Progresistas o alfa-betas - ALERTA NACIONAL
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Progresistas o alfa-betas

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No hace mucho tiempo que me realizaron en una entrevista la siguiente pregunta: ¿A qué atribuye el fenómeno de Podemos en una sociedad como la española?

Al desastre en las políticas de educación y a una falta de seriedad por parte de los Gobiernos en sus Estrategias, si las tienen, de mantener a la Nación unida a través de la educación.

La respuesta me valió una reprensión por escrito por parte de un General alfa-beta que se doblegó a lo políticamente correcto y al que le concedieron un alto cargo en la Administración Militar como premio a su cobardía.

Razonamiento

No puede olvidarse que, a diferencia de otros ordenamientos, en nuestra Constitución las materias son la pieza clave de la distribución de competencias y que de su correcta delimitación derivan consecuencias notables teóricas y prácticas, tanto en el ámbito jurídico como en el político.

De estas materias unas son exclusivas del Estado y otras compartidas con las distintas Comunidades Autónomas. Ahora bien, esta división en materias se realiza desde el punto de vista jurídico, no metajurídico (sociológicos, económicos, educativos, técnicos, etc). Es decir, concebir las materias como ámbitos materiales exclusivos no equivale a que a cada materia competencial le correspondan en bloque y de forma excluyente, todas las actividades relativas a un ámbito material definido con criterios metajurídicos. No existe exclusividad metajurídica ni exclusividad funcional. El concepto jurídico material de exclusividad es, pues, más restringido que el material metajurídico y que el funcional. Es muy importante entender el alcance de dicha delimitación a los efectos de los resultados de los procesos porque esta permite actuar en materias que están relacionadas metajuridicamente sin estarlo jurídicamente; es decir, el propio Sistema permite actuar sobre determinadas variables que inciden directamente sobre procesos propios de otra materia sin caer en la inconstitucionalidad.

Esto es debido a que el funcionamiento del Sistema se basa en un valor que se supone compartido por todos como es la solidaridad; parece que no se ha tenido en cuenta que podían coexistir en el mismo Sistema organizaciones que valiéndose del mismo, e incluso compartiendo los mismos valores humanos, negasen el espacio propio de aplicación del mismo como Unidad fundamental.

Parece que no se ha tenido en cuenta, técnicamente hablando, que se podían iniciar procesos sociológicos, económicos… metajurídicos, desde ciertos focos de actuación política interior que tuviesen unos objetivos estratégicos (a largo plazo) insolidarios. Parece que no se ha tenido en cuenta el tiempo, factor de gran importancia en los procesos sociológicos.

Como resumen, se puede decir que existe una división de contenidos. El reparto de competencias respecto a los mismos no se realiza directamente por la Constitución, sino a partir de ésta por los Estatutos de Autonomía y, excepcionalmente, por otras Normas a las que se denomina “Bloque de la Constitucionalidad”. El Tribunal Constitucional, en consecuencia, al resolver los conflictos de competencia no ha de aplicar sólo la Constitución; junto a ella y bajo el marco por ella establecido, tiene que aplicar e interpretar todo el Bloque de la Constitucionalidad.

En el tema que nos ocupa, las políticas de educación, a esta división en materias hay que añadir una división territorial, como solución al problema de la articulación del Estado, que se encuentra en el art. 2, en el que se afirma: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas”. Dos son, por tanto, los pilares sobre los que se asienta: unidad (solidaridad) y autonomía.

Una cierta capacidad de autogobierno u autoorganización, (no otra cosa es la autonomía), se reconoce también a otros entes que integran el Estado, entendido en su conjunto; “El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en las Comunidades Autónomas… Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”[. (Art.137 de la Constitución Española.) La autonomía de los entes locales posee una dimensión política menor y, en consecuencia, sólo es un elemento auxiliar en la definición de la forma territorial del Estado, pero de extrema importancia en el tema que estamos tratando.

En la Región de la que se poseo datos fidedignos: Vascongadas y Navarra, Cantabría, La Rioja, Burgos y Soria, facilitados por la Subdirección de reclutamiento para la realización de mi tesis doctoral, existe una organización territorial interna peculiar, con reflejo en la Disposición Adicional Primera de la Constitución; ello hace que los llamados territorios históricos (cuyo ámbito coincide con las Provincias Vascas, Cataluña y Galicia) posean un régimen particular de competencias, contando con potestades, incluso de tipo legislativo, lo que les convierte en otro foco de actuación política interior a tener en cuenta. Art. 37 del Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV).

Existe una división del territorio, del continente, del espacio donde se van a aplicar esas Normas. Esta división del territorio en Autonomías tiene una limitación en el Art.2 de la Constitución pues la Constitución vincula el principio de autonomía con el de unidad (solidaridad) y aquella sólo puede predicarse respecto de un poder más amplio en cuyo seno se desarrolla. En este sentido, el Tribunal Constitucional, ya desde una de sus primeras Sentencias, deja constancia del carácter limitado de la autonomía y de su vinculación a la idea de unidad: “En efecto, autonomía no es soberanía…, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el Art. 2 de la Constitución.]” Sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981, caso Ley de Bases de Régimen Local.

Independientemente de lo que pensemos cada uno la autonomía de nacionalidades y regiones se diferencia de la autonomía local por el contenido político que posee. El Tribunal Constitucional define las Comunidades Autónomas como “corporaciones públicas de base territorial y de naturaleza política. Sentencia del Tribunal Constitucional 25/1981, caso Legislación antiterrorista(I).

El significado de naturaleza política es la capacidad del titular de la autonomía de impulsar, orientar, dirigir y ejecutar una política propia sobre aquellas materias que caen en el ámbito del autogobierno. Sentencia del Tribunal Constitucional 35/1982, caso Consejo Vasco de Relaciones Laborales.

En este sentido, se ha definido la autonomía de las nacionalidades y regiones como “una capacidad de autogobierno que configura a la Comunidad Autónoma como una instancia de decisión política, como un centro de gobierno con capacidad para dirigir políticamente la comunidad que se asienta en su ámbito territorial, gestionando, según dichas orientaciones, sus intereses propios, a través de políticas propias, que pueden ser distintas a las de otras instancias”.

En estas políticas propias y en su materialización en documentos legales, encontraremos los procesos que influyen en el de la educación tanto cuantitativa como cualitativamente en lo que se refiere a la identidad nacional, por un lado y al éxito o fracaso de las políticas en educación de los Gobiernos como focos de política interior (El de la Nación y el de las Comunidades Autónomas).

Respecto a las políticas en educación del Gobierno de la Nación me remito a lo dicho por la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, en su día, Montserrat Gomendio, que presentó con motivo de los datos de España del Informe PISA 2012. Para dar una pincelada, recordamos que, según este informe:

En España, un 54% de la población adulta posee estudios de segunda etapa de Educación Secundaria o estudios superiores, muy por debajo de la OCDE (76%) y la UE21 (77%). Esto implica que en España existe un porcentaje elevado de población en los niveles educativos inferiores a los de segunda etapa de Educación Secundaria (45%), frente a las medias de la población de OCDE y UE21 que se sitúan en 24% y 23% respectivamente.

En España, la tasa de acceso a la Educación Terciaria de tipo A (universidad) es inferior a las medias de la UE21 y OCDE, aunque se aproxima al promedio de la UE21.

• La puntuación que alcanza España en matemáticas es de 484 puntos, significativamente inferior al promedio de la OCDE de 494 puntos. En el listado ordenado de los 34 países miembros de la OCDE, ordenados por su puntuación en matemáticas, España ocupa el puesto 25.

• Por otra parte, apenas el 8% de alumnos españoles alcanza los niveles altos (5 y 6) de rendimiento en matemáticas, lo que supone 5 puntos menos que el promedio de la OCDE. Este resultado indica una proporción baja de alumnos excelentes. En el extremo opuesto, el 24% de los alumnos se encuentra en el nivel bajo de rendimiento en matemáticas (nivel 1) o no lo alcanza, lo que indica que uno de cada cuatro alumnos españoles no posee un dominio básico de la competencia matemática.

• La puntuación media en comprensión lectora de los estudiantes españoles es de 488 puntos, 8 puntos inferior al promedio de los países de la OCDE (496), lo que supone una diferencia estadísticamente significativa. España ocupa el puesto 23 en el listado ordenado de los 34 países de la OCDE.

• Los alumnos españoles obtienen en ciencias 496 puntos, el mejor resultado de las tres materias examinadas, si bien cinco puntos inferiores al promedio de la OCDE (501) y siendo esta diferencia estadísticamente significativa. España ocupa el puesto 21 en el listado ordenado de los 34 países de la OCDE, ordenados por su puntuación en Ciencias.

• Si se consideran los niveles de rendimiento, la proporción del alumnado situado en los niveles bajos en ciencias es algo menor en España (16%) que en la OCDE (un 18%). En el extremo opuesto de la escala de rendimiento, la proporción del alumnado excelente se mantiene sin cambios desde 2006 y sigue siendo reducida (de un 5%), inferior al promedio de la OCDE que es del 8%.

Año tras año, España se queda en los últimos puestos del informe PISA. ¿Tenemos un sistema educativo que no funciona? ¿Por qué? ¿Qué es exactamente lo que falla, el sistema o los docentes? ¿Por qué los expertos no llegan a un consenso eficaz para que los resultados sean otros?

Mireia Long creadora, junto con Azucena Caballero, de la Pedagogía Blanca, dice lo siguiente:

—Los jóvenes, maestros, familias y sociedad son víctimas de un sistema educativo mal diseñado, obsoleto, variable, ideologizado según quién gobierne, que tiene unos resultados vergonzosos: tasas de fracaso escolar y de paro juvenil altísimas, unas cifras de analfabetismo funcional evidentes y, sobre todo, una notable incapacidad de mantener a los estudiantes entusiasmados con su propio aprendizaje.

Respecto a las políticas de algunos Gobiernos autónomos, sin entrar en detalles como que el 40% de media de materias son distintas en las diferentes Comunidades, me referiré a la tesis doctoral de Begoña Molero Otero, de la UPV y que intenta dar respuesta a preguntas sobre la identidad ya que tiene por objeto de estudio la génesis de la identidad nacional.

La muestra del estudio estuvo formada por 160 sujetos de 6 a 14 años escolarizados en dos modelos lingüísticos diferentes en Escuelas de Bilbao: modelo A (enseñanza íntegra en castellano y euskera como asignatura) y modelo D (enseñanza íntegra en euskera y castellano como asignatura). La técnica empleada para recoger los datos fue la entrevista clínica basada en una entrevista semiestructurada, ayudados por distinto material que fue diseñado expresamente para la investigación. Entre los resultados obtenidos “nos ha parecido especialmente relevante la existencia de representaciones sociales diferentes del mismo asociadas a la identidad nacional y en función del modelo lingüístico de escolarización. Para la mayoría de los individuos castellano hablantes el País Vasco está formado por tres provincias, mientras que para los del grupo euskaldun el País Vasco está formado por siete provincias.

Por otra parte, la mayor parte de los individuos que conciben un País Vasco formado por 3 provincias se identificaron como “españoles y vascos”, mientras que un País Vasco formado por 7 provincias fue asumido en proporciones similares por individuos identificados como “vascos” o como “españoles y vascos”. También se observa una relación entre la identidad nacional y el grado de conocimiento sobre el país. Aquellas personas que se han identificado como “sólo vascos” son los que más conocimientos poseen sobre el País Vasco (….)

“Además, la comprensión del valor simbólico de los emblemas pasa por una serie de estadios o niveles que están relacionados con el nivel de desarrollo cognitivo de los sujetos. La bandera del equipo de fútbol local es la preferida por los más pequeños, la bandera española provoca las mayores adhesiones entre los 8-9 años y los 10-11 años para después descender, mientras que la apreciación de la bandera vasca aumenta progresivamente con la edad. En este punto el modelo lingüístico ha establecido diferencias significativas entre los grupos. Los del modelo A eligen ante todo la bandera española para representar al propio grupo en unos hipotéticos Juegos, mientras que los del modelo D se pronuncian por la ikurriña. Acompañando a la bandera se escucharía el himno español ya que el himno vasco es prácticamente desconocido”.

En resumen, la afirmación de que las políticas de educación son un desastre que se ve reflejada en el voto a determinados partidos cuyas filiaciones corresponden con los “progresistas”, alfa-betas, personas que saben leer y escribir pero que no comprenden lo que leen ni saben lo que escriben, debido al fracaso de los Gobiernos, tanto de la Nación como de algunas Comunidades autónomas es una realidad científica comprobada tanto por el Informe PISA de la Unión Europea como por las tesis doctorales que se han realizado en la UPV.

*Teniente coronel de Infantería  y doctor por la Universidad de Salamanca


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Ortodoxia o comunismo

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Pedro Sánchez nombró ya a todos los ministros del área económica, con alguna sorpresa para los españoles y también para sus socios de Podemos. Sin duda, el nombramiento más llamativo es el del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aunque habría que empezar diciendo que el Gobierno no da precisamente ejemplo de austeridad. Va a ser el Gobierno con más miembros de la democracia o prácticamente igual que el primero de Adolfo Suárez. Además, no hablamos únicamente de los cuatro vicepresidentes y los ministros sino de toda la retahíla de cargos y gastos que llevan consigo.

Pero, volviendo a la composición del Gobierno en su vertiente económica, lo primero que llama la atención y lo más importantes para un Gobierno es saber si serán capaces de aprobar unos Presupuestos, ya que las prórrogas de los de Montoro no caben. Y, el primer problema que se avecina es que su aprobación no depende de las partidas de gasto o ingreso, sino de los acuerdos políticos con sus socios comunistas, nacionalistas, regionalistas e independentistas. De momento, la cosa pinta mal. España, a pesar del desprestigio en que Sánchez ha hecho caer a algunas instituciones, es un Estado de derecho que funciona y Junqueras y Torra lo han “padecido” en sus carnes en las últimas horas.

En todo caso, y suponiendo que haya Presupuestos, la realidad es que para cubrir el gasto público prometido, no menos de 35.000 millones de euros, tendrán que mentir a los españoles: bien porque no se pueda hacer o si se hace porque será subiendo impuestos a diestra y siniestra, incumpliendo también la palabra dada de que esta orgía de gasto la iban a pagar los ricos, los bancos, las grandes empresas, etc.

Y, en cuanto a la Seguridad Social y a su saneamiento, la figura de Escrivá en si misma no es una garantía de éxito. Claro que da más tranquilidad que otros pretendientes, la cuestión es si le dejarán hacer. En su etapa en la AIReF, decía que había que subir la edad de jubilación, el periodo de cálculo de la pensión y desgajar algunas partidas importantes para pasarlas al Estado. El reto está ahí. Lo conseguirá?


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Las primeras perlas cultivadas

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No se puede pedir más. Los primeros compases nos brindan joyas deliciosas para los buscadores de perlas. La directora del Instituto de la Mujer, una tal Beatriz Gimeno, es la que dijo que a los hombres había que introducirnos una turgencia por el ano y que nadie debería ser heterosexual ya que ese es el gran mal de la humanidad. La responsable de la Dirección General de Diversidad Étnico Racial -departamento del que no teníamos noticia-, renunció avergonzada a su cargo por no estar «suficientemente racializada», que no es otra cosa que ser blanca. Para que no se excitaran los «colectivos antirracistas», la susodicha ha dado un paso atrás, avergonzada, y ha facilitado que sea nombrada una mujer ecuatoguineana, lógicamente negra. La ministra de Igualdad, por supuesto, no nombra hombres para altos cargos, solo mujeres como altas cargas. El infalible CIS de Tezanos acaba de proclamar que PSOE y Podemos son los grandes triunfadores de esta nueva oleada y que si ahora se convocasen elecciones no habría color (es interesante el dato que aclaraba Joaquín Leguina en su reciente Tercera: el bloque que ha aupado a Sánchez a la presidencia obtuvo algo más de diez millones de votos, mientras que el bloque que se opuso, con dos votos menos en el Congreso, obtuvo once y medio).

La primera medida que toma el estupendo Marlaska es purgar la cúpula de la Guardia Civil, mandos que se han significado contra la sedición independentista, en clara concesión a los socios de ERC, lo cual puede ser un error, pero sobre todo es una indecencia. Suma y sigue.

Pero puede que lo mejor lo publicara en su web el Ayuntamiento de Barcelona, la ciudad que alberga el congreso mundial de teléfonos móviles que tan pingües beneficios le depara. Un artículo titulado «El 5G no es inocuo» indicaba que la tecnología 5G es claramente peligrosa para la salud. Asegura que esa tecnología está vinculada al cáncer, nada menos, y a otra serie de patologías. Para ello cita a la OMS y a supuestos informes que dicha organización habría publicado según los cuales estamos vivos de milagro: la OMS, por supuesto, jamás ha dicho algo así, antes al contrario ha afirmado que los teléfonos no pueden romper enlaces químicos y que en ningún momento pueden producir cáncer, enfermedades cardiovasculares o deterioros cognitivos varios. Ello no es cortapisa para que el Área de Ecología publique en su apartado un exordio propio de creencias exóticas y de charlatanes de feria en el que se aconseja dormir con el wifi apagado o transportar el móvil no demasiado cerca del cuerpo. Los bulos sobre los teléfonos móviles y las antenas correspondientes no son nuevos, de hecho son argumentos conspiranoicos que acumulan algunos años de práctica, pero que los avente la web del Ayuntamiento de una ciudad que acumula unos nada despreciables beneficios en forma de millones de euros anuales resulta absolutamente chocante. Solo le falta utilizar argumentos propios de la brujería, aquellos que se manejaban cuando llegaron a nuestra vida los televisores o los microondas.

Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, salió ayer rápidamente al quite para recordar que Madrid organizaría de forma entusiasta ese congreso. Razonable. Los organizadores, al parecer, cada año tienen alguna objeción que acumular a las anteriores, pero la sola alusión a una salida de Barcelona pone de los nervios a todos, tanto que el artículo ha durado en la web lo que una saliva en una plancha. Es verdad que todos los que se han muerto en el último año tenían teléfono móvil, fíjate tú, pero a quien habría que tener lejos no es a los teléfonos, es a Ada Colau, la alcaldesa que está contra los aviones, el 5G, el turismo, la propiedad privada y la Policía.

Esto no ha hecho mas que empezar. Qué maravilla.


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La Sanidad Militar puede estar politizada para las Clases de Tropa con problemas psicofísicos

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Las bajas médicas protagonizan una discriminación que denuncian algunos militares de tropa temporal.

Así, la ley da sólo seis meses a los soldados temporales para recuperarse de cualquier baja médica antes de perder el destino, mientras que los militares de carrera disponen de un año en las mismas circunstancias.

Los militares ‘temporales’ — tropa y marinería— disponen de seis meses para recuperarse de cualquier baja médica antes de que se inicie el expediente que conlleva perder el destino. Esto contrasta con las condiciones de los militares con servicio de carácter permanente, los de ‘carrera’, a los que se les da el doble de tiempo para la recuperación sin pérdida de destino, es decir, un año. No obstante, COPERFAS rechazó abrir ese debate amparándose en el artículo 121 de la Ley de Carrera Militar, que precisamente consagra esa discriminación.

La oficina del Defensor del Pueblo, ante la denuncia de colectivos presentes en el COPERFAS envió una respuesta “decepcionante”. Para este organismo, la desigualdad planteada “no puede motivar, por sí sola, la intervención de la institución” —la asociación pedía que se instase al Congreso una modificación de la ley— porque “supondría una intromisión en la potestad legislativa que corresponde a las Cortes Generales”.

El Real Decreto 944/2001 permite que Defensa pueda rescindir el compromiso, aunque esté en vigor, si los médicos militares consideran que el evaluado no reúne las condiciones psicofísicas necesarias para el servicio. Que esta decisión no dependa de un organismo independiente, y la tome la sanidad castrense, es una de las críticas que plantean las asociaciones y que, dada la casuistica, debemos plantearnos todos los militares profesionales.

Daré un ejemplo de esta casuística que no deja de ser más que un caso de la generalidad:

24% de discapacidad para Defensa, 65% para la Comunidad de Madrid

Dos años después de sufrir un accidente que le podía haber costado la vida en Afganistán, Iván Ramos se llevó una bofetada psicológica al conocer que el Ministerio de Defensa consideraba que su discapacidad era leve, valorada en un 24%. Se quedaba a un punto de poder tener acceso a una pensión y estaba muy alejada del 65% que le había concedido la Comunidad de Madrid.

“Iba en la posición de tirador, un camión embistió al vehículo, comenzamos a dar vueltas de campana y yo salí despegado. Se me reventó el bazo y el riñón, los he perdido. Y desde entonces he tenido que someterme a 11 operaciones para que me reconstruyan la espalda, el brazo y el pie”, así rememora el accidente aunque tenga pocos recuerdos de ese momento ya que perdió la conciencia tras el impacto.

Este legionario explica que tras la dura recuperación se hundió al recibir la valoración de su discapacidad emitida por Defensa: “Pensé que no valía la pena todo el dolor y el sufrimiento que había aguantado para aferrarme a la vida y poder seguir en mi equipo operativo”.

Como este, existen infinidad de casos en los que las Juntas de médicos militares del Gomez Ulla otorgan discapacidades muy por debajo de lo que lo hacen otros facultativos de las Comunidades Autónomas.

El caso no es baladí porque no sólo afecta al interesado para su futuro profesional y de jubilación, sino porque se presenta a la Tropa que se encuentra de baja ante los Mandos como individuos que quieren evitar cumplir sus obligaciones militares aduciendo males supuestos por haber una discordancia entre unos y otros peritajes médicos que hay que ganar en los Tribunales de Justicia, con el consiguiente gasto en abogados en unas economías ya mermadas, junto a unos procesos judiciales de larga duración.

Me pregunto, como lo harán muchos profesionales de carrera, ¿cómo es posible que existan estas disparidades, estas injusticias, y que no se le conceda a la Tropa que se ha jugado la vida en operaciones e Instrucción un pago que por derecho les corresponde?

Me viene a la memoria un trabajo que realicé en los años 1990 respecto a la incorporación a filas de los militares de reemplazo en el que estudié la exención, objeción e insumisión. Los datos fueron facilitados por la Subdirección de Reclutamiento y Enseñanza Militar y están publicados como Base de Datos en mi sitio web “www.defensa-nacional.com” en el apartado descargas, Base de datos que hoy en día ya contiene 1328 registros y 450.000 datos relativos a las variables que he seguido estudiando.

Pueden consultarla todo el que esté interesado en esta casuística. Del análisis de la citada Base se deduce que, para paliar el alto número de objetores, se pudo cerrar la mano en el número de exentos de tal manera que, gracias a los Servicios Médicos se pudo mantener el cupo de las Unidades con personal que anteriormente se hubiera tenido por exento.

¿No puede estar ocurriendo esta casuística ahora, pero en sentido contrario? ¿El empleo político de los profesionales de la medicina para evitar que aquellos que tendrían unos derechos por causas médicas en cualquier organización civil, no lo tuvieran en la vida militar, a pesar de su dedicación, mella adquirida en el ejercicio de sus funciones y misiones y un deterioro psicológico individual y social dado que se crea la opinión entre la tropa, y en la sociedad, que quedan desasistidos si tienen algún problema psicofísico fundamentado, incidiendo en la moral de los Ejércitos?.

Jesús Acuña, abogado especializado en Derecho Militar, explica que los militares con compromiso permanente no hacen frente a esta situación ya que no tienen los mismos derechos que los profesionales con contratos temporales. Por ejemplo, si encarasen el mismo accidente y secuelas parecidas, el que no es de plantilla sería indemnizado en función del porcentaje de discapacidad que le asignen, los de carrera recibirían la pensión íntegra con independencia del porcentaje que les otorguen.

Por eso, las asociaciones militares coinciden en señalar que entre los profesionales de carrera no se producen bajas al mismo ritmo que en el caso de los temporales. “La patología debe ser muy grave para que les concedan la no aptitud. En el caso de un militar con contrato permanente implica hacer frente a una pensión e indemnización. En los casos de personal temporal sale gratis”, apunta un portavoz de la Organización de Apoyo a las Fuerzas Armadas (OATM).

Resumen de alistados, exentos y objetores durante el decenio de los 1990 en Vascongadas. Como se puede apreciar, hay una disminución drástica del número de exentos a lo largo del decenio que no puede ser causado por una mejora en la salud de los reemplazos estadísticamente. (Elaboración propia)
Enrique Area Sacristán.

Teniente Coronel de Infantería.

Doctor por la Universidad de Salamanca


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