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Castilla y León

Un juez de Valladolid fija la custodia compartida de un perro tras una separación de pareja

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Perros West Highland Terrier, la misma raza objeto de litigio judicial.
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Un magistrado de Valladolid ha fijado en un auto judicial la custodia compartida de un perro, que durante años había sido el animal de compañía de una pareja que decidió separarse, dando por finalizada la relación sentimental de cinco años.

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El juez de Primera Instancia se pronuncia de este modo, en una resolución sin precedentes en Valladolid, sobre el fin de uno de los ‘bienes’ sobre los que decenas de parejas hacen inventario al decidir su ruptura, y que forman parte de los convenios reguladores de divorcio donde se recoge el reparto de objetos, propiedades inmobiliarias comunes, o la custodia de los hijos.

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La demanda fue presentada por la mujer frente a su excompañero, y en la misma se solicitaba como medida cautelar inmediata que se fijara su derecho a tener al animal, que fue adquirido en enero de 2015 durante el periodo de convivencia. Se trata de un can de la raza West Highland Terrier, nacido en noviembre de 2014.

El perro fue registrado en el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SIACYL), entidad dependiente de la Junta, en donde se le puso un microchip que señala que el titular es el varón.

Sin embargo, en febrero de 2017 esta persona se marchó del domicilio en el que residía con su pareja, acordando entre ambos un disfrute compartido y el abono del 50% de los gastos del animal. Entre ellos se encontraba además de la alimentación, las vacunas y medicinas necesarias para el bienestar del can.

En octubre de 2018, el hombre manifestó que el West Highland era suyo, solicitando su expareja un régimen de visitas a lo que el demandado se negó.

Es en estas circunstancias en las que el Juzgado ha tenido que pronunciarse por entender que el animal no puede dividirse, y considera que a pesar de que administrativamente el perro figura a nombre del varón (el chip solo permite recoger el nombre de un propietario) la copropiedad es de ambos.

La tramitación de este procedimiento civil se ha llevado a cabo por un Juzgado de Primera Instancia de la capital, diferente a los especializados en derecho de Familia. La razón ha sido que ambos propietarios no eran matrimonio, sino pareja de hecho que convivió entre 2012 a 2017.

Por analogía, sin embargo, la medida de custodia compartida ha sido acordada teniendo en cuenta criterios de interés «de los miembros de la familia y el bienestar del animal». En este sentido, el Código Civil atribuye al juez la posibilidad de confiar a uno o a ambos cónyuges, con tiempos fijados, la atención y disfrute del animal de compañía.

Para materializar esta custodia, el magistrado ha ordenado provisionalmente que la entrega del perro se realice cada quince días, desde el pasado mes de marzo, en un punto de encuentro, en este caso en una peluquería canina del barrio de Parquesol. Deja el magistrado, no obstante, a las partes la posibilidad de otro acuerdo entre ambos exmiembros de la pareja.

Fuentes de la Audiencia Provincial de Valladolid, ante la que cabe recurso por esta custodia, indicaron lo novedoso de esta decisión que afecta un can. «Suele ser habitual que en los convenios reguladores de divorcios se produzcan diferencias en cuanto al patrimonio, pero en el caso de los animales de compañía suele existir acuerdo entre cónyuges».

La mujer acreditó en el procedimiento que el importe por el pago del perro (superior a los 350 euros), así como los gastos de peluquería del animal, fueron cargados en su cuenta bancaria.

Para fijar la custodia compartida del animal, comunicación y estancia quincenal en favor de la mujer, el juez de Primera Instancia se ampara en el Protocolo sobre Protección de Animales que figura en el Tratado Constituyente de la Unión Europea de 1997, que se firmó en Ámsterdam, y en el que se considera a los animales de compañía como «seres sensibles».

Normativa europea

Este reconocimiento como principio general fue pleno dentro de la UE en el año 2009, mediante el Tratado de Lisboa, «en el que se exige que los estados respeten las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles».

Añade a este respecto que ordenamientos jurídicos de Austria, Suiza, Bélgica, Francia y Portugal han incorporado a su legislación Civil, Penal, y Procesal el Estatuto Jurídico de los animales, en donde se diferencia, por un lado, a los animales de las personas, y por otro, las cosas y otras formas de vida como son las plantas.

Recuerda el magistrado en su auto, que actualmente existe en tramitación parlamentaria una modificación del Código Civil español y de la ley Hipotecaria, sobre el régimen jurídico de los animales.

La normativa española considera hoy a los seres como un bien mueble o cosa, cuando ya desde el año 2003 el Código Penal distingue entre los daños a los animales domésticos y los objetos.

«Los animales no son cosas, sino seres dotados de sensibilidad, lo que implica que en determinados aspectos no se aplique supletoriamente el régimen jurídico de las cosas, sino que se ha respetar su cualidad de ser sensible», señala el auto, donde se sostiene que la propiedad y el derecho de uso y disfrute del animal no deben de prevalecer sobre el bienestar del mismo, «sobre todo cuando se producen crisis matrimoniales o establecimientos de custodias de los animales de compañía».

En este contexto normativo europeo y de tramitación española, el juez añade que el artículo 3 del Código Civil establece que las normas se interpretarán según los antecedentes históricos y «la realidad social del tiempo en que han ser aplicadas».

Por ello, fija cautelarmente un régimen de visitas y custodia del West Highland en favor de la propietaria, con periodos alternativos de quince días de posesión sobre dicho animal de compañía.

(El Norte de Castilla)


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Castilla y León

Detenido un joven en Salamanca por romper la nariz a otro que llevaba una pulsera con la bandera de España

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un joven de 25 años por presuntamente golpear con puñetazos en la cara y romperle los huesos de la nariz a otro joven, en una discusión que comenzó por llevar la víctima una pulsera con los colores de la bandera de España.

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Según han informado este viernes fuentes policiales, el herido formuló una denuncia el pasado 10 de diciembre en la que explicó que, en la madrugada del día 5 de diciembre, cuando salía de un establecimiento «24 Horas» de la Gran Vía, comiendo un bocadillo, un joven comenzó a insultarle.

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La víctima explicó que el presunto autor de los hechos estaba con un grupo de personas en el exterior y que empezó a increparle al ver que llevaba una pulsera con la bandera de España, tras lo que le dio dos puñetazos en la cara y se dio a la fuga al acercarse su hermano y un taxista que estaba en la parada próxima al lugar.

Las investigaciones practicadas han permitido identificar al presunto agresor, quién ha sido detenido en la jornada de este pasado 16 de enero, tras comparecer voluntariamente en las dependencias policiales, y ha sido puesto a disposición judicial.


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Castilla y León

Autonomía leonesa: un derecho constitucional

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ComunidadLeonesa.ES (Remitido).- Desde que el pasado 21 de noviembre, el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, se pronunciara por primera vez (y no última) sobre el derecho de la provincia de León a constituirse en autonomía junto con las provincias hermanas de Zamora y Salamanca, no hemos dejado de ver informaciones, con mayor o menor conocimiento, mayor o menor manipulación, en las que hemos podido oír desde graves insultos hasta tergiversaciones, pasando por comparaciones con independentismos varios, e incluso acusaciones de delitos de grueso calibre, eso sí con pocos o ningún argumento para sustentar la negación a los leoneses de tener los mismos derechos que el resto de los españoles.

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Afortunadamente también oímos voces autorizadas que apoyan los derechos del pueblo leonés a contar con su propia autonomía. Sin embargo, echamos en falta determinadas puntualizaciones y que todos los argumentos a favor se hallen reunidos en un mismo lugar para evitar en el futuro comentarios tan peregrinos como “yo quiero la independencia para mi pueblo” o, peor aún, “queréis volver a la Edad Media y al derecho de pernada”.

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Dejando aparte que no es conveniente que se hable de la Edad Media como si fuera una época uniforme en toda Europa, ignorando al tiempo los derechos que tenían los leoneses hace ya más de 1.000 años, recogidos en el Fuero de León, quienes reivindicamos una autonomía propia nos referimos a la misma época a que “volvieron” el resto de los españoles para tener las suyas: La división regional y provincial establecida por el Decreto-Ley de 30 de noviembre de 1833 (conocido popularmente como “Ley de Javier de Burgos”) y a la Constitución Española de 1978 que es la que reconoce el derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones” que no podían ser otras que las existentes en dicho año 1978.

Todos los españoles mayores de 50 años estudiamos la misma división política de España y en ella una de las regiones era LEÓN (llamada Reino de León en el DL arriba citado y dividida en las provincias de León, Salamanca y Zamora) y otra diferente era Castilla la Vieja (dividida en las provincias de Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia).

La existencia de la comunidad autónoma de Castilla Y León, fue un invento del año 1983 y no entraremos en la explicación de su formación, suficientemente explicada en estos últimos días pero no podemos dejar de resaltar un montón de evidencias que algunos tratan de obviar para que sigamos siendo tratados como españoles de segunda.

Es la única que tiene en su nombre una Y copulativa que, como nos enseña la gramática española, sirve para unir (y diferenciar por lo tanto) frases, palabras o conceptos de igual importancia y valor.

El “Y León”, como no podría ser de otra manera, no se refiere a una provincia sino a la Región TRIprovincial que, sin ningún tipo de consulta y contra una gran mayoría de leoneses de León, Salamanca y Zamora, unieron a una parte de Castilla la Vieja en 1983 por unas inexplicadas e inexplicables “razones de estado”.

Por más que se empeñen en así nombrarla, la autonomía de Castilla Y León NO es una región sino la suma de una región (la LEONESA) y parte de otra (la castellanovieja de la que se separaron, sin ningún problema, las provincias de Santander y Logroño).

Contrariamente a lo que se escucha repetidamente en algunos medios de comunicación, la reivindicación de la autonomía leonesa, ni es algo nuevo, ni renace después de 40 años. Con mayor o menor intensidad, los leoneses no hemos dejado de reclamar nuestra autonomía propia y, cada vez más, nos preguntamos ¿en nombre de qué justicia somos los únicos españoles a los que se nos niega?

Tampoco aceptamos un referéndum para que nos pregunten si queremos o no autonomía. A ningún pueblo español se le preguntó por lo que consideramos un agravio comparativo que nos privaran de nuestros derechos constitucionales sin ninguna consulta y ahora pretendan hacernos creer que les preocupa “la democracia”. ¿Dónde queda el principio de igualdad de todos los españoles?

Todos los agravios comparativos que, desde una posición intermedia en el conjunto de las provincias españolas hace 36 años, han llevado a las tres provincias leonesas a los últimos puestos en todos los indicadores excepto en lo que se refiere a desempleo y pérdida poblacional en los que los leoneses somos, desgraciadamente, “líderes indiscutibles”, son muy importantes pero son, solamente, uno de los síntomas del fracaso de esta unión administrativa como comunidad.

Lo que subyace en todos estos años de empobrecimiento de una de las dos partes que componen esta autonomía, de las manipulaciones para presentar como castellanos importantes capítulos de la historia leonesa y de la ocultación de nuestro nombre bajo eufemismos como “las dos Castillas” o “el oeste de la comunidad” es una cuestión de IDENTIDAD.

Leoneses y castellanos somos pueblos diferentes, ni mejores, ni peores, pero diferentes y ni los leoneses somos castellanos, ni los castellanos son leoneses siendo la demostración más palpable de dicha diferencia el distinto rasero que, desde el gobierno de la Junta, se aplica a ambas partes de la autonomía.

Tenemos unos graves problemas económicos en la parte leonesa de la ccaa pero, bajo ningún concepto podemos, ni debemos, olvidar que los más de 90.000 leoneses que salieron a las calles a pedir la autonomía en 1984, no lo hicieron por unos datos económicos que todavía no habían hecho acto de presencia sino por una cuestión de IDENTIDAD.

Nos molesta profundamente que algunos partidos se proclamen “constitucionalistas” por activa y por pasiva, cuando dicen defender la unidad de España pero sin embargo no tengan empacho alguno en “olvidarse” de la Constitución cuando les conviene. Porque no deja de tener su aquel que actúen como si sólo existiera el Art. 155 de la Constitución pero se salten, alegremente, el Art. 2º.

Por otra parte, si tan demócratas dicen ser, no es posible comprender las amenazas, tanto de PP como de PSOE, a sus concejales y cargos electos para el caso de que aprueben las mociones para separar León de la parte de Castilla a la que la unieron hace 36 años. ¿Tanto miedo tienen a la democracia y a que se expresen sus cargos electos?

Y lo que ya rebasa los límites del ridículo es el empeño que algunos tienen en decir que la autonomía leonesa es anticonstitucional al tiempo que claman por “blindar el mapa autonómico” en la Constitución. ¿Cómo es posible que necesiten ese blindaje si se tratara de un tema anticonstitucional? ¿O es que acaso están insinuando que el escudo de España, en cuyo segundo cuartel luce un hermoso león rampante, es anticonstitucional?.

Y por último, pero no por ello menos importante, hemos escuchado que todos los problemas que padecemos los leoneses están causados por el hecho de que el gobierno de la Junta lleva 34 de sus 36 años en manos del PP. No seremos nosotros quienes defendamos a los sucesivos gobiernos de la Junta que, efectivamente, nos han tratado más como a una colonia que como a buenos vecinos pero, no podemos olvidar que durante esos 36 años, el gobierno central, durante los años que estuvo en manos del PSOE, procedió dentro de sus competencias al cierre del pantano de Riaño (justo la víspera del día en que hubiera sido ilegal por las leyes comunitarias), el cierre del FFCC de la Vía de la Plata (que condenaba a la desvertebración al oeste de España), el trasvase de las aguas del Esla al Carrión (que se produce durante seis meses al año, en ocasiones dejando al río Esla sin suficiente caudal ecológico) y la brutal reconversión minera en el Valle de Sabero. ¿De verdad creemos que nos hubiera ido mejor esa unión contra natura de haber sido otro partido el que gobernara?

Desde ComunidadLeonesa.ES (Coordinadora de Organizaciones, Asociaciones y Colectivos) queremos manifestar nuestro apoyo a todos los alcaldes, concejales y cargos electos de cualquiera de los partidos leoneses que, fieles a sus principios y manteniendo su dignidad, han votado en conciencia pese a las presiones de sus partidos. Y queremos animar a los que todavía no lo hayan hecho a que piensen antes en su tierra y en sus paisanos que en las opiniones de quienes nos han empobrecido hasta la saciedad, con manifiesto desprecio a las leyes y a un principio tan fundamental de nuestro ordenamiento como es el de igualdad de todos los españoles.


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Castilla y León

PSOE y Podemos quieren «romper» Castilla apoyando la independencia de León

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Concentración leonesista convocada en la Plaza de San Marcelo de León - ICAL
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Primero Cataluña y ahora León. Su esencia corrupta y su capacidad para hacer daño y destruir han convertido a los partidos políticos en el mayor obstáculo para el progreso de España y en el enemigo público número uno de la ciudadanía.

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Más de 200.000 empresas españolas han cerrado porque los polítiticos que gobiernan no les pagaban lo que les debían, lo que convierte a la clase política en la mayor asesina del tejido productivo en toda la historia de España. Han sido tan torpes, arrogantes, incumplidores de las leyes y obtusos que han creado o alimentado todos y cada uno de los grandes problemas que padece la España actual: desde el nacionalismo, que era residual a la muerte de Franco pero que ellos han convertido en una marea independentista, hasta la destrucción de los valores, la degradación de la democracia, la elevación de la mentira y del engaño a la cúspide de la política de Estado y la creación de una nación que hoy es considerada como el mayor problema de Europa, plagada de desempleados, de nuevos pobres, de gente triste y de ciudadanos sin confianza en sus líderes ni esperanza en el futuro.

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Han incumplido la Constitución y la han interpretado a su capricho, convirtiendo la descentralización autonómica en una amalgama de reinos de taifas y de cortes lujosas e insostenible, cada una con su propio gobierno, ministros, parlamentos, defensores del pueblo y, en algunos casos, hasta con embajadas y estructuras económicas paralelas.

Han introducido la corrupción, que anidaba y florecía en los partidos políticos, en las instituciones del Estado y han utilizado el dinero público para beneficiar a los amigos y aplastar a los adversarios. Han creado un Estado insostenible, tan lleno de enchufados, casi todos familiares y amigos del poder, que hoy es insoportable e hiriente y que constituye el gran lastre de España, con un peso que impide al país despegar y crecer. Han trucado concursos publicos, robado, aplicado la ley con arbitrariedad, falseado oposiciones oficiales, falseado documentos, extorsionado y corrompido las transaciones e inversiones públicas, convirtiendo al país en un caldero de sinvergüenzas y de canallas provistos de salvoconducto oficial.

Dentro de ese mal de estupideces, errores, injusticias, abusos y desmanes, hay tres fechorías realizadas por los políticos españoles que claman al cielo: la primera es la destrucción sistemática de los grandes valores, poblando el país de delincuentes activos y potenciales, de corruptos, de aspirantes a poder robar, de borregos sometidos y dependientes del poder, mál educados y con alma de esclavo, propensos al fanatismo y al odio. La segunda es haber asesinado la democracia, transformándola en un «regimen» de facto que, al margen de la Constitución, es el que domina la política española, más próximo a una dictadura de partidos que a una democracia real, un sistema carente de ciudadanos en el que el político campea sin controles ni frenos, operando con una despreciable y anticívica impunidad no escrita pero real.

Han sometido a los poderes básicos del Estado hasta el punto de que los partidos controlan el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Han engordado el Estado sin prudencia y con una frivolidad obtusa, llenándolo de asesores, enchufados, familiares y amigos del poder.

Por último, han tergiversado la voluntad del pueblo y del legislador convirtiendo el Estado Autonómico en 17 pequeños Estados, arrogantes, cuajados de instituciones inútiles y de empresas públicas y departamentos duplicados y triplicados, con parlamentos que dictan una lluvia ridícula de leyes que siempre dicen lo mismo.

La tercera gran fechoría es haber inundado el país de una forma corrupta de proceder desde el poder, expandiendo la corrupción, como si fuera un virus, hasta los últimos rincones de la sociedad, destruyendo el alma de los españoles y haciendo del país en lider mundial de todo lo grotesco y vulgar: tráfico y consumo de drogas, blanqueo de dinero, trata de blancas, baja calidad de la enseñanza, fracaso escolar, inflación de coches oficiales, desprecio a los políticos, divorcio entre ciudadanos y políticos y un largo etcétera que ha convertido a España en un «país pocilga» y necesitado de ayuda internacional, motivo de honda preocupación para la comunidad mundial.

Concebidos para hacer valer ante el poder político los deseos y demandas de los ciudadanos, los partidos políticos, que en teoría deberían estar situados a medio camino, entre los ciudadanos y el poder gobernante, han abandonado al pueblo y se han apropiado del Estado. Para ellos era más rentable, aunque también mas sucio, antidemocrático y vil. Han preferido el poder y los privilegios al servicio y se han atrincherado en la ignominia. La endogamia, la corrupción, la falta de democracia y el ansia de poder han convertido a los partidos políticos españoles en gigantes egoístas, sordos y ciegos, incapaces de ver o escuchar los deseos y exigencias del pueblo, que en democracia deben ser atentidos.

Comunidadad Autónoma de la Región Leonesa

La Unión del Pueblo Leonés ha logrado este viernes en el pleno del Ayuntamiento de León el apoyo de PSOE y Podemos para sacar adelante la moción para pedir la autonomía del Reino de León, una comunidad formada únicamente por León, Zamora y Salamanca. La iniciativa, a la que votaron en contra Ciudadanos y Partido Popular, insta a remitir a las Cortes de Castilla y León y a las Cortes Generales del Estado, «el derecho a la constitución como Comunidadad Autónoma de la Región Leonesa».

En concreto, la iniciativa insta a que el Pleno «adopte los acuerdos que harían viable una autonomía para León». Esto pasa por «remitir al órgano legislativo autonómico el posicionamiento de este plenario en cuanto a que la Región Leonesa tiene derecho a constituirse en comunidad autónoma, instando a las Cortes autonómicas a iniciar los trámites para la consecución de la autonomía de la Región Leonesa de las tres provincias que lo conforman: León, Zamora y Salamanca».

A su vez, se reclama «remitir a las Cortes Generales del Estado este posicionamiento y la necesidad de revertir la actual situación de agravio con la Región Leonesa al ser la única región histórica de España que no es autonomía, con aprobación en el Congreso y el Senado de la creación de la comunidad autónoma de la Región Leonesa y la creación de cuantas instituciones en el ámbito legislativo, ejecutivo y jurisdiccional que puedan ser perceptoras de todas aquellas delegaciones de competencias y funciones como consecuencia de las transferencias a la nueva comunidad».

El portavoz de Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino, ha recordado que «Castilla y León se constituyó a pesar de la oposición del pueblo, ayuntamientos, diputaciones e instituciones leonesas, aplicando la dedocracia por Martín Villa, quien obligó a la Región Leonesa a formar parte de una comunidad absolutamente artificial», y que hoy en día tiene «un sentimiento de rechazo por mucho que las instituciones hayan obligado a anular a la Región Leonesa».

El leonesista ha insistido en que «no existe en la Constitución Española ningún mecanismo que impida la segregación de una Comunidad Autónoma para su conversión en una nueva», de manera que «solamente se requiera la reforma por parte de las Cortes y su remisión al Congreso para que una comisión paritaria tramite la reforma oportuna», informa Ical.

Así, Eduardo López Sendino ha explicado que «solamente con el voto a favor de dos tercios de los procuradores se iniciaría un proceso que requeriría la aprobación también con dos tercios de los municipios afectados» o en su lugar «una ley orgánica aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, que permitiría la vía más rápida.

Apoyo del alcalde

También ha apoyadado la moción el Partido Socialista, de manera que el alcalde de León, José Antonio Diez, ha asegurado que lo hacían por «un sentimiento total de la ciudadanía de no pertenencia a Castilla y León», para «mejorar la calidad de vida y el posicionamiento de León y sus habitantes», frente a «una y copulativa entre Castilla y León que, lejos de unir, marca la diferencia».

Diez ha considerado que la Región Leonesa es la «gran perjudicada» por una Comunidad «con una centralización abusiva y un agravio que se refleja en la pérdida demográfica y de proyectos de desarrollo, con una diferencia de PIB de 4.000 euros».

De hecho, la moción ha llegado al Pleno del Consistorio semanas despues de que el alcalde apuntara en público el derecho de León a constituirse en autonomía.

Por su parte, el concejal de Podemos, Nicanor Pastrana, ha mostrado también su voto a favor enfatizando que «viva León, España y la humanidad», al tiempo que ha puesto de relieve que «sobran elementos históricos para aprobar la moción, pero también fundamentos legales», mientras que «lo único que falta es voluntad política firme para luchar por la autonomía leonesa».

La «estrategia política de abrazar nacionalismos»

En contra votó el Partido Popular, cuyo portavoz, Antonio Silván, ha criticado la postura «estrategia política de abrazar nacionalismos» del Partido Socialista en toda la nación, y en concreto la «total ausencia de convicción leonesista» del edil leonés, José Antonio Diez, movido por «un interés electoral en la captación del voto de UPL» y para «tapar la mala gestión tras medio año de Gobierno en el que no se ha ejecutado ni un proyecto en la ciudad, mientras que vive de la gestión del anterior equipo».

De igual manera, se ha posicionado en contra el grupo Ciudadanos, ya que según apuntó el edil Carlos González Antón «es contraria a los planteamientos que necesita León, que no debe volver a la Edad Media y encerrarse en sus murallas», porque bajo su opinión «con la ruptura de la Comunidad Autónoma, ninguna empresa se asentaría en León si no sabe cuáles van a ser las reglas del juego ni los jugadores».

Concentración

Al tiempo que se estaba celebrando el Pleno, cerca de 300 personas se han congregado en la plaza de San Marcelo de León para reclamar el derecho de reconocimiento de la Región Leonesa como una de las constitutivas del Estado Español.

En esta línea, los congregados han indicado que esta reivindicación «debe ser un toque de atención a la conciencia» de los jóvenes leoneses y también de los diferentes «agentes políticos, económicos, sociales y sindicales», informa Ep.

La concetración ha sido convocada por las siguientes asociaciones: Conceyu País Llionés, Raigañu, Esllabón Lleonesista, Xunios por un Reinu, Plataforma pro-identidad leonesa, Lliga Celta Llionesa, Xuntanza, Ciudadanos del Reino de León, Asociación cultural Montaña de Vadinia, Plataforma Futuro Región Leonesa , Nos-Terra Maire y Ágora País Llionés.


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