Opinión
Carta a un votante del PSOE
Dice usted que vota al PSOE porque defiende los intereses y derechos de los trabajadores, pero no acabo de creerlo. Si usted tiene memoria y una poco de cultura histórica, sabrá que cuando el PSOE tuvo poder, en la república, sus medidas aparentemente favorables a los obreros elevaron el desempleo, el hambre y la miseria mucho más que antes. Y que en el Frente Popular sus políticas trajeron la mayor hambre que haya sufrido España en el siglo XX, bastante peor que la de los años 40. Y que cuando el PSOE volvió al poder con Felipe González dejó un saldo de tres millones de parados mientras cultivaba la “cultura del pelotazo”. Y con Zapatero el paro llegó a los cinco millones. Sabe que Andalucía es la región con más paro (y corrupción, junto con Cataluña) y mayor estancamiento económico después de varios decenios de gobierno socialista. Cuando se mencionan estas cosas, el PSOE siempre sabe echar a otros las culpas, pero si presta usted más atención a los hechos que a las palabras tendrá que concluir que hay algo extraño en esa retórica de “defensa de los trabajadores”.
Usted entiende seguramente que la nación es la base de una convivencia pacífica y libre entre españoles, mientras que de su disgregación, ya en proceso avanzado, saldrían unos cuantos estaditos impotentes y hostiles entre sí, juguetes de potencias exteriores. ¿Quién en su sano juicio puede desear tal cosa? Esto es mucho más importante que si los impuestos suben o bajan uno o dos puntos.
Se habla mucho últimamente de la historia criminal del PSOE, y sospecho que usted vota a ese partido fundamentalmente porque no la conoce. Es criminal porque ha provocado repetidamente el enfrentamiento violento y armado entre españoles, porque destruyó la legalidad republicana en unas elecciones fraudulentas, entregó a Stalin las reservas financieras españolas convirtiendo al genocida soviético en verdadero amo del Frente Popular, porque organizó chekas y crímenes brutales durante la guerra y expolió bienes públicos y privados, a ricos y a pobres. Esto está ampliamente documentado, y lo he expuesto en varios libros y vuelvo a recordarlo en otro próximo a publicarse. Fíjese en que lo más grave fue aquella destrucción de la legalidad, porque el respeto a la ley democrática es lo que permite la convivencia entre los distintos intereses y aspiraciones que existen en la sociedad. En esa destrucción está la causa profunda de la guerra civil.
Bien, dirá usted, también los contrarios cometieron crímenes, y en todo caso es agua pasada. Pero no es agua tan pasada, porque el partido al que usted vota quiere imponer por ley que creamos una versión partidista de los hechos, a su conveniencia. Y esto es un nuevo ataque a la legalidad, a la actual Constitución y a la democracia, porque socava las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra. Es gravísimo y se quiere hacer pasar, empezando por el PP, por un asunto de poca relevancia. En una democracia, la historia no se impone por ley desde el poder, eso solo ocurre en tiranías como la de Corea del Norte o la actual de Venezuela. En ningún lugar se impondría por ley que Colón descubrió América o que Roma latinizó Hispania. ¿Por qué, entonces, se ha impuesto esa ley de memoria histórica? Porque su versión de la historia es completamente falsa y solo puede sostenerse mediante la coacción y las subvenciones del poder. Esto es un verdadero crimen que se está cometiendo ante nuestros ojos sin que muchos quieran verlo.
La historia criminal del partido al que usted vota, repito, no es cosa del pasado. Volvió al poder en 1982, con el lema de “cien años de honradez” – tan poco honrado con la verdad, e insisto en que es preciso a todos conocer la historia–, y declaró la muerte de Montesquieu, es decir, de la independencia judicial. Esta independencia es sin embargo un fundamento radicalmente necesario de la democracia, pues sin él la arbitrariedad y la tiranía se van imponiendo inexorablemente. Y acabamos de ver algunos efectos de esa muerte de Montesquieu en la sentencia del Supremo sobre los golpistas separatistas y en la sentencia sobre la profanación de la tumba de Franco, un acto arbitrario y tremendamente ofensivo para millones de españoles, un acto contra la paz y la democracia.
Democracia que de ningún modo se debe al PSOE, cuya tendencia se manifiesta precisamente en la ley citada y la ofensiva contra Montesquieu. Ni siquiera el PSOE puede jactarse, al revés que los comunistas, de haber hecho oposición al hombre de quien cuarenta y cuatro años después quiere vengarse de manera inauditamente ruin y cobarde. Ya es bastante significativo que el PSOE coincida con los separatistas, los comunistas “venezolanos” de Podemas, con el PP de los señoritos cutres, con la ETA legalizada, con los parlanchines de Ciudadanos, en ese odio feroz a Franco. Esa mera coincidencia dice mucho más que largos discursos.
Y yo le digo, votante del PSOE: votar sin conocimiento al menos general de la historia y sin otra información que la verborrea infame de los partidos mencionados, es contribuir a un proceso de destrucción de la democracia, de la convivencia en paz y en libertad de los españoles, y de disgregación de la nación española, sin la cual nos acechan los males del pasado. Decía el filósofo Santayana que un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla. A repetir lo peor de ella. Le ruego que tenga usted esto en cuenta a la hora de votar.
España
«La ceja» corrupta de la PSOE: El juez señala la intervención de Zapatero en operaciones de oro, petróleo, acciones y divisas
El expresidente del Gobierno está citado en la Audiencia Nacional el 2 de junio como investigado por tres delitos
José Luis Rodríguez Zapatero tenía una «intervención directa» en operaciones internacionales «de alto valor económico». Entre esas operaciones se insertan las relativas a productos petrolíferos, de oro, acciones y divisas. La trama presuntamente liderada por el presidente del Gobierno, citado a declarar el próximo 2 de junio como imputado, operaba tanto en España como en el extranjero. Tenía contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos, según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El exdirigente socialista niega haber hecho gestiones a favor del rescate de Plus Ultra, aunque las intervenciones telefónicas a los directivos de la aerolínea le mencionan de forma constante.
Calama atribuye a Zapatero el liderazgo de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». El magistrado imputa al expresidente del Gobierno tres delitos: tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
«La operativa de la red presenta rasgos comunes: (creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), coordinación digital constante mediante correos electrónicos, mensajería y archivos compartidos, canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal, uso de administradores testaferros, e intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas», señala el auto.
Los pagos a Zapatero
El juez insiste en que los indicios recabados muestran que los clientes de la red, entre los que se encontrarían Plus Ultra y dos de las empresas registradas este martes, Inteligencia Prospectiva y Softgestor, abonaban cantidades significativas por «servicios de asesoría inexistentes». Estos fondos redistribuidos al entorno de Zapatero, como su amigo Julio Martínez Martínez y las empresas de sus hijas, Whathefav. Calama cifra en casi dos millones de euros la cantidad obtenida de forma ilícita.
Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos, pero también de otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala.
La correspondencia entre Julio Martínez Martínez y Domingo Arnaldo Amaro Chacón, de Inteligencia Prospectiva, confirma que este último es cliente de la red organizada. La empresa actuaría como vehículo de pago de servicios prestados por la trama. Las comunicaciones intervenidas revelan que el empresario venezolano y el presunto testaferro de Zapatero mantienen una relación mercantil continuada desde al menos septiembre de 2021, vinculada a operaciones internacionales de alto valor económico a las que se refiere Calama en su auto de 85 páginas.
En esas conversaciones, Amaro Chacón remite a Julio Martínez Martínez cartas de intención dirigidas a la Oficina del presidente Zapatero, lo que evidenciaría la conexión directa entre Inteligencia Prospectiva, su administrador y la red organizada para el ejercicio de influencias. La secuencia de comunicaciones muestra que el empresario venezolano actúa como intermediario en operaciones internacionales, mientras que Inteligencia Prospectiva se utiliza como canal financiero para efectuar pagos a Análisis Relevante y otras sociedades del entramado.
Fondos extranjeros
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sostiene que Inteligencia Prospectiva es una sociedad instrumental, cuya función es introducir fondos en España y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría. La empresa realizó pagos a Whathefav y Gate Center, entidades vinculadas directamente a Zapatero. Según el auto, esto «refuerza la hipótesis de que la sociedad forma parte del circuito económico de la red organizada, actuando como punto de entrada de fondos extranjeros y como nodo de redistribución hacia los beneficiarios finales».
Calama señala que de los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo en Venezuela, era necesario solicitarlo a la red presuntamente liderada por Zapatero mediante la preceptiva carta de intenciones o Letter of Intent (LOI). Los interlocutores revelan que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir (que precisarán con posterioridad), al señalar que «necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención». Estos identifican a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que denominan La Dama, como la persona que controla la asignación de los buques.
«La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos». Finalmente, remiten la LOI en la que constan los datos de contacto de Zapatero y la dirección postal designada para su envío. «Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante» del expresidente del Gobierno, quien «dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política». Delcy Rodríguez fue ministra de Economía y Comercio de Venezuela entre septiembre de 2020 y agosto de 2024 y desde ese momento hasta el pasado marzo, titular de la cartera de Hidrocarburos.
Los interlocutores insisten en las comunicaciones intervenidas en que se trata de «una empresa que depende del Partido Comunista Chino», que revela la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria. El auto subraya que Gate Center, un think tank sin ánimo de lucro creado en Madrid en 2022, recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva mientras Zapatero era presidente de su consejo asesor.
