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Salud

El sobrepeso provoca en España un gasto sanitario del 9,7 % y reduce el PIB

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Un 9,7 % del gasto sanitario en España tiene que ver con enfermedades relacionadas con el sobrepeso, un porcentaje superior al 8,4 % de la media en la OCDE y que corre el riesgo de aumentar a la vista de las tendencias preocupantes entre niños y adolescentes.

En un informe publicado este jueves sobre este fenómeno en una cincuentena de países, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que cada ciudadano en España tiene que pagar 265 euros adicionales de impuestos al año por esos gastos.

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Sus autores calculan que el exceso de peso resta 2,6 años de esperanza de vida en España, una cifra ligeramente inferior a los 2,7 años de media en la organización y lejos del máximo de 4,2 años de México, de los 3,9 de Polonia y Rusia o de los 3,7 de Estados Unidos.

Pero también está alejada de Japón, donde el recorte de la esperanza de vida por el sobrepeso se limita a 0,9 años.

Este problema sanitario y de estilo de vida reduce el producto interior bruto (PIB) español en un 2,9 %, lo que equivale a 479.000 trabajadores a tiempo completo al año.

El impacto económico es del 3,3 % del PIB en la OCDE y en la Unión Europea, y alcanza el 5,3 % en México, el 5 % en Brasil o el 4,4 % en Estados Unidos.

Los expertos consideran que una persona está en sobrepeso cuando la relación entre su peso en kilos y su altura en metros al cuadrado supera la cifra de 25. Es obesa si pasa de 30.

En España, un 61,6 % de la población tiene sobrepeso, frente al 59 % en el conjunto de la UE y al 58,3 % en la OCDE. El porcentaje de obesos ha subido desde el 17 % en 1996 al 23,8 % en 2016.

La situación en términos comparativos es todavía peor para los niños y jóvenes de 5 a 19 años, ya que un 34,1 % tienen un peso excesivo, comparados con un 27,6 % en la UE y un 28,6 % en la OCDE.

Sólo 11 de los 52 países del estudio presentan peores cifras, empezando por Estados Unidos (41,8 % en sobrepeso en ese grupo de edad).

Los autores del estudio insisten en que el agravamiento de esa tendencia se puede corregir con la promoción de estilos de vida saludables que, además de tener un efecto positivo para la salud, suponen “una excelente inversión”: por cada euro dedicado se obtiene un retorno de hasta 6 euros en beneficio económico.

Su recomendación es un paquete de medidas que incluya el etiquetado de los menús, la prescripción médica de actividad física y programas de bienestar en el trabajo.

Eso podría prevenir hasta 96.000 enfermedades no transmisibles de aquí a 2050, ahorrar 32 millones al año en costes sanitarios y aumentar el empleo y la productividad en el equivalente a 4.000 trabajadores a tiempo completo al año.

Si se redujera en un 20 % la aportación calórica de alimentos con alto contenido en azúcar, sal o grasas, eso permitiría prevenir 472.000 enfermedades para mediados de siglo, evitar 169 millones de euros de gasto sanitario al año y un aumento del empleo de 13.000 trabajadores.

 


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Salud

La Justicia condena al Gobierno socialista de Aragón por no entregar material de protección a los sanitarios

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Concentración en el hospital San Jorge de Huesca del personal sanitario para pedir la dimisión de la consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, que afirmó que para los sanitarios era un estímulo hacerse sus propios equipos de protección para la epidemia del coronavirus a mediados de mayo
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El Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado a la Diputación General de Aragón (DGA), el Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por vulneración de los derechos de los trabajadores, estableciendo que deben proporcionar equipos de protección individual (EPI) frente a la Covid-19 a los empleados públicos sanitarios del grupo A.

La sentencia, que estima una demanda del sindicato médico FASAMET, que también han planteado en Huesca y Teruel, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La magistrada del caso, Elena Alcalde, recuerda que, el 9 de marzo pasado, los sindicatos médicos de Aragón, entre ellos FASAMET, informaron a la entonces consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, de que los profesionales no disponían de material, como batas impermeables, calzas, mascarillas, gafas, pantallas y guantes, solicitando a la Administración autonómica que los aportaran.

 

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Sentencia

La juez especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2

En la resolución judicial, la juez especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2 (nombre científico para el coronavirus) y ante el riesgo de contagio o infección que pueda llevar a desarrollar la Covid-19.

Alcalde se remite a una publicación de la OMS para indicar que el personal sanitario que atiende a los infectados en centros de salud precisa por paciente y día 25 batas; 25 mascarillas médicas; un equipo de protección respiratoria; 50 guantes no estériles; y unas gafas o un protector facial.

La juzgadora centra el debate jurídico en la tutela de derechos fundamentales y la prevención de riesgos laborales y frente a las argumentaciones esgrimidas por las administraciones codemandadas, sostiene que la administración autonómica conserva, dentro de su ámbito de competencia, la gestión de los correspondientes servicios sanitarios, debiendo asegurar en todo momento su adecuado funcionamiento.

La sentencia expresa que, aunque la salud no es un derecho fundamental, los demandantes invocan otros derechos que sí lo son, como el derecho a la integridad física y a la vida, protegidos como tales por la Constitución.

También ha puesto de relieve “la existencia de una conexión entre la protección de la salud y la integridad física hasta el punto de que, en ciertas ocasiones, cabe entender vulnerado el derecho fundamental de integridad física si existiera un peligro grave y cierto, o un efectivo daño a la salud”.

Por ello, la DGA, el Salud y el IASS “tienen el deber de proteger al personal que se encuentra a su servicio de los riesgos laborales que puedan sufrir en el desarrollo de su trabajo” .“Encontrándonos ante una pandemia son las encargadas de prevenir el riesgo de contagio y una vez previsto, adoptar medios para proteger a sus empleados y trabajadores y que no se vean afectados en su integridad física y salud, ni incluso su vida”, se lee en la sentencia.

Prevenir

Respecto a lo esgrimido por las codemandadas acerca de que la salud no es un derecho fundamental y que por tanto no tiene consistencia el pleito que se ha planteado, la magistrada responde diciendo que “existe tan íntima relación entre la salud y la integridad física, y que podría existir vulneración del artículo 15 de la Constitución, cuando se genere un riesgo grave para su salud de los trabajadores, omitiéndose las obligaciones de protección y prevención que competen al empleador”.

En su razonamiento incide en que “la declaración del estado de alarma no conlleva la suspensión de los derechos fundamentales aludidos en la demanda como la vida, la integridad física, ni la salud, ni tampoco supone la suspensión de los derechos a la protección y prevención de riesgos laborales”.

 

Los sanitarios

Gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, (…) sino que lo han desarrollado heroicamente”

La magistrada rechaza la premisa de las administraciones acerca de que se trata de un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable y argumenta en contra que “la pandemia, y en consecuencia la crisis sanitaria que nos ocupa, no es un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico, ni un suceso que no hubiera podido preverse o que fuera inevitable” por lo que entiende que la Administración debió actuar “según el principio de precaución, acorde con ese nuevo orden que evidenciaban las coordenadas expuestas”.

Concluye diciendo que “debió preverse la necesidad de disponer de abundantes EPI para los sanitarios con la finalidad de protegerles frente al riesgo de contagio por Covid-19, lo cual redundaría en la protección del resto de la ciudadanía”.

Además, la titular del Juzgado de lo Social reconoce que “los empleados y trabajadores sanitarios han estado desarrollando su trabajo, a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposición a la Covid-19, y ello, fundamentalmente, por la falta de medios de protección individuales adecuados, aun cuando podrían haber interrumpido y abandonado su actividad, pero gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, a pesar de las condiciones de protección precarias, sino que lo han desarrollado heroicamente”.


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Salud

43.985 cadáveres: esa es la cifra de muertos por coronavirus que ofrecen las funerarias y que, una vez más, deja al gobierno por mentiroso.

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La Asociación Española de Profesionales y Servicios Funerarios (Aesprof) publicó ayer un estudio según el cual el número de personas que habrían muerto realmente en España por la pandemia de coronavirus , entre el 14 de marzo y el 25 de mayo sería, de 43.985, cifra muy alejada del recuento total oficial (27.127).

Según la Aesprof, la desviación se debe principalmente a que su estudio ha incluido “los fallecidos sospechosos de Covid-19, ya que en las primeras semanas no se realizaban test de detección”, y también porque “se incluyen los fallecidos en residencias de ancianos, domicilios y centros hospitalarios, desde el 23 de marzo hasta la fecha del 23 de mayo”.

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Por otra parte, también se asegura que la cifras no encajan a causa de “la disparidad de criterios estadísticos de contabilización de los fallecidos sin seguir una trazabilidad concreta”.

Según este Estudio de mortalidad real en España por la pandemia de coronavirus , las mayores desviaciones se habrían producido en Madrid y Cataluña, que prácticamente doblarían el número de muertos “reales”. Mientras que en Madrid las cifras oficiales dicen que han fallecido 8.949 personas, la Aesprof asegura que son 16.579. En Cataluña el recuento de Sanidad deja los fallecidos por coronavirus en 6.035, mientras que el estudio de los funerarios habla de 12.125.

Los funerarios aseguran que el estudio ha sido elaborado con la participación de más de 250 trabajadores y trabajadoras de los servicios funerarios, personal de cementerios, personal de registros civiles e institutos de medicina legal.


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España

Vox amplia la querella contra el ministro de Sanidad del gobierno comunista de Pedro Sánchez, Salvador Illa, en el Supremo por «imprudencia grave» con resultado de muerte

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Vox ha ampliado la querella que presentó a finales del pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus, e imputa ahora al ministro de Sanidad, Salvador Illa, un delito de imprudencia grave con resultado de muerte por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del agente patógeno que causa el covid-19.

Según informa en un comunicado, encuentra que Illa ha podido incurrir en los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte de los artículos 142 y 142 bis del Código Penal en su tipo agravado, en concurso ideal con sendos delitos de lesiones por imprudencia grave (artículos 152 y 152 bis), así como en como en delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las Medidas de Seguridad, que contempla el artículo 316 del Código Penal.

En su escrito, la formación explica que, con fecha 24 de enero, pocos días después de que Illa asumiera la Cartera de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, publicó un documento técnico, el primero de los textos que elaboró este departamento sobre la amenaza, que incluía medidas que tendrían que haberse adoptado para evitar la propagación del patógeno en España.

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Documento borrado



Un documento que, además, incluía advertencias por parte del Instituto de Salud Carlos III sobre esta grave amenaza de salud pública, según esta parte. El texto aparecía publicado en la página web del Ministerio de Sanidad y habría sido borrado el 30 de marzo, en pleno pico de pandemia.

La formación también se refiere, en la querella, al Informe técnico, con fecha 10 de febrero de 2020, emitido por el CCAES, denominado «Evaluación rápida del riesgo», donde se indicaba ya la forma de contagio del virus, transmisión y afección incluso de pacientes asintomáticos.

«Lo más relevante es que hay total coincidencia entre el conocimiento científico del coronarvirus que figura en el informe con el conocimiento actual sobre la gravedad, la sintomatología frecuente explicada de forma detallada y la letalidad del mismo», explica la representación legal de Vox en su escrito.

La formación denuncia las contradicciones de las acciones por parte del ministro de Sanidad porque mientras comunicaban que no existía riesgo y que estaba controlado en las comparecencias públicas, las gerencias de Sanidad recibían instrucciones para suspender todos los permisos.

Diligencias solicitadas

Entre las diligencias solicitadas, la formación liderada por Santiago Abascal solicita al Tribunal Supremo que se libre oficio al Instituto de Salud Carlos III a fin de que remita todas las comunicaciones recibidas del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades o del Ministerio de Sanidad, desde este organismo europeo así como de cualquier otro organismos internacional como la OMS.

También pide que el Instituto de Salud Carlos III proporcione todos los informes realizados desde el 31 de diciembre de 2020; que se recabe la relación de comunicaciones entre el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad, así como a cualquier organismo público. Otra de las diligencias solicitadas por Vox es la declaración de Fernando Simón y de Marina Pollán Santamaría, directora del Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud Carlos III .


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