Opinión
El insoportable autoritarismo marxista del inefable y hediondo Gobierno de España
La exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, está siendo investigada por la entrada, presuntamente ilegal, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España para, supuestamente, ser sometido a un tratamiento por una enfermedad que padece. Esta entrada fue detectada por Marruecos y degeneró en un conflicto internacional y un proceso judicial que ha terminado con la imputación de ella. A las preguntas del magistrado Rafael Lasala y en calidad de investigada, ambos tuvieron el siguiente diálogo:
R.L.: “¿Se lo dijo usted a alguien o se tramitó directamente a través del Ministerio de Exteriores?”.
A. G. L. “Esto sigue los cauces propios en nuestro país de una decisión que es, recordemos, política; una decisión de ejercicio de soberanía de nuestro país. Es una decisión política, que pertenece al ámbito político y, como tal, sigue el cauce que se sigue en las cuestiones políticas”.
Sin ánimo, por mi parte, de entrar en el asunto judicial, ya que no tengo suficientes conocimientos para para dar una opinión significativa, me llama mucho la atención la forma de defenderse de la exministra, al invocar que la decisión tomada es una “decisión política” que, nada más y nada menos, forma parte del ejercicio de la soberanía de nuestro país. Las decisiones políticas deberían estar dentro del marco de la Ley, como las de cualquier otro ciudadano. Es decir que, independientemente de quién haya tomado esta decisión —González Laya o los que estén por encima de ella— debe ser conforme a derecho. La entrada de Ghali en España podría hacerse, siempre y cuando cumpliera con la legislación.
Lo cierto es que hay una tendencia de acción política de hacer y tomar decisiones cercanas a esas zonas difusas, algunas veces muy amplias, que distinguen lo legal de lo ilegal y que tanto juego dan en los medios de comunicación y tanto tiempo quitan a los jueces, que podrían estar más centrados en casos importantes para la ciudadanía.
La razón política es esgrimida con mucha frecuencia para justificar una acción sospechosa de ser ilegal, una especie de comodín que da invulnerabilidad. Al final, no deja de ser sino una versión de la ley del más fuerte, solo que esta vez el más fuerte es el que tiene votos, propios o en coalición, que lo “legitiman” para saltarse la Ley. En aquellas ideologías que huyen de los valores liberales que pretenden impregnar los sistemas políticos occidentales, es parte de su estrategia política habitual.
Así, una fuerza comunista como Unidas Podemos usa muchas veces como fuente de legitimidad la condición de cargo electo para dar validez a normas que se saltan la legalidad. Los ataques a decisiones judiciales que han condenado a varios de sus líderes (Pablo Echenique, Isabel Serra o Alberto Rodríguez) estarían en esta línea, pero van más allá cuando legitiman opiniones frente a las de otros que no han sido sometidos a cargos electos, como empresarios o ciudadanos poco relevantes a los que desprecian. Sus ataques a la Monarquía también van por estos derroteros, aunque esta institución sea tan constitucional y legal como lo son los congresistas. No son los únicos y el “usted no sabe con quién está hablando” es más habitual de lo deseable en personas que se sienten investidas con poder (real o ficticio) y se comportan de manera despótica.
Desgraciadamente, hay mucha gente (no sólo los seguidores acérrimos de comunistas, socialistas, nacionalistas y otros “istas” totalitarios), para la que un cargo electo tiene un poder superior sobre el resto de la ciudadanía. Se le suele otorgar a los que son de su cuerda ideológica y se les niega o limita a los que no lo son o se consideran enemigos. Es como si, de alguna manera, la visión autoritaria del poder estuviera emergiendo en el contexto actual, a costa de cargarse lentamente ciertos principios básicos que han estado en las democracias occidentales casi desde el principio.
Esta visión política del que ejerce el poder caminando hacia la tiranía aparece en tres ocasiones. La primera es cuando unas circunstancias externas obligan al régimen a ejercer medidas que limitan los derechos de sus ciudadanos. Las grandes catástrofes, las pandemias o las guerras nos limitan de forma circunstancial, pero también preocupante. Tal situación no implica que el político pueda hacer lo que le venga en gana, más bien que el ciudadano se vea obligado a limitar el ejercicio de su libertad. La segunda ocasión es cuando el régimen se convierte en una tiranía por la acción represora del que se impone. Los dictadores pueden llegar al poder de muchas maneras, algunas veces de manera democrática, otras por la fuerza de las armas y, las menos, por vacíos de poder que se generan, aunque también suelen ser acompañados de actos violentos.
La tercera es la más preocupante: cuando los ciudadanos así lo quieren, es decir, cuando una mayoría o una minoría significativa e influyente apoya este tipo de medidas contrarias a las ideas de la libertad. En España, no solo son los partidos más extremistas los que empiezan a actuar de esta manera, sino también los que se supone que están en posiciones más moderadas.
Tengo la sensación de que nos estamos abandonando a esta peligrosa deriva, no sólo en España, sino también en el ámbito más internacional. El próximo artículo lo dedicaré a la Unión Europea y su preocupante deriva autoritaria.
Alberto Illán Oviedo
Economía
Ataques en la sombra: la parálisis de infraestructuras clave pone a prueba la resiliencia tecnológica nacional
La digitalización de servicios esenciales ha abierto un nuevo frente de batalla, silencioso y letal, donde actores estatales y grupos híbridos socavan la soberanía sin disparar un solo tiro. La respuesta de Occidente determinará su supervivencia en el siglo XXI.
La guerra ya no estalla solo en los campos de batalla. Hoy, sus detonaciones resuenan en el silencio de los servidores, en la parálisis de un hospital o en el apagón de una ciudad. Las infraestructuras críticas, ese entramado invisible que sostiene nuestra civilización —la energía, el agua, el transporte, la sanidad— se han convertido en el nuevo campo de honor de una confrontación que no distingue entre tiempos de paz y de conflicto. Lo que antaño pertenecía al ámbito de la ficción distópica es hoy una posibilidad tangible, una espada de Damocles que pende sobre nuestras sociedades hiperconectadas, exponiendo una vulnerabilidad que hemos ignorado durante demasiado tiempo1.
La dependencia tecnológica ha sido el gran motor del progreso, pero también el talón de Aquiles de la seguridad nacional. A diario, realizamos acciones que damos por sentadas: encendemos una luz, buscamos una ruta en un mapa, pagamos con una tarjeta o acudimos a un hospital. Todas ellas dependen de un complejo ecosistema digital que, a diferencia de las fortificaciones de antaño, no tiene murallas visibles ni guarniciones permanentes. Esta interconexión, que nos ha traído una eficiencia sin precedentes, nos ha vuelto exponencialmente más frágiles. Un solo punto de falla, una sola vulnerabilidad explotada, puede desencadenar una reacción en cadena que colapse redes de distribución eléctrica, paralice servicios hospitalarios esenciales o interrumpa cadenas de suministro vitales, erosionando hasta los cimientos la confianza pública en las instituciones2.
La mecánica del sabotaje digital: de la vulnerabilidad al colapso
La imagen del hacker solitario en un sórdido cuarto pertenece a una era pasada. El adversario actual es otro. Se trata de los Grupos Persistentes Avanzados (APT), orquestadas por servicios de inteligencia de estados hostiles o por grupos híbridos que operan con su beneplácito3. Su objetivo ya no es el robo de datos, sino la interrupción de servicios esenciales, la manipulación de sistemas de control industrial o la desestabilización institucional. Es un acto de sabotaje puro, diseñado para causar el máximo caos y minar la voluntad de una nación desde dentro.
Los datos en España son escalofriantes y constituyen la mejor prueba de esta realidad. En 2024, los ciberincidentes que afectan a infraestructuras críticas se duplicaron, pasando de 81 a 160 sucesos contra servicios esenciales5. Una cifra que corrobora el aumento del 43% detectado por firmas de ciberseguridad como Cipher en sus operaciones con operadores esenciales9. El sector energético ha sido uno de los más castigados, concentrando el 9% de los incidentes, con un claro repunte de los ataques de tipo ransomware2. Las administraciones públicas tampoco se han salvado, sufriendo un incremento del 190% en los ataques durante los primeros meses de 20244.
Estos ataques no son espontáneos. Comparten patrones comunes: la explotación de vulnerabilidades conocidas pero sin parchear, el uso de credenciales comprometidas obtenidas mediante phishing y una motivación que mezcla lo económico con lo ideológico y, sobre todo, lo geopolítico. La situación internacional influye de forma directa en el incremento de estos incidentes, como consecuencia de las tensiones entre potencias2. De hecho, el informe del Ministerio del Interior cita al grupo prorruso Noname057, responsable de más de 500 oleadas de ciberataques contra España desde 2022 en venganza por el apoyo a Ucrania5. Ucrania, desde 2014, ha sido el campo de pruebas más trágico de esta nueva forma de agresión, con su red eléctrica, sus medios de comunicación y su administración siendo blancos recurrentes de grupos vinculados al Kremlin3.
La guerra híbrida: cuando el frente está en todas partes y en ninguna
Lo que estamos presenciando es la materialización de la llamada «guerra híbrida». Un concepto que ha ganado peso específico desde la anexión de Crimea y que se refiere a un modo de enfrentamiento que combina métodos convencionales —diplomáticos, económicos— con tácticas no convencionales como los ciberataques, la desinformación o el sabotaje digital. Lo híbrido aquí no es un adorno conceptual; es la señal de una nueva forma de conflicto donde el frente está en todas partes y en ninguna, y donde los umbrales formales del conflicto armado nunca se cruzan, permitiendo a los agresores operar con una impunidad casi total3.
En este escenario, el sector privado, que gestiona gran parte de estas infraestructuras, se encuentra en una posición imposible. Aunque la inversión empresarial en prevención y capacidades defensivas es esencial, el sector privado por sí solo es incapaz de disuadir, prevenir o protegerse a sí mismo de los efectos destructivos de los ciberataques patrocinados por estados. La velocidad de innovación tecnológica supera con creces la capacidad de adaptación institucional, y la falta de profesionales especializados en ciberseguridad se ha convertido en un problema global que nos afecta a todos por igual. La expansión de estos ataques refleja, en última instancia, hasta qué punto nuestras sociedades modernas dependen de sistemas digitales interconectados y lo mal preparados que estamos para defenderlos4.
Los sectores más afectados son aquellos cuya interrupción causa un daño social y económico más inmediato. El 80% de los incidentes graves registrados en 2024 se han concentrado en cuatro sectores esenciales: energía, transporte, tecnologías de la información y finanzas7. A nivel corporativo, el 62% de los ciberataques en España se concentra en sectores críticos como el tecnológico, financiero y público, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras de información y redes en general4. Un ataque a un eslabón de la cadena logística puede generar efectos en cascada, afectando la producción, interrumpiendo el transporte, provocando roturas de stock y causando disrupciones financieras masivas10.
Los pilares de la resiliencia: más allá de la tecnología
Frente a esta amenaza existencial, la inacción no es una opción viable. La respuesta debe ser tan multifacética como el propio ataque, y debe apoyarse en varios pilares estratégicos. El primero es, evidentemente, tecnológico. Las empresas están empezando a adoptar arquitecturas «Zero Trust» («Nunca confiar, siempre verificar»), segmentación de redes OT/IT y monitoreo continuo mediante tecnologías avanzadas como la XDR (detección y respuesta extendida) y la inteligencia de amenazas. La inteligencia artificial, por su parte, se está incorporando tanto en herramientas defensivas como ofensivas, aumentando la complejidad del escenario y exigiendo una constante innovación6.
Pero la tecnología por sí sola es insuficiente. El segundo pilar es la organización. Los simulacros de respuesta ante incidentes, como el realizado en 2022 con la participación de más de 800 expertos de 29 países, han demostrado que, aunque los equipos técnicos actúan con solvencia, se evidencia una lentitud preocupante en la toma de decisiones políticas y una falta de protocolos compartidos en las fases críticas. La brecha no siempre es tecnológica; muchas veces es puramente organizativa y burocrática. Es imperativo desarrollar marcos regulatorios unificados que aborden las particularidades de los entornos híbridos de TI y OT, y establecer directrices claras para su protección8.
El tercer pilar, y quizás el más descuidado, es el humano. Es axiomático que la seguridad solo puede ser tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena, y ese eslabón suele ser una persona. La inversión en educación y concienciación en ciberseguridad para todos los niveles de la sociedad, desde el operador de una central hasta el ciudadano común, es crucial para construir una cultura de seguridad verdaderamente resiliente. La protección del dato, la integridad de las comunicaciones y, sobre todo, el control soberano de las tecnologías que sustentan estos servicios esenciales se han convertido en requisitos estratégicos no negociables.
Conclusión: la soberanía en la era digital
La ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en el pilar fundamental de la seguridad nacional y la soberanía del siglo XXI. La capacidad de un Estado para proteger sus infraestructuras críticas determinará su capacidad para sobrevivir y prosperar en un mundo cada vez más hostil y competitivo. La digitalización avanza a paso ligero, y con ella, la complejidad de los conflictos híbridos. Proteger nuestros sistemas esenciales no es una opción, es una prioridad estratégica existencial10.
La solución pasa por una colaboración internacional sin fisuras, por una innovación tecnológica constante y por un compromiso inquebrantable con la seguridad que emane de las más altas instancias gubernamentales. Se necesita un tratado cibernético global que establezca las reglas del juego y proteja las infraestructuras críticas, igual que los convenios de Ginebra protegen a los civiles en los conflictos armados. Mientras tanto, cada país debe fortalecer sus propias defensas, invirtiendo no solo en firewalls y antivirus, sino en personas, en protocolos y en la resiliencia de su tejido social y productivo. La guerra silenciosa ya está aquí. La única pregunta es si estaremos a la altura del desafío cuando las luces, por un instante, dejen de brillar.
Fuentes Consultadas
| Fuente | País | Enfoque Principal |
|---|---|---|
| CCN-CERT | Centro Criptológico Nacional | 🇪🇸 España | Informes y análisis sobre el estado de la ciberseguridad nacional. |
| Bitlife Media | 🇪🇸 España | Análisis del aumento del 43% de ataques a infraestructuras críticas en 2024. |
| Ministerio del Interior | 🇪🇸 España | Informe sobre la cibercriminalidad en España 2024, con tipología y sector de los incidentes. |
| PTE Disruptive | 🇪🇸 España | Informe de situación 2024, destaca el 190% de aumento de ataques al sector público. |
| EL PAÍS | 🇪🇸 España | Noticia sobre la duplicación de ciberincidentes (160 en 2024) y la acción del grupo Noname057. |
| PTE Disruptive | 🇪🇸 España | Informe de situación 2025, menciona los más de 97.000 incidentes gestionados por INCIBE. |
| Hoya Aragón | 🇪🇸 España | Reportaje sobre el aumento de ataques y la concentración del 80% en cuatro sectores clave. |
| CCN-CERT | Informe de Ciberamenazas | 🇪🇸 España | Informe de Ciberamenazas y Tendencias 2024, análisis estratégico de la interconectividad. |
| CyberSecurity News | 🇪🇸 España | Artículo sobre el informe de Cipher, confirmando el 43% de aumento y el foco en el sector energético. |
| Computing | 🇪🇸 España | Análisis sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras y el aumento del 15% de incidentes en 2024. |
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