El pasado mes de julio publiqué en algunos medios digitales el artículo “Las tarifas de la luz nos dejan a oscuras”, que no ha alcanzado el objetivo pretendido de bajar las tarifas de la energía eléctrica ni logrado ablandar la gélida y displicente sensibilidad de los autores de tamaña arbitrariedad.

El resultado es que continúa aumentando la amplia contestación social por el inmoral y continuo incremento de las tarifas de la luz en un insuperable ejemplo de usura y codicia que representan un capitalismo caduco, tiránico e inhumano impuesto por intereses espurios obligando a buen número de familias españolas a desatender sus necesidades más elementales para hacer frente al recibo de la luz sin respetar sus derechos de usuario.

Los dirigentes de la Unión Europea, el gobierno español y los altos cargos de las empresas eléctricas, responsables del atropello en cuestión y cuyos cuantiosos sueldos resultan ofensivos en las circunstancias actuales que más que nunca demandan una racional, justa y equitativa distribución de la renta, se escudan en la normativa europea y en la española que la desarrolla para justificar los precios de la energía eléctrica ignorando la máxima de Montesquieu “no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia”.

Según la Real Academia Española de la Lengua, la energía eléctrica es un servicio público consistente en una actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un cierto control y regulación de ésta, por una organización, especializada o no, y destinada a satisfacer necesidades de la colectividad por cuanto su precio no puede estar sujeto a las fluctuaciones del mercado, constituyendo por tanto un derecho, no un negocio como algunos desaprensivos pretenden al amparo de espurias tolerancias que por razones semejantes incrementarían los precios de las inhumaciones por el aumento de fallecimientos causados por la pandemia.

La justicia, considerada por nuestra Carta Magna como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, considera los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social, lo que implica el veto del incremento de precios de la energía eléctrica en proporción notablemente superior al IPC, máxime si España ocupa un lugar destacado en el ranking de los países europeos con mayores tarifas eléctricas.

Son caricaturas de la realidad los imperativos constitucionales a los poderes públicos de “promover las condiciones favorables para el progreso social y económico, para una distribución más equitativa de la renta, garantizar la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo sus legítimos intereses económicos sirviendo con objetividad los intereses generales, y que toda la riqueza nacional en sus distintas formas sea cual fuere su titularidad esté subordinada al interés general.

Asimismo, la normativa reguladora del Sector Eléctrico, establece que el suministro de energía eléctrica debe estar garantizado según las necesidades de los consumidores, al mínimo coste, constituyendo un servicio de interés económico general dejando a las Administraciones Públicas la regulación y control de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, garantizando la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial, constituye una burda falacia y una grave distorsión de la realidad dado el continuo incremento de las tarifas eléctricas establecidas y el riesgo que implica para la supervivencia de numerosas empresas en el caso que nos ocupa y una agresión a la dignidad de consumidores y usuarios que no comulgan con ruedas de molino.

Resulta irrefutable que por motivos tan discutibles como discutidos y deleznables, una panda de impresentables se haya constituido en factor de desestabilización de nuestra convivencia, por lo que las organizaciones sociales deben promover cuantas acciones consideren legalmente oportunas con el fin de salvaguardar los intereses de los ciudadanos para evitar que se cumpla la sentencia del político español Gabriel Alomar “El pueblo que soporta una tiranía acaba por merecerla”.

Por cuanto antecede, la defensa de la economía de los usuarios de la energía eléctrica exige que las organizaciones sociales promuevan las acciones legales pertinentes para la inmediata bajada de las tarifas eléctricas, para lo que pueden contar con que la paciencia española, enemiga de amilanarse ante el uso arbitrario del poder, siempre ha mostrado un incuestionable poder de persuasión levantando su voz en defensa de la justicia, la racionalidad, la sensatez y el respeto a la dignidad humana.

Efrén Díaz Casal

Coronel de Infantería (R)