Opinión
El arzobispo castrense de España se descalifica a sí mismo con su ejecutoria. Por el Coronel de Infantería Efrén Díaz Casal
Excmo. y Revmo. Sr. D. Juan Antonio Aznárez Cobo, arzobispo castrense de España:
Desde mi sincero deseo de que el tratamiento protocolario que le corresponde, y que respeto en esta misiva, no sea un simple eufemismo por cuanto pudiera discordar de la ejecutoria de V. Excia. Revma. le envío estas líneas sobre un añejo asunto de suma trascendencia rogándole su lectura.
Reitero a V. Excia. Revma. que el asunto en cuestión deriva de que Esther Gómez Morante, en la fecha de los hechos concejala presidenta del distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid, del partido de extrema izquierda Ahora Madrid, actualmente Más Madrid, prohibió la procesión del Corpus Christi de mi parroquia castrense el domingo 29 de mayo de 2016.
Las atribuciones aducidas por la citada concejala en su resolución prohibitoria vulneran la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, cuyo artículo octavo dispone que “La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones “deberán ser comunicadas” por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas…”
Es obvio que la autoridad gubernativa correspondiente son los delegados o subdelegados del Gobierno según establecen los artículos 73.3 y 75.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las autoridades municipales no están consideradas como autoridades gubernativas en ningún texto legal, por cuanto “solicitar autorización al ayuntamiento” para la celebración de actos religiosos en la vía pública vulnera la Ley Orgánica 9/1983 y por añadidura, entre otros, el artículo 14 de nuestra Constitución, al discriminar a la población católica que “solicita autorización” a su respectivo ayuntamiento en lugar de “comunicar” sus actos religiosos en la vía pública a la Delegación o Subdelegación del Gobierno como cualquier otro ciudadano.
Le recuerdo que desde su nombramiento el pasado 15 de noviembre como arzobispo castrense de España, le he enviado 2 correos electrónicos a su cargo de Vicario General de la diócesis de Pamplona-Tudela, sin respuesta hasta la fecha.
Asimismo, al tomar posesión de su cargo de arzobispo castrense de España y ante su silencio a mis 2 correos anteriores, dada la trascendencia del caso, el martes 11/01/2022 le remití un mensaje sometiendo a su consideración unas reflexiones semejantes a las presentes esperando en vano encontrar en V. Excia. Revma. el interlocutor válido para mantener un diálogo racional y constructivo al efecto, volviendo a recibir la descortesía de su silencio.
Estas reiteradas faltas de cortesía revelan una evidente y contumaz animosidad hacia mí que supone una inconveniente respuesta a mi pretensión de que el arzobispado castrense de España respete la Ley Orgánica 9/1983 por motivos aún no explicados por V. Excia. Revma., evidencian una cerrazón mental difícil de superar que trasluce un rencor tan reprobable como impropio de un mitrado.
La ejecutoria de V. Excia. Revma. en el asunto en cuestión coincide con el proceder de la citada concejala prohibitoria Esther Gómez Morante, descendiente ideológica de una fuerza política que en la década de los 30 del pasado siglo asesinó a 6832 miembros del clero católico e institutos religiosos, 13 obispos, 4184 sacerdotes seculares, 2365 monjes y frailes y 283 monjas, y del mismo partido político que la concejala Rita Maestre Fernández que, el 10 de marzo de 2011 y con el torso al aire, encabezó un asalto a la capilla de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense en el que se oía “vamos a quemar la Conferencia Episcopal” y “arderéis como en el 36″.
La inconcebible animosidad de V. Excia. Revma. hacia mí no se compadece ni con su condición eclesiástica ni con mi solicitud de entrevista en mi precitado correo del 11/01/2022 en el que, coincidiendo con sus deseos de recibir la ayuda de su nueva feligresía para trabajar en equipo según manifestó en la toma de posesión de su cargo, le ofrecía mi colaboración para la tramitación legal de actos religiosos en la vía pública.
La reprobable ejecutoria de V. Excia. Revma. está tan lejos del civismo por vulnerar la Ley Orgánica 9/1983 y ofender mi dignidad protegida por nuestra Constitución ignorando mis requerimientos de respetar la ley, como del amor al prójimo, dogma fundamental en el comportamiento del cristiano, no conociendo a ninguno capaz de digerir el rosario de despropósitos precedentes en un prelado.
Los inmediatos colaboradores de V. Excia. Revma. no pueden cometer el irracional y punible disparate de anteponer la obediencia imitando la ejecutoria expuesta, para vulnerar la ley divina y humana, remitiéndoles en todo caso a las páginas 46, 47 y 48 del Manual para la gestión policial de la diversidad religiosa GESTIÓN POLICIAL DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA (esmadrid.com), elaborado con la participación del Arzobispado de Madrid, en las que figura que “la normativa reguladora para la tramitación de actos religiosos en la vía pública es la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión”.
Esta forma de tratar a la feligresía y eludir las indicaciones de otras autoridades eclesiásticas no parece la más adecuada para incrementar las descendentes estadísticas de población católica.
Supongo que V. Excia. Revma. es consciente del lugar en el que se ha posicionado y que todavía puede modificar con un mínimo de civismo respetando a la Iglesia, al prójimo y al ordenamiento jurídico de nuestro Estado de derecho abandonando su proceder, incompatible con meditadas adhesiones y sensatas obediencias, recuperando el lugar que le corresponde entre su feligresía: de su conciencia depende, si lo hace que Dios se lo premie y si no se lo demande.
Desde mi esperanza en que V. Excia. Revma. rectifique equiparándose a los fieles cristianos respetuosos con la ley y el orden, beso Su pastoral anillo,
Efrén Díaz Casal
Coronel de Infantería (R)
España
Los sindicatos reactivarán algaradas y movilizaciones. Por Jesús Salamanca Alonso
«La falta de experiencia en la formación de equipos de trabajo y en gobernar instituciones puede hacer que VOX interfiera en cuestiones que deben darse por superadas»
Con tanta ayuda pública, los sindicatos mayoritarios viven en la abundancia como señores feudales venidos a menos. Permiten llevar una vida de lujos y privilegios; eso hizo hace unos años que, en algunas sedes de las formaciones mayoritarias, colgaran longanizas como forma de llamarlos «chorizos»: esas debieron de ser bien acogidas porque no las devolvieron, confirmando lo que ya se sabía.
Mientras se dan una vida de lujo y sin sobresaltos, los trabajadores ven cómo los recortan y aprietan cada vez más. Por eso, la ciudadanía en general, exige que sean los afiliados quienes mantengan a esas organizaciones tan costosas, tan poco rentables y desprestigiadas. Protestar, deben de protestar mucho, pero en lo de trabajar ya tengo más dudas y una prueba es que más del 30% de los convenios colectivos siguen sin aprobar, pero como no afecta directamente al bolsillo de ellos, pues tranquilidad, no hay prisa. Si esa es su forma de actuar en todo, mejor que cierren sus sedes, envíen al tajo a sus liberados y se jubilen los dirigentes, que ya chirría y molesta hasta su imagen degradada y despreciada sindicalmente.
¡Qué diferencia, de lidiar con esta gente que se agarra como lapas al sillón, a negociar con Marcelino Camacho, Nicolás Redondo y, posteriormente, José Mª Fidalgo y Cándido Méndez! Hay que destacar que Nicolás Redondo luchó y padeció el franquismo y siempre fue un referente en la lucha obrera en las acerías navales de Vascongadas. Y puesto que vive en el mismo municipio del que es natural Patxi López, no estaría de más que le diera unas lecciones de urbanidad, educación básica, cortesía, dignidad y protocolo; tal vez de esa forma dejaría de hacer el ridículo en las controladas y sesgadas ruedas de prensa del Congreso de los Diputados, más propias de un dictador que de un demócrata. No por casualidad lo llaman «el zorro del Congreso» por sus espantadas.
Volvamos al gran logro que ya planifican las comunidades donde la derecha y VOX trabajan para formar Gobierno: la eliminación y dependencia de las ayudas públicas. Andalucía lo tiene claro y ya ha anunciado que retirará el 50% de las ayudas sindicales. Sin duda, es un intento fallido, ya que debe ser el 100% si no quiere tener problemas a corto plazo, lo mismo que Castilla y León. De Aragón apenas ha trascendido nada al respecto, pero es firme el convencimiento de seguir la misma línea que las demás comunidades. Extremadura también acabará con ese atropello que ha existido durante años: tal vez se chupen menos cabezas de gamba y se respete más a los pobres crustáceos emparentados con el langostino y el camarón.
Lo prometido por Andalucía es el camino que seguirán las demás, excepto las dos comunidades rebeldes, más egoístas y aprovechadas e insolidarias. También es el momento de que los trabajadores se organicen contra los sindicatos sectarios y de clase y convoquen movilizaciones contra ellos. En una reunión de amigos, el más político de todos comentaba que «si VOX no cumple su compromiso, lo mejor es que no participe en los gobiernos autonómicos y calle en lo sucesivo» La falta de experiencia en la formación de equipos de trabajo y en gobernar instituciones puede hacer que VOX interfiera en cuestiones que deben darse por superadas. Desde que se celebraron las elecciones ya va siendo hora de que se formen los gobiernos. Han perdido demasiado tiempo con la constitución de las mesas de cada Parlamento y cualquiera diría que les da miedo dar el paso de formar los gobiernos. ¡A trabajar, gandules!

A ver si es verdad que se les acaba el abuso público y se inicia la transparencia que nunca ha existido, ni en las comunidades y no digamos en el Gobierno central donde nos ocultan hasta los viajes viciosos, lascivos y deshonestos del Falcon al ser declarados treinta y nueve de ellos como secreto de Estado. Eso no huele bien y menos los que llevaban destino a República Dominicana y a Venezuela vía Colombia.
Llevamos sin una huelga general muchos años y no será que no ha habido motivos para ello: corrupción, latrocinio, malversación, mordidas, comisiones, nula transparencia, ataques a los jueces, corrupción del exfiscal general y otras instancias más respetables que el Gobierno del felón «cum fraude». Ahora que se sienten rechazados los sindicatos, las huelgas se cuadruplican en este año 2026, debido al bloqueo de las negociaciones salariales. Más de un 30% de los trabajadores están afectados.
Hay que recordar que desde 2022 parecía que la relación entre empresas y trabajadores se había normalizado o, por lo menos, se había calmado debido al acuerdo entre CEOE, Cepyme y el sindicalismo fantasma de la izquierda bolchevique, protegidos por doña Yolanda «Tucán», hoy caída en desgracia en el Gobierno sanchista. Sus traiciones al sanchismo y a Podemos le han pasado factura. Nadie le admite en sus filas porque lo que toca, lo desgobierna. ¡Si tendrá capacidad de traición y facilidad para la misma que hasta a su principal mentor lo «apuñaló» por la espalda! ¿Se acuerdan de Xosé Manuel Beiras, político y economista gallego, además de líder del BNG? Si a ello añaden la protección y encubrimiento al pederasta Ramiro Santalices por pare de Yolanda, pues ya tienen todos los ingredientes para que nadie se fie de ella y genere un rechazo brutal, menos en UGT y CC.OO. a quienes ha regado de euros y prebendas.
Las solicitudes de huelga y los conflictos laborales ya han comenzado y aumentarán si hay adelanto electoral y se hunde, como es previsible, la zurda sindical, falsaria y ruinosa. Quienes llevan siete años tirándose a la bartola se reactivarán con las algaradas y las movilizaciones.
Tan sólo las huestes del felón tranquilizan a esos sindicatos radicales y reaccionarios cuyo logro de la «derechita cobarde» será eliminar por completo las abundantes ayudas y subvenciones públicas que reciben los dos sindicatos sectarios y falsarios amparados y amamantados también por la mafia criminal sanchista.
