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Salud

La garrapata que transmite un virus hemorrágico se extiende por Europa

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Las garrapatas se están extendiendo por Europa. Concretamente, las del género Hyalomma. En Países Bajos se encontraron este año solo dos, pero fue suficiente para que se desate la histeria colectiva. En 2018, también se halló otra en Reino Unido y también hay constancia de su presencia en Alemania, Hungría y Austria.

El problema de estas garrapatas, presentes en toda España salvo en la cornisa cantábrica, es que el principal vector, es decir, el «vehículo» de un virus que provoca una enfermedad que ya no suena lejana en nuestro país: la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Estos artrópodos son los responsables de su transmisión a los humanos.

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«Las garrapatas del género Hyalomma se están expandiendo a un ritmo mayor del esperado; si aparece su vector, es de esperar que también se expanda la enfermedad», asegura José Antonio Oteo, jefe del Centro de Rickettsiosis y Enfermedades Transmitidas por Artrópodos Vectores del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR). «La expansión es un hecho aunque np hay que olvidar que ahora hay una búsqueda activa de las mismas, mañana igual nos encontramos otra en un país donde aún no se buscó», añade José de la Fuente, profesor de investigación del Instituto de Investigación de Recursos Cinegeticos (IREC).

Hay varios motivos que explican la aparición de garrapatas en lugares donde antes no estaban: movimientos humanos y animales, abundancia de hospedadores susceptibles sobre los que alimentarse (cabras, ovejas, caballos, cerdos, ciervos…) y el cambio climático. El aumento de temperaturas influye de la siguiente manera: las garrapatas tienen tres fases durante su vida (larvas, ninfa y adulto) y para pasar de una a otra deben realizar una muda, proceso que se acelera, «cuanta más temperatura hay, y que provoca, al mismo tiempo, menos mortalidad», explica Agustín Estrada Peña, catedrático de Zoonosis de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

Hasta ahora, estas garrapatas llegaban en estados larvarios a estos países de Europa «montadas» en las aves migratorias procedentes de zonas endémicas (de hecho, pasan de forma obligatoria por África y la proximidad de nuestro país con este continente explica, también, por qué tenemos riesgo). «Antes, al llegar a países como Alemania o Países Bajos hacía demasiado frío para que pudieran realizar su muda pero el clima ha ido cambiando (recordemos las olas de calor en el centro de Europa de este año) y nos estamos encontrando garrapatas adultas en zonas donde antes no había», explica Estrada Peña. «Aún no se ha comprobado que estas garrapatas resistan al invierno pero eso no quiere decir que no estemos atentos, la tendencia es que los inviernos sean cada vez más cálidos lo que les permitirá a estos artrópodos cerrar el ciclo, el problema va a ser cuando nos las encontreamos al año siguiente en el mismo lugar. Para 2030, la “Hyalomma” podría llegar a ser una garrapata común en el norte de Europa», sentencia Estrada Peña.

«Dato de alarma»

Oteo señala también como preocupante lo currido en Reino Unido, donde el año pasado se encontró una Hyalomma en un caballo. «En Reino Unido no se habían encontrado habitualmente en otro animal que no fueran aves, pero si ahora aparece en uno que no ha viajado, es un dato de alarma porque quiere decir que está creándose un ciclo y puede estar indicando que se están estableciendo en determinadas zonas. Este caso tiene más connotación aún si recordamos que Reino Unido es una isla, mientras que entre países centro europeos las fronteras políticas no son un impedimento para el paso de animales».

La alerta en Europa ha sido tal, sobre todo porque las actividades de ocio y deporte en bosques y praderas son muy populares, que ha llevado a las propias televisiones a dar consejos sobre cómo actuar en caso de picaduras de estas garrapatas, que parecen haber encontrado un nuevo hábitat gracias a un invierno extraordinariamente clemente en ciertas áreas que ha permitido sobrevivir a muchos ejemplares, informa Enrique Serbeto.

La causa que lleva a las garrapatas a estos países explican también por qué aumenta su población en nuestro país, donde ya son «extremadamente abundantes en el centro y suroeste peninsular», tal como señala el informe de situación y evaluación del riesgo de transmisión de esta enfermedad en España elaborado por el Ministerio de Sanidad en julio de este año.

Pero también hay que añadir otros motivos, como la repoblación de determinadas especies que actúan como hospedadores de las garrapatas. «En España estamos introduciendo muchos corzos y gamos, hospedadores de la garrapata, donde hay control de predadores y eso es un problema extra aparte del clima. Como siempre, el problema es la manipulación humana sobre el hábitat», advierte Estrada Peña que recuerda que lo mismo sucede con la población de jabalíes. «Es un hospedador que además se mueve mucho, unos kilómetros al día y lleva los parásitos con él allí donde vaya».

En España, advierte el Ministerio de Sanidad, «el virus circula enmás regiones de las que se sospechaba inicialmente, por lo que su extensión es mayor a la esperada». En nuestro país «se dan las condiciones adecuadas para la aparición de casos autoctónos» ya que están presentes todos los ingredientes para que circule el virus: presencia del propio virus, vectores competentes, hospedadores que pueden ampliar el ciclo y condiciones climáticas y ambientales adecuadas. También contribuyen a la expansión del virus la modificación del uso del suelo, las prácticas agrícolas, la caza o los desplazamientos del ganado. Sin embargo, en las conclusiones del citado informe se señala que el «riesgo de que se produzcan más casos esporádicos es moderado» y aunque la población española «es susceptible a la infección, nuestro país dispone de los medios adecuados para su correcto aislamiento y manejo».

Fiebre botonosa

En nuestro territorio se ha confirmado la presencia de garrapatas infectadas en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Andalucía. El primer caso humano se confirmó en septiembre de 2016 y le costó la vida a un hombre de 62 años que había estado haciendo un paseo por el campo en Ávila. El segundo caso confirmado fue el de una enfermera de 50 años que lo atendió y que superó la enfermedad. El año pasado se detectó el tercer caso, un hombre de 74 años, que murió tras haber participado en actividades cinegéticas en Helechos de los Montes (Badajoz). El último caso, que no se conoció en los medios, se produjo en agosto de este año y el paciente sobrevivió. La alerta volvió hace unos días. Una mujer fue hospitalizada en Sevilla, con la picadura de una garrapata, ante la sospecha de que estuviera infectada. Fue una falsa alarma de Crimea-Congo, pero se infectó con fiebre botonosa, menos letal. La picadura procedía de otro tipo de garrapata, la «rhipicephalus sanguineus».

Con una letalidad de entre el 10 al 40%, esta enfermedad, cuando cursa de forma sintomática, puede provocar fiebre, cefalea, diarrea, náuseas o vómitos hasta hemorragias en el aparato digestivo, útero, tracto urinario o respiratorio. España tiene elaborado un protocolo de vigilancia del año 2017 pero se prevé que se actualice y se de a conocer la próxima semana. Este establece qué medidas de salud pública que han de tomarse ante un caso confirmado, cuándo ha de declararse la alerta, etc.

Pero la hyalomma no es la única garrapata que se está expandiendo. También se ha extendido la ricketsiosis (sobre todo la rickettsia slovaca y la rickettsia rioja) y la enfermedad de Lyme, infección bacteriana provocada por la garrapata ixodes ricinus. «Esta garrapata está subiendo por la costa noruega hacia el norte y centro de Suecia. Desde 1900 a 2016 ha subido en latitud unos 300 kilómetros», señala Estrada Peña.

Ello por no contar también otros vectores, como los mosquitos, que también han llegado para quedarse. «En España hubo seis casos autóctonos de dengue el año pasado. Teníamos el vector (mosquito tigre) desde 2004, lo extraño son los casos autóctonos que evidencian que se está expandiendo», concluye Ana Vázquez, investigadora del Laboratorio de Arbovirus y Enfermedades Víricas Importadas del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII.

(ABC)


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Salud

La Justicia condena al Gobierno socialista de Aragón por no entregar material de protección a los sanitarios

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Concentración en el hospital San Jorge de Huesca del personal sanitario para pedir la dimisión de la consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, que afirmó que para los sanitarios era un estímulo hacerse sus propios equipos de protección para la epidemia del coronavirus a mediados de mayo
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El Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado a la Diputación General de Aragón (DGA), el Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por vulneración de los derechos de los trabajadores, estableciendo que deben proporcionar equipos de protección individual (EPI) frente a la Covid-19 a los empleados públicos sanitarios del grupo A.

La sentencia, que estima una demanda del sindicato médico FASAMET, que también han planteado en Huesca y Teruel, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La magistrada del caso, Elena Alcalde, recuerda que, el 9 de marzo pasado, los sindicatos médicos de Aragón, entre ellos FASAMET, informaron a la entonces consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, de que los profesionales no disponían de material, como batas impermeables, calzas, mascarillas, gafas, pantallas y guantes, solicitando a la Administración autonómica que los aportaran.

 

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Sentencia

La juez especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2

En la resolución judicial, la juez especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2 (nombre científico para el coronavirus) y ante el riesgo de contagio o infección que pueda llevar a desarrollar la Covid-19.

Alcalde se remite a una publicación de la OMS para indicar que el personal sanitario que atiende a los infectados en centros de salud precisa por paciente y día 25 batas; 25 mascarillas médicas; un equipo de protección respiratoria; 50 guantes no estériles; y unas gafas o un protector facial.

La juzgadora centra el debate jurídico en la tutela de derechos fundamentales y la prevención de riesgos laborales y frente a las argumentaciones esgrimidas por las administraciones codemandadas, sostiene que la administración autonómica conserva, dentro de su ámbito de competencia, la gestión de los correspondientes servicios sanitarios, debiendo asegurar en todo momento su adecuado funcionamiento.

La sentencia expresa que, aunque la salud no es un derecho fundamental, los demandantes invocan otros derechos que sí lo son, como el derecho a la integridad física y a la vida, protegidos como tales por la Constitución.

También ha puesto de relieve “la existencia de una conexión entre la protección de la salud y la integridad física hasta el punto de que, en ciertas ocasiones, cabe entender vulnerado el derecho fundamental de integridad física si existiera un peligro grave y cierto, o un efectivo daño a la salud”.

Por ello, la DGA, el Salud y el IASS “tienen el deber de proteger al personal que se encuentra a su servicio de los riesgos laborales que puedan sufrir en el desarrollo de su trabajo” .“Encontrándonos ante una pandemia son las encargadas de prevenir el riesgo de contagio y una vez previsto, adoptar medios para proteger a sus empleados y trabajadores y que no se vean afectados en su integridad física y salud, ni incluso su vida”, se lee en la sentencia.

Prevenir

Respecto a lo esgrimido por las codemandadas acerca de que la salud no es un derecho fundamental y que por tanto no tiene consistencia el pleito que se ha planteado, la magistrada responde diciendo que “existe tan íntima relación entre la salud y la integridad física, y que podría existir vulneración del artículo 15 de la Constitución, cuando se genere un riesgo grave para su salud de los trabajadores, omitiéndose las obligaciones de protección y prevención que competen al empleador”.

En su razonamiento incide en que “la declaración del estado de alarma no conlleva la suspensión de los derechos fundamentales aludidos en la demanda como la vida, la integridad física, ni la salud, ni tampoco supone la suspensión de los derechos a la protección y prevención de riesgos laborales”.

 

Los sanitarios

Gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, (…) sino que lo han desarrollado heroicamente”

La magistrada rechaza la premisa de las administraciones acerca de que se trata de un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable y argumenta en contra que “la pandemia, y en consecuencia la crisis sanitaria que nos ocupa, no es un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico, ni un suceso que no hubiera podido preverse o que fuera inevitable” por lo que entiende que la Administración debió actuar “según el principio de precaución, acorde con ese nuevo orden que evidenciaban las coordenadas expuestas”.

Concluye diciendo que “debió preverse la necesidad de disponer de abundantes EPI para los sanitarios con la finalidad de protegerles frente al riesgo de contagio por Covid-19, lo cual redundaría en la protección del resto de la ciudadanía”.

Además, la titular del Juzgado de lo Social reconoce que “los empleados y trabajadores sanitarios han estado desarrollando su trabajo, a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposición a la Covid-19, y ello, fundamentalmente, por la falta de medios de protección individuales adecuados, aun cuando podrían haber interrumpido y abandonado su actividad, pero gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, a pesar de las condiciones de protección precarias, sino que lo han desarrollado heroicamente”.


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Salud

43.985 cadáveres: esa es la cifra de muertos por coronavirus que ofrecen las funerarias y que, una vez más, deja al gobierno por mentiroso.

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La Asociación Española de Profesionales y Servicios Funerarios (Aesprof) publicó ayer un estudio según el cual el número de personas que habrían muerto realmente en España por la pandemia de coronavirus , entre el 14 de marzo y el 25 de mayo sería, de 43.985, cifra muy alejada del recuento total oficial (27.127).

Según la Aesprof, la desviación se debe principalmente a que su estudio ha incluido “los fallecidos sospechosos de Covid-19, ya que en las primeras semanas no se realizaban test de detección”, y también porque “se incluyen los fallecidos en residencias de ancianos, domicilios y centros hospitalarios, desde el 23 de marzo hasta la fecha del 23 de mayo”.

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Por otra parte, también se asegura que la cifras no encajan a causa de “la disparidad de criterios estadísticos de contabilización de los fallecidos sin seguir una trazabilidad concreta”.

Según este Estudio de mortalidad real en España por la pandemia de coronavirus , las mayores desviaciones se habrían producido en Madrid y Cataluña, que prácticamente doblarían el número de muertos “reales”. Mientras que en Madrid las cifras oficiales dicen que han fallecido 8.949 personas, la Aesprof asegura que son 16.579. En Cataluña el recuento de Sanidad deja los fallecidos por coronavirus en 6.035, mientras que el estudio de los funerarios habla de 12.125.

Los funerarios aseguran que el estudio ha sido elaborado con la participación de más de 250 trabajadores y trabajadoras de los servicios funerarios, personal de cementerios, personal de registros civiles e institutos de medicina legal.


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España

Vox amplia la querella contra el ministro de Sanidad del gobierno comunista de Pedro Sánchez, Salvador Illa, en el Supremo por «imprudencia grave» con resultado de muerte

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Vox ha ampliado la querella que presentó a finales del pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus, e imputa ahora al ministro de Sanidad, Salvador Illa, un delito de imprudencia grave con resultado de muerte por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del agente patógeno que causa el covid-19.

Según informa en un comunicado, encuentra que Illa ha podido incurrir en los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte de los artículos 142 y 142 bis del Código Penal en su tipo agravado, en concurso ideal con sendos delitos de lesiones por imprudencia grave (artículos 152 y 152 bis), así como en como en delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las Medidas de Seguridad, que contempla el artículo 316 del Código Penal.

En su escrito, la formación explica que, con fecha 24 de enero, pocos días después de que Illa asumiera la Cartera de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, publicó un documento técnico, el primero de los textos que elaboró este departamento sobre la amenaza, que incluía medidas que tendrían que haberse adoptado para evitar la propagación del patógeno en España.

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Documento borrado



Un documento que, además, incluía advertencias por parte del Instituto de Salud Carlos III sobre esta grave amenaza de salud pública, según esta parte. El texto aparecía publicado en la página web del Ministerio de Sanidad y habría sido borrado el 30 de marzo, en pleno pico de pandemia.

La formación también se refiere, en la querella, al Informe técnico, con fecha 10 de febrero de 2020, emitido por el CCAES, denominado «Evaluación rápida del riesgo», donde se indicaba ya la forma de contagio del virus, transmisión y afección incluso de pacientes asintomáticos.

«Lo más relevante es que hay total coincidencia entre el conocimiento científico del coronarvirus que figura en el informe con el conocimiento actual sobre la gravedad, la sintomatología frecuente explicada de forma detallada y la letalidad del mismo», explica la representación legal de Vox en su escrito.

La formación denuncia las contradicciones de las acciones por parte del ministro de Sanidad porque mientras comunicaban que no existía riesgo y que estaba controlado en las comparecencias públicas, las gerencias de Sanidad recibían instrucciones para suspender todos los permisos.

Diligencias solicitadas

Entre las diligencias solicitadas, la formación liderada por Santiago Abascal solicita al Tribunal Supremo que se libre oficio al Instituto de Salud Carlos III a fin de que remita todas las comunicaciones recibidas del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades o del Ministerio de Sanidad, desde este organismo europeo así como de cualquier otro organismos internacional como la OMS.

También pide que el Instituto de Salud Carlos III proporcione todos los informes realizados desde el 31 de diciembre de 2020; que se recabe la relación de comunicaciones entre el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad, así como a cualquier organismo público. Otra de las diligencias solicitadas por Vox es la declaración de Fernando Simón y de Marina Pollán Santamaría, directora del Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud Carlos III .


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