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Tribunales

El juez Requero, la primera víctima de la ‘maldición’ de la exhumación de Franco: Atropellado por un taxi cuando iba en moto

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EM.- En la tradición -el derecho natural- los cadáveres siempre han pertenecido a sus deudos (sus familiares) salvo en la sentencia de la exhumación de Franco, que pertenecen al Estado. Franco “no goza de una facultad incondicionada de elección del lugar de enterramiento de sus deudos (…) No forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de sepultura de los parientes”. De momento, el juez conservador José Luis Requero ya puede decirse primera víctima de la maldición que en la cultura popular supone sacar a los muertos de su tumba. Según deslizan, hace unos días fue atropellado por un taxi cuando iba en moto y se ha roto la clavícula del brazo derecho. Con la que firmó la sentencia.

En La comisión para la inmortalización de John Gray, se explican las horas que siguieron a la muerte de Lenin en 1924.

“Al parecer, Stalin creía que un Lenin embalsamado cuadraría con la creencia ortodoxa rusa de que el cuerpo de los santos son incorruptibles y canalizaría los sentimientos de los rusos a favor del régimen”. Pero la decisión de embalsamar a Lenin implicaba más que un simple cálculo político. “Leonid Krasin (1860-1926) intentó congelar (sin éxito) a Lenin para devolverle a la vida” cuando los avances científicos lo hicieran posible. Tras la desintegración de la URSS, Yelsin anunció que desmontaría el mausoleo de Lenin y enterraría el cuerpo pero las protestas de los comunistas lo impidieron. Tras la restauración de 2004, Lenin lucía más joven que nunca. Y ahí sigue el vencedor de la Guerra Civil rusa.

Desde hace varios días, los lectores esperaban que los juristas se pronunciaran al respecto de la Sentencia de Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco. LOC ha preguntado a Ramón López Vilas, un magistrado, abogado y académico español. También a Adolfo Prego, ex magistrado del Supremo. La respuesta ha sido la misma. “Preferimos no comentar la sentencia por lo delicado de la situación del país”.

Un acto inminente

Dicen en el Gobierno, además, que la exhumación de Francoes inminente. Algunos han apuntado a que pudiera ser mañana mismo pero, de momento, los Franco han tratado de retrasar la ejecución de la sentencia pidiendo al Supremo la aclaración. (Y falta el Constitucional, que se pronuncien el resto de los Tribunales y sobre todo la carta de Roma al Prior).

El Supremo desestimó de forma íntegra el recurso de los nietos de Franco al “no apreciar arbitrariedad ni desproporción en la decisión del Consejo de Ministros” de exhumar los restos mortales de Franco Cuelgamuros para inhumarlos en Mingorrubio en donde reposan los restos su mujer.

Al mismo tiempo niega la petición de llevar los restos a la Almudena porque la decisión de los familiares sobre los restos de su abuelo “no es un derecho absoluto y puede ser limitado por razones de interés general”.

El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera, se muestra indignado porque los Franco no hayan sido avisados de cuándo sería la exhumación. También le sorprende el concepto “interés general”. “No han dado otra opción. Si supuestamente (que nunca lo harían) los Franco hubiera decidido incinerar los restos de su abuelo y ponerlos en una urna en una estantería de su casa con una medalla tampoco hubieran podido porque se les niega derecho alguno sobre el cuerpo de su abuelo”.

Mucha seguridad para evitar profanaciones

La reflexión desde Lenin a Franco es evidente. ¿A quién pertenece un cadáver? Siguiendo el Derecho Natural, a sus familiares. Volviendo al caso expreso de Franco. El Real Decreto-Ley 10/2018 que modifica la Ley 52/2007 dice lo siguiente: “Los familiares podrán disponer en dicho plazo sobre el destino de los restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumación (…). En caso de discrepancia entre los familiares, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura”. Ellos propusieron La Almudena. Al mismo tiempo el artículo 8 del convenio de Roma dice: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito…”.

La sentencia sostiene que “dadas las características del enterramiento de sus restos, no es posible reducir cuanto a ellos se refiere a la esfera privada y familiar ni apreciar un trato discriminatorio injustificado ni, tampoco, vejatorio”. Sobre todo porque como reconoce la sentencia: “Fue el Jefe del Estado surgido de la Guerra Civil (…) La extraordinaria singularidad de su figura lo convierte, efectivamente, en un caso único en el sentido”. Entonces, se pregunta un jurista por supuesto anónimo, ¿cómo negarle una inhumación (funeral multitudinario incluido) digno de jefe de Estado?

La posibilidad de la incineración parece descartada (no es algo que guste a la Iglesia) ya que el cadáver de Franco está embalsamado. Sin embargo, uno de los principales temores de la familia es que tampoco en Mingorrubio Franco pueda descansar en paz. “Habrá que poner mucha seguridad para que no vengan salvajes y profanen el panteón”.

Fuente: El Mundo

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España

Llarena dicta una nueva euroorden de detención y entrega contra Puigdemont

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El juez Pablo Llarena ha decidido cursar una orden europea e internacional de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica, por los delitos de sedición y malversación.

Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo notificase la sentencia en la que condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes del “procés” por sedición, el juez instructor de la causa Pablo Llarena ha decidido activar el mecanismo para solicitar la entrega del expresident, al que Alemania rechazó en su día extraditar por rebelión durante la instrucción del caso.

El juez ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía, que remitió un escrito al magistrado en este sentido el pasado jueves ante la inminencia de la sentencia.

De esta forma, Llarena solicita “la busca y captura e ingreso en prisión” de Puigdemont a través de una orden nacional, europea e internacional de detención y entrega contra él, que nunca se ha llegado a sentar en el banquillo de los acusados al huir del país en octubre de 2017.

En el mismo auto, Llarena deja sin efecto la suspensión como diputados que decretó contra Puigdemont y el exconseller Toni Comín, también huido en Bélgica, sustentada en que estaban procesados en firme por rebelión.

La decisión del tribunal del “procés” de condenar a nueve líderes independentistas por sedición y no rebelión tiene, según Llarena, “una indudable incidencia respecto del pronóstico de responsabilidad atribuible a los fugados”, por lo que acuerda remitir a la Mesa del Parlament el levantamiento de la suspensión de estos dos procesados.

Precisamente, el juez argumenta su nueva petición de entrega de Puigdemont en las condenas impuestas por el Supremo, que pueden conllevar a su juicio que los “prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea”.

“Los indicios racionales de criminalidad” que pesaban contra Puigdemont en la instrucción “no sólo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado”, dice Llarena.

Según el juez instructor, la sentencia “parte de los hechos” que él imputó a los procesados en su auto de procesamiento, “lo que se refuerza con una significativa cercanía entre la aportación concreta atribuida al condenado Oriol Junqueras (sobre el que ha recaído mayor pena) y al procesado en rebeldía Carles Puigdemont”.

Además, según Llarena, la sentencia “pone término” a las discrepancias entre los delitos de rebelión, sedición o desobediencia” (ésta asumida únicamente por las defensas) y decanta la balanza en la sedición, delito junto al de malversación por el que reclama a Puigdemont.

Recuerda Llarena que en la Unión Europea rige “el principio de confianza” en el funcionamiento de los tribunales de otros países y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado “que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito”.

Llarena retiró hace meses la euroorden que pesaba contra Puigdemont y otros exconsejeros catalanes después de que el tribunal regional de Schleswig-Holstein (Alemania) rechazase entregar al expresident por rebelión y solo admitió por malversación, una línea roja para Llarena, que lo rechazó de plano.

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Tribunales

El Tribunal Supremo condenará por sedición y malversación a los líderes del «procés»

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Banquillo de los acusados del juicio del «procés»
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Un delito contra el orden público y no contra el orden constitucional. La Sala Penal del Tribunal Supremo va a condenar a los líderes del «procés» por un delito de sedición y no de rebelión. Lo hará por unanimidad, y tras valorar que que si bien hubo violencia en momentos puntuales durante el otoño caliente de 2017, esta no tuvo la suficiente entidad como para poder condenar por rebelión.

La sentencia, que se dará a conocer este lunes, ya con el cuadro de penas de prisión para cada uno de los líderes independentistas, incluye también una condena por malversación para el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros que están presos. No así para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, que serán condenados solo por desobediencia y no malversación.

Se resuelve así la mayor incógnita del juicio: hubo sedición y no rebelión, un tipo delictivo que implicaba violencia. Había varias opciones encima de la mesa. La Fiscalía siempre defendió la rebelión; la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, apostó por la sedición; y las defensas argumentaron la mera desobediencia.

La diferencia entre la rebelión y la sedición es que la primera implica un ataque al orden constitución y la segunda, la sedición, se refiere a un ataque contra el orden público. El factor clave era determinar si hubo violencia y cuantificar en qué grado.

La comunicacion de la sentencia se producirá el próximo lunes, 14 de octubre. Una vez descartada la lectura pública de la sentencia, el tribunal hará llegar su fallo a los acusados a la prisión de Lledoners, donde cumplen prisión preventiva y se comunicará en la sede del Supremo a sus procuradores y a sus abogados, que también podrán recibirla por vía telemática.

Los 12 políticos catalanes acusados en el juicio del «procés», con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a la cabeza, se enfrentan a importantes penas de prisión. La Fiscalía pidió para ellos 177 años de cárcel por los delitos de rebelión y malversación. La Abogacía del Estado rebajó es cifra a 116,5 años al acusarlos de sedición. Por su parte, la acusación popular ejercida por Vox reclamó cerca de 700 años de cárcel. Además, todos ellos podrían quedar inhabilitados para ejercer cargo público, tal y como piden la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Petición de penas

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, (en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017) se enfrenta a 25 años de cárcel por un delito de rebelión con distracción de caudales públicos según la petición de la Fiscalía. La Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel por sedición y malversación de caudales públicos y Vox, 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) afornta 17 años a la cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado solicita 10 años para ella por sedición y Vox 62 años por rebelión y organización criminal.

Para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, expresidente de ANC y presidente de Òmnium Cultural, respectivamente (en prisión desde el 16 de octubre de 2017), la Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado solicita ocho años de cárcel por sedición y Vox, también 62 años por rebelión y organización criminal.

Para el exconsejero de Interior Joaquim Forn (en prisión desde el 2 de noviembre de 2017), la Fiscalía propone 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos, mientras que la Abogacía del Estado quiere 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox, 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Josep Rull, exconsejero de Territorio (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) se enfrente al igual que su compañero a 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos a solicitud de la Fiscalía. La Abogacía del Estado pide 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox, solicita 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

A iguales penas se enfrenta el exconsejero de Presidencia y Portavoz de la Generalitat Jordi Turull (en prisión desde el 23 de marzo de 2018). La Fiscalia le pide 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos. La Abogacía del Estado, 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox,74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) se enfrenta a 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos que pide la Fiscalía. La Abogacía del Estado propone para él 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox vuelve a pedir 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) tiene que hacer frente a los 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos que le pide el ministerio público. La Abogacía del Estado pide para ella 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox reclama 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

El exconsejero de Justicia Carles Mundo (en libertad provisional) podría ser condenado a siete años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia, como pide la Fiscalía y la Abogacía del Estado o a 24 años de cárcel que solicita Vox por malversación, desobediencia y organización criminal.

Para la exconsjera de Gobernación Meritxell Borràs (en libertad provisional) la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 7 años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia y Vox quiere 24 años de cárcel por malversación, desobediencia y organización criminal.

Santiago Vila, exconsejero de Empresa (en libertad provisional), se enfrenta también a siete años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia a petición de la Fiscalía y al Abogacía del Estado, mientras que Vox no solicita pena de prisión al acusarle tan sólo de desobediencia.

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Sucesos

Un recluso pega a otro en una cárcel gallega y el Estado pagará 12.000 euros a la víctima

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El Estado tendrá que pagar casi 12.000 euros por una agresión entre reclusos en la Cárcel de Teixeiro (La Coruña). Fue en 2016 cuando un interno de la prisión los dientes de un puñetazo a su compañero cuando le exigió que le dejase sitio en un banco. Tras el recurso de la víctima, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por no tomar las medidas adecuadas para hacer frente a la condición psíquica del agresor.

El fallo entiende que el hombre presentaba un trastorno psíquico que tenía que haber sido detectado por los servicios penitenciarios. En el momento de la comisión de los hechos, presentaba “un trastorno explosivo intermitente de la personalidad y un trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el comportamiento”.

Esta situación, entiende el tribunal “debió ser debidamente detectada por los servicios penitenciarios correspondientes”, pues “entraña inequívocamente una situación de riesgo”. Entienden que debería haberse valorado para determinar un mayor aislamiento o establecer medidas de seguridad para hacer frente al riesgo que presentaba el interno.

Así, el gobierno tendrá que pagar, como responsable civil subsidiario, los casi 11.640 euros de indemnización que se pidió en un inicio al procesado en primera instancia. En el fallo inicial, la Audiencia condenó al sospechoso a tres años de prisión por ese “fortísimo puñetazo” que le causó a la víctima una frractura en la mandíbula y la pérdida de varias piezas dentales.

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