.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, 62 sacerdotes católicos presentan sus servicios en veinticinco hospitales públicos, lo que supone un coste para las arcas públicas de 856.000 euros al año sobre un presupuesto total de 20.000 millones.

Pese a ello, Compromís sostiene que «ciertas posturas integristas religiosas en materias éticas o morales pueden ir contra los principios básicos de la ciencia o la medicina» por lo que insiste en pedir al Gobierno que «respete la aconfesionalidad del Estado en los centros sanitarios».

Regulación salarial

El senador Mulet abundó este jueves en sus argumentos para solicitar la expulsión de los curas de la sanidad pública en una conversación en su cuenta de Twitter, donde sostenía, en relación a la asistencia católica en los hospitales, que «quien tenga vicios que se los pague». Mulet mostraba el convenio que regula los salarios que perciben los curas que trabajan a tiempo completo en los hospitales valencianos, vigente desde 1992 y que se actualiza cada año.


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