Opinión
El insoportable autoritarismo marxista del inefable y hediondo Gobierno de España
La exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, está siendo investigada por la entrada, presuntamente ilegal, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España para, supuestamente, ser sometido a un tratamiento por una enfermedad que padece. Esta entrada fue detectada por Marruecos y degeneró en un conflicto internacional y un proceso judicial que ha terminado con la imputación de ella. A las preguntas del magistrado Rafael Lasala y en calidad de investigada, ambos tuvieron el siguiente diálogo:
R.L.: “¿Se lo dijo usted a alguien o se tramitó directamente a través del Ministerio de Exteriores?”.
A. G. L. “Esto sigue los cauces propios en nuestro país de una decisión que es, recordemos, política; una decisión de ejercicio de soberanía de nuestro país. Es una decisión política, que pertenece al ámbito político y, como tal, sigue el cauce que se sigue en las cuestiones políticas”.
Sin ánimo, por mi parte, de entrar en el asunto judicial, ya que no tengo suficientes conocimientos para para dar una opinión significativa, me llama mucho la atención la forma de defenderse de la exministra, al invocar que la decisión tomada es una “decisión política” que, nada más y nada menos, forma parte del ejercicio de la soberanía de nuestro país. Las decisiones políticas deberían estar dentro del marco de la Ley, como las de cualquier otro ciudadano. Es decir que, independientemente de quién haya tomado esta decisión —González Laya o los que estén por encima de ella— debe ser conforme a derecho. La entrada de Ghali en España podría hacerse, siempre y cuando cumpliera con la legislación.
Lo cierto es que hay una tendencia de acción política de hacer y tomar decisiones cercanas a esas zonas difusas, algunas veces muy amplias, que distinguen lo legal de lo ilegal y que tanto juego dan en los medios de comunicación y tanto tiempo quitan a los jueces, que podrían estar más centrados en casos importantes para la ciudadanía.
La razón política es esgrimida con mucha frecuencia para justificar una acción sospechosa de ser ilegal, una especie de comodín que da invulnerabilidad. Al final, no deja de ser sino una versión de la ley del más fuerte, solo que esta vez el más fuerte es el que tiene votos, propios o en coalición, que lo “legitiman” para saltarse la Ley. En aquellas ideologías que huyen de los valores liberales que pretenden impregnar los sistemas políticos occidentales, es parte de su estrategia política habitual.
Así, una fuerza comunista como Unidas Podemos usa muchas veces como fuente de legitimidad la condición de cargo electo para dar validez a normas que se saltan la legalidad. Los ataques a decisiones judiciales que han condenado a varios de sus líderes (Pablo Echenique, Isabel Serra o Alberto Rodríguez) estarían en esta línea, pero van más allá cuando legitiman opiniones frente a las de otros que no han sido sometidos a cargos electos, como empresarios o ciudadanos poco relevantes a los que desprecian. Sus ataques a la Monarquía también van por estos derroteros, aunque esta institución sea tan constitucional y legal como lo son los congresistas. No son los únicos y el “usted no sabe con quién está hablando” es más habitual de lo deseable en personas que se sienten investidas con poder (real o ficticio) y se comportan de manera despótica.
Desgraciadamente, hay mucha gente (no sólo los seguidores acérrimos de comunistas, socialistas, nacionalistas y otros “istas” totalitarios), para la que un cargo electo tiene un poder superior sobre el resto de la ciudadanía. Se le suele otorgar a los que son de su cuerda ideológica y se les niega o limita a los que no lo son o se consideran enemigos. Es como si, de alguna manera, la visión autoritaria del poder estuviera emergiendo en el contexto actual, a costa de cargarse lentamente ciertos principios básicos que han estado en las democracias occidentales casi desde el principio.
Esta visión política del que ejerce el poder caminando hacia la tiranía aparece en tres ocasiones. La primera es cuando unas circunstancias externas obligan al régimen a ejercer medidas que limitan los derechos de sus ciudadanos. Las grandes catástrofes, las pandemias o las guerras nos limitan de forma circunstancial, pero también preocupante. Tal situación no implica que el político pueda hacer lo que le venga en gana, más bien que el ciudadano se vea obligado a limitar el ejercicio de su libertad. La segunda ocasión es cuando el régimen se convierte en una tiranía por la acción represora del que se impone. Los dictadores pueden llegar al poder de muchas maneras, algunas veces de manera democrática, otras por la fuerza de las armas y, las menos, por vacíos de poder que se generan, aunque también suelen ser acompañados de actos violentos.
La tercera es la más preocupante: cuando los ciudadanos así lo quieren, es decir, cuando una mayoría o una minoría significativa e influyente apoya este tipo de medidas contrarias a las ideas de la libertad. En España, no solo son los partidos más extremistas los que empiezan a actuar de esta manera, sino también los que se supone que están en posiciones más moderadas.
Tengo la sensación de que nos estamos abandonando a esta peligrosa deriva, no sólo en España, sino también en el ámbito más internacional. El próximo artículo lo dedicaré a la Unión Europea y su preocupante deriva autoritaria.
Alberto Illán Oviedo
España
Los sindicatos reactivarán algaradas y movilizaciones. Por Jesús Salamanca Alonso
«La falta de experiencia en la formación de equipos de trabajo y en gobernar instituciones puede hacer que VOX interfiera en cuestiones que deben darse por superadas»
Con tanta ayuda pública, los sindicatos mayoritarios viven en la abundancia como señores feudales venidos a menos. Permiten llevar una vida de lujos y privilegios; eso hizo hace unos años que, en algunas sedes de las formaciones mayoritarias, colgaran longanizas como forma de llamarlos «chorizos»: esas debieron de ser bien acogidas porque no las devolvieron, confirmando lo que ya se sabía.
Mientras se dan una vida de lujo y sin sobresaltos, los trabajadores ven cómo los recortan y aprietan cada vez más. Por eso, la ciudadanía en general, exige que sean los afiliados quienes mantengan a esas organizaciones tan costosas, tan poco rentables y desprestigiadas. Protestar, deben de protestar mucho, pero en lo de trabajar ya tengo más dudas y una prueba es que más del 30% de los convenios colectivos siguen sin aprobar, pero como no afecta directamente al bolsillo de ellos, pues tranquilidad, no hay prisa. Si esa es su forma de actuar en todo, mejor que cierren sus sedes, envíen al tajo a sus liberados y se jubilen los dirigentes, que ya chirría y molesta hasta su imagen degradada y despreciada sindicalmente.
¡Qué diferencia, de lidiar con esta gente que se agarra como lapas al sillón, a negociar con Marcelino Camacho, Nicolás Redondo y, posteriormente, José Mª Fidalgo y Cándido Méndez! Hay que destacar que Nicolás Redondo luchó y padeció el franquismo y siempre fue un referente en la lucha obrera en las acerías navales de Vascongadas. Y puesto que vive en el mismo municipio del que es natural Patxi López, no estaría de más que le diera unas lecciones de urbanidad, educación básica, cortesía, dignidad y protocolo; tal vez de esa forma dejaría de hacer el ridículo en las controladas y sesgadas ruedas de prensa del Congreso de los Diputados, más propias de un dictador que de un demócrata. No por casualidad lo llaman «el zorro del Congreso» por sus espantadas.
Volvamos al gran logro que ya planifican las comunidades donde la derecha y VOX trabajan para formar Gobierno: la eliminación y dependencia de las ayudas públicas. Andalucía lo tiene claro y ya ha anunciado que retirará el 50% de las ayudas sindicales. Sin duda, es un intento fallido, ya que debe ser el 100% si no quiere tener problemas a corto plazo, lo mismo que Castilla y León. De Aragón apenas ha trascendido nada al respecto, pero es firme el convencimiento de seguir la misma línea que las demás comunidades. Extremadura también acabará con ese atropello que ha existido durante años: tal vez se chupen menos cabezas de gamba y se respete más a los pobres crustáceos emparentados con el langostino y el camarón.
Lo prometido por Andalucía es el camino que seguirán las demás, excepto las dos comunidades rebeldes, más egoístas y aprovechadas e insolidarias. También es el momento de que los trabajadores se organicen contra los sindicatos sectarios y de clase y convoquen movilizaciones contra ellos. En una reunión de amigos, el más político de todos comentaba que «si VOX no cumple su compromiso, lo mejor es que no participe en los gobiernos autonómicos y calle en lo sucesivo» La falta de experiencia en la formación de equipos de trabajo y en gobernar instituciones puede hacer que VOX interfiera en cuestiones que deben darse por superadas. Desde que se celebraron las elecciones ya va siendo hora de que se formen los gobiernos. Han perdido demasiado tiempo con la constitución de las mesas de cada Parlamento y cualquiera diría que les da miedo dar el paso de formar los gobiernos. ¡A trabajar, gandules!

A ver si es verdad que se les acaba el abuso público y se inicia la transparencia que nunca ha existido, ni en las comunidades y no digamos en el Gobierno central donde nos ocultan hasta los viajes viciosos, lascivos y deshonestos del Falcon al ser declarados treinta y nueve de ellos como secreto de Estado. Eso no huele bien y menos los que llevaban destino a República Dominicana y a Venezuela vía Colombia.
Llevamos sin una huelga general muchos años y no será que no ha habido motivos para ello: corrupción, latrocinio, malversación, mordidas, comisiones, nula transparencia, ataques a los jueces, corrupción del exfiscal general y otras instancias más respetables que el Gobierno del felón «cum fraude». Ahora que se sienten rechazados los sindicatos, las huelgas se cuadruplican en este año 2026, debido al bloqueo de las negociaciones salariales. Más de un 30% de los trabajadores están afectados.
Hay que recordar que desde 2022 parecía que la relación entre empresas y trabajadores se había normalizado o, por lo menos, se había calmado debido al acuerdo entre CEOE, Cepyme y el sindicalismo fantasma de la izquierda bolchevique, protegidos por doña Yolanda «Tucán», hoy caída en desgracia en el Gobierno sanchista. Sus traiciones al sanchismo y a Podemos le han pasado factura. Nadie le admite en sus filas porque lo que toca, lo desgobierna. ¡Si tendrá capacidad de traición y facilidad para la misma que hasta a su principal mentor lo «apuñaló» por la espalda! ¿Se acuerdan de Xosé Manuel Beiras, político y economista gallego, además de líder del BNG? Si a ello añaden la protección y encubrimiento al pederasta Ramiro Santalices por pare de Yolanda, pues ya tienen todos los ingredientes para que nadie se fie de ella y genere un rechazo brutal, menos en UGT y CC.OO. a quienes ha regado de euros y prebendas.
Las solicitudes de huelga y los conflictos laborales ya han comenzado y aumentarán si hay adelanto electoral y se hunde, como es previsible, la zurda sindical, falsaria y ruinosa. Quienes llevan siete años tirándose a la bartola se reactivarán con las algaradas y las movilizaciones.
Tan sólo las huestes del felón tranquilizan a esos sindicatos radicales y reaccionarios cuyo logro de la «derechita cobarde» será eliminar por completo las abundantes ayudas y subvenciones públicas que reciben los dos sindicatos sectarios y falsarios amparados y amamantados también por la mafia criminal sanchista.
