Opinión
El arzobispo castrense de España se descalifica a sí mismo con su ejecutoria. Por el Coronel de Infantería Efrén Díaz Casal
Excmo. y Revmo. Sr. D. Juan Antonio Aznárez Cobo, arzobispo castrense de España:
Desde mi sincero deseo de que el tratamiento protocolario que le corresponde, y que respeto en esta misiva, no sea un simple eufemismo por cuanto pudiera discordar de la ejecutoria de V. Excia. Revma. le envío estas líneas sobre un añejo asunto de suma trascendencia rogándole su lectura.
Reitero a V. Excia. Revma. que el asunto en cuestión deriva de que Esther Gómez Morante, en la fecha de los hechos concejala presidenta del distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid, del partido de extrema izquierda Ahora Madrid, actualmente Más Madrid, prohibió la procesión del Corpus Christi de mi parroquia castrense el domingo 29 de mayo de 2016.
Las atribuciones aducidas por la citada concejala en su resolución prohibitoria vulneran la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, cuyo artículo octavo dispone que “La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones “deberán ser comunicadas” por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas…”
Es obvio que la autoridad gubernativa correspondiente son los delegados o subdelegados del Gobierno según establecen los artículos 73.3 y 75.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las autoridades municipales no están consideradas como autoridades gubernativas en ningún texto legal, por cuanto “solicitar autorización al ayuntamiento” para la celebración de actos religiosos en la vía pública vulnera la Ley Orgánica 9/1983 y por añadidura, entre otros, el artículo 14 de nuestra Constitución, al discriminar a la población católica que “solicita autorización” a su respectivo ayuntamiento en lugar de “comunicar” sus actos religiosos en la vía pública a la Delegación o Subdelegación del Gobierno como cualquier otro ciudadano.
Le recuerdo que desde su nombramiento el pasado 15 de noviembre como arzobispo castrense de España, le he enviado 2 correos electrónicos a su cargo de Vicario General de la diócesis de Pamplona-Tudela, sin respuesta hasta la fecha.
Asimismo, al tomar posesión de su cargo de arzobispo castrense de España y ante su silencio a mis 2 correos anteriores, dada la trascendencia del caso, el martes 11/01/2022 le remití un mensaje sometiendo a su consideración unas reflexiones semejantes a las presentes esperando en vano encontrar en V. Excia. Revma. el interlocutor válido para mantener un diálogo racional y constructivo al efecto, volviendo a recibir la descortesía de su silencio.
Estas reiteradas faltas de cortesía revelan una evidente y contumaz animosidad hacia mí que supone una inconveniente respuesta a mi pretensión de que el arzobispado castrense de España respete la Ley Orgánica 9/1983 por motivos aún no explicados por V. Excia. Revma., evidencian una cerrazón mental difícil de superar que trasluce un rencor tan reprobable como impropio de un mitrado.
La ejecutoria de V. Excia. Revma. en el asunto en cuestión coincide con el proceder de la citada concejala prohibitoria Esther Gómez Morante, descendiente ideológica de una fuerza política que en la década de los 30 del pasado siglo asesinó a 6832 miembros del clero católico e institutos religiosos, 13 obispos, 4184 sacerdotes seculares, 2365 monjes y frailes y 283 monjas, y del mismo partido político que la concejala Rita Maestre Fernández que, el 10 de marzo de 2011 y con el torso al aire, encabezó un asalto a la capilla de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense en el que se oía “vamos a quemar la Conferencia Episcopal” y “arderéis como en el 36″.
La inconcebible animosidad de V. Excia. Revma. hacia mí no se compadece ni con su condición eclesiástica ni con mi solicitud de entrevista en mi precitado correo del 11/01/2022 en el que, coincidiendo con sus deseos de recibir la ayuda de su nueva feligresía para trabajar en equipo según manifestó en la toma de posesión de su cargo, le ofrecía mi colaboración para la tramitación legal de actos religiosos en la vía pública.
La reprobable ejecutoria de V. Excia. Revma. está tan lejos del civismo por vulnerar la Ley Orgánica 9/1983 y ofender mi dignidad protegida por nuestra Constitución ignorando mis requerimientos de respetar la ley, como del amor al prójimo, dogma fundamental en el comportamiento del cristiano, no conociendo a ninguno capaz de digerir el rosario de despropósitos precedentes en un prelado.
Los inmediatos colaboradores de V. Excia. Revma. no pueden cometer el irracional y punible disparate de anteponer la obediencia imitando la ejecutoria expuesta, para vulnerar la ley divina y humana, remitiéndoles en todo caso a las páginas 46, 47 y 48 del Manual para la gestión policial de la diversidad religiosa GESTIÓN POLICIAL DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA (esmadrid.com), elaborado con la participación del Arzobispado de Madrid, en las que figura que “la normativa reguladora para la tramitación de actos religiosos en la vía pública es la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión”.
Esta forma de tratar a la feligresía y eludir las indicaciones de otras autoridades eclesiásticas no parece la más adecuada para incrementar las descendentes estadísticas de población católica.
Supongo que V. Excia. Revma. es consciente del lugar en el que se ha posicionado y que todavía puede modificar con un mínimo de civismo respetando a la Iglesia, al prójimo y al ordenamiento jurídico de nuestro Estado de derecho abandonando su proceder, incompatible con meditadas adhesiones y sensatas obediencias, recuperando el lugar que le corresponde entre su feligresía: de su conciencia depende, si lo hace que Dios se lo premie y si no se lo demande.
Desde mi esperanza en que V. Excia. Revma. rectifique equiparándose a los fieles cristianos respetuosos con la ley y el orden, beso Su pastoral anillo,
Efrén Díaz Casal
Coronel de Infantería (R)
Economía
Ataques en la sombra: la parálisis de infraestructuras clave pone a prueba la resiliencia tecnológica nacional
La digitalización de servicios esenciales ha abierto un nuevo frente de batalla, silencioso y letal, donde actores estatales y grupos híbridos socavan la soberanía sin disparar un solo tiro. La respuesta de Occidente determinará su supervivencia en el siglo XXI.
La guerra ya no estalla solo en los campos de batalla. Hoy, sus detonaciones resuenan en el silencio de los servidores, en la parálisis de un hospital o en el apagón de una ciudad. Las infraestructuras críticas, ese entramado invisible que sostiene nuestra civilización —la energía, el agua, el transporte, la sanidad— se han convertido en el nuevo campo de honor de una confrontación que no distingue entre tiempos de paz y de conflicto. Lo que antaño pertenecía al ámbito de la ficción distópica es hoy una posibilidad tangible, una espada de Damocles que pende sobre nuestras sociedades hiperconectadas, exponiendo una vulnerabilidad que hemos ignorado durante demasiado tiempo1.
La dependencia tecnológica ha sido el gran motor del progreso, pero también el talón de Aquiles de la seguridad nacional. A diario, realizamos acciones que damos por sentadas: encendemos una luz, buscamos una ruta en un mapa, pagamos con una tarjeta o acudimos a un hospital. Todas ellas dependen de un complejo ecosistema digital que, a diferencia de las fortificaciones de antaño, no tiene murallas visibles ni guarniciones permanentes. Esta interconexión, que nos ha traído una eficiencia sin precedentes, nos ha vuelto exponencialmente más frágiles. Un solo punto de falla, una sola vulnerabilidad explotada, puede desencadenar una reacción en cadena que colapse redes de distribución eléctrica, paralice servicios hospitalarios esenciales o interrumpa cadenas de suministro vitales, erosionando hasta los cimientos la confianza pública en las instituciones2.
La mecánica del sabotaje digital: de la vulnerabilidad al colapso
La imagen del hacker solitario en un sórdido cuarto pertenece a una era pasada. El adversario actual es otro. Se trata de los Grupos Persistentes Avanzados (APT), orquestadas por servicios de inteligencia de estados hostiles o por grupos híbridos que operan con su beneplácito3. Su objetivo ya no es el robo de datos, sino la interrupción de servicios esenciales, la manipulación de sistemas de control industrial o la desestabilización institucional. Es un acto de sabotaje puro, diseñado para causar el máximo caos y minar la voluntad de una nación desde dentro.
Los datos en España son escalofriantes y constituyen la mejor prueba de esta realidad. En 2024, los ciberincidentes que afectan a infraestructuras críticas se duplicaron, pasando de 81 a 160 sucesos contra servicios esenciales5. Una cifra que corrobora el aumento del 43% detectado por firmas de ciberseguridad como Cipher en sus operaciones con operadores esenciales9. El sector energético ha sido uno de los más castigados, concentrando el 9% de los incidentes, con un claro repunte de los ataques de tipo ransomware2. Las administraciones públicas tampoco se han salvado, sufriendo un incremento del 190% en los ataques durante los primeros meses de 20244.
Estos ataques no son espontáneos. Comparten patrones comunes: la explotación de vulnerabilidades conocidas pero sin parchear, el uso de credenciales comprometidas obtenidas mediante phishing y una motivación que mezcla lo económico con lo ideológico y, sobre todo, lo geopolítico. La situación internacional influye de forma directa en el incremento de estos incidentes, como consecuencia de las tensiones entre potencias2. De hecho, el informe del Ministerio del Interior cita al grupo prorruso Noname057, responsable de más de 500 oleadas de ciberataques contra España desde 2022 en venganza por el apoyo a Ucrania5. Ucrania, desde 2014, ha sido el campo de pruebas más trágico de esta nueva forma de agresión, con su red eléctrica, sus medios de comunicación y su administración siendo blancos recurrentes de grupos vinculados al Kremlin3.
La guerra híbrida: cuando el frente está en todas partes y en ninguna
Lo que estamos presenciando es la materialización de la llamada «guerra híbrida». Un concepto que ha ganado peso específico desde la anexión de Crimea y que se refiere a un modo de enfrentamiento que combina métodos convencionales —diplomáticos, económicos— con tácticas no convencionales como los ciberataques, la desinformación o el sabotaje digital. Lo híbrido aquí no es un adorno conceptual; es la señal de una nueva forma de conflicto donde el frente está en todas partes y en ninguna, y donde los umbrales formales del conflicto armado nunca se cruzan, permitiendo a los agresores operar con una impunidad casi total3.
En este escenario, el sector privado, que gestiona gran parte de estas infraestructuras, se encuentra en una posición imposible. Aunque la inversión empresarial en prevención y capacidades defensivas es esencial, el sector privado por sí solo es incapaz de disuadir, prevenir o protegerse a sí mismo de los efectos destructivos de los ciberataques patrocinados por estados. La velocidad de innovación tecnológica supera con creces la capacidad de adaptación institucional, y la falta de profesionales especializados en ciberseguridad se ha convertido en un problema global que nos afecta a todos por igual. La expansión de estos ataques refleja, en última instancia, hasta qué punto nuestras sociedades modernas dependen de sistemas digitales interconectados y lo mal preparados que estamos para defenderlos4.
Los sectores más afectados son aquellos cuya interrupción causa un daño social y económico más inmediato. El 80% de los incidentes graves registrados en 2024 se han concentrado en cuatro sectores esenciales: energía, transporte, tecnologías de la información y finanzas7. A nivel corporativo, el 62% de los ciberataques en España se concentra en sectores críticos como el tecnológico, financiero y público, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras de información y redes en general4. Un ataque a un eslabón de la cadena logística puede generar efectos en cascada, afectando la producción, interrumpiendo el transporte, provocando roturas de stock y causando disrupciones financieras masivas10.
Los pilares de la resiliencia: más allá de la tecnología
Frente a esta amenaza existencial, la inacción no es una opción viable. La respuesta debe ser tan multifacética como el propio ataque, y debe apoyarse en varios pilares estratégicos. El primero es, evidentemente, tecnológico. Las empresas están empezando a adoptar arquitecturas «Zero Trust» («Nunca confiar, siempre verificar»), segmentación de redes OT/IT y monitoreo continuo mediante tecnologías avanzadas como la XDR (detección y respuesta extendida) y la inteligencia de amenazas. La inteligencia artificial, por su parte, se está incorporando tanto en herramientas defensivas como ofensivas, aumentando la complejidad del escenario y exigiendo una constante innovación6.
Pero la tecnología por sí sola es insuficiente. El segundo pilar es la organización. Los simulacros de respuesta ante incidentes, como el realizado en 2022 con la participación de más de 800 expertos de 29 países, han demostrado que, aunque los equipos técnicos actúan con solvencia, se evidencia una lentitud preocupante en la toma de decisiones políticas y una falta de protocolos compartidos en las fases críticas. La brecha no siempre es tecnológica; muchas veces es puramente organizativa y burocrática. Es imperativo desarrollar marcos regulatorios unificados que aborden las particularidades de los entornos híbridos de TI y OT, y establecer directrices claras para su protección8.
El tercer pilar, y quizás el más descuidado, es el humano. Es axiomático que la seguridad solo puede ser tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena, y ese eslabón suele ser una persona. La inversión en educación y concienciación en ciberseguridad para todos los niveles de la sociedad, desde el operador de una central hasta el ciudadano común, es crucial para construir una cultura de seguridad verdaderamente resiliente. La protección del dato, la integridad de las comunicaciones y, sobre todo, el control soberano de las tecnologías que sustentan estos servicios esenciales se han convertido en requisitos estratégicos no negociables.
Conclusión: la soberanía en la era digital
La ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en el pilar fundamental de la seguridad nacional y la soberanía del siglo XXI. La capacidad de un Estado para proteger sus infraestructuras críticas determinará su capacidad para sobrevivir y prosperar en un mundo cada vez más hostil y competitivo. La digitalización avanza a paso ligero, y con ella, la complejidad de los conflictos híbridos. Proteger nuestros sistemas esenciales no es una opción, es una prioridad estratégica existencial10.
La solución pasa por una colaboración internacional sin fisuras, por una innovación tecnológica constante y por un compromiso inquebrantable con la seguridad que emane de las más altas instancias gubernamentales. Se necesita un tratado cibernético global que establezca las reglas del juego y proteja las infraestructuras críticas, igual que los convenios de Ginebra protegen a los civiles en los conflictos armados. Mientras tanto, cada país debe fortalecer sus propias defensas, invirtiendo no solo en firewalls y antivirus, sino en personas, en protocolos y en la resiliencia de su tejido social y productivo. La guerra silenciosa ya está aquí. La única pregunta es si estaremos a la altura del desafío cuando las luces, por un instante, dejen de brillar.
Fuentes Consultadas
| Fuente | País | Enfoque Principal |
|---|---|---|
| CCN-CERT | Centro Criptológico Nacional | 🇪🇸 España | Informes y análisis sobre el estado de la ciberseguridad nacional. |
| Bitlife Media | 🇪🇸 España | Análisis del aumento del 43% de ataques a infraestructuras críticas en 2024. |
| Ministerio del Interior | 🇪🇸 España | Informe sobre la cibercriminalidad en España 2024, con tipología y sector de los incidentes. |
| PTE Disruptive | 🇪🇸 España | Informe de situación 2024, destaca el 190% de aumento de ataques al sector público. |
| EL PAÍS | 🇪🇸 España | Noticia sobre la duplicación de ciberincidentes (160 en 2024) y la acción del grupo Noname057. |
| PTE Disruptive | 🇪🇸 España | Informe de situación 2025, menciona los más de 97.000 incidentes gestionados por INCIBE. |
| Hoya Aragón | 🇪🇸 España | Reportaje sobre el aumento de ataques y la concentración del 80% en cuatro sectores clave. |
| CCN-CERT | Informe de Ciberamenazas | 🇪🇸 España | Informe de Ciberamenazas y Tendencias 2024, análisis estratégico de la interconectividad. |
| CyberSecurity News | 🇪🇸 España | Artículo sobre el informe de Cipher, confirmando el 43% de aumento y el foco en el sector energético. |
| Computing | 🇪🇸 España | Análisis sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras y el aumento del 15% de incidentes en 2024. |
Alerta Nacional | Seguridad Nacional
