Los tres puntos clave en los que se basará la sentencia del procés - ALERTA NACIONAL
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Los tres puntos clave en los que se basará la sentencia del procés

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El Tribunal Supremo está a punto de dictar el desenlace del procés. Cuatro meses después de que el juicio quedara visto para sentencia, los magistrados determinarán la responsabilidad penal de los líderes independentistas acusados por proclamar de forma unilateral la independencia de Cataluña, a pesar de su declarada y reiterada inconstitucionalidad.

El fallo se conocerá en medio de la campaña electoral del 10-N y colocará de nuevo a Cataluña en el centro de la agenda política. Todo parece que será antes del día 16 de octubre, cuando correspondería prorrogar la prisión provisional del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del que lo fue de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

Aunque los Mossos han asegurado que no cumplirán directrices políticas, la amenaza de una reacción contundente por parte de los sectores más radicales del independentismo ya ha sido anunciada.

LA VIOLENCIA, CLAVE DE SENTENCIA

Precisamente, el nudo gordiano de la sentencia será determinar si hubo o no violencia al tiempo de proclamar la independencia de Cataluña. Esta es el núcleo esencial del delito de rebelión del que la Fiscalía ha acusado a la mayoría de los dirigentes independentistas. “Los promotores y partícipes del plan secesionista lo pusieron en práctica en el año 2015, y en él contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia”, ha sostenido el Ministerio Público. Se diferencia de la sedición en que esta consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes o a cualquier funcionario el ejercicio de sus funciones.

Mientras que para el Ministerio Público el procés fue un delito contra el orden constitucional, la “crónica de una rebelión anunciada”, para las defensas lo contrario. Han defendido el clásico concepto de rebelión como una insurrección armada -al estilo del 23-F-, algo que según han intentado probar, no se produjo.

Por su parte, la Abogacía del Estado -que depende del Ministerio de Justicia dirigido por Dolores Delgado- se ha desmarcado de la Fiscalía y donde en un principio apreció violencia, ha acusado por “una actitud hostil”, o dicho de otra forma, por un delito contra el orden público.

UN TOTAL DE 917.648 EUROS PRESUNTAMENTE MALVERSADOS

Otra cuestión que determinará la sentencia es si los líderes independentistas utilizaron recursos públicos de todos los catalanes para darle cobertura al procés. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han ejercido la acusación por este delito.

Según las explicaciones de tres peritos de Hacienda y una de la Intervención General del Estado, “el gasto se considera realizado en el momento de la prestación del servicio”, produciéndose desde entonces el perjuicio al erario público “independientemente de que esté o no pagado”.

Las peritos han cuantificado en 917.648 euros “la suma de todos los importes” de la supuesta malversación y han argumentado que esos desembolsos se contabilizan al margen de que, como sucedió en algunos casos, se renunciara al cobro por parte de los proveedores o se anularan los pagos.

LOS ACUSADOS Y LOS RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA

Los acusados son el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell, dos dirigentes de movimientos sociales, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás.

El principal ausente es Carles Puigdemont, que lideró el proceso hacia la independencia, pero que se fugó de la acción de la justicia. En su misma condición de rebelde está Antoni Comín, exconsejero de Sanidad; Meritxel Serret, exconsejera de Agricultura; Lluis Puig, exconsejero de Cultura; Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza; Marta Rovira, exdiputada y secretaria general de ERC; y Anna Gabriel, exdiputada de la CUP.

La ponencia de la sentencia le corresponde al magistrado Manuel Marchena, que prepara una resolución prolija y extensa. El tribunal busca la unanimidad en todos los argumentos. También se espera que los dirigentes recurran ante el Tribunal Constitucional en amparo y ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el fallo, el más esperado de la Historia reciente de España.


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Tribunales

Más Madrid denunciará a Rocío Monasterio por falsedad documental

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Más Madrid denunciará este viernes ante la Fiscalía Provincial a la diputada autonómica y líder de Vox en la Comunidad, Rocío Monasterio, por un presunto delito de falsedad en documento publico.

La denuncia contra Monasterio será presentada por los concejales de Más Madrid Marta Higueras, Rita Maestre y José Manuel Calvo.

Según ha publicado El País, la líder de Vox en Madrid tramitó hasta 2016 planos de obra con un visado falso del Colegio de Aparejadores.

Más Madrid ya denunció en noviembre pasado a Monasterio ante el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que mantiene abierta una investigación por los presuntos delitos de intrusismo profesional cometidos entre 2000 y 2009.

En esos años, según Más Madrid, la diputada “no tenía aún titulación” y, sin embargo, “estuvo ejerciendo o realizando actividades relacionadas con la profesión de arquitecto”.


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Tribunales

El CGPJ da vía libre a Dolores Delgado como fiscal general con siete votos en contra

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este jueves el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado con doce votos a favor y siete en contra. Tras poco más de una hora de reunión, el pleno se ha limitado a constatar en su informe que Delgado cumple los requisitos que exige la ley para el cargo -15 años de ejercicio profesional como jurista de prestigio-, sin mencionar palabras habituales en estos dictámenes, como méritos ni idoneidad del candidato.

Según informan fuentes del CGPJ, hay un voto particular discrepante al que se adhieren varios vocales y varios votos concurrentes, es decir, que están de acuerdo con el aval, pero plantean discrepancias en la forma.

En la reunión sólo ha votado la propuesta del presidente del CGPJ Carlos Lemes, que decidió eliminar del informe las palabras “idoneidad” o “méritos” para lograr el mayor consenso posible en el pleno en favor de la candidatura de Delgado, consciente de que el bloque conservador, mayoritario, cuestionaba el nombramiento. Delgado supera así el primer trámite para llegar a la cabeza de la Fiscalía General del Estado, ya que debe todavía comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso.

El informe del CGPJ no es vinculante, pero sí preceptivo, y las discrepancias en el pleno ponen de manifiesto la división en el órgano de gobierno de los jueces ante una candidatura cuestionada con dureza por la oposición parlamentaria y buena parte de la carrera fiscal. Muestra de ellos es que su antecesora en el cargo, la fiscal progresista María José Segarra, obtuvo su informe por unanimidad. Los otros tres fiscales generales avalados por este mismo Consejo también superaron el trámite del CGPJ sin mayores discrepancias.


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Tribunales

Los jueces estallan ante Iglesias: le piden “moderación” y no politizar la Justicia

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La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha criticado este miércoles unas declaraciones del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, que ayer dijo que los tribunales europeos han humillado a los españoles en el “procés”, y ha pedido que no se use políticamente la Justicia. En una declaración institucional adoptada por unanimidad, la comisión permanente del CGPJ apela a la “moderación, prudencia, mesura y a la responsabilidad institucional” para evitar que se cuestione “la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad” de los jueces.

Se trata del primer encontronazo público del Poder Judicial con el nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, en vísperas de que mañana se examine la propuesta de nombrar fiscal general del Estado a la exministra de Justicia Dolores Delgado.

La declaración, firmada por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Caros Lesmes, y por los siete vocales de la comisión permanente, de tendencias ideológicas diversas, responde a una entrevista de Iglesias con Antena 3, en referencia al “procés”: “Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español”, señaló.

“Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”, comienza la declaración.

El CGPJ explica la tarea de los jueces incluye colaborar con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a los que se subordina la jurisdicción española, por lo que sus pronunciamientos forman parte “del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos”.

Recuerda en este contexto que sobre el “procés” sólo ha habido dos resoluciones de esos tribunales: la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, que no había sido reconocida por el Supremo; y el pronunciamiento del TEDH que confirmó la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de 9 de octubre de 2017.

En el primero de los casos, destaca que el TJUE aclaró la cuestión de la inmunidad de los eurodiputados “en un sentido contrario al sostenido hasta entonces por el propio tribunal europeo, por todos los Estados de la Unión, por la Comisión Europea y por el propio Parlamento Europeo”.

Sobre la tramitación de las euroórdenes contra los huidos del “procés” en otros tribunales de socios de la UE -a los que no están subordinados los españoles-, el CGPJ recuerda que todavía no ha habido pronunciamiento definitivo en Bélgica ni en Escocia.

Sólo el “tribunal regional” alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Carles Puigdemont por el delito de rebelión, aunque aceptó la extradición por malversación, precisa. La comisión permanente recuerda que no es la primera vez que hace una apelación de este tipo en este mandato del Consejo. En abril de 2018 llamó también a “la moderación, la mesura y la prudencia de los responsables públicos para evitar la utilización política de la Justicia” y el cuestionamiento de los jueces después de que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuestionara al juez de la Audiencia de Navarra que firmó un voto particular pidiendo la absolución de los integrantes de La Manada. Según dijo Catalá, cuando “todos” sabían que el juez “tiene algún problema singular”, el CGPJ “debería haber actuado preventivamente” contra él.

La declaración de este miércoles esta suscrita por Lesmes, Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.

DECLARACIÓN COMPLETA

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad la siguiente declaración institucional en respuesta a las manifestaciones realizadas ayer a Antena 3 Televisión por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en las que afirmaba que la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos:

“Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Esa tarea incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias, formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos.

En relación con los hechos acaecidos en Cataluña en el otoño de 2017, solo existen dos pronunciamientos de estos tribunales:

  1. La sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 dictada en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español y que aclara la cuestión de la inmunidad de los europarlamentarios desde la perspectiva del Derecho europeo en un sentido contrario al sostenido hasta entonces por el propio tribunal europeo, por todos los Estados de la Unión, por la Comisión Europea y por el propio Parlamento Europeo. Una vez conocida la sentencia, el Tribunal Supremo acomodó sus resoluciones a la nueva doctrina y acordó la inhabilitación del procesado Oriol Junqueras, decisión que fue inmediatamente aceptada y ejecutada por el Parlamento Europeo, y solicitó a esta Cámara la suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín.

  2. El pronunciamiento del TEDH que confirmó en todos sus extremos la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017 y declaró que esa suspensión era “necesaria en una sociedad democrática” para “el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás”.

La Comisión Permanente también quiere recordar, en relación con la actuación de otros tribunales respecto de los que no existe subordinación alguna de la Justicia española, que ninguno de ellos ha hecho pronunciamiento definitivo sobre las euroórdenes cursadas a Bélgica contra Carles Puigdemont y Antoni Comín –que se encuentran suspendidas- ni sobre la cursada a Escocia contra Clara Ponsatí –que sigue tramitándose-; y que solo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Carles Puigdemont para ser enjuiciado por el delito de rebelión, aunque sí aceptó su entrega por el de malversación de caudales públicos.

Como ya ha hecho a lo largo del presente mandato del CGPJ con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, la Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.

La declaración ha sido suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su Comisión Permanente: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.


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