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El récord de España: el tercer país con mayor tasa de mortalidad

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El 15 de marzo el estado de alarma era ya plenamente operativo en España. Hasta ese domingo, el coronavirus había infectado en nuestro país a 7.753 personas y se había cobrado 288 vidas. Cien días después de aquello, el balance resulta desolador. Del «España no va a tener más allá de algún caso», como pronosticaba el gurú científico del Gobierno, Fernando Simón, se ha pasado a contabilizar más de 292.000 infecciones y, lo que es peor, 28.322 fallecimientos reconocidos por el Ministerio de Sanidad, que superarían ampliamente los 40.000 con las cifras de muertes de los registros civiles o del propio Instituto Nacional de Estadística (INE).

Más de tres meses después de adoptarse una de las medidas de mayor calado en la historia de la democracia, España es el sexto país de todo el mundo en número de casos de Covid-19 diagnosticados, y el sexto también en muertes totales. En tasa de mortalidad alcanza incluso el triste honor de ser el tercero, al arrojar 605 fallecimientos por cada millón de habitantes, sólo por detrás de Bélgica y Reino Unido. Con las cifras reales de defunciones que el Ministerio de Sanidad no incluye en sus estadísticas, ignorando el método de contabilidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), España ocuparía el primer lugar.

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¿Ha funcionado entonces el estado de alarma? Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alardea de que el confinamiento salvó miles de vidas, lo cierto es que no ha impedido que España figure en la lista negra de los estados que peores resultados arrojan de todo el planeta. Resultados objetivos que describen lo que la mayoría de los expertos apunta: que el Gobierno actuó tarde y mal para hacer frente a la pandemia.

Aunque parezcan pocos, cien días dan para mucho. No sólo para intentar edulcorar las cifras globales con maquillajes contables, sino también para ocultar documentos comprometedores para el Gobierno, que evidencian que Sanidad tenía conocimiento pleno del peligro del nuevo coronavirus desde mucho antes de que avalase las centenares de concentraciones feministas del 8 de marzo, así como eventos políticos y deportivos de todo tipo.

El borrado de documentos

Uno de los documentos más comprometedores para el ministro de Sanidad es el que divulgó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) de Fernando Simón once días después de que Salvador Illa accediera al cargo. El estado de alarma ha dado pie a este departamento a eliminarlo de su web, algo parecido a lo que sucedió con dos protocolos posteriores. Se trata del datado el 24 de enero y su «borrado» de la web oficial se produjo el 30 de marzo.

En él, los técnicos del Ministerio ya recomendaban investigar la infección de cualquier persona con síntomas clínicos compatibles con una infección respiratoria aguda grave. El documento recomendaba el aislamiento de los casos sospechosos y reconocía que los coronavirus se transmiten principalmente por las gotas respiratorias de más de cinco micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas.

También pedía el uso de material de protección para los sanitarios, el mismo del que la OMS apremió a hacer acopio, y que luego faltó clamorosamente en la mayor parte de los centros sanitarios. El CCAES elaboró otros dos documentos antes del 8-M con recomendaciones técnicas para hacer frente al SARS-CoV-2. Uno data del 10 de febrero y el otro del 6 de marzo. Ambos llevaban la firma de Simón y de otros 14 técnicos del CCAES. Durante el estado de alarma, el Ministerio los eliminó de su web, pero el 19 de mayo los volvió a subir, eliminando, eso sí, esos nombres. En ambos se constata que Sanidad era plenamente consciente del riesgo que se avecinaba. Citaban, por ejemplo, el periodo de incubación de la enfermedad y alertaban de que cada infectado podía contagiar a entre dos y tres personas. Pese a ello, avaló el 8-M.

Falta de materiales y querellas de sanitarios

A pesar de las alertas de la OMS y de su llamamiento a efectuar acopio de materiales antes del estado de alerta, y de que el propio Ministerio conocía la necesidad de utilizar equipos de protección individual adecuados en los centros sanitarios, el Gobierno no empezó a lanzarse a los mercados hasta entrado marzo, cuando la carestía era la nota dominante porque otros países se habían adelantado y cuando el virus circulaba libremente por España.

Hubo, además, otro problema añadido. Sanidad encomendó al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), un organismo que apenas tiene competencias sobre la sanidad de Ceuta y Melilla y carece de experiencia en el comercio internacional, la compra de este material. El resultado fueron adquisiciones tardías, insuficientes, a proveedores muchas veces desconocidos y a precios desorbitados. El Ministerio ignoró a principios de marzo, sorprendentemente, los listados que le facilitó la patronal Fenin com proveedores fiables y de máxima garantía. La llegada insuficiente de estos equipos a los hospitales y la retención en las aduanas de los que adquirían las autonomías disparó las infecciones entre sanitarios. Desde el 5 de junio el Ministerio no ofrece cifras de trabajadores contagiados, pero aquel día se contabilizaban 52.482. España es el país del mundo con más sanitarios infectados. Dos organizaciones han impuesto pquerellas criminales contra el Gobierno: el Consejo General de Enfermería y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). También lo ha hecho la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Sobreprecios y equipos defectuosos

Es uno de los capítulos más negros del estado de alarma. El Ministerio ha realizado compras por importe muy superior al de mercado por equipos que no eran incluso los mejores para el fin para el que se adquirían. El mejor ejemplo es el de la adquisición de 200 respiradores a Tec Pharma, de Armilla, Granada, creada año antes con 3.000 euros de capital. El Ingesa le encargó 200 respiradores electroneumáticos y pagó por cada uno 49.610 euros. Su precio real no sobrepasa los 20.000, aunque algunos expertos lo cifran en menos de 17.000. Al igual que ocurre con centenares de ventiladores adquiridos, los intensivistas y anestesiólogos consultados por este periódico aseguran que se trata de equipos no idóneos para las UCIS, en donde sólo podrían usarse como equipos de emergencia a falta de los que verdaderamente son útiles para enfermos críticos de Covid-19.

En el estado de alarma, el Gobierno ha comprado mascarillas «fake» sin los certificados que avalan su capacidad efectiva de filtrado, y test defectuosos a otro proveedor desconocido, Interpharma, que hubo que devolver.

Bandazos continuos: mascarilla y test

Dos casos clamorosos son los que mejor ejemplifican la improvisación con la que se ha actuado en esta crisis: las mascarillas y los test rápidos. Con respecto a las primeras, el Gobierno desaconsejó su uso en personas sanas varias veces a lo largo de la crisis. Gradualmente fue cambiando su criterio para convertirlas en primero en recomendables y luego en obligatorias en los transportes públicos. En lo que ha dado en llamar «la nueva normalidad» son obligatorias cuando no pueda mantenerse la distancia de separación de metro y medio. Llamativo resulta también que, a pesar de haberse convertido en un producto de primera necesidad, el Ejecutivo mantenga un IVA del 21%, lo que constituye un duro golpe para el bolsillo de las familias menos favorecidas. Con los test rápidos ha sucedido otro tanto. Estas pruebas que eran tan «importantes», según dijo Sánchez, se desaconsejan ahora para el diagnóstico de los casos, tras la revisión que hizo el Ministerio de uno de sus documentos técnicos.

Residencias

La declaración del estado de alarma convirtió al Gobierno en máximo responsable de lo que sucedió en ellas, al asumir el mando pleno. El criterio general de Sanidad con respecto a los residentes fue el aislamiento de los casos sospechosos y positivos en las habitaciones, considerando subsidiario el envío a los hospitales. A falta de cifras oficiales sobre lo ocurrido, algunas fuentes oficiosas cifran los fallecimientos dentro de ellas en alrededor de 13.000. Pablo Iglesias, como ministro social del Gobierno, prometió 300 millones para dotarlas de equipos de protección y reforzarlas durante la pandemia. A día de hoy, se desconoce el destino del dinero. Los médicos de diez sociedades científicas han desmentido además a los que acusan a los médicos y a las autoridades de regiones como Madrid de avalar los triajes por razones de edad.

Según aseguran, ningún paciente dejó de recibir atención ante la falta de medios por este criterio.

Criterios políticos en lugar de epidemiológicos

Desde principios de marzo, muchas de las decisiones de Sanidad han respondido a criterios políticos, más que epidemiológicos. Ya se ha citado el aval a las concentraciones feministas pese a que las normas elementales de Salud Pública desaconsejaban este tipo de actos y el propio ministerio se los vetaba a los evangelistas o a médicos y enfermeras. También se ha aludido al cambio de criterio con las mascarillas: cuando no había no eran necesarias y cuando ya las hay han pasado a ser obligatorias. Un hecho insólito fue vetar el avance de Madrid, gobernada por el PP, a la segunda fase de la desescalada con un informe firmado con posterioridad a la comunicación de la negativa, como refrenda la firma electrónica de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio.

Desprecio al Parlamento

En los últimos tres meses, el Ministerio de Sanidad ha despreciado al Parlamento en numerosas ocasiones. Por ejemplo, todavía no ha acudido en toda la crisis ningún alto cargo a dar explicaciones al margen del ministro. Ni el número dos, Faustino Blanco; ni la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, desaparecida durante la pandemia; ni la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz; ni el director del Ingesa, Alfonso Jiménez Palacios; ni el cuestionado director de Ordenación Profesional, Rodrigo Gutiérrez; ni la directora de la Agencia del Medicamento, María Jesús Lamas. En las respuestas parlamentarias Sanidad se ha limitado a contestar de forma genérica o a remitir a enlaces de páginas web. La réplica a la primera pregunta parlamentaria sobre el coronavirus tardó cuatro meses en producirse.


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Un ex alto mando policial pregunta por qué se dejó abierto el suministro de gas tras la explosión del edificio parroquial

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«Por protocolo y seguridad, cuando se produce una deflagración o explosión donde hay servicios de gas, los bomberos lo primero que hacen es cortar el suministro. ¿Por qué dejaron encendido el del edificio parroquial explosionado en Madrid». Es la pregunta que comparte con AD un ex alto mando policial en la capital malagueña.

Aunque nuestra fuente no descarta que la deflagración se haya producido como consecuencia de una explosión de gas, cree también que hay algunos cabos sueltos que no han sido convenientemente aclarados. Entre ellos, por ejemplo, por qué los daños mayores en el edificio se produjeron en las plantas superiores cuando las calderas están siempre en los dótanos y en las plantas bajas por motivos de seguridad.

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En este asunto, el ex alto mando policial concede la mínima credibilidad a los medios informativos y recuerda como en el 11-M se alteraron los hechos en la búsqueda de réditos políticos. «Solo es mi opinión», nos aclara.

Nadie tocó las calderas

Sobre este asunto, el párroco de la Iglesia Virgen de la Paloma de Madrid, Gabriel Benedicto, ha afirmado que minutos antes de la explosión en el número 98 de la calle Toledo olía a gas en todo el edificio y que ninguno de los sacerdotes ni el electricista David Santos -uno de los cuatro fallecidos en el suceso-, tocaron las calderas del bloque, que pasaron su última revisión en enero del 2020.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, la juez ha pedido un informe a los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Centro, que han tomado declaración por el momento a una decena de testigos.

Entre ellos, uno de los sacerdotes ha asegurado que llevaban días sin tener calefacción y pidieron ayuda a David Santos para arreglar uno de los radiadores que estaba en el sótano.

Los investigadores también han solicitado documentación de las instalaciones de gas en el edificio y de su mantenimiento. En total había 7 calderas de gas que pasaron su última revisión en enero del año pasado.

El párroco de la Parroquia Virgen de la Paloma de Madrid, Gabriel Benedicto, ha afirmado que minutos antes de la explosión olía a gas en todo el edificio y ha defendido que ninguno de los sacerdotes ni el electricista David Santos llegaron a tocar las calderas.

«Fuimos seis personas -añade- las que percibimos, en apenas unos minutos, un extraño olor a gas en cuatro puntos distintos: patio, planta cero, planta quinta y planta sexta. Pero no dio tiempo a nada más que a advertir ese olor», destaca en un comunicado en la que reflexiona que fue un «lapso tan breve» que no fueron «conscientes de lo que estaba pasando».


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Censura en las redes: Facebook elimina más de 100 mil usuarios y grupos por sus vínculos con QAnon

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Simpatizantes con camisetas con el logo de QAnon, charlan antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suba al escenario durante su mitin Make America Great Again en Wilkes-Barre, PA, Estados Unidos, el 2 de agosto de 2018. (REUTERS/Leah Millis/File Photo)
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(BLes)– Como parte de una masiva purga apuntada directamente hacia los votantes del expresidente Donald Trump en las redes sociales y conservadores en general, Facebook e Instagram llevaron a cabo una “limpieza” de más de 100 mil usuarios y grupos relacionados con el movimiento de QAnon, entendiendo que entre ellos se concentra una importante masa de votantes del expresidente.

Según reportó un portavoz de Facebook a Fox Newssolo entre agosto de 2020 y el 12 de enero de 2021, Facebook ha eliminado más de 78.000 perfiles tanto en Facebook como en Instagram y cerca de 37.000 grupos por violar sus políticas contra la publicación de contenido relacionado con QAnon.

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Q o QAnon es la cabeza visible de un proyecto diseñado para informar sobre secretos de inteligencia estadounidense de forma anónima y alertar a la población del momento crítico que atraviesa la civilización entera.

Desde 2017, ‘Q’ ha develado numerosa información expresada generalmente de forma críptica y codificada que apunta a divulgar la existencia de una conspiración por parte de una “élite perversa” que pretende destruir los EE. UU. a través de un plan globalista que esclavizará a la población mundial.

El informante anónimo ‘Q’ empezó a publicar mensajes por primera vez el 28 de octubre de 2017, en un foro alternativo de internet llamado 4Chan.

El movimiento que se generó detrás del informante es completamente pacífico, apunta simplemente a informar a la población y jamás nombra la posibilidad de utilizar la fuerza o la violencia para cumplir ningún objetivo.

A pesar del carácter pacífico del movimiento QAnon, las políticas a las que hace referencia el portavoz de Facebook están dirigidas a las tareas de identificación y posterior eliminación de usuarios y grupos militarizados y armados que organizan desde la red social acciones violentas que se llevan a la práctica en la vida real.

Sin argumentos válidos, han incluido al movimiento QAnon dentro de esos grupos “militarizados” y además lo han vinculado como seguidores de Trump. Todo parte de una misma estrategia para desprestigiar infundadamente a los sectores que se enfrentan a sus políticas izquierdistas y globalistas.

La compañía amplió las restricciones contra el contenido vinculado a las teorías de QAnon y los movimientos sociales militarizados en octubre de 2020.

“Hemos estado atentos a la aplicación de nuestra política y al estudio de su impacto en la plataforma, pero hemos visto varios problemas que llevaron a la actualización de hoy”, dijo Facebook en ese entonces.

La purga llevada a cabo por Facebook como parte de su política de avance cultural e ideológico, también se vio reflejada en Twitter, quien el lunes 11 de enero informó que había eliminado más de 70.000 cuentas que compartían “contenido asociado a QAnon” luego de la protesta en el Capitolio de Estados Unidos, utilizando la misma estrategia de desprestigio que intenta vincular a QAnon, violencia, Trump y ahora los conflictos en el Capitolio como todo parte de una misma cosa.

El ataque de Twitter al contenido de QAnon se produjo después de que la plataforma eliminara las cuentas del entonces presidente Trump de forma permanente. También suspendieron las cuentas de los abogados Sidney Powell y Lin Wood, junto con el exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn y Ron Watkins.

Paralelamente desde el 6 de enero, Facebook ha suspendido el usuario del expresidente Trump y comenzó a eliminar todo el contenido que menciona el eslogan “Stop the Steal”.

Otras grandes empresas tecnológicas como Google, Apple y Amazon bloquearon efectivamente a Parler, una plataforma de libertad de expresión alternativa a Twitter, donde se concentra gran parte del público conservador.


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Increíble pero cierto: En España ha dimitido alguien: El Jemad, el general Miguel Ángel Villarroya, tras vacunarse del Covid-19 cuando no le tocaba

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El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya, ha dimitido este sábado por haberse vacunado del Covid-19 antes de tiempo. En un comunicado, el Ministerio de Defensa ha señalado que el Jemad ha reivindicado su desempeño en el cargo y sus 45 años de carrera militar «honesta y dominada por el espíritu de servicio y de amor de a España».

«El Jemad puntualiza que, en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a los protocolo sestablecidos y con la única finalidad de preservar la integridad, continuidad y eficacia de la cadena operativa de las Fuerzas Armadas, ha tomado recientemente decisiones que considera acertadas y que nunca han pretendido aprovecharse de privilegios no justificables», se puede leer en el comunicado.

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«Uno de sus principales ejes de trabajo ha sido que las Fuerzas Armadas se acerquen al resto de los ciudadanos y sean mejor comprendidas. En ese proceso ha habido evidentes éxitos, pero considera que falta aún mucho por comprender de la idiosincrasia y forma de trabajar de los ejércitos», explica en la carta que ha enviado a Margarita Robles.

Desde el Estado Mayor han explicado que las Fuerzas Armadas tienen a su disposición un cupo de vacunas propio y un protocolo de vacunación distinto al ordenado por el Ministerio de Sanidad. La dimisión del Jefe del Estado Mayor de la Defensa se produce «para preservar la imagen de las Fuerzas Armadas».


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El «Problema» de Gibraltar, a punto de resolverse solo: llanitos lloran de miedo por muertes de COVID19 y acusan al Gobierno de Picardo de GENOCIDIO

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Gibraltar y lugareño
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El pequeño Gibraltar arroja mucha luz sobre las muertes por vacunación.

Desde que comenzó la epidemia, diferenciar las muertes genuinas de Covid de otras ha sido un problema importante.

Ahora tenemos el problema añadido de las vacunas en la mezcla. El Reino Unido ahora supuestamente tiene la tasa diaria más alta de «muertes por Covid». Incluso más alto que durante la «Primera Ola», a pesar del grado sustancial de inmunidad colectiva que inevitablemente se ha acumulado desde el principio. Esta atípica «segunda ola» coincide con el lanzamiento de la vacuna. ¿Están los dos conectados?

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Gibraltar, normalmente llamado simplemente «Gib», proporciona una imagen muy clara. Esta pequeña colonia británica, de apenas tres millas de largo, anexada a la costa sur de España, tiene solo 32.000 habitantes. Había sufrido relativamente poco por la epidemia antes del 9 de enero de este año, con solo diecisiete muertes durante todo el período. La tasa de mortalidad estaba muy por debajo de la tabla de muertes por millón. Esto no se debió al aislamiento, ya que los trabajadores españoles han seguido llegando a Gib todas las mañanas y regresan todas las noches.

Desde el 9 de enero, las “muertes de Covid” por millón se han disparado al tercer lugar en el sitio Worldometer. Treinta y seis muertes más en poco más de una semana. ¿Qué cambió el desde el día 9? La RAF envió cerca de 6.000 vacunas Pfizer, enfriadas a -70 ° C con hielo seco.

Se utilizaron rápidamente para evitar el riesgo de degradación.

Gibraltar es como una placa de Petri: en ningún otro lugar ha habido una relación tan brutalmente clara entre el lanzamiento de la vacuna y el aumento de las «muertes por Covid». Los medios locales y el gobierno ni siquiera se han referido a la conexión obvia. Y los medios de comunicación en otros lugares convenientemente no se han dado cuenta. Sin embargo, no reconocer que estas muertes exigen, como mínimo, una investigación inmediata, requiere una causa de juicio criminal.

El siguiente mensaje fue recibido por The Liberty Beacon Project a través de nuestro botón de Contacto en nuestro sitio web principal. La investigación muestra que hay problemas relacionados con las muertes por COVID-19 en Gibraltar … que ahora parecen haberse acelerado seriamente desde la introducción de la vacuna Pfizer-BioNTech. Entonces, ¿cuál es la conexión?

••••
Asunto: Muertes por vacunas Gibraltar
Cuerpo del mensaje:

Hola, ¿Podría agregar Gibraltar a la lista de países donde deben realizarse investigaciones sobre vacunas = muertes? Acabo de enviar este mensaje a todos los medios de comunicación que pude:

••••
Querido señor, señora,

¿Podría informar al mundo de la grave situación que está ocurriendo en Gibraltar?

El hecho es que el gobierno de Fabián Picardo está llevando a cabo literalmente un acto de genocidio masivo, especialmente dirigido a los ancianos y los más vulnerables.
Me refiero a la Operación Libertad, el programa de vacunación masiva que se está llevando a cabo contra la población. Todo esto a partir de la narración falsa del elevado número de “casos positivos” (que ya sabemos que son falsos positivos – lo puedo probar) para infundir miedo y pánico a través de la Guerra Psicológica (Psyops) y la Propaganda con la complicidad de médicos locales y medios, entre otros.

El programa de vacunación con la vacuna Pfizer-BioNTech comenzó el pasado domingo 10 de enero de 2021 y este pasado lunes 18 de enero ya se habían vacunado más de 5.800 personas, comenzando por los ancianos.

El número de muertos hasta el día anterior al inicio de este programa de exterminio fue de 16 personas «por Covid», pero a partir de hoy, 20 de enero, ya han muerto 53 personas, según ellos «por Covid». Hay 37 personas que han muerto desde que empezaron a vacunarse en Gibraltar, es decir, 37 muertes por “Covid” en 10 días.

Es evidente que existe una relación entre el elevado número de muertes y las vacunas. El gobierno de Picardo se niega a abordar este tema. No dicen cuántos de los fallecidos han sido vacunados. Estoy seguro de que hay muchos más, porque todos los fallecidos son personas mayores de los Hogares de Ancianos o del Hogar de Demencia.

¡Por favor! ¡Te lo ruego! Ayúdanos a difundir esta noticia a nivel nacional e internacional para obligar a este criminal a al menos investigar vacunas = muertes. Por favor, te lo ruego.

Picardo ya ordenó otro lote de vacunas y pronto llegarán 11.700 dosis más. ¿Cuántas muertes y / o efectos secundarios adversos significará esto?

Aquí, la mayoría de las personas están aterrorizadas y no pueden pensar críticamente, están completamente adoctrinadas y todos estamos bajo arresto domiciliario.
Solo soy un hombre sencillo, pero sé exactamente lo que está pasando con esta falsa pandemia y, sin duda, nos están engañando.

Podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, pero al menos publicar las tasas de mortalidad después de las vacunas en Gibraltar.

¡¡¡Por favor!!! ¡Ayúdanos!

 

(The Liberty Beacon Network)


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