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Tribunales

Los tres puntos clave en los que se basará la sentencia del procés

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El Tribunal Supremo está a punto de dictar el desenlace del procés. Cuatro meses después de que el juicio quedara visto para sentencia, los magistrados determinarán la responsabilidad penal de los líderes independentistas acusados por proclamar de forma unilateral la independencia de Cataluña, a pesar de su declarada y reiterada inconstitucionalidad.

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El fallo se conocerá en medio de la campaña electoral del 10-N y colocará de nuevo a Cataluña en el centro de la agenda política. Todo parece que será antes del día 16 de octubre, cuando correspondería prorrogar la prisión provisional del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del que lo fue de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

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Aunque los Mossos han asegurado que no cumplirán directrices políticas, la amenaza de una reacción contundente por parte de los sectores más radicales del independentismo ya ha sido anunciada.

LA VIOLENCIA, CLAVE DE SENTENCIA

Precisamente, el nudo gordiano de la sentencia será determinar si hubo o no violencia al tiempo de proclamar la independencia de Cataluña. Esta es el núcleo esencial del delito de rebelión del que la Fiscalía ha acusado a la mayoría de los dirigentes independentistas. “Los promotores y partícipes del plan secesionista lo pusieron en práctica en el año 2015, y en él contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia”, ha sostenido el Ministerio Público. Se diferencia de la sedición en que esta consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes o a cualquier funcionario el ejercicio de sus funciones.

Mientras que para el Ministerio Público el procés fue un delito contra el orden constitucional, la “crónica de una rebelión anunciada”, para las defensas lo contrario. Han defendido el clásico concepto de rebelión como una insurrección armada -al estilo del 23-F-, algo que según han intentado probar, no se produjo.

Por su parte, la Abogacía del Estado -que depende del Ministerio de Justicia dirigido por Dolores Delgado- se ha desmarcado de la Fiscalía y donde en un principio apreció violencia, ha acusado por “una actitud hostil”, o dicho de otra forma, por un delito contra el orden público.

UN TOTAL DE 917.648 EUROS PRESUNTAMENTE MALVERSADOS

Otra cuestión que determinará la sentencia es si los líderes independentistas utilizaron recursos públicos de todos los catalanes para darle cobertura al procés. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han ejercido la acusación por este delito.

Según las explicaciones de tres peritos de Hacienda y una de la Intervención General del Estado, “el gasto se considera realizado en el momento de la prestación del servicio”, produciéndose desde entonces el perjuicio al erario público “independientemente de que esté o no pagado”.

Las peritos han cuantificado en 917.648 euros “la suma de todos los importes” de la supuesta malversación y han argumentado que esos desembolsos se contabilizan al margen de que, como sucedió en algunos casos, se renunciara al cobro por parte de los proveedores o se anularan los pagos.

LOS ACUSADOS Y LOS RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA

Los acusados son el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell, dos dirigentes de movimientos sociales, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás.

El principal ausente es Carles Puigdemont, que lideró el proceso hacia la independencia, pero que se fugó de la acción de la justicia. En su misma condición de rebelde está Antoni Comín, exconsejero de Sanidad; Meritxel Serret, exconsejera de Agricultura; Lluis Puig, exconsejero de Cultura; Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza; Marta Rovira, exdiputada y secretaria general de ERC; y Anna Gabriel, exdiputada de la CUP.

La ponencia de la sentencia le corresponde al magistrado Manuel Marchena, que prepara una resolución prolija y extensa. El tribunal busca la unanimidad en todos los argumentos. También se espera que los dirigentes recurran ante el Tribunal Constitucional en amparo y ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el fallo, el más esperado de la Historia reciente de España.


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Sociedad

La Fiscalía investiga la muerte de al menos 17 ancianos en una residencia de Madrid

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Un familiar atiende a los periodistas a las puertas de la residencia de ancianos Monte Hermoso, en Madrid.
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La Fiscalía de Madrid ha incoado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia presentada por el Defensor del Paciente tras la muerte de al menos 17 ancianos con coronavirus en la residencia Monte Hermoso de Madrid, según han informado fuentes judiciales a RTVE.

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El ministerio público va determinar si se ha cometido algún delito en la respuesta a este brote, por el que se han podido contagiar decenas de residentes, especialmente vulnerables a la enfermedad que causa el Covid-19.

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El paso lo ha dado este miércoles a raíz de una denuncia de la asociación El Defensor del Paciente en la que esta se hacía “eco de varias noticias publicadas en distintos medios de comunicación en las que informan de la muerte de al menos 19 personas” y varias decenas de contagiados, si bien la Comunidad de Madrid solo confirmó el martes el fallecimiento de 17 residentes en el geriátrico Monte Hermoso.

Esta epidemia deja por ahora más de 13.700 personas infectadas en España, casi la mitad en Madrid. En todo el país han fallecido unas 600 personas con coronavirus, de los cuales más de 350 en esta comunidad, según los últimos datos oficiales recopilados por RTVE.

En un escrito que reproduce Europa Press, la presidenta de la asociación denunciante, Carmen Flores, se queja de “la falta de seguridad extrema, de limpieza, de personal y de medios” en general en este centro, situado junto a la Casa de Campo, en la capital.

A casa “sin pruebas”

Diversos familiares de esta residencia se han quejado de “opacidad” y “mala gestión”. Según el testimonio que recoge la misma agencia de Diego Meneses, sobrino de una residente, en los últimos días se habían puesto en contacto con los familiares de los ancianos para avisarles de que Monte Hermoso era un foco de coronavirus y que les ofrecieron llevarse a sus familiares a casa “pero sin hacerles la prueba del coronavirus”.

Meneses ha dicho que cree que están desbordados por el número de casos, al menos 75 entre ancianos y trabajadores.

Según la versión de otro familiar, el lunes recibieron una carta en la que se les animaba a sacar a los residentes y, si no, se les indicaba que “había que firmar” si la persona se quedaba allí; y que el martes la dirección les remitió otra comunicación en la que les explicaba que se procedía a “reforzar la plantilla”, con ayuda tanto de la Consejería de Sanidad como del Hospital Clínico San Carlos, informa Efe.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, indicó el martes que se están poniendo en marcha medidas para que todos los hospitales estén en contacto con las residencias de mayores.

Las denuncias de opacidad y caos en las residencias se suceden en las últimas en varias comunidades, después de que se hayan conocido brotes en varios geriátricos que han causado numerosas muertes a personas que normalmente tienen ya diversas patologías.


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Tribunales

Absuelto un exjugador de la Arandina y rebaja de la pena para los otros dos

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Los condenados por el caso Arandina, a su salida de la Audiencia Provincial de Burgos.
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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha absuelto a uno de los exjugadores de la Arandina Club de fútbol condenado a 38 años de cárcel por agresión sexual a una menor y ha rebajado la pena a los otros dos encausados, condenados también a 38 años, dejándola en cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

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El Tribunal ha calificado los hechos como un delito de abuso sexual en lugar de agresión sexual y ha apreciado como circunstancias atenuantes la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la víctima, han informado este miércoles fuentes del TSJCyL.

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Tribunales

El Supremo ratifica que los medios públicos de la Generalitat no fueron neutrales en las elecciones del 21D

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El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Junta Electoral y ha confirmado que TV3 y Catalunya Ràdio, los medios públicos de la Generalitat, no fueron neutrales ante las elecciones del 21D de 2017, ya que actuaron “a favor” de los partidos independentistas y “en contra” de los que apoyaron el 155.

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Así lo sostiene en una sentencia la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que rechaza el recurso de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y avala las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC), que concluyeron que ni TV3 ni Catalunya Ràdio respetaron las exigencias de neutralidad informativa y de respeto al pluralismo político.

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Para el Supremo, TV3 y Catalunya Ràdio actuaron los días previos a las elecciones del 21-D “a favor de unos”, los partidos que defendían postulados independentistas, y en “contra de otros”, los constitucionalistas que habían aprobado la aplicación del artículo 155, por el que la Generalitat quedó intervenida tras la DUI votada en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

“No hace falta un especial esfuerzo para advertirlo”, apunta el Supremo, que considera que, dada la “gravedad de la situación”, porque las elecciones del 21-D se celebraban en “circunstancias excepcionales” en plena aplicación del 155, los medios públicos de la Generalitat tendrían que haber “extremado el celo” y “esforzarse” por mantener la neutralidad informativa y respetar el pluralismo.

Por el contrario, según el Supremo, hubo algunos episodios, que son los que llevaron a la JEC a denunciar la falta de neutralidad de TV3 y Catalunya Ràdio, en que estos medios se “identificaron” con los postulados de una parte de las formaciones políticas catalanas concurrentes a las elecciones y, simultáneamente, mostraron su rechazo a los de la otra parte.

En concreto, el Supremo se refiere a dos “discursos” que hizo en su programa la presentadora de “El Matí de Catalunya Ràdio”, Mònica Terribas, los días 28 y 30 de noviembre de 2017 -antes del inicio de la campaña electoral-, al “Telenoticies Vespre” del 2 de diciembre y a la cobertura de una manifestación independentista del 7 de diciembre en Bruselas.

Para la sala, la pieza “La Portada” que Terribas hizo los días 28 y 30 de noviembre en su programa “no contienen información, sino opinión” y, por los términos en que se expresan, “vienen a reflejar una suerte de línea editorial del medio”.

El 28 de noviembre, Terribas afirmó que había líderes políticos en prisión y otros que no podían regresar a España porque les detendrían y advirtió de que en la democracia española, aunque las tres listas independentistas consiguieran la mayoría en el Parlament -como acabó ocurriendo-, el Estado tenía medios y recursos por la vía económica, judicial, policial y legislativa para que nunca salieran adelante.

La JEC, en su dictamen ahora avalado por el Supremo, denunció el tono “partidista, electoralista y abiertamente favorable” a las tesis de los partidos independentistas de este comentario y reprochó a Terribas que en su mensaje subyaciera la idea de que existe una “represión estatal” al independentismo, haciendo responsables de ella a las formaciones constitucionalistas.

Posteriormente, el 30 de noviembre, Terribas arremetió contra PP, PSOE y Ciudadanos por negarse a crear una comisión de investigación por las cargas policiales del 1-O y se exclamó contra unos senadores del PP que habían comprado boletos de lotería con el número 155: “Los catalanes sufren los efectos del 155, no es una anécdota divertida ésa, trivializar la suspensión del autogobierno”.

Para la JEC, en su resolución confirmada por el Supremo, el comentario de Terribas, a las puertas del inicio de la campaña electoral, no fue “en modo alguno, neutro”, sino que reflejó una “invectiva del todo partidista y electoralista, abiertamente crítica y reprobatoria que se vuelca sobre unas concretas formaciones políticas que concurren en las elecciones”.

“Dichas alocuciones reflejan un evidente juicio negativo sobre una parte de las formaciones políticas concurrentes a las elecciones del 21-D y, simultáneamente, comportan una apreciación positiva de otras. Más allá del tono, la ironía o el sarcasmo, el extremo relevante es que el mensaje transmitido es parcial. Toma partido, no es neutral”, concluye el Supremo.

La sala también es crítica con la cobertura que TV3 hizo en su Telenoticies Vespre del 2 de diciembre de 2017 con motivo del concierto “por la libertad de los presos políticos” organizado por la ANC y de la manifestación independentista del día 7 de diciembre en Bruselas, en que la televisión pública se convirtió en “altavoz de iniciativas de parte” sin guardar proporción con el trato dado a los demás participantes en las elecciones.

“El carácter noticioso y el interés de uno y otro acontecimiento no son discutibles, pero tampoco lo es que eran iniciativas de parte con trascendencia electoral y que el medio público amplificó su eco beneficiando así a los que promovieron en desventaja para las demás fuerzas políticas que participaban en las elecciones”, apunta el tribunal.

Para el Supremo, la “veracidad, el carácter noticioso, la actualidad, en definitiva, el interés informativo de unos determinados hechos”, si bien obligan a dar cuenta de ellos a la audiencia, “no justifican que un medio público, más allá de la imprescindible información, atribuya un peso desproporcionado a lo que son actos de relevancia electoral de parte”.


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