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Tribunales

Los tres puntos clave en los que se basará la sentencia del procés

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El Tribunal Supremo está a punto de dictar el desenlace del procés. Cuatro meses después de que el juicio quedara visto para sentencia, los magistrados determinarán la responsabilidad penal de los líderes independentistas acusados por proclamar de forma unilateral la independencia de Cataluña, a pesar de su declarada y reiterada inconstitucionalidad.

El fallo se conocerá en medio de la campaña electoral del 10-N y colocará de nuevo a Cataluña en el centro de la agenda política. Todo parece que será antes del día 16 de octubre, cuando correspondería prorrogar la prisión provisional del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del que lo fue de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

Aunque los Mossos han asegurado que no cumplirán directrices políticas, la amenaza de una reacción contundente por parte de los sectores más radicales del independentismo ya ha sido anunciada.

LA VIOLENCIA, CLAVE DE SENTENCIA

Precisamente, el nudo gordiano de la sentencia será determinar si hubo o no violencia al tiempo de proclamar la independencia de Cataluña. Esta es el núcleo esencial del delito de rebelión del que la Fiscalía ha acusado a la mayoría de los dirigentes independentistas. “Los promotores y partícipes del plan secesionista lo pusieron en práctica en el año 2015, y en él contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia”, ha sostenido el Ministerio Público. Se diferencia de la sedición en que esta consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes o a cualquier funcionario el ejercicio de sus funciones.

Mientras que para el Ministerio Público el procés fue un delito contra el orden constitucional, la “crónica de una rebelión anunciada”, para las defensas lo contrario. Han defendido el clásico concepto de rebelión como una insurrección armada -al estilo del 23-F-, algo que según han intentado probar, no se produjo.

Por su parte, la Abogacía del Estado -que depende del Ministerio de Justicia dirigido por Dolores Delgado- se ha desmarcado de la Fiscalía y donde en un principio apreció violencia, ha acusado por “una actitud hostil”, o dicho de otra forma, por un delito contra el orden público.

UN TOTAL DE 917.648 EUROS PRESUNTAMENTE MALVERSADOS

Otra cuestión que determinará la sentencia es si los líderes independentistas utilizaron recursos públicos de todos los catalanes para darle cobertura al procés. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han ejercido la acusación por este delito.

Según las explicaciones de tres peritos de Hacienda y una de la Intervención General del Estado, “el gasto se considera realizado en el momento de la prestación del servicio”, produciéndose desde entonces el perjuicio al erario público “independientemente de que esté o no pagado”.

Las peritos han cuantificado en 917.648 euros “la suma de todos los importes” de la supuesta malversación y han argumentado que esos desembolsos se contabilizan al margen de que, como sucedió en algunos casos, se renunciara al cobro por parte de los proveedores o se anularan los pagos.

LOS ACUSADOS Y LOS RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA

Los acusados son el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell, dos dirigentes de movimientos sociales, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás.

El principal ausente es Carles Puigdemont, que lideró el proceso hacia la independencia, pero que se fugó de la acción de la justicia. En su misma condición de rebelde está Antoni Comín, exconsejero de Sanidad; Meritxel Serret, exconsejera de Agricultura; Lluis Puig, exconsejero de Cultura; Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza; Marta Rovira, exdiputada y secretaria general de ERC; y Anna Gabriel, exdiputada de la CUP.

La ponencia de la sentencia le corresponde al magistrado Manuel Marchena, que prepara una resolución prolija y extensa. El tribunal busca la unanimidad en todos los argumentos. También se espera que los dirigentes recurran ante el Tribunal Constitucional en amparo y ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el fallo, el más esperado de la Historia reciente de España.

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Tribunales

El Tribunal Supremo condenará por sedición y malversación a los líderes del «procés»

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Banquillo de los acusados del juicio del «procés»
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Un delito contra el orden público y no contra el orden constitucional. La Sala Penal del Tribunal Supremo va a condenar a los líderes del «procés» por un delito de sedición y no de rebelión. Lo hará por unanimidad, y tras valorar que que si bien hubo violencia en momentos puntuales durante el otoño caliente de 2017, esta no tuvo la suficiente entidad como para poder condenar por rebelión.

La sentencia, que se dará a conocer este lunes, ya con el cuadro de penas de prisión para cada uno de los líderes independentistas, incluye también una condena por malversación para el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros que están presos. No así para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, que serán condenados solo por desobediencia y no malversación.

Se resuelve así la mayor incógnita del juicio: hubo sedición y no rebelión, un tipo delictivo que implicaba violencia. Había varias opciones encima de la mesa. La Fiscalía siempre defendió la rebelión; la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, apostó por la sedición; y las defensas argumentaron la mera desobediencia.

La diferencia entre la rebelión y la sedición es que la primera implica un ataque al orden constitución y la segunda, la sedición, se refiere a un ataque contra el orden público. El factor clave era determinar si hubo violencia y cuantificar en qué grado.

La comunicacion de la sentencia se producirá el próximo lunes, 14 de octubre. Una vez descartada la lectura pública de la sentencia, el tribunal hará llegar su fallo a los acusados a la prisión de Lledoners, donde cumplen prisión preventiva y se comunicará en la sede del Supremo a sus procuradores y a sus abogados, que también podrán recibirla por vía telemática.

Los 12 políticos catalanes acusados en el juicio del «procés», con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a la cabeza, se enfrentan a importantes penas de prisión. La Fiscalía pidió para ellos 177 años de cárcel por los delitos de rebelión y malversación. La Abogacía del Estado rebajó es cifra a 116,5 años al acusarlos de sedición. Por su parte, la acusación popular ejercida por Vox reclamó cerca de 700 años de cárcel. Además, todos ellos podrían quedar inhabilitados para ejercer cargo público, tal y como piden la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Petición de penas

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, (en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017) se enfrenta a 25 años de cárcel por un delito de rebelión con distracción de caudales públicos según la petición de la Fiscalía. La Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel por sedición y malversación de caudales públicos y Vox, 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) afornta 17 años a la cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado solicita 10 años para ella por sedición y Vox 62 años por rebelión y organización criminal.

Para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, expresidente de ANC y presidente de Òmnium Cultural, respectivamente (en prisión desde el 16 de octubre de 2017), la Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado solicita ocho años de cárcel por sedición y Vox, también 62 años por rebelión y organización criminal.

Para el exconsejero de Interior Joaquim Forn (en prisión desde el 2 de noviembre de 2017), la Fiscalía propone 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos, mientras que la Abogacía del Estado quiere 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox, 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Josep Rull, exconsejero de Territorio (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) se enfrente al igual que su compañero a 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos a solicitud de la Fiscalía. La Abogacía del Estado pide 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox, solicita 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

A iguales penas se enfrenta el exconsejero de Presidencia y Portavoz de la Generalitat Jordi Turull (en prisión desde el 23 de marzo de 2018). La Fiscalia le pide 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos. La Abogacía del Estado, 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox,74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) se enfrenta a 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos que pide la Fiscalía. La Abogacía del Estado propone para él 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox vuelve a pedir 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) tiene que hacer frente a los 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos que le pide el ministerio público. La Abogacía del Estado pide para ella 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox reclama 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

El exconsejero de Justicia Carles Mundo (en libertad provisional) podría ser condenado a siete años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia, como pide la Fiscalía y la Abogacía del Estado o a 24 años de cárcel que solicita Vox por malversación, desobediencia y organización criminal.

Para la exconsjera de Gobernación Meritxell Borràs (en libertad provisional) la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 7 años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia y Vox quiere 24 años de cárcel por malversación, desobediencia y organización criminal.

Santiago Vila, exconsejero de Empresa (en libertad provisional), se enfrenta también a siete años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia a petición de la Fiscalía y al Abogacía del Estado, mientras que Vox no solicita pena de prisión al acusarle tan sólo de desobediencia.

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Sucesos

Un recluso pega a otro en una cárcel gallega y el Estado pagará 12.000 euros a la víctima

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El Estado tendrá que pagar casi 12.000 euros por una agresión entre reclusos en la Cárcel de Teixeiro (La Coruña). Fue en 2016 cuando un interno de la prisión los dientes de un puñetazo a su compañero cuando le exigió que le dejase sitio en un banco. Tras el recurso de la víctima, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por no tomar las medidas adecuadas para hacer frente a la condición psíquica del agresor.

El fallo entiende que el hombre presentaba un trastorno psíquico que tenía que haber sido detectado por los servicios penitenciarios. En el momento de la comisión de los hechos, presentaba “un trastorno explosivo intermitente de la personalidad y un trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el comportamiento”.

Esta situación, entiende el tribunal “debió ser debidamente detectada por los servicios penitenciarios correspondientes”, pues “entraña inequívocamente una situación de riesgo”. Entienden que debería haberse valorado para determinar un mayor aislamiento o establecer medidas de seguridad para hacer frente al riesgo que presentaba el interno.

Así, el gobierno tendrá que pagar, como responsable civil subsidiario, los casi 11.640 euros de indemnización que se pidió en un inicio al procesado en primera instancia. En el fallo inicial, la Audiencia condenó al sospechoso a tres años de prisión por ese “fortísimo puñetazo” que le causó a la víctima una frractura en la mandíbula y la pérdida de varias piezas dentales.

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Tribunales

El juez Requero, la primera víctima de la ‘maldición’ de la exhumación de Franco: Atropellado por un taxi cuando iba en moto

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EM.- En la tradición -el derecho natural- los cadáveres siempre han pertenecido a sus deudos (sus familiares) salvo en la sentencia de la exhumación de Franco, que pertenecen al Estado. Franco “no goza de una facultad incondicionada de elección del lugar de enterramiento de sus deudos (…) No forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de sepultura de los parientes”. De momento, el juez conservador José Luis Requero ya puede decirse primera víctima de la maldición que en la cultura popular supone sacar a los muertos de su tumba. Según deslizan, hace unos días fue atropellado por un taxi cuando iba en moto y se ha roto la clavícula del brazo derecho. Con la que firmó la sentencia.

En La comisión para la inmortalización de John Gray, se explican las horas que siguieron a la muerte de Lenin en 1924.

“Al parecer, Stalin creía que un Lenin embalsamado cuadraría con la creencia ortodoxa rusa de que el cuerpo de los santos son incorruptibles y canalizaría los sentimientos de los rusos a favor del régimen”. Pero la decisión de embalsamar a Lenin implicaba más que un simple cálculo político. “Leonid Krasin (1860-1926) intentó congelar (sin éxito) a Lenin para devolverle a la vida” cuando los avances científicos lo hicieran posible. Tras la desintegración de la URSS, Yelsin anunció que desmontaría el mausoleo de Lenin y enterraría el cuerpo pero las protestas de los comunistas lo impidieron. Tras la restauración de 2004, Lenin lucía más joven que nunca. Y ahí sigue el vencedor de la Guerra Civil rusa.

Desde hace varios días, los lectores esperaban que los juristas se pronunciaran al respecto de la Sentencia de Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco. LOC ha preguntado a Ramón López Vilas, un magistrado, abogado y académico español. También a Adolfo Prego, ex magistrado del Supremo. La respuesta ha sido la misma. “Preferimos no comentar la sentencia por lo delicado de la situación del país”.

Un acto inminente

Dicen en el Gobierno, además, que la exhumación de Francoes inminente. Algunos han apuntado a que pudiera ser mañana mismo pero, de momento, los Franco han tratado de retrasar la ejecución de la sentencia pidiendo al Supremo la aclaración. (Y falta el Constitucional, que se pronuncien el resto de los Tribunales y sobre todo la carta de Roma al Prior).

El Supremo desestimó de forma íntegra el recurso de los nietos de Franco al “no apreciar arbitrariedad ni desproporción en la decisión del Consejo de Ministros” de exhumar los restos mortales de Franco Cuelgamuros para inhumarlos en Mingorrubio en donde reposan los restos su mujer.

Al mismo tiempo niega la petición de llevar los restos a la Almudena porque la decisión de los familiares sobre los restos de su abuelo “no es un derecho absoluto y puede ser limitado por razones de interés general”.

El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera, se muestra indignado porque los Franco no hayan sido avisados de cuándo sería la exhumación. También le sorprende el concepto “interés general”. “No han dado otra opción. Si supuestamente (que nunca lo harían) los Franco hubiera decidido incinerar los restos de su abuelo y ponerlos en una urna en una estantería de su casa con una medalla tampoco hubieran podido porque se les niega derecho alguno sobre el cuerpo de su abuelo”.

Mucha seguridad para evitar profanaciones

La reflexión desde Lenin a Franco es evidente. ¿A quién pertenece un cadáver? Siguiendo el Derecho Natural, a sus familiares. Volviendo al caso expreso de Franco. El Real Decreto-Ley 10/2018 que modifica la Ley 52/2007 dice lo siguiente: “Los familiares podrán disponer en dicho plazo sobre el destino de los restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumación (…). En caso de discrepancia entre los familiares, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura”. Ellos propusieron La Almudena. Al mismo tiempo el artículo 8 del convenio de Roma dice: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito…”.

La sentencia sostiene que “dadas las características del enterramiento de sus restos, no es posible reducir cuanto a ellos se refiere a la esfera privada y familiar ni apreciar un trato discriminatorio injustificado ni, tampoco, vejatorio”. Sobre todo porque como reconoce la sentencia: “Fue el Jefe del Estado surgido de la Guerra Civil (…) La extraordinaria singularidad de su figura lo convierte, efectivamente, en un caso único en el sentido”. Entonces, se pregunta un jurista por supuesto anónimo, ¿cómo negarle una inhumación (funeral multitudinario incluido) digno de jefe de Estado?

La posibilidad de la incineración parece descartada (no es algo que guste a la Iglesia) ya que el cadáver de Franco está embalsamado. Sin embargo, uno de los principales temores de la familia es que tampoco en Mingorrubio Franco pueda descansar en paz. “Habrá que poner mucha seguridad para que no vengan salvajes y profanen el panteón”.

Fuente: El Mundo

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