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Opinión

«Respuesta ciudadana al tarifazo eléctrico» por el Coronel de Infantería Efrén Díaz Casal

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El pasado mes de julio publiqué en algunos medios digitales el artículo “Las tarifas de la luz nos dejan a oscuras”, que no ha alcanzado el objetivo pretendido de bajar las tarifas de la energía eléctrica ni logrado ablandar la gélida y displicente sensibilidad de los autores de tamaña arbitrariedad.

El resultado es que continúa aumentando la amplia contestación social por el inmoral y continuo incremento de las tarifas de la luz en un insuperable ejemplo de usura y codicia que representan un capitalismo caduco, tiránico e inhumano impuesto por intereses espurios obligando a buen número de familias españolas a desatender sus necesidades más elementales para hacer frente al recibo de la luz sin respetar sus derechos de usuario.

Los dirigentes de la Unión Europea, el gobierno español y los altos cargos de las empresas eléctricas, responsables del atropello en cuestión y cuyos cuantiosos sueldos resultan ofensivos en las circunstancias actuales que más que nunca demandan una racional, justa y equitativa distribución de la renta, se escudan en la normativa europea y en la española que la desarrolla para justificar los precios de la energía eléctrica ignorando la máxima de Montesquieu “no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia”.

Según la Real Academia Española de la Lengua, la energía eléctrica es un servicio público consistente en una actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un cierto control y regulación de ésta, por una organización, especializada o no, y destinada a satisfacer necesidades de la colectividad por cuanto su precio no puede estar sujeto a las fluctuaciones del mercado, constituyendo por tanto un derecho, no un negocio como algunos desaprensivos pretenden al amparo de espurias tolerancias que por razones semejantes incrementarían los precios de las inhumaciones por el aumento de fallecimientos causados por la pandemia.

La justicia, considerada por nuestra Carta Magna como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, considera los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social, lo que implica el veto del incremento de precios de la energía eléctrica en proporción notablemente superior al IPC, máxime si España ocupa un lugar destacado en el ranking de los países europeos con mayores tarifas eléctricas.

Son caricaturas de la realidad los imperativos constitucionales a los poderes públicos de “promover las condiciones favorables para el progreso social y económico, para una distribución más equitativa de la renta, garantizar la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo sus legítimos intereses económicos sirviendo con objetividad los intereses generales, y que toda la riqueza nacional en sus distintas formas sea cual fuere su titularidad esté subordinada al interés general.

Asimismo, la normativa reguladora del Sector Eléctrico, establece que el suministro de energía eléctrica debe estar garantizado según las necesidades de los consumidores, al mínimo coste, constituyendo un servicio de interés económico general dejando a las Administraciones Públicas la regulación y control de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, garantizando la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial, constituye una burda falacia y una grave distorsión de la realidad dado el continuo incremento de las tarifas eléctricas establecidas y el riesgo que implica para la supervivencia de numerosas empresas en el caso que nos ocupa y una agresión a la dignidad de consumidores y usuarios que no comulgan con ruedas de molino.

Resulta irrefutable que por motivos tan discutibles como discutidos y deleznables, una panda de impresentables se haya constituido en factor de desestabilización de nuestra convivencia, por lo que las organizaciones sociales deben promover cuantas acciones consideren legalmente oportunas con el fin de salvaguardar los intereses de los ciudadanos para evitar que se cumpla la sentencia del político español Gabriel Alomar “El pueblo que soporta una tiranía acaba por merecerla”.

Por cuanto antecede, la defensa de la economía de los usuarios de la energía eléctrica exige que las organizaciones sociales promuevan las acciones legales pertinentes para la inmediata bajada de las tarifas eléctricas, para lo que pueden contar con que la paciencia española, enemiga de amilanarse ante el uso arbitrario del poder, siempre ha mostrado un incuestionable poder de persuasión levantando su voz en defensa de la justicia, la racionalidad, la sensatez y el respeto a la dignidad humana.

 

Efrén Díaz Casal

Coronel de Infantería (R)

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España

Los sindicatos reactivarán algaradas y movilizaciones. Por Jesús Salamanca Alonso

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«La falta de experiencia en la formación de equipos de trabajo y en gobernar instituciones puede hacer que VOX interfiera en cuestiones que deben darse por superadas»

 

Con tanta ayuda pública, los sindicatos mayoritarios viven en la abundancia como señores feudales venidos a menos. Permiten llevar una vida de lujos y privilegios; eso hizo hace unos años que, en algunas sedes de las formaciones mayoritarias, colgaran longanizas como forma de llamarlos «chorizos»: esas debieron de ser bien acogidas porque no las devolvieron, confirmando lo que ya se sabía.

Mientras se dan una vida de lujo y sin sobresaltos, los trabajadores ven cómo los recortan y aprietan cada vez más. Por eso, la ciudadanía en general, exige que sean los afiliados quienes mantengan a esas organizaciones tan costosas, tan poco rentables y desprestigiadas. Protestar, deben de protestar mucho, pero en lo de trabajar ya tengo más dudas y una prueba es que más del 30% de los convenios colectivos siguen sin aprobar, pero como no afecta directamente al bolsillo de ellos, pues tranquilidad, no hay prisa. Si esa es su forma de actuar en todo, mejor que cierren sus sedes, envíen al tajo a sus liberados y se jubilen los dirigentes, que ya chirría y molesta hasta su imagen degradada y despreciada sindicalmente.

¡Qué diferencia, de lidiar con esta gente que se agarra como lapas al sillón, a negociar con Marcelino Camacho, Nicolás Redondo y, posteriormente, José Mª Fidalgo y Cándido Méndez! Hay que destacar que Nicolás Redondo luchó y padeció el franquismo y siempre fue un referente en la lucha obrera en las acerías navales de Vascongadas. Y puesto que vive en el mismo municipio del que es natural Patxi López, no estaría de más que le diera unas lecciones de urbanidad, educación básica, cortesía, dignidad y protocolo; tal vez de esa forma dejaría de hacer el ridículo en las controladas y sesgadas ruedas de prensa del Congreso de los Diputados, más propias de un dictador que de un demócrata. No por casualidad lo llaman «el zorro del Congreso» por sus espantadas.

Volvamos al gran logro que ya planifican las comunidades donde la derecha y VOX trabajan para formar Gobierno: la eliminación y dependencia de las ayudas públicas. Andalucía lo tiene claro y ya ha anunciado que retirará el 50% de las ayudas sindicales. Sin duda, es un intento fallido, ya que debe ser el 100% si no quiere tener problemas a corto plazo, lo mismo que Castilla y León. De Aragón apenas ha trascendido nada al respecto, pero es firme el convencimiento de seguir la misma línea que las demás comunidades. Extremadura también acabará con ese atropello que ha existido durante años: tal vez se chupen menos cabezas de gamba y se respete más a los pobres crustáceos emparentados con el langostino y el camarón.

Lo prometido por Andalucía es el camino que seguirán las demás, excepto las dos comunidades rebeldes, más egoístas y aprovechadas e insolidarias. También es el momento de que los trabajadores se organicen contra los sindicatos sectarios y de clase y convoquen movilizaciones contra ellos. En una reunión de amigos, el más político de todos comentaba que «si VOX no cumple su compromiso, lo mejor es que no participe en los gobiernos autonómicos y calle en lo sucesivo» La falta de experiencia en la formación de equipos de trabajo y en gobernar instituciones puede hacer que VOX interfiera en cuestiones que deben darse por superadas. Desde que se celebraron las elecciones ya va siendo hora de que se formen los gobiernos. Han perdido demasiado tiempo con la constitución de las mesas de cada Parlamento y cualquiera diría que les da miedo dar el paso de formar los gobiernos. ¡A trabajar, gandules!

A ver si es verdad que se les acaba el abuso público y se inicia la transparencia que nunca ha existido, ni en las comunidades y no digamos en el Gobierno central donde nos ocultan hasta los viajes viciosos, lascivos y deshonestos del Falcon al ser declarados treinta y nueve de ellos como secreto de Estado. Eso no huele bien y menos los que llevaban destino a República Dominicana y a Venezuela vía Colombia.

Llevamos sin una huelga general muchos años y no será que no ha habido motivos para ello: corrupción, latrocinio, malversación, mordidas, comisiones, nula transparencia, ataques a los jueces, corrupción del exfiscal general y otras instancias más respetables que el Gobierno del felón «cum fraude». Ahora que se sienten rechazados los sindicatos, las huelgas se cuadruplican en este año 2026, debido al bloqueo de las negociaciones salariales. Más de un 30% de los trabajadores están afectados.

Hay que recordar que desde 2022 parecía que la relación entre empresas y trabajadores se había normalizado o, por lo menos, se había calmado debido al acuerdo entre CEOE, Cepyme y el sindicalismo fantasma de la izquierda bolchevique, protegidos por doña Yolanda «Tucán», hoy caída en desgracia en el Gobierno sanchista. Sus traiciones al sanchismo y a Podemos le han pasado factura. Nadie le admite en sus filas porque lo que toca, lo desgobierna. ¡Si tendrá capacidad de traición y facilidad para la misma que hasta a su principal mentor lo «apuñaló» por la espalda! ¿Se acuerdan de Xosé Manuel Beiras, político y economista gallego, además de líder del BNG? Si a ello añaden la protección y encubrimiento al pederasta Ramiro Santalices por pare de Yolanda, pues ya tienen todos los ingredientes para que nadie se fie de ella y genere un rechazo brutal, menos en UGT y CC.OO. a quienes ha regado de euros y prebendas.

Las solicitudes de huelga y los conflictos laborales ya han comenzado y aumentarán si hay adelanto electoral y se hunde, como es previsible, la zurda sindical, falsaria y ruinosa. Quienes llevan siete años tirándose a la bartola se reactivarán con las algaradas y las movilizaciones.

Tan sólo las huestes del felón tranquilizan a esos sindicatos radicales y reaccionarios cuyo logro de la «derechita cobarde» será eliminar por completo las abundantes ayudas y subvenciones públicas que reciben los dos sindicatos sectarios y falsarios amparados y amamantados también por la mafia criminal sanchista.

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