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Tribunales

Vox se desinfla en el juicio del ‘procés’

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El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith (d), y el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández (i).
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EC.- El comienzo de las testificales abrió la puerta a que Vox abandonara su letargo en el juicio del ‘procés’. Aunque los 12 acusados optaron por ignorar al partido de Santiago Abascal en los interrogatorios de las dos primeras semanas, los testigos están obligados a responder a todas las partes y esto permitió que Javier Ortega Smith y Pedro Fernández protagonizaran un cara a cara con pesos pesados como Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría. Ambos abogados, sin embargo, chocaron contra un muro al plantear sus preguntas más políticas: el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena.

Esa semana comenzó mal para Vox desde el primer momento. El martes se adelantó el inicio de la sesión a las nueve y media de la mañana en lugar de a las 10, pero los abogados del partido no tomaron nota del cambio: Ortega Smith y Fernández llegaron tarde al Supremo y se les impidió entrar en la sala hasta el primer receso, por lo que tuvieron que seguir desde el exterior el arranque del interrogatorio al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Una vez dentro, tanto Cuixart como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell siguieron los pasos de sus compañeros y se negaron a responder a sus preguntas.

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El miércoles sí llegaron a tiempo y fueron los primeros en plantear preguntas al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà. El testigo había sido propuesto por el propio partido y se revolvió contra el tribunal nada más comenzar su declaración, ganándose así una advertencia de Marchena. Minutos después, el presidente de la sala volvió a intervenir, pero en esta ocasión para avisar al abogado Pedro Fernández de que no debía hacer preguntas que diesen pie a valoraciones: «Vamos a ver, señor letrado. No centramos lo que se pide de un testigo por iniciar la frase con ‘lo que usted conoce’, porque lo que le está pidiendo es una valoración», dijo. Fernández asintió y volvió a lanzar la pregunta con la misma fórmula, lo que llevó al juez a interrumpirle de nuevo: «Fíjese, señor letrado. Está usted intentando preguntar al testigo qué es lo que pensaba. Le está pidiendo no lo que percibió, sino que valore comportamientos ajenos, y tenemos que evitar esto».

La declaración del expresidente catalán Artur Mas transcurrió sin incidentes y entonces llegó el turno de la que fuera número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Al igual que la de Tardà, su comparecencia fue también propuesta por Vox, por lo que el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, fue el primero en plantearle preguntas. El abogado sacó cuestiones como sus reuniones con Junqueras o el despacho que tuvo la exvicepresidenta en Barcelona durante «la operación diálogo», discurriendo así la comparecencia con calma hasta que abordó el dispositivo policial del 1-O. «A la vista de lo ocurrido, resultaron cuanto menos insuficientes. ¿Por qué? Pues porque los propios informes de la policía…», dijo Ortega Smith antes de que Marchena le interrumpiera: «No conteste usted a la pregunta.

La pregunta iba bien orientada hasta que usted ha comenzado a responder», le advirtió el presidente del tribunal.

La declaración más esperada llegó por la tarde con Mariano Rajoy. Una vez más, Ortega Smith fue el primero en preguntar, para lo que lanzó un dardo después de que el expresidente dedicara su introducción a defender la actuación previa al 1-O: «Y a pesar de todo ello, se convocó el referéndum», señaló el abogado. Incómodo, Rajoy trató de esquivar el golpe: «Bueno… Eh… Yo creo que lo que se convocó no fue un referéndum, se intentó convocar un referéndum», argumentó. El resto del cara a cara se produjo sin roces, una declaración en la que el abogado, al igual que con Santamaría, volvió a incidir en si se planteó la aplicación del artículo 116 de la Constitución, aquel que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio.

El espectáculo de la CUP

La jornada del miércoles terminó con los testigos de la CUP dando un espectáculo. El ‘show’ arrancó con el exdiputado Antonio Baños y siguió con Eulàlia Reguant, quienes se negaron a responder a las preguntas de Vox «por dignidad democrática y antifascista». «Si me permite, señoría, yo me negaré a contestar a la acusación popular», comenzó diciendo Baños. «No, no puede», le respondió Marchena. «Sí, sí que puedo», insistió el exdiputado. El magistrado trató entonces de explicarle que los testigos deben responder a todas las partes, intervención en la que Ortega Smith se limitó a mantener la mirada fija en sus documentos.

El presidente del tribunal trató de reconducir la situación y ofreció la posibilidad de que las preguntas de la acusación popular fueran planteadas por el propio tribunal para «evitar el desenlace que no queremos poner en marcha», una opción a la que los abogados de Vox accedieron. Baños, sin embargo, siguió adelante con sus críticas y a Marchena no le quedó más salida que la deducción de testimonio para que un juzgado ajeno al Supremo investigue si su negativa a declarar tendrá o no una respuesta penal. Con Reguant la situación se repitió, por lo que los dos exdiputados tendrán que pagar por el momento una multa de 2.500 euros cada uno a la espera de ver las posibles consecuencias penales.

El choque con Rufián

El jueves siguieron adelante las testificales y la jornada arrancó con el lendakari Iñigo Urkullu, comparecencia en la que Vox volvió a preguntar sobre si se habló de aplicar el artículo 116 de la Constitución en sus conversaciones con el Gobierno. «No, en absoluto. Yo con el señor Rajoy no hablé del artículo 116», respondió el político vasco. Una vez terminada su declaración, llegó el turno del diputado Gabriel Rufián, quien siguió la línea de otros políticos catalanes citados como testigos y arremetió contra Vox, al que calificó hasta en dos ocasiones como un «partido de extrema derecha, xenófobo y racista» que le da «vergüenza» que actúe como acusación en el juicio. Pese a sus duras palabras, el diputado prefirió desmarcarse de la estrategia de los ‘cupaires’ y sí les contestó.Gabriel Rufián califica de ‘fake news’ la violencia el 20S: «Me chirría que se dijera que era una rebelión. Yo fui a comer, a merendar, yo creo que en una rebelión, a merendar no va la gente», asegurño.

La tercera semana del juicio, clave para Vox desde el punto de vista político, termina así con el partido acaparando titulares por los insultos que le han dedicado algunos testigos y no por sus preguntas a los representantes de lo que ha tachado en los últimos meses como «derechita cobarde». Aunque Ortega Smith y Fernández trataron de acorralar a los pesos pesados del anterior Gobierno con varias de sus preguntas, Marchena no dudó en cortarles en seco con cada salida de tono.

Trapero como testigo

Por parte de las acusaciones, solo la acusación popular que ejerce Vox había propuesto al major Trapero como testigo. El abogado y número dos de la formación, Javier Ortega Smith, estuvo durante el interrogatorio más preocupado por algunos aspectos colaterales del procés, como la supuesta destrucción de documentos en la incineradora de Sant Adrià del Besos o el número de llamadas a Jordi Sànchez, líder de la ANC, el 20 de septiembre de 2017, y por el organigrama del cuerpo policial, al que se refiere siempre como los “Mozos”.

Ortega Smith, en un interrogatorio confuso en el que fue saltando de idea en idea, se dejó en el tintero preguntas esenciales. Una de ellas fue las reuniones que la cúpula de los Mossos mantuvieron los días 26 y 28 de septiembre con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconsejero de Interior Joaquim Forn, en las que supuestamente los principales comisarios del cuerpo autonómico advirtieron a los líderes políticos de la posibilidad de incidentes violentos en caso de seguir adelante con el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre y pidieron –sin éxito- a los políticos que desconvocaran la consulta.

El juicio del ‘procés’ es el escaparate perfecto para la formación de Santiago Abascal, pero por el momento no han conseguido levantar la persiana.


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España

Justicia de chiringuito en Cataluña: La ciudad de la justicia de Barcelona convertida en 13, Rue del Percebe

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Barcelona, Juzgado de lo Penal número 8. 29 de Octubre de 2020.

Tras la llamativa, injusta y bárbara acusación contra D. Manuel Andrino y D. Pedro Pablo Peña por parte de la «Fiscalía del Odio», citándoles en los juzgados descritos más arriba, el sainete de la justicia escribe un nuevo episodio de disparate y esperpento.

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Tras tener a dos personas inocentes esperando en el opresivo y malsano ambiente de un Juzgado Catalán durante horas, se ha suspendido el Juicio por la incomparecencia del «testigo estrella» de la Fiscalía, un «Mozo de Cuadra» (traducción libre) al parecer testigo del libre ejercicio de la libertad de expresión que estas dos personas tuvieron la osadía de intentar ejercer en los dominios de la Generalidad, esa generalidad convertida desde hace muchos años en cueva de ladrones, cubil de criminales, madriguera de golpìstas y nido de carroñeros cretinoides.

Según se ha explicado a los dos comparecientes, el mozo en cuestión se encuentra aislado por ser «semoviente conviviente» de su esposa, enferma o infectada de SARS-Covid19. Cosa que por supuesto lamentamos en grado sumo.

Que la condición de «aislado» es evidente que se conocía desde hace días y se podía haber anulado el juicio sin perjuicio de hacer viajar a dos personas a Barcelona, es una reflexión que en el enrarecido ambiente de la «cosa» catalana obviamente no se ha podido concebir, debido, sin duda, a su permanente carencia de personal resuelto e inteligente, que logre hacer sinapsis con lo que en otras personas se encuentra dentro del cráneo y que en los patanes indepes sembrados a lo largo y ancho de la administración catalana se encuentra vacío.

El hecho cierto es que ahora mismo la (in)justicia catalana reflexiona con gran esfuerzo y aplomo para atinar con el dedo en el calendario y fijar otra fecha que pueda convenir y sea aceptada por las partes.

No hace falta decir que tanto D. Manuel Andrino, Jefe Nacional de La Falange, como D. Pedro Pablo Peña, Jefe Nacional de Alianza Nacional, grandes hombres de España, patriotas, y figuras ejemplares de nuestra Patria, cuentan con la total adhesión de ALERTA NACIONAL, así como con la admiración profesional y personal que tanto Carlota Sales, corresponsal de ALERTA NACIONAL en Cataluña, como la Dirección de este diario digital, les profesan.

Y tomando como propias las palabras finales de su comunicado, afirmamos:

CAMARADAS, NO ESTÁIS SOLOS.

CON NOSOTROS, QUIEN QUIERA. CONTRA NOSOTROS, QUIEN PUEDA.

ARRIBA ESPAÑA


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Sociedad

La Justicia ratifica la condena a Pablo Echenique por la contratación irregular de su asistente

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Al haber retirado el recurso ante el Supremo, el portavoz de Unidas Podemos tendrá que pagar a la Seguridad Social una sanción de 11.040 euros

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, tendrá que pagar definitivamente 11.040 euros de sanción a la Seguridad Social por la contratación irregular de su asistente.

Echenique ha desistido del recurso de casación que presentó en el Supremo a finales de 2019 contra la sentencia dictada meses antes por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Fuentes oficiales del Tribunal Supremo, que este martes cita Heraldo.es, han confirmado que el político ha tomado dicha decisión antes de que se hubiera dictaminado sobre la admisión o no a trámite del recurso.

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De esta forma, Echenique tendrá que hacer frente a la sanción económica que le impuso la Seguridad Social, que constató que hubo una relación laboral entre el político y el trabajador y, por tanto, incumplió la ley al no haberle dado de alta.

El expediente que se le abrió acabó con un acta de liquidación por 1.039 euros, a la que se le sumó una multa de 10.001 de la Inspección de Trabajo por considerar que cometió una infracción muy grave.

PAGOS EN NEGRO

Se confirmó que Echenique pagó “en negro” a su asistente en dos periodos, desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 y desde marzo de 2015 hasta abril de 2016.

La mencionada sanción se circunscribe a la segunda etapa, ya que habían transcurrido más de cuatro años desde el primer incumplimiento legal, que había prescrito.

En octubre de 2017 la Tesorería General de la Seguridad Social recurrió a los tribunales y el Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza le dio la razón en primera instancia en enero de 2019.

Entendía el juzgado que de haberse tratado de una prestación de servicios entre Echenique y su asistente se deberían haber emitido facturas, pero el político no aportó ninguna.

Por ello, la jueza sentenció que debería haber dado de alta a su asistente en el régimen de empleados de hogar, en el que cotizan los trabajadores que asumen el cuidado de dependientes.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos recurrió entonces ante el TSJA que en septiembre de 2019 desestimó todos los motivos de su impugnación.

A través de su recurso de casación ante el Supremo, el político solicitó la “unificación de doctrina”, dado que su defensa argumentó que había otra sentencia del Tribunal Superior de Madrid de distinto signo sobre un caso que entiende que es similar. Sin embargo, ahora ha desistido de continuar con el recurso.

“UNA OBVIA INJUSTICIA”

Desde el equipo de Pablo Echenique justifican su forma de proceder, argumentando que la mayor parte de las Leyes de Dependencia, la estatal y la de muchas comunidades autónomas, así como las guías de asociaciones y entidades del sector, indican que la contratación de asistentes personales de personas dependientes puede llevarse a cabo mediante la figura del autónomo. “Sin embargo, se multa a Pablo Echenique por hacer precisamente eso, incurriendo en una obvia injusticia y situando en una grave inseguridad jurídica a miles de familias con dependientes que seguramente se encuentran en la misma situación”, exponen fuentes próximas al portavoz de Unidas Podemos.

Esgrimen que sus sospechas de que “se actúa contra Pablo Echenique por ser quien es” residen en que no se ha encontrado jurisprudencia, sentencias similares previas. “Posiblemente Pablo Echenique sea la primera persona dependiente contra la que se actúa de esta manera en España. Por eso se ha decidido retirar el recurso de casación. Por no hallarse precedentes. Por supuesto, Pablo Echenique sigue estudiando las vías jurídicas posibles para revertir esta injusticia, que además de contra él, abre la puerta a causar mucho daño a las personas con dependencia y sus familias”.


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España

La Justicia, babeante y aquiescente, exculpa a Trapero y a la cúpula de Interior: Ni sedición ni desobediencia: Trapero es un patriota español

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La Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los MossosJosep Lluís Trapero, al considerar que no queda acreditado que diera apoyo a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 organizado por el Govern de la Generalitat en contra del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Las partes del juicio habían sido citadas mañana a las 9:30 en la Audiencia Nacional para que les fuera notificada la sentencia, aunque se ha conocido previamente, tal y como han confirmado fuentes jurídicas a La Vanguardia.

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La sentencia ha salido adelante con dos votos a favor y uno en contra, el de la magistrada Concepción Espejel, que ha defendido la existencia de un delito de sedición. El tribunal, con la ponencia de Ramon Sáez, no ha contemplado tan siquiera a alternativa de la desobediencia, que solo lleva aparejada una pena de inhabilitación.

Sáez siempre defendió que no se podía hacer responsable a Trapero por el referéndum del 1-O. El voto decisivo ha sido el de Francisco Vieira, quien inicialmente se inclinó por la desobediencia pero finalmente ha optado por acercarse a la tesis del ponente. Viera junto a Espejel son magistrados de corte conservador mientras que Sáez es progresista.

Voto particular por sedición

Según estas mismas fuentes, ante esta sentencia, Espejel ha formulado un voto particular en el que mantiene que Trapero ha cometido un delito de sedición, haciendo suya la tesis de la Guardia Civil, sobre todo del coronel Diego Pérez de los Cobos, quien sostuvo que los mossos actuaron pasivamente el 1-O para permitir y facilitar la votación que había sido prohibida judicialmente

La Audiencia también ha absuelto al exdirector de los Mossos, Pere Soler, al que fue segundo en Interior, César Puig, y a la intendente Teresa Laplana. El contenido íntegro de la sentencia se conocerá mañana y cuenta con un voto particular de la magistrada Concepción Espejel.

La Fiscalía solicitaba para Trapero diez años de prisión por un delito de sedición con la alternativa del delito de desobediencia, que no acarreaba pena de cárcel sino una mera inhabilitación. El Ministerio Público sostenía que los Mossos, bajo las órdenes de Trapero, colaboraron para facilitar que el 1-O se celebrara, como paso previo e indispensable para declarar la independencia de Catalunya.

El ministerio público también hacía responsable a Trapero por no frenar las concentraciones del 20 de septiembre de ese año ante varios organismos públicos, principalmente ante la Conselleria d’Economia, mientras la Guardia Civil realizaba un registro para frenar la organización del 1-O. Por estos hechos, el Tribunal Supremo condenó a diversos dirigentes políticos a penas de hasta 13 años de prisión por sedición.

El conseller de Interior del Govern, Miquel Sàmper, señaló ayer lunes en una entrevista que en caso de absolución le ofrecería al mayor que vuelva a ser un dirigente del cuerpo de la policía autonómica catalana, aunque él mismo ya había declinado esa opción. “Parto de un no, pero tengo la obligación de hablar con Soler, Puig, Laplana y Trapero”, afirmó Sàmper en Ràdio 4.


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España

¡Tiembla el Gobierno rojo! Marlaska, al borde de la imputación judicial: El Supremo estudia abrir una investigación por el cese de Pérez de los Cobos

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La querella presentada por Ramón Trillo sigue avanzando y poniendo en ‘jaque’ al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Tribunal Supremo solicitó al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre si se debe o no investigar al Ministro de Interior.

Fernando Grande-Marlaska está a un paso de ser imputado, siguiendo los pasos del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

J.A. Puglisi.- El Tribunal Supremo solicitó al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre si se debe o no investigar al Ministro de Interior como presunto autor de los delitos de encubrimiento y abandono de destino durante el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

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A favor de Grande-Marlaska está que la Fiscalía General del Estado está en manos de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

Sin embargo, en contra tiene que la querella en su contra fue presentada por Ramón Trillo, un empresario que, además, es el hijo del expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Es importante recordar que, hace un mes, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, preparó un informe en el que instaba al tribunal a rechazar todas las querellas que se presentasen contra el Gobierno por su gestión de la pandemia.

A pesar de que Navajas aludía a querellas presentadas contra Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos, pero en ningún momento hace referencia a la presentada por Trillo, que por ahora sigue tramitándose, como indica Vozpópuli.

El polémico cese de Pérez de los Cobos se produjo después de que el coronel se negase a informar sobre el contenido del informe que preparaba la Guardia Civil sobre José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por su actuación en el 8-M.

Según Ramón Trillo, Pérez de los Cobos fue cesado por cumplir las órdenes de la jueza Carmen Rodríguez-Medel y no trasladar a sus superiores el desarrollo y las conclusiones del citado informe.

El Estado de Derecho

“Soy consciente de que nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España”. Así de contundente fue Diego Pérez de los Cobos en junio de 2020.

Para defenderse de la ‘purga’ de Grande-Marlaska, Pérez de los Cobos interpuso un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior y acudió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El coronel está convencido de que la investigación del 8-M llevó a su cese.

Pérez de los Cobos desveló, en el recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra su cese, cómo fueron sus últimas horas frente a la jefatura de la Comandancia de Madrid.

Pérez de los Cobos afirmó que recibió un ‘tsunami’ de llamadas y reuniones, además que existía una verdadera preocupación del Gobierno por el ‘caso del 8-M’.

En el recurso, el coronel denunció que el Ministerio de Interior tenía firmada su destitución antes incluso de darle la posibilidad de explicarse.

Sin embargo, el guardia civil está convencido de cuál fue el motivo de su fulminante cese: no informar a sus superiores de la investigación del 8-M que mortificaba el Gobierno.

Pérez de los Cobos detalla que, en la noche del domingo 24 de mayo, recibe la llamada de una persona que le pasa al teléfono con la directora general María Gámez.

Es María Gámez quien le informa de que es la dirección del Ministerio del Interior la que ha decidido su cese por no informar de la investigación judicial que seguían sus subordinados en torno a las manifestaciones autorizadas en Madrid antes del estado de alarma, en especial la marcha feminista del 8-M.

Como si fuera poco, el coronel adelantó que Gámez admitió que eran unas pesquisas sensibles y que interesaban al Gobierno.

Además, la directora general dio muestras tener conocimiento de los trabajos realizados por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. En concreto, mencionó el número concreto de folios y tomos de las pesquisas.

Es importante recordar que Pérez de los Cobos cuenta con un ‘as’ bajo la manga:

La nota de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, donde reconoció que el mando fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Una situación que apunta a una violación de la separación de poderes y que podrá dar al coronel su cargo de vuelta.

Irónicamente, Gámez intentó ‘hacer borrón y cuenta nueva’ dentro de la Benemérita. El 1 de junio la directora general pidió a la nueva cúpula de la Guardia Civil “mirar hacia adelante”, tras las ‘purgas’ de Marlaska.


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