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España

El PSOE intentó que el derroche del “procés” no se descubriera antes del 28-A

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Carles Puigdemont
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El Pleno de Tribunal de Cuentas aprobó ayer por mayoría el Informe de fiscalización de la Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña durante el periodo 2011 a 2017 que supuso un dispendio de 421 millones de euros de dinero público con un único objetivo: la independencia de Cataluña.

El informe ha contado con el anuncio de la presentación de un voto particular de la consejera del PSOE, María Dolores Genaro, tras debatirse en el Pleno matizaciones que afectaban a partes sustanciales del informe. Según fuentes consultadas del Tribunal de Cuentas, «algunos consejeros habían trasladado inquietudes que obedecían más a directrices de la Generalitat sobre su ámbito competencial».

Desde que se aprobó en las Cortes a finales de diciembre de 2017 por la comisión mixta del Congreso y el Senado, la elaboración del informe ha sufrido múltiples presiones. El trabajo de fiscalización estaba casi finalizado a mediados de septiembre de 2018, para presentarlo antes del inicio del juicio del «procés», «pero la ingente cantidad de alegaciones, así como la aportación de documentación de forma extemporánea por parte de la Generalitat ha dilatado su terminación varios meses».

Tras el debate en la Sección de Fiscalización del TCu del pasado jueves 21 de marzo, ABC ha tenido conocimiento de las presiones del Gobierno para intentar postergar su aprobación después de las elecciones del 28-A. «Ese día los cinco consejeros propuestos por el PSOE en bloque propusieron que se retrasase la aprobación del informe después de las elecciones de abril», aseguran fuentes del TCu. Sin tener en cuenta que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado ya se habían pronunciado en dos escritos presentados el pasado 14 de marzo.

Existencia de delitos

Las andanzas por el mundo de Artur Mas, Carles Puigdemont y los consejeros del Govern en su obsesión por internacionalizar el «procés» tendrán consecuencias económicas. Casi 7 millones de euros sin justificar están en el punto de mira para que se restituyan a las arcas públicas. El abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, estima que «procede la remisión a la Sección de Enjuiciamiento con el fin de depurar la responsabilidad contable que pudiera derivarse de los hechos» relatados.

Así, la Abogacía del Estado se une al escrito formulado por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, remitido a la Fiscalía General para que investigue las posibles responsabilidades contables de los principales dirigentes de la Generalitat de Cataluña. No sería la primera vez. Artur Mas fue condenado a pagar 4,9 millones de euros por la consulta del 9-N. Además, como adelanto el fiscal jefe Torres también estipula que dichos hechos permiten «fundamentar la existencia de indicios de la comisión de los delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento público y contra las instituciones del Estado».

El abogado del Estado manifiesta «su conformidad con las conclusiones y recomendaciones recogidas», así como con todas las cantidades «contenidas en el cuerpo del informe de fiscalización». En concreto, de las 500 páginas donde se detallan minuciosamente las irregularidades en subvenciones, asesoramientos, contratos, ayudas, viajes internacionales tanto de los presidentes de la Generalitat -Mas y Puigdemont- como de sus consejeros -Raül Romeva, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell y Santi Vila, entre otros-. Un total de 46 viajes que suman casi medio millón de euros destinados exclusivamente para «promocionar el proceso soberanista» a través de encuentros con políticos y conferencias en universidades, «no resultando justificado el uso de fondos públicos para dichas finalidades».

Millones sin control

La única hoja de ruta de la Secretaría de Acción Exterior, y del consejero Romeva, con sus «embajadas» catalanas y Diplocat, era «promover, impulsar, fomentar, debatir, publicitar y tratar de conseguir el respaldo internacional del llamado procés». Una máquina al servicio de la «creación de estructuras de Estado» a través de la intensificación de contactos con otras embajadas, entrevistas con periodistas extranjeros, visitas de responsables gubernamentales y parlamentarios, o la creación de argumentarios en los que no era conveniente «mencionar las palabras «declaración unilateral de independencia» ni tampoco las siglas DUI.

La Secretaría dirigida por Romeva seguía un «manual de instrucciones» cuando cerraba contratos ajenos a su competencia en materia de comunicación, protocolo o sobre defensa internacional, intentando «formar parte de tratados multilaterales» como si fuera un Estado más de la Unión Europea. Gran parte de los 27 millones de euros gastados por estas delegaciones exteriores se utilizaron injustificadamente en actividades que no cumplían las finalidades para las que se crearon, como apunta la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En total asciende al menos a 327.736 euros las irregularidades contabilizadas en actividades ajenas a su finalidad.

La de mayor cuantía –41.045 euros– tiene lugar en París el 25 de septiembre de 2017 para presentar el informe «El legítimo derecho a decidir de Cataluña» para intentar dar legitimidad al referéndum del 1-O. Con respecto a la consulta del 9-N, señala la Abogacía, la utilización de locales de las delegaciones de Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos como la Casa de Perpiñán y oficinas sectoriales de Acció para la votación convocada para el 9 de noviembre, «a pesar de que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional».

Sin documentación justificativa

No existe documentación justificativa de varios gastos recogidos en la contabilidad de varias delegaciones por 302.793 euros. Además, el Tribunal de Cuentas detectó pagos por 171.612,90 euros que resultan injustificados, ya que corresponde a gastos privados de los delegados, otros cuya finalidad se desconoce, donaciones prohibidas en las delegaciones, o servicios prestados desconocidos. Como es el caso de la delegación alemana que pagó el catering posterior a una conferencia sobre la autodeterminación que dio Artur Mas organizada por la Asamblea Nacional Catalana o la delegación de Dinamarca que abonó los billetes de avión de Romeva cuando ya había sido cesado. «Las delegaciones realizaban los gastos que querían y eran utilizadas para disponer de recursos para organizar todo tipo de actividades que no habrían podido realizarse desde la propia Generalitat».

Los argumentarios del «procés» se pagaban bien: 515.675 euros repartidos en contratos menores y en muchos casos no justificados. Por ejemplo, tres pagos por el asesoramiento a un despacho radicado en Londres dirigido por una abogada eslovena. Otro caso: el lobby norteamericano Independent Diplomat recibió casi 1,4 millones de euros –la cifra más alta– «sin incluir documentación que resulte acreditativa del servicio prestado». Un tercer, el conjunto de gastos irregulares, por injustificados, de Diplocat ascienden al menos a 3,9 millones de euros. Constata el informe la afición desmedida de la Generalitat en el empleo de observadores electorales internacionales llegando hasta los 553.120 euros.

Subvenciones irregulares

El dinero público entregado a entidades independentistas se acercó a los 15 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades: 350.850 euros entregados a una asociación vinculada a CiU cuyo objetivo era «el conocimiento y reconocimiento internacional de la nación catalana»; y con el agravante de que dos miembros de su consejo editor son altos cargos de la Secretaría de Acción Exterior. En esta misma línea, Diplocat también concedió ayudas por «una cifra escandalosa»: 565.000 euros para la financiación de los gastos de transporte y de alojamiento de las entidades civiles catalanas. Fue la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) quién gestionó estas ayudas a través de un convenio que está en el punto de mira.

Gastos y más gastos destapados por el Tribunal de Cuentas, a pesar del interés de sus responsables –la Generalitat– de que no trascendiera y, lo que es más sorprendente, a pesar del interés del Gobierno y del Partido Socialista porque no trasciendan antes de las elecciones del próximo 28 de abril. Que cada palo aguante su vela.


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Andalucía

Así funcionó el “sistema fraudulento” de los ERE durante una década en Andalucía

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Entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía puso y mantuvo en funcionamiento un “sistema fraudulento” de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros. La Audiencia de Sevilla ha condenado por ello a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán a seis años de prisión y 15 de inhabilitación y a Manuel Chaves a nueve de inhabilitación, así como ha establecido condenas a los máximos responsables de este entramado.

Un sistema por el que las subvenciones sociolaborales para empresas en crisis salieron de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y que en ocasiones “carecían de actividad ni empleados”. Una realidad opuesta a las casi 200 compañías que, por ausencia de convocatoria y publicidad del proceso de concesión de las ayudas, se vieron “privadas del derecho a acceder a las ayudas” que les hubieran permitido mantener su actividad empresarial, evitando cierres. De entre las más de 1800 páginas de sentencia, la Audiencia de Sevilla ha resumido la trama fraudulenta de la siguiente manera.

El origen: dos modificaciones presupuestarias para eludir controles

Entre 1999 y la primera parte del año 2000 las subvenciones laborales para casos como los ERE funcionaban de forma legal a través de las partidas del programa presupuestario 22E, aunque la Consejería de Empleo “utilizaba ordinariamente lo que debiera ser extraordinario”, es decir, la figura de la subvención excepcional. Un hecho que en ocasiones sufría retrasos debido a los informes desfavorables del Gabinete Jurídico y por los reparos del Interventor Delgado.

“La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente”, reza el fallo.

El fraude se gestó en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Manuel Chaves, aprobó dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez y se mantuvieron con José Antonio Griñán al sucederla en el cargo.

La primera modificación fue una Transferencia de Financiación por la que las partidas de las subvenciones pasaron de la Consejería de Empleo a ser gestionadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -posteriormente IDEA-. Y con la segunda modificación presupuestaria, se redujeron los fondos del programa presupuestario 22E -de la Consejería-, e incrementaron de forma “legalmente inapropiada” la partida 440.01 de “transferencia al IFA en materia de Relaciones Laborales”.

El tribunal considera que la “única conclusión razonable” para dichas modificaciones -que se incluyeron en el presupuesto de 2002 y se mantuvieron hasta el año 2009- fue evitar la tramitación de los expedientes de concesión de subvenciones, “con los requisitos legalmente establecidos para su otorgamiento, así como la fiscalización previa por parte de la Intervención”.

Además, en julio de 2001 el Consejero de Empleo, José Antonio Viera Chacón, y el presidente del Instituto, Antonio Fernández García -también entonces viceconsejero de Empleo- firmaron un convenio por el que el Instituto recibe “una misión concreta: pagar el importe de la ayuda que le ordenara el Director General de Trabajo”, que entonces era el también condenado Francisco Javier Guerrero, responsable de gestionar las subvenciones excepcionales dentro del programa 22E -y luego 31L-. Todo ello, pese a que el Director General de Trabajo “carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones”.

Gastos ficticios, desfases presupuestarios y descontrol

Las transferencias de financiación, explica la sentencia, están justificadas únicamente para “compensar las pérdidas de una entidad empresarial pública” -que en este caso sería la Consejería de Empleo-. Por eso, la Audiencia de Sevilla deduce que “era aritméticamente necesario hacer figurar en el IFA-IDEA gastos ficticios -que nunca se iban a producir- que originaran pérdidas, logrando así el necesario equilibrio presupuestario de esa”.

Además, el nuevo sistema permitió que los fondos se otorgaran directamente a las empresas -en lugar de a los trabajadores- con “la ausencia de control alguno” sobre la pertenencia a dichas empresas de las personas beneficiarias de las ayudas públicas. De hecho, el sistema orquestado “permitió la inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas por la Consejería de Empleo”.

El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, advirtió hasta en quince informes de las irregularidades, pero no tomó medidas -ha resultado absuelto en el caso-. Con todo ello, el Interventor del IFA “quedó limitado a la verificación de la recepción de los fondos procedentes de la Consejería de Empleo y a su aplicación a los destinatarios”. No había, por tanto, control sobre los procedimientos de concesión de subvenciones, ya que esta actividad era competencia de la Consejería de Empleo.

Otra consecuencia de las transferencias de financiación y del aumento de las partidas en el IFA-IDEA es que se produjeron los desfases presupuestarios, es decir, que “de manera reiterada que se pagaron por la entidad subvenciones del programa 31L en cuantía superior al crédito que la Consejería de Empleo utilizaba para su concesión”. Por ello, la Consejería de Empleo comenzó a utilizar el sistema de “pagos cruzados” por el que en la misma partida incluía pagos de objetos diferentes.

Por todo ello, la Audiencia considera que “la Consejería de Empleo disponía de los fondos públicos del programa 22E/31L, sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía. En definitiva, permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado”.

Concluye explicando que la trama, “desde el punto de vista presupuestario”, finaliza “con la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos para el ejercicio 2010”, cuando se abandona el uso de la partida presupuestaria de transferencias de financiación al IFA-IDEA.

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Cataluña

El Ayuntamiento de Amposta (Tarragona) permite que en los carteles de tráfico se llame “fuerzas de ocupación” a la Guardia Civil

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El Ayuntamiento de Amposta, gobernado por ERC con mayoría absoluta, permite que en los carteles de tráfico hayan colocado adhesivos donde se indica la localización de las “fuerzas de ocupación”, en lugar de la Guardia Civil, con el dibujo de un tanque. Estos carteles llevan ya varios días sin que nadie los haya sustituido.

Este hecho ha sido denunciado por Unión de Mossos por la Constitución, que ha denunciado que “el Ayuntamiento de Amposta (Tarragona), permite la alteración de la señalización vial, cambiando la indicación ‘Guardia Civil’ por ‘Fuerzas de Ocupación’.

El grupo de agentes partidarios de la neutralidad institucional recuerda también e través de este mismo mensaje las consecuencias previstas por la legislación sobre la alteración de las señales.


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España

Alfonso Guerra pronostica que el abrazo entre Sánchez e Iglesias puede acabar “en un drama”

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El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha criticado el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos para formar un gobierno de coalición. Guerra ha señalado que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, llegó al acuerdo “en 24 horas y sin hablar antes con ningún partido constitucionalista”.

“Si miran la evolución del abrazo es la metáfora de lo que pasará si ese acuerdo se convierte en gobierno. Uno tomará la iniciativa y el otro no podrá decir que no, aunque le gustaría”, ha indicado Guerra, al tiempo que ha añadido que esta situación puede acabar “en un drama”.

Durante un encuentro en las oficinas de la firma internacional de abogados Ashurst, el que fuera vicepresidente del Gobierno también ha valorado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso ERE, que ha calificado de “injusta”. “Los dos presidentes no se han llevado medio euro ni a su partido ni a su casa”, ha afirmado Guerra.

El socialista también ha aclarado que le parece “un acto delictivo condenar así a gente que no ha robado”. “Ahora toda la prensa dice que eran 715 millones estafados, pero es una falsedad, esa cifra se utilizó para resolver los problemas de las empresas, la estafa era menos del 10%”, ha explicado el exvicepresidente.

Alfonso Guerra también ha dedicado unas palabras al PSC, y ha afeado que esté “siempre en una posición ridícula”. “El PSC juega en la pista del otro, y en la pista del otro siempre te gana el otro”, ha añadido.

“Hace muy pocos días fuimos testigos cómo por la mañana hay un programa del PSOE en el que no se habla de pluralidad y llama el líder del PSC, por usar una palabra, y lo cambia. Sin pasar por ningún órgano”, ha remachado.


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