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Sucesos

El récord de España: el tercer país con mayor tasa de mortalidad

Redacción

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El 15 de marzo el estado de alarma era ya plenamente operativo en España. Hasta ese domingo, el coronavirus había infectado en nuestro país a 7.753 personas y se había cobrado 288 vidas. Cien días después de aquello, el balance resulta desolador. Del «España no va a tener más allá de algún caso», como pronosticaba el gurú científico del Gobierno, Fernando Simón, se ha pasado a contabilizar más de 292.000 infecciones y, lo que es peor, 28.322 fallecimientos reconocidos por el Ministerio de Sanidad, que superarían ampliamente los 40.000 con las cifras de muertes de los registros civiles o del propio Instituto Nacional de Estadística (INE).

Más de tres meses después de adoptarse una de las medidas de mayor calado en la historia de la democracia, España es el sexto país de todo el mundo en número de casos de Covid-19 diagnosticados, y el sexto también en muertes totales. En tasa de mortalidad alcanza incluso el triste honor de ser el tercero, al arrojar 605 fallecimientos por cada millón de habitantes, sólo por detrás de Bélgica y Reino Unido. Con las cifras reales de defunciones que el Ministerio de Sanidad no incluye en sus estadísticas, ignorando el método de contabilidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), España ocuparía el primer lugar.

¿Ha funcionado entonces el estado de alarma? Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alardea de que el confinamiento salvó miles de vidas, lo cierto es que no ha impedido que España figure en la lista negra de los estados que peores resultados arrojan de todo el planeta. Resultados objetivos que describen lo que la mayoría de los expertos apunta: que el Gobierno actuó tarde y mal para hacer frente a la pandemia.

Aunque parezcan pocos, cien días dan para mucho. No sólo para intentar edulcorar las cifras globales con maquillajes contables, sino también para ocultar documentos comprometedores para el Gobierno, que evidencian que Sanidad tenía conocimiento pleno del peligro del nuevo coronavirus desde mucho antes de que avalase las centenares de concentraciones feministas del 8 de marzo, así como eventos políticos y deportivos de todo tipo.

El borrado de documentos

Uno de los documentos más comprometedores para el ministro de Sanidad es el que divulgó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) de Fernando Simón once días después de que Salvador Illa accediera al cargo. El estado de alarma ha dado pie a este departamento a eliminarlo de su web, algo parecido a lo que sucedió con dos protocolos posteriores. Se trata del datado el 24 de enero y su «borrado» de la web oficial se produjo el 30 de marzo.

En él, los técnicos del Ministerio ya recomendaban investigar la infección de cualquier persona con síntomas clínicos compatibles con una infección respiratoria aguda grave. El documento recomendaba el aislamiento de los casos sospechosos y reconocía que los coronavirus se transmiten principalmente por las gotas respiratorias de más de cinco micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas.

También pedía el uso de material de protección para los sanitarios, el mismo del que la OMS apremió a hacer acopio, y que luego faltó clamorosamente en la mayor parte de los centros sanitarios. El CCAES elaboró otros dos documentos antes del 8-M con recomendaciones técnicas para hacer frente al SARS-CoV-2. Uno data del 10 de febrero y el otro del 6 de marzo. Ambos llevaban la firma de Simón y de otros 14 técnicos del CCAES. Durante el estado de alarma, el Ministerio los eliminó de su web, pero el 19 de mayo los volvió a subir, eliminando, eso sí, esos nombres. En ambos se constata que Sanidad era plenamente consciente del riesgo que se avecinaba. Citaban, por ejemplo, el periodo de incubación de la enfermedad y alertaban de que cada infectado podía contagiar a entre dos y tres personas. Pese a ello, avaló el 8-M.

Falta de materiales y querellas de sanitarios

A pesar de las alertas de la OMS y de su llamamiento a efectuar acopio de materiales antes del estado de alerta, y de que el propio Ministerio conocía la necesidad de utilizar equipos de protección individual adecuados en los centros sanitarios, el Gobierno no empezó a lanzarse a los mercados hasta entrado marzo, cuando la carestía era la nota dominante porque otros países se habían adelantado y cuando el virus circulaba libremente por España.

Hubo, además, otro problema añadido. Sanidad encomendó al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), un organismo que apenas tiene competencias sobre la sanidad de Ceuta y Melilla y carece de experiencia en el comercio internacional, la compra de este material. El resultado fueron adquisiciones tardías, insuficientes, a proveedores muchas veces desconocidos y a precios desorbitados. El Ministerio ignoró a principios de marzo, sorprendentemente, los listados que le facilitó la patronal Fenin com proveedores fiables y de máxima garantía. La llegada insuficiente de estos equipos a los hospitales y la retención en las aduanas de los que adquirían las autonomías disparó las infecciones entre sanitarios. Desde el 5 de junio el Ministerio no ofrece cifras de trabajadores contagiados, pero aquel día se contabilizaban 52.482. España es el país del mundo con más sanitarios infectados. Dos organizaciones han impuesto pquerellas criminales contra el Gobierno: el Consejo General de Enfermería y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). También lo ha hecho la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Sobreprecios y equipos defectuosos

Es uno de los capítulos más negros del estado de alarma. El Ministerio ha realizado compras por importe muy superior al de mercado por equipos que no eran incluso los mejores para el fin para el que se adquirían. El mejor ejemplo es el de la adquisición de 200 respiradores a Tec Pharma, de Armilla, Granada, creada año antes con 3.000 euros de capital. El Ingesa le encargó 200 respiradores electroneumáticos y pagó por cada uno 49.610 euros. Su precio real no sobrepasa los 20.000, aunque algunos expertos lo cifran en menos de 17.000. Al igual que ocurre con centenares de ventiladores adquiridos, los intensivistas y anestesiólogos consultados por este periódico aseguran que se trata de equipos no idóneos para las UCIS, en donde sólo podrían usarse como equipos de emergencia a falta de los que verdaderamente son útiles para enfermos críticos de Covid-19.

En el estado de alarma, el Gobierno ha comprado mascarillas «fake» sin los certificados que avalan su capacidad efectiva de filtrado, y test defectuosos a otro proveedor desconocido, Interpharma, que hubo que devolver.

Bandazos continuos: mascarilla y test

Dos casos clamorosos son los que mejor ejemplifican la improvisación con la que se ha actuado en esta crisis: las mascarillas y los test rápidos. Con respecto a las primeras, el Gobierno desaconsejó su uso en personas sanas varias veces a lo largo de la crisis. Gradualmente fue cambiando su criterio para convertirlas en primero en recomendables y luego en obligatorias en los transportes públicos. En lo que ha dado en llamar «la nueva normalidad» son obligatorias cuando no pueda mantenerse la distancia de separación de metro y medio. Llamativo resulta también que, a pesar de haberse convertido en un producto de primera necesidad, el Ejecutivo mantenga un IVA del 21%, lo que constituye un duro golpe para el bolsillo de las familias menos favorecidas. Con los test rápidos ha sucedido otro tanto. Estas pruebas que eran tan «importantes», según dijo Sánchez, se desaconsejan ahora para el diagnóstico de los casos, tras la revisión que hizo el Ministerio de uno de sus documentos técnicos.

Residencias

La declaración del estado de alarma convirtió al Gobierno en máximo responsable de lo que sucedió en ellas, al asumir el mando pleno. El criterio general de Sanidad con respecto a los residentes fue el aislamiento de los casos sospechosos y positivos en las habitaciones, considerando subsidiario el envío a los hospitales. A falta de cifras oficiales sobre lo ocurrido, algunas fuentes oficiosas cifran los fallecimientos dentro de ellas en alrededor de 13.000. Pablo Iglesias, como ministro social del Gobierno, prometió 300 millones para dotarlas de equipos de protección y reforzarlas durante la pandemia. A día de hoy, se desconoce el destino del dinero. Los médicos de diez sociedades científicas han desmentido además a los que acusan a los médicos y a las autoridades de regiones como Madrid de avalar los triajes por razones de edad.

Según aseguran, ningún paciente dejó de recibir atención ante la falta de medios por este criterio.

Criterios políticos en lugar de epidemiológicos

Desde principios de marzo, muchas de las decisiones de Sanidad han respondido a criterios políticos, más que epidemiológicos. Ya se ha citado el aval a las concentraciones feministas pese a que las normas elementales de Salud Pública desaconsejaban este tipo de actos y el propio ministerio se los vetaba a los evangelistas o a médicos y enfermeras. También se ha aludido al cambio de criterio con las mascarillas: cuando no había no eran necesarias y cuando ya las hay han pasado a ser obligatorias. Un hecho insólito fue vetar el avance de Madrid, gobernada por el PP, a la segunda fase de la desescalada con un informe firmado con posterioridad a la comunicación de la negativa, como refrenda la firma electrónica de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio.

Desprecio al Parlamento

En los últimos tres meses, el Ministerio de Sanidad ha despreciado al Parlamento en numerosas ocasiones. Por ejemplo, todavía no ha acudido en toda la crisis ningún alto cargo a dar explicaciones al margen del ministro. Ni el número dos, Faustino Blanco; ni la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, desaparecida durante la pandemia; ni la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz; ni el director del Ingesa, Alfonso Jiménez Palacios; ni el cuestionado director de Ordenación Profesional, Rodrigo Gutiérrez; ni la directora de la Agencia del Medicamento, María Jesús Lamas. En las respuestas parlamentarias Sanidad se ha limitado a contestar de forma genérica o a remitir a enlaces de páginas web. La réplica a la primera pregunta parlamentaria sobre el coronavirus tardó cuatro meses en producirse.

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España

La confesión carnal del Cardenal: la pornografía pastoral como doctrina oficial

Redacción

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Si la función de la Iglesia es salvar almas, el Prefecto de la Doctrina de la Fe parece más interesado en el terrenal y, específicamente, en el instinto más primitivo del ser humano. Víctor Manuel Fernández, alias «Tucho», ha transformado el episcopado en un circo de autocomplacencia, donde la explicitud sexual y la arrogancia política eclipsan la serenidad necesaria para velar por el depósito de la fe[6].

No es que la Iglesia necesite un clero de estatuas, pero tampoco necesita un cardenal que actúe como un pionero de la pornografía pastoral. «Tucho» ha demostrado, a lo largo de su carrera, una incapacidad patológica para guardar el pudor, tanto en sus escritos como en su comportamiento público, convirtiendo las sacristías en el «Sálvame» de la alta jerarquía, donde se discuten sus salidas de tono con el mismo asombro que se analizan las telenovelas[6]. Su llegada al Dicasterio para la Doctrina de la Fe no trajo la limpia que se esperaba, sino más bien la confirmación de una decadencia intelectual y moral que amenaza con envenenar la enseñanza de la Iglesia[2].

El libro del orgasmo y la mística: una confusión intelectual desde 1998

La raíz del problema de «Tucho» no es reciente; es una enfermedad crónica que venía gestándose desde hacidas décadas. En 1998, apenas doce años después de su ordenación sacerdotal en 1986, el futuro cardenal publicó un libro titulado «La pasión mística: Espiritualidad y sensualidad» en la editorial católica Dabar[9]. En este texto, Fernández vinculaba la pasión erótica con la pasión mística de una manera que, aunque podría ser poética en un laico, resulta inadecuada y escandalosa para un sacerdote que debe hablar de la virginidad y el espíritu[9]. Se trata de un intento de justificar el apetito carnal bajo el manto de la espiritualidad, una confusión conceptual que revela un pensamiento débil y un deseo de buscar notoriedad a través de lo «provocante» en lugar de lo profundo.

Este afán por lo sexual explícito no quedó en esa primera obra. Siempre ha existido la preocupación de que, bajo su liderazgo, la pureza de la fe se convierta en un juego de palabras sobre el cuerpo. Sus escritos han ahondado en la presencia de Dios en el «orgasmo de la pareja» como un anticipo del cielo[4][7]. Esta visión, si bien es una interpretación posible del misticismo, se vuelve ridícula cuando la persona que la profesa no muestra la misma contención en otros aspectos de su vida pública. La explicitud con la que describe el «beso» y el «orgasmo» en sus libros ha sido constante, desatando escándalos recurrentes que, lejos de desvanecerse, han ido en aumento[3].

Lo más alarmante no es tanto el contenido en sí, sino la falta de autocensura. Un simple examen de conciencia habría mostrado que hablar de los placeres carnales con tal crudeza no encaja con la sobriedad que requiere el magisterio. Al publicar textos donde el acto sexual es protagonista, «Tucho» se ha convertido en un espejo de la confusión moderna que ve la fe no como una disciplina del espíritu, sino como otra forma de satisfacción egoísta[9]. Es como si creyera que la santidad se logra a través de la fama más que a través del sacrificio; y en su obsesión por la fama, ha convertido sus escritos en un panfleto de su propio apetito, forzando a los fieles a aceptar su visión mundanal de la religión.

El expediente oculto y la pornografía renaciente

La historia de «Tucho» es una serie de episodios que, si se contaran con la precisión que merecen, revelarían que su comportamiento ha sido siempre un problema conocido. En 2009, antes de ser nombrado por Bergoglio, el propio DDF ya tenía un «expediente con preocupaciones» sobre sus escritos, lo que llevó a una investigación preventiva[3]. Esto demuestra que no se trata de rumores, sino de una realidad documentada: el cardenal ha vivido siempre en la sombra de su propia escandalosidad. Sin embargo, su ascenso al poder parece haberle dado una sensación de impunidad, llevándolo a creer que su pasado de polémica es un rasgo de distinción en lugar de una debilidad moral.

Los años no han sanado su afán explícito. Al contrario, se han descubierto nuevos textos eróticos escritos por el cardenal en 2025, demostrando que su fascinación por el contenido sexual no se ha apagado[8]. El Wanderer describe estos textos como «despectables» y «pornográficos», señalando que el «afán pornográfico de Tucho no se detuvo en los dos libros conocidos» por todos[8]. Es una imagen perturbadora: el prefecto de la Fe, el guardián de la doctrina, dedicando su tiempo a redactar pasajes que, en esencia, son tan vulgares como los de cualquier revista de entretenimiento de baja calidad, pero con la arrogancia de imponerlos como parte del debate teológico.

Este comportamiento ha generado una atmósfera de asco y confusión en la Iglesia. La gente espera del clero guías espirituales, no lectores de erotica. Cada vez que se vuelve a hablar de estos textos, se refuerza la imagen de un hombre que no puede controlar su propia carnalidad y que, en su vanidad, cree que esto es algo de lo que enorgullecerse. La resiliencia de los católicos es grande, pero su paciencia es finita. El cardenal Fernández parece haber olvidado que su cargo no es una plataforma para explorar sus fantasmas privados, sino un servicio para iluminar las tinieblas del mundo con la luz de la verdad.

«Corruptio optimi pessima». La corrupción del mejor es lo peor. «Tucho» es el ejemplo viviente de cómo un hombre de talento, pero sin alma, puede destruir la autoridad de una institución entera con sus salidas de tono y su obsesión por lo mundano. Su «Tucho» es una marca personal, pero una marca que, en este contexto, parece ser sinónimo de falta de seriedad.

El arrogante: amenazas, manipulación y el «Sálvame» de la curia

Más allá de sus libros, la verdadera naturaleza de «Tucho» se revela en su comportamiento político. Se ha convertido en el «epicentro de los ‘Sálvame’ de las sacristías» después de firmar «Fiducia supplicans», la declaración que da luz verde a bendecir a parejas homosexuales[6]. Esta medida ha generado un revuelo tal que ha recibido mensajes anónimos de amenaza con la frase «Te destruiremos» para llevarlo a la hoguera[6]. La virulencia de sus palabras y sus declaraciones a diestro y siniestro ha creado un ambiente tóxico en el que nadie se siente seguro para discrepar sin ser acusado de traición[5].

La arrogancia de Fernández es palpable. En una entrevista, se alardeó de que el documento había registrado «más de 7.000 millones de visualizaciones en internet», comparando su popularidad mediática con la de documentos doctrinales que ni siquiera recordamos el nombre[5]. Esta obsesión por las estadísticas y el éxito mediático es antitética a la humildad evangélica. Más preocupante es su actitud hacia sus críticos; los ha calificado de «traidores al juramento de obediencia al Santo Padre» y se ha mostrado «horrorizado» al leer comentarios de católicos que bendecían leyes antigay[5]. Su falta de tacto y su incapacidad para escuchar a la grey se han vuelto comunes bajo su liderazgo[3].

Llega a los 61 años curado en el arte de generar controversias, dejando «confusión y tensiones innecesarias» en la Iglesia[2]. Su estilo de comunicación, que alguna vez pudo interpretarse como sinceridad, hoy se percibe como arrogancia. En un mundo donde la diplomacia es clave, el cardenal se ha convertido en un espejo que refleja todo lo que está mal con la comunicación eclesiástica: la falta de escucha, el cierre al diálogo y el uso de la palabra para destruir más que para edificar. No pone barrera alguna para que en medio del boato vaticano le traten como «Tucho», un apodo que sugiere familiaridad excesiva, pero que en realidad esconde una falta total de respeto por la dignidad de su cargo[6].

La destrucción de la autoridad doctrinal

La función principal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe es promover y tutelar la «integridad de la doctrina católica sobre la fe y la moral»[1]. Sin embargo, bajo «Tucho», el foco se ha desviado hacia la creación de un «nuevo magisterio» basado en la sensibilidad de la época en lugar de la inmutabilidad de la verdad[7]. Se ha centrado en temas de «pastoral» y «sentido», ignorando la necesidad de proteger la fe de las amenazas actuales, como la teoría de género, para ocuparse de debates sobre la carne y la bendición de los pecadores[7]. Es un uso oportunista del poder que demuestra que su prioridad no es la salvación de las almas, sino la aprobación social y mediática.

La falta de tono académico y la irreverencia hacia la tradición se han vuelto comunes. Su camino ha sido el de la confusión, llevando a una notable «aumentada de desconfianza hacia la Santa Sede» acompañada de un «evidente deterioro de la autoridad doctrinal del dicasterio que preside»[2]. No es de extrañar que las miradas vaticanas se centren en él como el «capón» de los cardenales y obispos críticos, acusándolos de traición cuando ellos solo intentan proteger la fe[5]. La Iglesia necesita hombres que puedan hablar de la castidad con autoridad, no con la vergüenza de quien sabe que sus escritos privados son una confesión de falta de control y de doctrina.

Conclusión: La cabeza detrás del desastre

Víctor Manuel Fernández es la mano que está detrás de declaraciones como «Dignitas infinita» que ofrecen una visión renovada de la dignidad humana pero que, en la práctica, diluyen la enseñanza tradicional[7]. Su llegada al prefecto ha sido clave para que se convierta en un compendio del magisterio de Francisco, pero a costa de la claridad doctrinal. La imagen de «Tucho» se ha desgastado, y lo que queda es un hombre que debe decidir si quiere enmendarse o si prefiere seguir hundido en sus propias miserias y en su obsesión por el escándalo personal.

La historia de «Tucho» es, hasta ahora, un capítulo de una novela que se lee con frustración. Es la historia de un hombre con talento, pero sin alma. Un hombre que ha tenido acceso a los secretos más sagrados de la fe, pero que parece haberlos utilizado para satisfacer su propia vanidad y sus propios caprichos. Las escrituras de su sensualidad y las salidas de tono de su arrogancia son el testimonio de un hombre que ha perdido el norte. Y en un mundo donde los valores cristianos son cada vez más atacados, necesitamos líderes que sean escudos, no flechas que hieran a la grey. «Tucho» ha demostrado ser una flecha torcida, que no encuentra su blanco y solo hace daño a quienes la rodean. Es hora de que la Iglesia tome nota, tome el control y exija la decencia que merece su patrimonio espiritual. Hasta entonces, el nombre de Víctor Manuel Fernández seguirá siendo sinónimo de un potencial desperdiciado y de una lección dolorosa sobre la importancia de guardar el pudor y la reverencia.

Fuentes Consultadas

Fuente País Enfoque Principal
Noticias Obreras Menciona «tercer intento de escándalo» por publicaciones eróticas y la nota sobre María.
Infovaticana Análisis de la «art of generating controversies» y deterioro de autoridad del DDF.
Wanderer Menciona «expediente con preocupaciones» de 2009 y descripciones explícitas de beso y orgasmo.
ABC.es 🇪🇸 España Detalles de «La pasión mística» y descripciones gráficas de orgasmos y «Dios en el orgasmo».
Infovaticana Acusación de «traición» a críticos, «horrorizado» ante bendiciones antigay y «7.000 millones de visualizaciones».
La Razón 🇪🇸 España Referencia a «Sálvame de las sacristías», amenazas de «Te destruiremos» y virulencia.
ABC.es 🇪🇸 España Menciona la mano detrás de la condena a género, «Dios en el orgasmo» y cambio en el foco del DDF.
Wanderer Descubrimiento de nuevos textos eróticos en 2025, describiéndolos como «despectables» y «pornográficos».
Caminante Wanderer Detalles de «La pasión mística» (1998, Dabar) y referencia a «Corruptio optimi pessima».
Noticias Argentinas Ataques tras la autorización de bendiciones pastorales a parejas homosexuales.

Alerta Nacional | Opinión y Análisis

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