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España

“¿Cuándo se jodió Podemos?”

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Antonio Martín Beaumont (Reproducido LR)..- Me dice un ex dirigente morado cercano a Íñigo Errejón, tirando de sarcasmo: «Andan estos días muchos de mis antiguos compañeros emulando a Mario Vargas Llosa y preguntándose en voz alta: “¿Cuándo se jodió Podemos?”». En la dura resaca del destructor ciclo electoral, que ha dejado el partido «en las raspas», muchos se acuerdan de la depuración sin piedad del errejonismo por parte de Pablo Iglesias días después de su victoria en Vistalegre II.

Otros lamentan que «el líder» desoyera los consejos de poner en pie una estructura territorial para un partido que tenía entonces la ambición del sorpasso al PSOE. Iglesias prefirió, en otro ejemplo del ordeno y mando «característica de la casa», subcontratar marcas regionales sin ligazón alguna, alquilar las siglas moradas al mejor postor o entregarlas directamente a plataformas independentistas como la de Ada Colau, en busca –que se demostró equivocada– de engordar artificialmente sus filas.

Pero la inmensa mayoría de los responsables de Podemos coinciden en que el «antes y después» de Pablo Iglesias fue la adquisición del «casoplón» de la sierra de Madrid junto a Irene Montero. Con total opacidad, recuerdan, ya que fue un medio de comunicación el que descubrió tan insólita noticia a los «inscritos» en los círculos, quienes, se suponía, eran la argamasa del proyecto y los primeros receptores de lo que se cociera en la formación.

Con la primera paletada de cemento en las obras del chalet de Galapagar, la «pareja dirigente» Iglesias-Montero enterró el santo y seña de Podemos: la lucha de la «gente» contra la «casta». Y, de paso, sepultaron su crédito político y la ilusión de miles de cuadros y militantes que sí creían que sus siglas suponían un soplo de aire ético, el primero en décadas, contra el bipartidismo, para terminar de una vez por todas con la corrupción y la oligarquía de la política.

Al fin y al cabo, aunque ese chalet escenificaba el afán de una pareja joven española de levantar un proyecto familiar en común, endeudarse, aspirar a la propiedad privada, tratar de progresar… Nada más burgués y menos revolucionario. Nada más propio de un votante de manual del PP o de Ciudadanos, o también del PSOE. Y de cualquier partido militante en esa «vieja política» que Iglesias había llegado para dinamitar. Una descomunal incoherencia en un defensor del «se piensa como se vive». ¿Alguien se acuerda de aquella proclama del secretario general de Podemos, que tanta agitación causó, de «tomar el cielo por asalto»?

De los polvos de esa «reforma» en el chalet de los 600.000 euros y de la hipoteca inverosímil que a muchos «heló el corazón», han llegado los lodos del 26-M. Primero fue la espantada de Errejón y los suyos, que se olieron esa deriva personalista y autoritaria (¡cuántas similitudes con el antecedente de la efímera UPyD de Rosa Díez!), y ahora la sospecha para cientos de miles de votantes de que Iglesias ha convertido su partido en una cómoda forma de ganarse la vida para él y las élites que le rodean, y en una herramienta perfectamente inútil para sus bases.

Fue Lincoln quien dijo aquello de que «se puede engañar a todo el mundo algún tiempo… se puede engañar a algunos todo el tiempo… pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo». Tal es el drama de Pablo Iglesias e Irene Montero y de su blindada guardia de corps (Alberto Rodríguez –ahora en el papel estelar de Pablo Echenique–, Rafa Mayoral, Juanma del Olmo, Ione Belarra, Noelia Vera y Gloria Elizo): que para muchos de sus votantes que han huido de vuelta al PSOE de Pedro Sánchez, Podemos se ha convertido en una secta destinada a garantizar el «modus vivendi» de los que la dirigen.

Y en eso trabaja ahora Iglesias, en el lampedusiano «cambiarlo todo para que nada cambie»: autocrítica que nunca llega, nuevas sucursales territoriales que sustituyan a las que se han hundido el 26-M (como la de ese José García Molina que ha pasado de flamante vicepresidente de Castilla-La Mancha a engrosar las listas del paro), una tregua con los anticapitalistas de los ahora triunfantes «Teresa y Kichi»… y ganar el tiempo suficiente para pilotar su «abdicación» en Irene Montero, la elegida para que la «empresa» continúe.

Esa élite y al menos unas decenas de diputados tienen garantizado un sueldo público los próximos cuatro años, a la espera de ver si Sánchez acepta que Iglesias y algunos de sus elegidos pisen además las moquetas ministeriales. Eso sí, los pocos estrategas políticos que quedan en Podemos, esos que todavía no han huido (como lo hicieron, defenestrados o poco antes de ser «fusilados al amanecer», Tania Sánchez, Sergio Pascual, Carlos Jiménez Villarejo, Eduardo Fernández Rubiño, Carolina Bescansa, Luis Alegre, Lorena Ruíz-Huerta, Rita Maestre o el propio Íñigo Errejón, por citar solo los más renombrados de un interminable listado de bajas), saben que el actual Podemos es «pan para hoy y hambre para mañana».

«Lo peor que nos puede pasar es resignarnos a sobrevivir para vivir de esto sin cambiar nada», comenta otro miembro de Podemos que estos días recoge sus pertenencias del despacho del Ayuntamiento de Madrid que lo ha albergado estos años. Mientras cientos de cargos públicos en toda España le imitan y los trabajadores del partido reciben sus cartas de despido –con las indemnizaciones de la reforma laboral del PP, que tanto denigró Iglesias –, la formación emergente que en 2015 llegó para «cambiarlo todo» es hoy la cuarta fuerza política y sufre una merma de influencia impensable hace sólo unos meses.

Las incoherencias, caprichos y fobias de Pablo Iglesias han deshilachado Podemos. Ese mismo que no hace tanto gritaba con insolencia revolucionaria: «¡Sí se puede!». Como en la metamorfosis de Kafka, aquel rebelde con causa es hoy un burgués de libro. Un político que busca confundirse con el paisaje, a la espera que Pedro Sánchez le lance un pacto-salvavidas que le permita sacar la cabeza de las procelosas aguas internas que le ahogan cada vez más.


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Castilla-La Mancha

Carmen Lomana, sobre su hermano, diputado de Vox: “Si la gente supiese lo que este delincuente ha robado a la familia”

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Rafa Lomana
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La colaboradora de medios de comunicación, Carmen Lomana, ha criticado duramente a su hermano, Rafa Lomana, que fichó por Vox a principios de este año y que ya ha conseguido escaño en el Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete. Rafa Lomana fue uno de los candidatos que será, como los otros 51, miembro de la Cámara Baja tras las elecciones del pasado 10 de noviembre.

“Mi hermana María José lloraba el otro día y decía: ‘que injusta es la vida, con lo malo que ha sido para nosotros, para nuestra madre, verlo entrar en el Congreso de los diputados, con todo lo que nos ha robado… si la gente lo supiese”, ha manifestado Lomana. Dijo a continuacón: “Que se preparen, porque este tío es un delincuente. Pero aparte de eso, es que es tonto. No se puede ser más tonto, menos culto, menos formado. Es un desastre”, manifestó.

Sobre el papel de su hermano en el partido de Santiago Abascal, Lomana dijo: “A mi me asombra, porque puede llegar a presidente del Gobierno”. “¿Cómo alguien que lo único que puede ser, es un buen deportista, está cobrando 5.000 euros en el Congreso?”, se pregunta Lomana que se cuestiona que “tengan como mínimo una buena formación”. “No me digas que no es un chollo meterse en política”, “es de risa”, declaró.

“No solo Rafael, muchísima gente se ha metido en Vox por tener un sueldo o una profesión… No le veo defendiendo asuntos de Albacete, cuando nunca ha estado allí”, subrayó.

La popular tertuliana televisiva también aclaró cómo se produjo la incursión del ya diputado de Vox como presentador televisivo: “Nunca fue presentador. Yo le presenté a Basile en una cena y siempre he procurado ayudarle. Hizo dos programas con Calleja y medijo ue no lo aguantaba ni un minuto más. Es el peor compañero que puedes imaginar. Tenemos un hermano tonto, vago, que ha salido diputado sin haber hecho nunca nada y ya tiene un sueldo”, apostilló.


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España

La Plataforma Elecciones Transparentes denuncia el incumplimiento de la ley en el escrutinio general

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(Remitido) La Plataforma Elecciones Transparentes, que está realizando una labor de vigilancia por la limpieza del proceso electoral, ha coordinado la asistencia de cientos de ciudadanos a los escrutinios generales (recuentos definitivos) de 36 Juntas Electorales Provinciales (JEP), del 13 al 15 de noviembre. Tras acudir los días del escrutinio, hemos comprobado que en la mayoría de ellas no se ha realizado un recuento manual de los votos de las actas, como dicta la Ley Electoral, sino que sólo se han cotejado con los resultados provisionales que ofrece INDRA, dándolos por válidos.

Por tanto, la Plataforma ha denunciado en diferentes Juzgados la vulneración sistemática de la Ley Electoral, que dicta en su artículo 106.1 que la Junta debe “verificar sin discusión alguna el recuento y la suma de los votos admitidos en las correspondientes Mesas, según las actas o las copias de las actas de las Mesas”, y no cotejarlos con los resultados provisionales. Estos hechos podrían ser constitutivos de delito electoral, previsto en los artículos 139 y 140 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En la mayor parte de las Juntas tampoco se siguieron los artículos 103.2 y artículo 107.1, que indican que el acto no debe interrumpirse hasta acabar una sección. Tampoco se extendió en la mayoría de ellas un Acta de sesión en la que se deben reflejar las incidencias. Por otro lado, el escrutinio del voto CERA no fue realizado en la mayoría por la Mesa sino por funcionarios, vulnerando el artículo 75.11.

Cabe destacar que la Junta Electoral Central, en su resolución del año 2015, ordenó a la Junta Provincial de Sevilla hacer el recuento manual como había solicitado Vox, y desde entonces viene recordando, en cada periodo electoral, a las JEP y a las JEZ (Juntas Electorales de Zona) su obligación de hacer el recuento MANUAL. Así, el mismo día de las elecciones, el domingo 10 de noviembre, la Junta Electoral Central consideró necesario recordar una vez más a las Juntas Provinciales su deber de hacer el escrutinio general como dicta la LOREG: haciendo el recuento de todas las actas. (Sesión JEC: 10/11/2019, Núm. Acuerdo: 717/2019), mandato incumplido por la mayoría de ellas.

En diversas Juntas Electorales, los funcionarios y jueces han afirmado a nuestros voluntarios que no ven necesario hacer un recuento manual, ya que “con los medios informáticos ya se puede comprobar”. El periodista José María Arenzana, autor del recurso que Vox interpuso en 2015 para hacer el recuento manual en Sevilla, explica en una entrevista: “Si no hacemos la suma manual acta por acta, no podemos saber si la suma que ha realizado el ordenador de INDRA contiene algún comando, algún algoritmo o alguna instrucción oculta para manipular los resultados. En definitiva, estamos dando por válidos los resultados provisionales sin hacer el escrutinio general como ordena la ley”. Ver entrevista aquí.

A la vista de estos gravísimos hechos, los ciudadanos que han asistido a las JEP están interponiendo denuncias en los juzgados, con el apoyo legal del equipo jurídico de la Plataforma.

Acerca de la Plataforma Elecciones Transparentes

La Plataforma Elecciones Transparentes es una organización ciudadana independiente y apartidista, que no recibe subvenciones y cuyo objetivo es la salvaguarda de la limpieza del proceso electoral en España. Más información en la página web www.eleccionestransparentes.wordpress.com.


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Cataluña

Torra admite que “desobedeció” la orden de retirar los lazos por “ilegal” y advierte: “No renunciaré a la autodeterminación”

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El presidente catalán, Quim Torra, ha admitido que “desobedeció la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos por considerarla “ilegal”, aunque se ha declarado este lunes no culpable ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Lo ha hecho durante el juicio por desobediencia a la Junta Electoral durante la campaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación. Aún así, ha dado la “bienvenida” a una posible condena porque, ha advertido, “nunca” renunciará al “derecho de autodeterminación” en Cataluña. El juicio ha quedado visto para sentencia.

“Si la pregunta es si acaté o no la orden de la JEC de retirar los lazos, la respuesta es ‘claro que no’, no podía ni tenía que hacerlo como presidente de la Generalitat. Si es si la tenía que acatar (…) no se puede acatar una orden que es ilegal”, ha expuesto durante su turno final de palabra.

Torra ha insistido en acusar a la JEC de prevaricar y considera además que pudo incurrir en “un delito de coacciones” al haberle ordenado retirar los lazos amarillos pese a “no tener facultades”. Durante su comparecencia también ha criticado la falta de imparcialidad del tribunal y de la Fiscalía -que “no es garante de la legalidad sino de los intereses del Gobierno”- en un “juicio político” en que por primera vez se sienta un presidente catalán en el cargo. De esta forma, ha vuelto a reivindicar el “proceso de independencia” como “única opción de los catalanes para que sus derechos sean respetados”.

“Bienvenida sea la condena”

El presidente catalán ha anticipado que la prohibición de colocar lazos amarillos y simbología respecto a la sentencia del ‘procés’ pueda causarle “otra querella” y ha añadido respecto a este juicio: “Si me condenan por defender los derechos de los catalanes, bienvenida sea la condena”. “Nunca renunciaré al derecho de autodeterminación en Cataluña, ni a defender a nuestros presos políticos y exiliados ni a la dignidad de todos aquellos que han ostentado el cargo de la Generalitat y me han precedido”, ha añadido.

“Este tribunal me puede condenar, pero no cambiarán la legitimidad de los que me eligieron”, así como su “compromiso” con el pueblo de Cataluña, ni la “voluntad” de éste, ni “el destino de este país”, ha zanjado, aventurando que su condena será la condena del Estado y de la justicia española.

El presidente de la Generalitat se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, que ejerce Vox, en este último caso por tratarse de “un partido franquista”. Durante la presentación de sus conclusiones por la tarde, tanto la Fiscalía como la acusación popular han pedido que la sentencia sea condenatoria.

Torra es el primer presidente catalán en activo en someterse a un proceso judicial y el tercero consecutivo perseguido por la justicia por su papel en el proceso independentista. Se juega su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público, una pena que podría apartarle de la Generalitat una vez que la sentencia sea firme, si así lo ratifica el Tribunal Supremo. En ese caso, asumiría la responsabilidad del Govern, el vicepresidente Pere Aragonés.
Los argumentos de la defensa

Las claves del juicio están en varias cuestiones. Por un lado, la defensa de Torra sostiene que la Junta Electoral Central “carecía de competencias” y tenía “un interés directo” en el caso, así como que las órdenes emitidas por este organismo no eran “claras” al referirse tanto a los lazos amarillos como a las ‘esteladas’ y que finalmente las órdenes del órgano electoral terminaron siendo una acto de “censura total”. Por otro lado, expone el abogado Gonzalo Boye que Torra no tiene potestad sobre todos los edificios que componen la Generalitat.

Ambos argumentos han sido rechazados tanto por el Fiscal, Francisco Bañeres, como el letrado de Vox, Juan Cremades, que consideran acreditada la competencia de Junta Electoral Central como organismo “constitucional” para emitir órdenes al ‘president’ y ante la ausencia de una Junta Electoral autonómica. También han considerado que, después de la tercera advertencia lanzada por la JEC en marzo, cuando por una orden del conseller del Interior, Miquel Buch, los lazos y las pancartas fueron retirados en un plazo de 48 horas, queda demostrado que Quim Torra tenía capacidad para ordenar la retirada de los lazos y símbolos de todos los edificios de la Generalitat.

Por último, el tribunal ha denegado la petición de nulidad del procedimiento realizada por la letrada de Torra, Isabel Elbal, que consideraba que se había vulnerado la presunción de inocencia de su cliente. El proceso carece de imparcialidad, según la letrada, que además en un momento de su intervención ha esgrimido el hecho de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, diera a entender en una entrevista que la Fiscalía recibe órdenes del Ejecutivo.

La expresión “presos políticos” es “consenso” de la sociedad

Para el president era “importante” que se colgara un cartel de apoyo a los políticos presos porque expresa el sentir “mayoritario” de la sociedad catalana y los lazos “deberían ser patrimonio común”, ya que “no son partidistas ni es propaganda”. Durante su comparecencia, ha defendido además que la expresión “presos políticos” no es patrimonio de ningún partido, sino fruto del “consenso” de la sociedad catalana, “por mucho que incomode o alguien se levante de la sala” cuando las escucha s

Torra se refería así al hecho de que tanto el presidente del TSJC y de la sala que lo juzga, Jesús María Barrientos, como el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que lo acusa en el juicio, abandonaran un acto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, en febrero de 2018, molestos por que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aludiera a la existencia de “presos políticos”. La Fiscalía ha respondido por la tarde, sin embargo, que el lazo no es un símbolo “neutral” ni “compartido por todos los catalanes”.


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