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Cultura

Muere el periodista José Luis Martín Prieto a los 75 años de edad

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El periodista José Luis Martín Prieto ha fallecido este sábado a los 75 años de edad, informaron a Europa Press fuentes familiares.

Nacido en Madrid, estudió Peritaje Industrial en la Universidad Laboral de Sevilla y a los 18 años fundó y dirigió la revista literaria Nuevo Surco.

Su carrera profesional como periodista empezó en los diarios Arriba, Pueblo y más adelante en el periódico Informaciones, donde fue subjefe de Documentación y redactor jefe.

Fue uno de los fundadores del periódico El País en 1976 donde trabajó como adjunto en la dirección y posteriormente como subdirector de la sección de Opinión. En 1978 fue designado delegado del diario para América del Sur en Argentina.

A su regreso a España asume el puesto de subdirector de la revista Tiempo y en 1990 se incorpora al Diario Ya como columinista hasta abandonar el periódico un año después para incorporarse a Diario 16 donde estuvo trabajando hasta 1993.

Además, fue columnista y colaborador de los principales periódicos de España como El Mundo y La Razón, donde publicaba actualmente, y también trabajó como comentarista político en los programas radiofónicos de Luis del Olmo y en los informativos de Telecinco.

Martín Prieto publicó dos libros en su vida profesional, ‘Técnicas de un golpe de Estado: el juicio del 23F’ en 1982 y ‘Cartas a mujeres’ en 1995.

En el año 1983 ganó el Premio Nacional de Periodismo y en 1987 se hizo con el galardón Encomienda al Mérito Civil que se le concedió por su trabajo en Sudamérica. Además, ha ganado el Premio Club Internacional de la Prensa y el Premio Continente de Periodismo, ambos en 1993.

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Cultura

Así es el adoctrinamiento en los libros de texto de Lengua y Literatura de los escolares españoles

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Hablamos Español ha elaborado, con la colaboración de 12 profesores de diferentes regiones, un completo estudio sobre el adoctrinamiento en los libros de texto de Lengua y Literatura de los escolares españoles.

Pulsa aquí para descargar el estudio [PDF]

El trabajo de campo se ha realizado examinando algunos de los libros más vendidos de Lengua y Literatura del nivel de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato utilizados en los sistemas educativos de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Balares, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana para impartir las asignaturas de catalán, gallego, vasco y valenciano, y se han comparado esos datos con un muestreo de libros de Lengua y Literatura Española utilizados por alumnos de toda España.

El resultado del estudio pone de manifiesto que no sólo existe peligro de adoctrinamiento en materias de Geografía e Historia, como hasta la fecha habían puesto de manifiesto estudios anteriores, sino que además los libros de texto de Lengua y Literatura introducen también criterios ajenos a los estrictamente educativos, que se traducen en contenidos con un claro sesgo ideológico e implican un elevado riesgo de adoctrinamiento para los alumnos.

Concretamente, y según Hablamos Español, se observan los siguientes problemas:

Se detecta la repetición de conceptos y expresiones de innegable significado nacionalista, tratadas con una carga de valoración positiva, asociándose a imágenes conceptuales como libertad, democracia, integración, respeto y otros similares, mientras que el idioma español y lo español se presenta como antipático, despreciable, foráneo, dictatorial, represivo e incluso culturalmente irrelevante o como si no hubiera tenido presencia histórica en el territorio autonómico.

Se utilizan como ejemplos pedagógicos autores de dispar calidad literaria, pero todos ellos con el elemento común de un claro posicionamiento ideológico o militancia en el campo nacionalista, relegando a los autores cuya obra principal se ha desarrollado en lengua española o se han significado por ser contrarios al nacionalismo.

Se usan criterios educativos que tienden a desprestigiar el uso del español, que se considera lengua ajena e impuesta por la fuerza, frente a la lengua cooficial, que se considera propia y adecuada para utilizarse como medio de expresión de todo aquel que se considere buen catalán, gallego, valenciano, balear o vasco.

En el ámbito de Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, se propugna la confusión del idioma catalán como el correspondiente a todo ese ámbito citado, sin tener en cuenta el valenciano, y las variedades lingüísticas de las islas Baleares, que a lo sumo son tratadas como variedades dialectales del catalán.

Se asocia pertenecer realmente a esa comunidad autónoma y tener como primera lengua la cooficial. De forma machacona se transmite al alumnado que si su lengua es el español tienen un déficit de identidad, son víctimas de prejucios y están actuando de forma perniciosa, ellos por no hablar la lengua y sus padres por no habérsela transmitido. Tan solo el uso del término “nuestra lengua” aplicado a una lengua que no es la de todos los alumnos sería considerado algo inaceptable en cualquier otro país con cooficialidad lingüística.

Por otra parte, según Hablamos español, “se constata el contraste entre los libros de Lengua y Literatura Española y aquellos de las demás lenguas españolas oficiales. Los primeros son libros de Lengua y Literatura, los segundos son instrumentos para inocular unos determinados mensajes útiles al nacionalismo”.

Hablamos Español considera que “contemplar nuestra diversidad cultural y lingüística como un instrumento político al servicio de las ideologías nacionalistas constituye una lacra que pone en peligro la convivencia democrática de los españoles. Pero si ese tratamiento indebido se traslada a la educación, y se usan nuestras lenguas como un objeto para arrojar al adversario político, en vez de como un patrimonio cultural preservar, manipulando las conciencias y mentes de nuestros jóvenes, sin duda nos encontramos ante una clara amenaza para el futuro de nuestros hijos”.

Pulsa aquí para descargar el estudio [PDF]

(La Tribuna el País Vasco)

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Cultura

“Tenemos diecisiete sistemas educativos cada vez más descoordinados entre sí”

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La situación política española y la imposibilidad para alcanzar un pacto educativo que permita dar estabilidad y coordinación al sistema educativo está acrecentando la brecha y la desigualdad entre alumnos de las diferentes comunidades autónomas. Así lo constata el informe El libro educativo en España – Curso 2019-2020, elaborado por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), que analiza la situación en la que las empresas dedicadas a la edición educativa desarrollan su actividad en España. Según este informe, la falta de consenso político está generando una heterogeneidad normativa que, además de complicar cada vez más el desarrollo de la actividad de las empresas, es responsable de que el acceso de los alumnos a libros y contenidos educativos innovadores y de calidad esté cada vez más condicionado por las decisiones políticas.

“La falta de normativa estatal, o más bien la existencia de una normativa de imposible cumplimiento, sin perspectiva de que haya una solución en un futuro inmediato, ha incrementado lo que podríamos definir como dispersión del sistema educativo. De suerte que cada vez nos aproximamos más a tener diecisiete sistemas educativos cada vez más descoordinados entre sí”, señala el informe. Una dispersión que se manifiesta en una ingente producción de normativa. En los tres últimos años, se han publicado hasta 450 textos normativos (leyes, decretos órdenes y resoluciones) en las 17 comunidades autónomas que afectan, de manera directa o indirecta, a la edición de contenidos educativos. Cifra que aumenta hasta las 1.820 normas si se analizan los últimos diez años.

Currículos cada vez más diferenciados

El informe vuelve a incidir en un aspecto que se ha reiterado en los últimos años, y es que la falta de consenso y la dispersión de las políticas educativas tienen su primera manifestación en el “diferente tratamiento del currículo, diferencia acentuada como consecuencia de la división entre asignaturas troncales, específicas y de libre configuración y su consiguiente repercusión en la evaluación, de manera que los currículos de las diversas CCAA tienen cada vez menos elementos comunes entre sí. Estas diferencias dificultan notablemente la edición escolar que se ve obligada a dividir y multiplicar su oferta, con ediciones cada vez más limitadas al territorio y el consiguiente encarecimiento de los costes”.

La dispersión normativa también tiene su reflejo en las diferencias económicas entre comunidades autónomas, que afectan tanto a las políticas de dotación de recursos de los centros y a las ayudas a los alumnos para la adquisición de libros y materiales escolares, como a los procedimientos, las cuantías y los modelos de adquisición de los libros o de las ayudas, “que son cada vez más variados y complicados como comunidades autónomas hay”. Esta situación está produciendo la desigualdad entre los alumnos, ya que no todos tienen las mismas posibilidades de acceder a los mismos recursos.

En estas circunstancias, dado que se está produciendo una dispersión de los calendarios como consecuencia de la gestión de los sistemas de ayudas, la tasa de obsolescencia de los libros y recursos didácticos se está acentuando. La renovación de los libros, estipulada para cada cuatro años, se está haciendo en la práctica cada cinco, seis o incluso más años. Según el informe de ANELE, actualmente, sólo Andalucía está cumpliendo el calendario de renovación de libros y recursos didácticos y cuenta con el presupuesto necesario para realizarla.

En opinión de los editores, “la no renovación de los libros y, por tanto, su distinto nivel de obsolescencia es uno de los factores que más contribuyen a la desigualdad de oportunidades educativas de los alumnos entre comunidades autónomas y que más pueden dificultar la tarea de los profesores que necesitan recursos actualizados”. El informe resalta que “el ritmo de adaptación de los materiales escolares debería ser el mismo para todos los alumnos, para que el aprendizaje, ya bastante influido por las condiciones socioeconómicas, no se vea empeorado por la obsolescencia de los recursos didácticos”.

La renovación y actualización de los recursos educativos viene derivada, según el informe, de los distintos programas de gratuidad o de ayudas para la adquisición de libros de texto y de la dotación presupuestaria destinada a ellos. La mayoría de las comunidades autónomas no cuentan en su normativa con un calendario de renovación y/o dejan en manos de los colegios la decisión de adoptar nuevos proyectos, eso sí, sin garantizarles una dotación económica suficiente para hacer frente a las compras.

Esto supone, en la práctica, que opten por mantener los existentes, aunque se encuentren obsoletos. Todo ello incide en la desigualdad de los alumnos, incluso en una misma comunidad autónoma.

Como expresa el informe, la consecuencia de esta situación “es la inseguridad e incertidumbre del profesorado, que no sabe a qué atenerse. La repercusión en la actividad editorial es clara. La inseguridad de los profesores se traduce en inseguridad de los editores a la hora de planificar proyectos y ediciones, cuyo desarrollo y final son impredecibles”.

Según los editores, “más que de libro de texto se debería hablar de proyectos educativos, conformados por múltiples elementos que contribuyen a que el alumno vaya construyendo el armazón de su aprendizaje. Junto al libro de texto, las editoriales ponen a disposición de los profesores programaciones didácticas, guías del profesor, recursos digitales específicos, materiales manipulables, lecturas… En ese ecosistema educativo, el libro de texto es más bien una guía, un acompañante del aprendizaje, que ayuda a ordenar los conocimientos y los procesos de adquisición de conocimientos, enmarcado en un proyecto más amplio que incluye el manejo e integración de todos los recursos”.

Para el curso 2019-2020, las editoriales integradas en ANELE han puesto a disposición de la comunidad educativa un catálogo que alcanza los 51.528 títulos. Hay 33.222 títulos en soporte papel en todas las lenguas oficiales, de los que 11.381 corresponden a libros del alumno. En cuanto a la oferta de proyectos editoriales digitales, ha continuado creciendo hasta alcanzar 18.308 títulos. “La oferta de títulos y el gran número de editoriales existentes garantizan la pluralidad tanto didáctica y pedagógica como cultural e ideológica, siempre dentro del marco de la Constitución”, dicen los editores.

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Cultura

Sin Reyes Católicos, sin ríos o con ‘corona catalanoaragonesa’: así se nota la “presión” de todas las comunidades autónomas en los libros de texto

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La patronal de los editores de libros de texto (Anele) denunció que sufre “presiones de todas las comunidades autónomas” a través de “mecanismos bastardos” para incluir contenidos regionales en los libros educativos. Esta es la explicación, aseguran en Anlae, de que haya 33.222 libros de texto diferentes sólo en soporte de papel para ajustarse a las exigencias de cada comunidad tanto en idiomas como en contenidos.

“Cada comunidad autónoma tiene su manía, y es una falta de respeto a la libertad de cátedra. Presionan los consejeros, los viceconsejeros y los directores generales, pero no lo hacen por escrito, lo hacen en reuniones. Dicen cosas absurdas”, indicó el director general de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila.

El hartazgo de los editores de libros escolares es ya indisimulable. Por un lado, desde hace tiempo se enfrentan a presiones políticas, como por ejemplo, en Cataluña. “Allí quieren que hablemos de Wilfredo el Piloso y no el Velloso (Conde de Barcelona en el siglo IX) y no de los Reyes Católicos o que aludamos a la ‘corona catalanoaragonesa’, un término que en la Edad Media no existía y que no se ha utilizado hasta el siglo XX”, agregó Ávila.

Pero las exigencias regionales llegan a todos los lugares y alcanzan cotas “absurdas”. Así, desde Canarias les han pedido que desaparezcan los ríos porque no son importantes en las islas; la Comunidad Valenciana quiso censurar un libro del ya fallecido Fernández Lázaro Carreter, exdirector de la Real Academia de la Lengua, que decía que el valenciano era un dialecto del catalán; y Castilla-La Mancha exigió que un libro sobre las cajas de cambios de los vehículos se adaptara a la “realidad autonómica”. “Será que las cajas de cambio de los coches en Castilla-La Mancha no son como las de Andalucía”, ironizó Ávila.

“¿No sería más razonable que los manuales de matemáticas o de ciencias naturales fueran idénticos en todas las comunidades autónomas?”, se preguntó el presidente de FGEE, que aseguró que de un libro de Matemáticas se editan hasta 17 versiones diferentes.

Según Anlae, cada año se publican unos 150 textos normativos diferentes sobre libros, ya sean leyes, decretos, órdenes o resoluciones. “Esta ingente producción legislativa provoca una dispersión de contenidos que va contra la igualdad de los estudiantes”, declaró Ávila. “Los editores queremos hacer materiales adecuados, pero también tenemos que cumplir con los criterios que establece cada comunidad”, explicó el presidente de Anele, José Moyano.

La periodicidad con la que se deben renovar los libros de texto, las ayudas que reciben las familias (directas, por préstamos o asociadas al nivel de renta, según el lugar) o la “hiperregulación sin transparencia” son, a juicio de Anele, algunos de los problemas que afrotan los editores de libros de texto, que desvían la responsabilidad del control de esta situación hacia las administraciones y, en concreto, hacia el Ministerio de Educación. “El Gobierno puede hacer mucho más en la unificación de criterios”, subraya Moyano. “Pero el PSOE”, continúa Antonio María Ávila, “no tiene un modelo único, sino uno por cada comunidad autónoma”.

La homogeneización de los contenidos de los libros escolares no es la única batalla en la que se encuentra inmersa Anlae. En mayo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) multó a la patronal de los libros de texto con 34 millones de euros porque el código ético que firmaron era en realidad una manera de coordinar políticas y condiciones comerciales para restringir la competencia en el sector. Los representantes de Anele recordaron que han recurrido ante el tribunal de lo contencioso esta sanción y defendieron que el fin último del código era “evitar que los prescriptores recibieran regalos”. “Estamos convencidos de que la sanción no va a prosperar”, aseveró Moyano.

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