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Tribunales

Investigan 500 títulos de Derecho obtenidos por abogados italianos en la Universidad Rey Juan Carlos

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El Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid investiga si medio millar de títulos de Derecho fueron otorgados por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) de forma irregular a ciudadanos italianos.

Con el título de la URJC evitaban cursar un máster en Ciencias Jurídicas exigido en Italia para ejercer la abogacía, que cuesta en torno a 18.000 euros, cuando en España solo debían pagar menos de la mitad.

Todo ello con el objetivo último de colegiarse en España ante las enormes dificultades que supone hacerlo en Italia, ya que con el título obtenido en España y colegiados en nuestro país, los ciudadanos italianos podían ejercer en toda Europa, incluida Italia.

Desde la universidad aseguran a Efe que se tratan de unos hechos que tuvieron lugar en 2016 y a raíz de que estallara toda la polémica con el Instituto de Derecho Público en el ‘caso máster’ la policía se puso en contacto con la URJC para retomar este tema.

La institución destaca que desde mayo están “colaborando en todo momento con la policía” y les están “aportando toda la documentación” que está requiriendo para esclarecer los hechos.

Bajo la dirección del juzgado, la investigación la está llevando a cabo la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid.

La Policía señala que “gran parte de la información” que manejan apunta a que “esta universidad estaría relacionada con los ciudadanos italianos que están siendo investigados por colegiarse como abogados en distintos colegios de España, al parecer, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos”.

Así consta en un documento policial remitido al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid que investiga al catedrático Enrique Álvarez Conde por un delito de malversación pero que menciona parte de la investigación del Juzgado 40.

En base a ello, la Policía citó a Pablo Acosta, quien sustituyó a Álvarez Conde al frente del Instituto de Derecho Público, epicentro de todas las irregularidades del denominado ‘caso master’, al objeto de esclarecer la posible relación de la URJC con los investigados, ya que los títulos eran otorgados por el instituto de Álvarez Conde.

El origen de esta causa se remonta así a julio de 2016, cuando el Observatorio contra la Corrupción presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por un presunto fraude de la URJC en la convalidación de los títulos de licenciado en Derecho a unos 500 ciudadanos italianos, que podrían haber pagado hasta 11.000 euros.

El escrito, al que tuvo acceso Efe, señalaba que el 28 de mayo de 2016 se celebró “un examen o prueba de conjunto a un número muy elevado de alumnos, todos de nacionalidad italiana -más o menos unas quinientas personas- con el fin de obtener, al margen del procedimiento de homologación, el título de Licenciado en Derecho”.

Añadía que de este modo podían comenzar su actividad profesional “mediante la simple colegiación en España, es decir, sin someterse a la vigente prueba de acceso a la profesión de abogado”.

Y especificaba que el procedimiento utilizado habría sido el de “la convalidación de los estudios realizados por tales alumnos en Italia por una parte de la Licenciatura de Derecho seguida de ese posterior examen o prueba de conjunto”.

Un procedimiento que, según la denuncia, contraviene la norma según la cual la homologación convalidación de estudios extranjeros no permite la obtención de un título distinto a los de Grado o Máster.

La denuncia aludía al “muy llamativo” hecho de que el día 18 de mayo hubiera habido hasta ocho autobuses desplazándose desde la estación de Atocha de Madrid hasta la universidad “como si fueran de excursión”.


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Tribunales

El CGPJ investiga si la Generalitat espió procedimientos de los tribunales catalanes

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado incoar diligencias informativas para investigar si en los Juzgados y Tribunales de Cataluña se han producido accesos indebidos a tratamientos jurisdiccionales para actividades de inspección, control o seguimiento no previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El órgano de gobierno de los jueces ha tomado esta decisión después de que, hace unos días, en las pantallas de los ordenadores de algunos jueces y magistrados destinados en esa comunidad autónoma apareciera un mensaje sobre la “vigencia y aplicabilidad” de la instrucción 3/2018 de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat informando de la posibilidad de acceso a los elementos que conforman las TIC al servicio de la Administración de Justicia para llevar a cabo actividades de “control y seguimiento”, incluidas las estaciones de trabajo e infraestructuras comunes.

Según la información facilitada al Consejo por distintos jueces y magistrados, posteriormente confirmada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el mensaje incluía una mención final que indicaba que el uso del ordenador implica una “manifestación expresa” del conocimiento de los términos y condiciones de la instrucción e incluía una pestaña de “confirmación de lectura” que forzosamente había de ser pulsada para seguir utilizando el dispositivo.

La Comisión Permanente recuerda que los ficheros de datos existentes en los Juzgados y Tribunales de Cataluña son, en buena medida, tratamientos de datos jurisdiccionales y que, en no pocas ocasiones, los datos incorporados a los tratamientos se corresponden con las categorías especiales de los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y los artículos 9 y 10 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que hacen referencia a los que permiten la identificación de la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico; así como a condenas e infracciones penales.

Añade la Comisión que los responsables de los tratamientos son los órganos jurisdiccionales, únicos que pueden autorizar el acceso a los datos; y que la posibilidad de acceder a ellos para el ejercicio de funciones de inspección y control se limitan a las establecidas en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y no en ninguna otra norma o acto administrativo, como sería una simple instrucción. Además, el acceso debe limitarse a lo imprescindible, lo que excluye la posibilidad de accesos generales o indiscriminados; y debe hacerse con conocimiento individualizado del responsable de tratamiento y bajo su supervisión.

Por todo ello, el CGPJ, en su condición de autoridad de control en materia de protección de datos respecto de los tratamientos de carácter jurisdiccional, ha acordado incoar diligencias informativas para investigar eventuales accesos indebidos a tratamientos jurisdiccionales para actividades de inspección, control o seguimiento no previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También ha encomendado al Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) que realice las comprobaciones técnicas correspondientes para determinar si se han producido esos accesos indebidos en los Juzgados y Tribunales de Cataluña y, en su caso, el alcance de los mismos y la forma en que se habrían producido.

Por último, la Permanente ha acordado requerir a la Generalitat para que suspenda provisionalmente toda actividad de inspección, control o seguimiento sobre tratamientos jurisdiccionales y para que, en el plazo de quince días, informe de manera pormenorizada de todos los accesos que se hayan llevado a cabo en Juzgados y Tribunales de Cataluña.


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Tribunales

La Audiencia Nacional rechaza la querella de Vox contra Zapatero

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Horas después de que la Fiscalía se pronunciase a favor de rechazar la denuncia, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido la querella presentada por Vox contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos al considerar “de todo punto obvio que los hechos denunciados estimados como delictivos, aparte de no tener sustento probatorio alguno, sin verosimilitud y fundamentación” no constituyen delito.

La formación de Santiago Abascal sostenía en su denuncia que entre 2005 y 2007 Zapatero sabía que ETA estaba fabricando explosivos, pese a lo cual mantuvo negociaciones con la banda terrorista y le proporcionó información reservada, ofreciéndole influir en el Estado francés. También denunciaba que informó al mediador etarra de que Francia preparaba un importante golpe contra la banda y que, dentro de la negociación, se comprometió a no realizar detenciones.

El magistrado reprocha a Vox, como ya hizo la Fiscalía, que articule su denuncia en afirmaciones que tienen su origen en noticias periodísticas, elevando a la categoría de ciertos e incontrovertibles los hechos que se describen en la misma. En el escrito, añade, se “eleva a categoría de hecho demostrado afirmaciones ayunas de todo sustento probatorio que es, en definitiva, lo que las partes deben aportar cuando quieren iniciar un procedimiento penal”.

Además, Pedraz recuerda que la imputación no es nueva ni por la persona contra la que se dirige ni por los hechos que se le imputan, pues el Tribunal Supremo “de una manera cierta y clara” ya estableció el carácter no delictivo de las conversaciones que el poder político, como representante de la soberanía nacional, puede mantener con diversas organizaciones y máxime cuando esos contactos, como en este caso sucedía, contaban con el aval del Congreso de los Diputados, “sede de la soberanía nacional”.

Ante la ausencia de indicios incriminatorios contra el querellado, concluye el instructor, la doctrina jurisprudencial ofrece escaso margen a la duda “respecto a la insostenibilidad de la calificación jurídica realizada por los querellantes como colaboración con organización terrorista”. Y es que, recuerda, para que se dé el delito de colaboración con banda armada debe existir una “mínima adhesión ideológica”, la finalidad de “subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública” y la “conciencia, voluntad o intención de coadyuvar, favorecer o facilitar las actividades o finalidades terroristas”. Unos requisitos, recalca Pedraz, ni en una “mera posibilidad teórica”, por lo que rechaza de plano esa imputación y acuerda el archivo de la denuncia.


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Tribunales

Anticorrupción intenta sin éxito interrogar a Corinna por las comisiones del AVE a la Meca

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La Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido a la Serious Fraud Office (SFO), la oficina antifraude británica, para tratar «por ahora sin éxito» de localizar e interrogar a Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la amiga del Rey Don Juan Carlos, en relación con las diligencias de investigación abiertas sobre comisiones de hasta 80 millones de euros presuntamente irregulares cobradas en relación con el AVE a la Meca.

Según han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, Anticorrupción se dirigió a este organismo británico aunque la gestión no ha dado aún ningún resultado. Las mismas fuentes señalan que no se informará oficialmente con más detalles sobre esta gestión al encontrarse estas diligencias secretas.

La investigación sobre las presuntas comisiones ilegales del AVE a la Meca fue abierta por Anticorrupción tras cerrarse en la Audiencia Nacional la pieza denominada «Carol» del caso Tándem, que investigaba una conversación mantenida entre la empresaria y el comisario jubilado, ahora en prisión preventiva, José Manuel Villarejo.

En dicho momento ya se informó que el rey emérito no podía ser investigado al gozar de inviolabilidad penal reconocida al Jefe del Estado, si bien se mantuvo la pieza abierta para investigar la posible responsabilidad de otras personas por estos hechos.


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