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Tribunales

Soros controla a 12 de los 100 jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

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De los cien jueces que formaron parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de octubre de 2019, veintidós tienen –o tuvieron– vínculos con siete ONGs de corte progresista acreditadas ante él, y doce de ellos con la Open Society Foundation (OSF) y su rama jurídica, The Open Society Justice Initiative (OSJI), fundadas y controladas por el polémico magnate norteamericano de origen húngaro George Soros. Se trata, entre miembros actuales, del búlgaro Yonko Grozev, del lituano Egidijus Kuris, del albanés Darian Pavli, de la croata Ksenija Turkovic y del letón Martins Mits; entre los eméritos figuran el polaco Lech Garlicki, la estonia Julia Laffranque, la bosnia Lilijana Mijovic, el húngaro András Sajo, el eslovaco Jan Sikuta, el montenegrino Nebojsa Vucinic y la letona Ineta Ziemle. Así se desprende de la investigación llevada a cabo por el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ), también acreditado ante el TEDH, al que ha tenido acceso ABC.

Llama la atención la procedencia geográfica de los jueces concernidos: todos proceden de países bálticos o balcánicos que recobraron la libertad tras la caída del Muro de Berlín, elegidos como terreno de cultivo prioritario por la OSF para arraigar sus ideas progresistas: esa zona se lleva la mayor parte de los 90 millones de dólares que la Osf destina anualmente a Europa. Según el informe, Soros ha invertido más de 131 millones de dólares en Albania desde 1992, sirviendo parte de ese dinero para la captación y posterior formación de élites. Y en lo tocante a la selección de jueces para el TEDH, el método demostró su eficacia, pues en 2018 dos de los tres candidatos para ocupar el puesto de Estrasburgo habían sido previamente directivos de la sucursal local de la OSF, siendo Pavli el designado.

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La Fundación Soros –otra de las entidades de la nebulosa del magnate–repitió la operación en Letonia, donde creó y financió la Escuela Superior de Derecho de Riga, entre cuyos colaboradores permanentes figuraron los jueces Ziemle y Mits. También llama la atención, aunque no es ni haya sido juez del TEDH, de Nils Muiznieks, director de programas de la OSF en Letonia hasta 2012, año en el que tomo posesión del estratégico cargo de Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que ejerció hasta 2018, distinguiéndose por sus constantes críticas al primer ministro húngaro Viktor Orban, diana predilecta de las campañas de Soros en Europa. Y en 2009, Muiznieks declaró abiertamente que uno de los objetivos de la OSF era el de «crear un homo sorosensus, el de la sociedad abierta, en oposición al homo sovieticus».

Los 90 millones de dólares que Soros ha invertido en el país báltico entre 1992 y 2014 han sido, como se puede constatar, muy productivos. En relación con Bulgaria, el informe no ofrece datos dinerarios, pero sí demuestra la estrecha relación existente entre los dos últimos jueces búlgaros del TEDH y ONGs cuyo mecenas principal es Soros a través de sus múltiples palancas.

El informe señala que los jueces Turkovic –antiguo administrador e investigador de OSF en Croacia– y Sikuta –antiguo miembro del Comité de Expertos de OSF en Eslovaquia– intervinieron en un caso en que OSF actuaba como tercero; en dos Laffranque -ex miembro del comité ejecutivo de Praxis, entidad financiada por OSF, Ziemle –docente en la Escuela Superior de Derecho de Riga– y Garlicki, que ha impartido clases en diversos programas académicos de OSF y de la «Central Europe University», otro de los pilares de Soros en Europa; en tres intervinieron Sajo –antiguo empleado de la oficina central de la OSJI– y Vucinic –colaborador de los informes de OSF en 2005 y 2008; y en cuatro Mijovic, muy activa en el comité ejecutivo de OSF en Bosnia entre 2001 y 2004. Tampoco deja de asombrar que el juez Grozev, exadministrador de la OSFen Bulgaria y antiguo empleado de la Osji en Nueva York fuera elegido juez del TEDH poco después de haber defendido a las Pussy Riots ante ese mismo tribunal y sin que hubiera culminado el procedimiento. «No tomó parte en el juicio, pero el Tedh condenó a Rusia a pagarle 11.760 euros a modo de minuta», señala a ABC Grégor Puppinck, director del ECLJ.

Choque de intereses

Las intervenciones –aunque el fallo final no sea favorable a las pretensiones de Osf y entidades satélites– de estos jueces ponen de manifiesto la existencia de un claro escenario de conflicto de intereses en el seno del TEDH, cuyo reglamento, en el artículo 28, se limita a recomendar la inhibición de un juez, «en caso de que su imparcialidad esté en en tredicho en el examen de un caso concreto». El informe solo percibe trece inhibiciones de jueces en los más de trescientos casos en los que las OSJ, la OSJI y otras ONGs con las que comparte simbiosis ideológica han participado, ya sea como demandantes o como terceros, entre 2009 y 2019. Se dan asimismo situaciones sorprendentes: en el «caso D.H. y otros contra República Checa», fechado en 2007, el abogado de los demandantes era el propio presidente de la OSJI, sin que esta condición figurase en el sumario, pese que la OSJI la reivindicó en su relación de actividades. Curioso también que el en el caso «Big Brother contra Reino Unido», que versaba sobre el delicado asunto de las protección de datos, diez de los demandantes eran ONGs financiadas por la OSF. Otra muestra de la estrecha relación entre Soros y los juristas que operan en el los tribunales internacionales de derechos humanos –no solo en el TEDH- viene dada por la publicación, de forma conjunta por la OSJI y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) fue la de una guía dedicada a las reglas y prácticas de la selección de jueces y comisarios de derechos humanos a lo largo y ancho del planeta.

Volviendo al TEDH, conviene recordar que entre sus competencias, contempladas en el Preámbulo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, figura la protección y el desarrollo de los derechos y libertades del Convenio. En los últimos es evidente que los jueces del TEDH han potenciado esta facultad, siendo la principal consecuencia el aumento de su influencia política. España lo comprobó cuando el TEDH tumbó la «Doctrina Parot», fallo que supuso la liberación inmediata de decenas de etarras. Precisamente, fue la CIJ la que remitió al TEDH, en marzo de 2013, el informe contrario a esa doctrina y la primera en aplaudir el fallo siete meses después. Su hombre en España es el antiguo magistrado del Tribunal Supremo y expresidente de la Unión Progresista de Fiscales, José Antonio Martín Pallín.

El Tribunal de Estrasburgo interviene con cada vez mayor frecuencia en asuntos tocantes a los intereses de grupos homosexuales o de defensores del aborto y a los derechos de las minorías étnicas, teniendo sus fallos capacidad de desestabilización social y política, por ejemplo mediante la modificación obligatoria de leyes aprobadas democráticamente por los respectivos parlamentos. Y este ámbito de los derechos individuales es uno de los favoritos de las entidades vinculadas a Soros presentes en el TEDH. Y su influencia no se mide tanto en el número de victorias judiciales como en el hecho de haber logrado que el TEDH adopte su sesgo progresista en la interpretación de los Derechos Humanos, lo que permite, el informe del ECLJ es elocuente al respecto, una sincronización de acciones en la puesta en marcha de campañas para sensibilizar a la opinión pública europea y arrastrarla hacia sus posiciones. Medios a Soros no le faltan. E insuficiencia de medios al TEDH tampoco: su presupuesto anual, 70 millones de euros, es inferior en 20 millones a la cantidad que el magnate gasta cada año en Europa.

Los seis escuderos

El informe del ECLJ no limita su investigación a los grupos directamente controlados por George Soros. También escudriña –aunque su influencia es notablemente menor– la actividad de otras seis ONGs presentes en el Tribunal de Estrasburgo: la británica The Aire Centre, la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch, Interights, los Comités Helsinki y Amnistía Internacional. Todas cooperan estrechamente con el entramado de Soros. En el caso de los Comités Helsinki y de Amnistía Internacional llama la atención su deriva izquierdista: durante la Guerra Fría, los Comités Helsinki destacaron por su defensa de los disidentes encarcelados en los países de Europa Oriental; Amnistía Internacional se ciñó durante casi seis décadas a una defensa de los Derechos Humanos no contaminada ideológicamente. Hasta que en 2007, reconoció el aborto como un derecho, decisión que supuso la ruptura de su colaboración con la Santa Sede.

La magistrada española en el punto de mira

Los efectos de la colonización ideológica en la que las organizaciones vinculadas a Soros han jugado un papel importante también se hacen sentir en la política: en enero de 2018, los socialistas europeos pidieron públicamente la anulación del nombramiento –uno de los últimos importantes del Gobierno de Mariano Rajoy- de la jurista donostiarra María Elósegui como juez española del Tedh por su postura contraria al matrimonio homosexual. Fracasaron en su intento, pero nunca antes un grupo político había osado formular una petición de tanto calibre.


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España

Justicia de chiringuito en Cataluña: La ciudad de la justicia de Barcelona convertida en 13, Rue del Percebe

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Barcelona, Juzgado de lo Penal número 8. 29 de Octubre de 2020.

Tras la llamativa, injusta y bárbara acusación contra D. Manuel Andrino y D. Pedro Pablo Peña por parte de la «Fiscalía del Odio», citándoles en los juzgados descritos más arriba, el sainete de la justicia escribe un nuevo episodio de disparate y esperpento.

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Tras tener a dos personas inocentes esperando en el opresivo y malsano ambiente de un Juzgado Catalán durante horas, se ha suspendido el Juicio por la incomparecencia del «testigo estrella» de la Fiscalía, un «Mozo de Cuadra» (traducción libre) al parecer testigo del libre ejercicio de la libertad de expresión que estas dos personas tuvieron la osadía de intentar ejercer en los dominios de la Generalidad, esa generalidad convertida desde hace muchos años en cueva de ladrones, cubil de criminales, madriguera de golpìstas y nido de carroñeros cretinoides.

Según se ha explicado a los dos comparecientes, el mozo en cuestión se encuentra aislado por ser «semoviente conviviente» de su esposa, enferma o infectada de SARS-Covid19. Cosa que por supuesto lamentamos en grado sumo.

Que la condición de «aislado» es evidente que se conocía desde hace días y se podía haber anulado el juicio sin perjuicio de hacer viajar a dos personas a Barcelona, es una reflexión que en el enrarecido ambiente de la «cosa» catalana obviamente no se ha podido concebir, debido, sin duda, a su permanente carencia de personal resuelto e inteligente, que logre hacer sinapsis con lo que en otras personas se encuentra dentro del cráneo y que en los patanes indepes sembrados a lo largo y ancho de la administración catalana se encuentra vacío.

El hecho cierto es que ahora mismo la (in)justicia catalana reflexiona con gran esfuerzo y aplomo para atinar con el dedo en el calendario y fijar otra fecha que pueda convenir y sea aceptada por las partes.

No hace falta decir que tanto D. Manuel Andrino, Jefe Nacional de La Falange, como D. Pedro Pablo Peña, Jefe Nacional de Alianza Nacional, grandes hombres de España, patriotas, y figuras ejemplares de nuestra Patria, cuentan con la total adhesión de ALERTA NACIONAL, así como con la admiración profesional y personal que tanto Carlota Sales, corresponsal de ALERTA NACIONAL en Cataluña, como la Dirección de este diario digital, les profesan.

Y tomando como propias las palabras finales de su comunicado, afirmamos:

CAMARADAS, NO ESTÁIS SOLOS.

CON NOSOTROS, QUIEN QUIERA. CONTRA NOSOTROS, QUIEN PUEDA.

ARRIBA ESPAÑA


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Sociedad

La Justicia ratifica la condena a Pablo Echenique por la contratación irregular de su asistente

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Al haber retirado el recurso ante el Supremo, el portavoz de Unidas Podemos tendrá que pagar a la Seguridad Social una sanción de 11.040 euros

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, tendrá que pagar definitivamente 11.040 euros de sanción a la Seguridad Social por la contratación irregular de su asistente.

Echenique ha desistido del recurso de casación que presentó en el Supremo a finales de 2019 contra la sentencia dictada meses antes por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Fuentes oficiales del Tribunal Supremo, que este martes cita Heraldo.es, han confirmado que el político ha tomado dicha decisión antes de que se hubiera dictaminado sobre la admisión o no a trámite del recurso.

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De esta forma, Echenique tendrá que hacer frente a la sanción económica que le impuso la Seguridad Social, que constató que hubo una relación laboral entre el político y el trabajador y, por tanto, incumplió la ley al no haberle dado de alta.

El expediente que se le abrió acabó con un acta de liquidación por 1.039 euros, a la que se le sumó una multa de 10.001 de la Inspección de Trabajo por considerar que cometió una infracción muy grave.

PAGOS EN NEGRO

Se confirmó que Echenique pagó “en negro” a su asistente en dos periodos, desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 y desde marzo de 2015 hasta abril de 2016.

La mencionada sanción se circunscribe a la segunda etapa, ya que habían transcurrido más de cuatro años desde el primer incumplimiento legal, que había prescrito.

En octubre de 2017 la Tesorería General de la Seguridad Social recurrió a los tribunales y el Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza le dio la razón en primera instancia en enero de 2019.

Entendía el juzgado que de haberse tratado de una prestación de servicios entre Echenique y su asistente se deberían haber emitido facturas, pero el político no aportó ninguna.

Por ello, la jueza sentenció que debería haber dado de alta a su asistente en el régimen de empleados de hogar, en el que cotizan los trabajadores que asumen el cuidado de dependientes.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos recurrió entonces ante el TSJA que en septiembre de 2019 desestimó todos los motivos de su impugnación.

A través de su recurso de casación ante el Supremo, el político solicitó la “unificación de doctrina”, dado que su defensa argumentó que había otra sentencia del Tribunal Superior de Madrid de distinto signo sobre un caso que entiende que es similar. Sin embargo, ahora ha desistido de continuar con el recurso.

“UNA OBVIA INJUSTICIA”

Desde el equipo de Pablo Echenique justifican su forma de proceder, argumentando que la mayor parte de las Leyes de Dependencia, la estatal y la de muchas comunidades autónomas, así como las guías de asociaciones y entidades del sector, indican que la contratación de asistentes personales de personas dependientes puede llevarse a cabo mediante la figura del autónomo. “Sin embargo, se multa a Pablo Echenique por hacer precisamente eso, incurriendo en una obvia injusticia y situando en una grave inseguridad jurídica a miles de familias con dependientes que seguramente se encuentran en la misma situación”, exponen fuentes próximas al portavoz de Unidas Podemos.

Esgrimen que sus sospechas de que “se actúa contra Pablo Echenique por ser quien es” residen en que no se ha encontrado jurisprudencia, sentencias similares previas. “Posiblemente Pablo Echenique sea la primera persona dependiente contra la que se actúa de esta manera en España. Por eso se ha decidido retirar el recurso de casación. Por no hallarse precedentes. Por supuesto, Pablo Echenique sigue estudiando las vías jurídicas posibles para revertir esta injusticia, que además de contra él, abre la puerta a causar mucho daño a las personas con dependencia y sus familias”.


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España

La Justicia, babeante y aquiescente, exculpa a Trapero y a la cúpula de Interior: Ni sedición ni desobediencia: Trapero es un patriota español

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La Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los MossosJosep Lluís Trapero, al considerar que no queda acreditado que diera apoyo a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 organizado por el Govern de la Generalitat en contra del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Las partes del juicio habían sido citadas mañana a las 9:30 en la Audiencia Nacional para que les fuera notificada la sentencia, aunque se ha conocido previamente, tal y como han confirmado fuentes jurídicas a La Vanguardia.

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La sentencia ha salido adelante con dos votos a favor y uno en contra, el de la magistrada Concepción Espejel, que ha defendido la existencia de un delito de sedición. El tribunal, con la ponencia de Ramon Sáez, no ha contemplado tan siquiera a alternativa de la desobediencia, que solo lleva aparejada una pena de inhabilitación.

Sáez siempre defendió que no se podía hacer responsable a Trapero por el referéndum del 1-O. El voto decisivo ha sido el de Francisco Vieira, quien inicialmente se inclinó por la desobediencia pero finalmente ha optado por acercarse a la tesis del ponente. Viera junto a Espejel son magistrados de corte conservador mientras que Sáez es progresista.

Voto particular por sedición

Según estas mismas fuentes, ante esta sentencia, Espejel ha formulado un voto particular en el que mantiene que Trapero ha cometido un delito de sedición, haciendo suya la tesis de la Guardia Civil, sobre todo del coronel Diego Pérez de los Cobos, quien sostuvo que los mossos actuaron pasivamente el 1-O para permitir y facilitar la votación que había sido prohibida judicialmente

La Audiencia también ha absuelto al exdirector de los Mossos, Pere Soler, al que fue segundo en Interior, César Puig, y a la intendente Teresa Laplana. El contenido íntegro de la sentencia se conocerá mañana y cuenta con un voto particular de la magistrada Concepción Espejel.

La Fiscalía solicitaba para Trapero diez años de prisión por un delito de sedición con la alternativa del delito de desobediencia, que no acarreaba pena de cárcel sino una mera inhabilitación. El Ministerio Público sostenía que los Mossos, bajo las órdenes de Trapero, colaboraron para facilitar que el 1-O se celebrara, como paso previo e indispensable para declarar la independencia de Catalunya.

El ministerio público también hacía responsable a Trapero por no frenar las concentraciones del 20 de septiembre de ese año ante varios organismos públicos, principalmente ante la Conselleria d’Economia, mientras la Guardia Civil realizaba un registro para frenar la organización del 1-O. Por estos hechos, el Tribunal Supremo condenó a diversos dirigentes políticos a penas de hasta 13 años de prisión por sedición.

El conseller de Interior del Govern, Miquel Sàmper, señaló ayer lunes en una entrevista que en caso de absolución le ofrecería al mayor que vuelva a ser un dirigente del cuerpo de la policía autonómica catalana, aunque él mismo ya había declinado esa opción. “Parto de un no, pero tengo la obligación de hablar con Soler, Puig, Laplana y Trapero”, afirmó Sàmper en Ràdio 4.


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España

¡Tiembla el Gobierno rojo! Marlaska, al borde de la imputación judicial: El Supremo estudia abrir una investigación por el cese de Pérez de los Cobos

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La querella presentada por Ramón Trillo sigue avanzando y poniendo en ‘jaque’ al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Tribunal Supremo solicitó al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre si se debe o no investigar al Ministro de Interior.

Fernando Grande-Marlaska está a un paso de ser imputado, siguiendo los pasos del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

J.A. Puglisi.- El Tribunal Supremo solicitó al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre si se debe o no investigar al Ministro de Interior como presunto autor de los delitos de encubrimiento y abandono de destino durante el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

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A favor de Grande-Marlaska está que la Fiscalía General del Estado está en manos de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

Sin embargo, en contra tiene que la querella en su contra fue presentada por Ramón Trillo, un empresario que, además, es el hijo del expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Es importante recordar que, hace un mes, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, preparó un informe en el que instaba al tribunal a rechazar todas las querellas que se presentasen contra el Gobierno por su gestión de la pandemia.

A pesar de que Navajas aludía a querellas presentadas contra Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos, pero en ningún momento hace referencia a la presentada por Trillo, que por ahora sigue tramitándose, como indica Vozpópuli.

El polémico cese de Pérez de los Cobos se produjo después de que el coronel se negase a informar sobre el contenido del informe que preparaba la Guardia Civil sobre José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por su actuación en el 8-M.

Según Ramón Trillo, Pérez de los Cobos fue cesado por cumplir las órdenes de la jueza Carmen Rodríguez-Medel y no trasladar a sus superiores el desarrollo y las conclusiones del citado informe.

El Estado de Derecho

“Soy consciente de que nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España”. Así de contundente fue Diego Pérez de los Cobos en junio de 2020.

Para defenderse de la ‘purga’ de Grande-Marlaska, Pérez de los Cobos interpuso un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior y acudió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El coronel está convencido de que la investigación del 8-M llevó a su cese.

Pérez de los Cobos desveló, en el recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra su cese, cómo fueron sus últimas horas frente a la jefatura de la Comandancia de Madrid.

Pérez de los Cobos afirmó que recibió un ‘tsunami’ de llamadas y reuniones, además que existía una verdadera preocupación del Gobierno por el ‘caso del 8-M’.

En el recurso, el coronel denunció que el Ministerio de Interior tenía firmada su destitución antes incluso de darle la posibilidad de explicarse.

Sin embargo, el guardia civil está convencido de cuál fue el motivo de su fulminante cese: no informar a sus superiores de la investigación del 8-M que mortificaba el Gobierno.

Pérez de los Cobos detalla que, en la noche del domingo 24 de mayo, recibe la llamada de una persona que le pasa al teléfono con la directora general María Gámez.

Es María Gámez quien le informa de que es la dirección del Ministerio del Interior la que ha decidido su cese por no informar de la investigación judicial que seguían sus subordinados en torno a las manifestaciones autorizadas en Madrid antes del estado de alarma, en especial la marcha feminista del 8-M.

Como si fuera poco, el coronel adelantó que Gámez admitió que eran unas pesquisas sensibles y que interesaban al Gobierno.

Además, la directora general dio muestras tener conocimiento de los trabajos realizados por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. En concreto, mencionó el número concreto de folios y tomos de las pesquisas.

Es importante recordar que Pérez de los Cobos cuenta con un ‘as’ bajo la manga:

La nota de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, donde reconoció que el mando fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Una situación que apunta a una violación de la separación de poderes y que podrá dar al coronel su cargo de vuelta.

Irónicamente, Gámez intentó ‘hacer borrón y cuenta nueva’ dentro de la Benemérita. El 1 de junio la directora general pidió a la nueva cúpula de la Guardia Civil “mirar hacia adelante”, tras las ‘purgas’ de Marlaska.


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