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España

La gota fría deja cuatro muertos, miles de evacuados y desborda el Segura

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Más de 3.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unos 1.000 de los Tres Ejércitos, luchan para hacer frente a los efectos de la Depresión Aislada en Niveles Altos de la Atmósfera (DANA) que está dejando lluvias torrenciales y que han superado varios récord históricos de precipitación en la zona y que ha provocado hasta el momento cuatro fallecidos, la evacuación de 3.500 personas, 74 vías cortadas, servicios ferroviarios cancelados y el cierre de un aeropuerto.

Según el informe de situación facilitado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al mediodía habían fallecido tres personas, dos en Albacete y una en Almería.

Posteriormente, el Ministerio del Interior ha confirmado otra víctima mortal, que quedó atrapada en el interior de un vehículo en una rambla, bajo el agua y el fango, en Jámula (Granada), en el punto kilométrico 50 de la A-92.

Así, ha expresado en su nombre y en el del Gobierno en funciones su afecto y solidaridad con todos los afectados y sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Al mismo tiempo ha agradecido el “esfuerzo y el compromiso de los miles de efectivos” de la Unidad Militar de Emergencias, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Protección Civil, Cruz Roja y voluntarios que ofrecen protección y auxilio a las personas afectadas.

“A pesar de la dramáticas situación, España es un país bien preparado para atender a las emergencias y los ciudadanos deben tener confianza”, ha garantizado.

Según ha añadido, la DANA sigue elevando el número de evacuados y desalojados en sus casas con más de 1.500 hasta la mañana del viernes, que después se han incrementado en otros 2.000 en dos pedanías que están siendo evacuadas por el posible desbordamiento controlado de una presa del embalse de Santomera en Murcia.

El ministro ha explicado que estas evacuaciones forman parte de la “respuesta normalizada en una situación como esta”, donde la prevención y el conocimiento con los medios satelitales permiten conocer y actuar con prevención para evitar los daños, sobre todo los personales, que puedan derivarse de la misma.

Asimismo, ha informado de que las clases han quedado suspendidas en 82 municipios de Murcia, Alicante y Almería y que en la actualidad hay 74 carreteras cortadas, entre ellas la AP-7 a la altura de Cartagena; la autovía A-7 en Orihuela, Cieza y Almería.

La red ferroviaria en su totalidad está “fuera de servicio” en la región de Murcia y hay cortes en las líneas de Alicante, en las líneas de Madrid-Alicante, Alicante-Barcelona y en las líneas entre Valencia, así como la línea de Xátiva hasta Orihuela. Mientras, a estas horas permanece cerrado el aeropuerto de Murcia.
Atención y responsabilidad

El ministro ha recordado la “responsabilidad” de los Estados de atender a la emergencia y ha recordado que la reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Protección Civil es “uno de los hitos más importantes” en esta materia en España.

En la actualidad, la Estrategia se lleva a cabo desde el Ministerio del Interior de forma coordinada con el resto de departamentos Ministeriales, delegaciones de Gobierno y comunidades autónomas afectadas que van valorando y priorizando la intervención de la UME como medio de apoyo a los entes autonómicos, cuando los responsables de la emergencia piden su colaboración.

Si bien, ha admitido que esto es “más difícil” cuando la emergencia y sus circunstancias graves afectan a varias comunidades autónomas y “se tensionan los medios de apoyo nacional”. En el caso de que las capacidades nacionales se vieran “agotadas” correspondería asimismo al Ministerio del Interior solicitar recursos internacionales o bilaterales.

De este modo, ha agregado que la UME fue activada este jueves en dos ocasiones y que se ha pedido varios productos al Mecanismo Europeo de Protección Civil, en concreto, imágenes satelitales referenciadas de la zonas afectadas al programa de Copernicus, que es “de gran utilidad”.

En concreto, ha dicho que se han pedido “diferentes” productos para Valencia, Alicante, Albacete, Murcia y Almería que se facilitarán a las comunidades autónomas para el desarrollo de las actividades de respuesta.

Del mismo modo, ha recordado que la gestión de riesgos implica a la administración general, a la autonómica y a la local y que esta descentralización de los mecanismos de protección civil es “compatible” con un mecanismo nacional de protección civil frente a situaciones de emergencia como la de estas últimas horas.

El ministro ha insistido a los ciudadanos en la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades y adoptar las medidas de autoprotección ante “las circunstancias que se están viviendo”.
Entre ellas, ha subrayado su consejo de alejarse de ríos y torrentes, no atravesar tramos inundados y mantenerse informado “siempre por las fuentes oficiales” como la AEMET, la DGT o AENA.

A su juicio, el sistema español “ha funcionado adecuadamente en este episodio” ya que gracias a las predicciones de la AEMET se conocía la zona afectada, se activaron las alertas, los planes de emergencia y se pusieron en marcha los canales de comunicación pertinentes entre las administraciones y se activaron los órganos de coordinación pertinentes.

Por último, el ministro ha elogiado la actuación de “más de 3.000 efectivos” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que “incluso” han suspendido sus permisos para “volcarse en la protección de las personas afectadas”.

Ahora, ha manifestado que lo relevante es actuar y evitar las consecuencias dañinas y, después vendrán las ayudas estatales para los damnificados que serán complementarias a las de las administraciones autonómicas. En su caso el Consejo de Ministros analizará, “cuando el episodio haya concluido pero con la urgencia necesaria” los expedientes para su declaración, en su caso, de la zona gravemente afectada por una emergencia grave de Protección Civil.

Por su parte, este mismo viernes, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha indicado que un total de 800 efectivos de la UME están trabajando en la emergencia en Orihuela, Murcia, donde ya actúan 400 y otros 400 van de camino a Almería.

A ellos, según ha anunciado se va a sumar el Ejercito de Tierra, Ejército del Aire y la propia Armada. En total, ha dicho unos 1.000 efectivos de la UME y de los tres Ejércitos estarán en Levante “todo el tiempo que sea necesario”.


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Castilla-La Mancha

Carmen Lomana, sobre su hermano, diputado de Vox: “Si la gente supiese lo que este delincuente ha robado a la familia”

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Rafa Lomana
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La colaboradora de medios de comunicación, Carmen Lomana, ha criticado duramente a su hermano, Rafa Lomana, que fichó por Vox a principios de este año y que ya ha conseguido escaño en el Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete. Rafa Lomana fue uno de los candidatos que será, como los otros 51, miembro de la Cámara Baja tras las elecciones del pasado 10 de noviembre.

“Mi hermana María José lloraba el otro día y decía: ‘que injusta es la vida, con lo malo que ha sido para nosotros, para nuestra madre, verlo entrar en el Congreso de los diputados, con todo lo que nos ha robado… si la gente lo supiese”, ha manifestado Lomana. Dijo a continuacón: “Que se preparen, porque este tío es un delincuente. Pero aparte de eso, es que es tonto. No se puede ser más tonto, menos culto, menos formado. Es un desastre”, manifestó.

Sobre el papel de su hermano en el partido de Santiago Abascal, Lomana dijo: “A mi me asombra, porque puede llegar a presidente del Gobierno”. “¿Cómo alguien que lo único que puede ser, es un buen deportista, está cobrando 5.000 euros en el Congreso?”, se pregunta Lomana que se cuestiona que “tengan como mínimo una buena formación”. “No me digas que no es un chollo meterse en política”, “es de risa”, declaró.

“No solo Rafael, muchísima gente se ha metido en Vox por tener un sueldo o una profesión… No le veo defendiendo asuntos de Albacete, cuando nunca ha estado allí”, subrayó.

La popular tertuliana televisiva también aclaró cómo se produjo la incursión del ya diputado de Vox como presentador televisivo: “Nunca fue presentador. Yo le presenté a Basile en una cena y siempre he procurado ayudarle. Hizo dos programas con Calleja y medijo ue no lo aguantaba ni un minuto más. Es el peor compañero que puedes imaginar. Tenemos un hermano tonto, vago, que ha salido diputado sin haber hecho nunca nada y ya tiene un sueldo”, apostilló.


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España

La Plataforma Elecciones Transparentes denuncia el incumplimiento de la ley en el escrutinio general

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(Remitido) La Plataforma Elecciones Transparentes, que está realizando una labor de vigilancia por la limpieza del proceso electoral, ha coordinado la asistencia de cientos de ciudadanos a los escrutinios generales (recuentos definitivos) de 36 Juntas Electorales Provinciales (JEP), del 13 al 15 de noviembre. Tras acudir los días del escrutinio, hemos comprobado que en la mayoría de ellas no se ha realizado un recuento manual de los votos de las actas, como dicta la Ley Electoral, sino que sólo se han cotejado con los resultados provisionales que ofrece INDRA, dándolos por válidos.

Por tanto, la Plataforma ha denunciado en diferentes Juzgados la vulneración sistemática de la Ley Electoral, que dicta en su artículo 106.1 que la Junta debe “verificar sin discusión alguna el recuento y la suma de los votos admitidos en las correspondientes Mesas, según las actas o las copias de las actas de las Mesas”, y no cotejarlos con los resultados provisionales. Estos hechos podrían ser constitutivos de delito electoral, previsto en los artículos 139 y 140 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En la mayor parte de las Juntas tampoco se siguieron los artículos 103.2 y artículo 107.1, que indican que el acto no debe interrumpirse hasta acabar una sección. Tampoco se extendió en la mayoría de ellas un Acta de sesión en la que se deben reflejar las incidencias. Por otro lado, el escrutinio del voto CERA no fue realizado en la mayoría por la Mesa sino por funcionarios, vulnerando el artículo 75.11.

Cabe destacar que la Junta Electoral Central, en su resolución del año 2015, ordenó a la Junta Provincial de Sevilla hacer el recuento manual como había solicitado Vox, y desde entonces viene recordando, en cada periodo electoral, a las JEP y a las JEZ (Juntas Electorales de Zona) su obligación de hacer el recuento MANUAL. Así, el mismo día de las elecciones, el domingo 10 de noviembre, la Junta Electoral Central consideró necesario recordar una vez más a las Juntas Provinciales su deber de hacer el escrutinio general como dicta la LOREG: haciendo el recuento de todas las actas. (Sesión JEC: 10/11/2019, Núm. Acuerdo: 717/2019), mandato incumplido por la mayoría de ellas.

En diversas Juntas Electorales, los funcionarios y jueces han afirmado a nuestros voluntarios que no ven necesario hacer un recuento manual, ya que “con los medios informáticos ya se puede comprobar”. El periodista José María Arenzana, autor del recurso que Vox interpuso en 2015 para hacer el recuento manual en Sevilla, explica en una entrevista: “Si no hacemos la suma manual acta por acta, no podemos saber si la suma que ha realizado el ordenador de INDRA contiene algún comando, algún algoritmo o alguna instrucción oculta para manipular los resultados. En definitiva, estamos dando por válidos los resultados provisionales sin hacer el escrutinio general como ordena la ley”. Ver entrevista aquí.

A la vista de estos gravísimos hechos, los ciudadanos que han asistido a las JEP están interponiendo denuncias en los juzgados, con el apoyo legal del equipo jurídico de la Plataforma.

Acerca de la Plataforma Elecciones Transparentes

La Plataforma Elecciones Transparentes es una organización ciudadana independiente y apartidista, que no recibe subvenciones y cuyo objetivo es la salvaguarda de la limpieza del proceso electoral en España. Más información en la página web www.eleccionestransparentes.wordpress.com.


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Cataluña

Torra admite que “desobedeció” la orden de retirar los lazos por “ilegal” y advierte: “No renunciaré a la autodeterminación”

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El presidente catalán, Quim Torra, ha admitido que “desobedeció la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos por considerarla “ilegal”, aunque se ha declarado este lunes no culpable ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Lo ha hecho durante el juicio por desobediencia a la Junta Electoral durante la campaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación. Aún así, ha dado la “bienvenida” a una posible condena porque, ha advertido, “nunca” renunciará al “derecho de autodeterminación” en Cataluña. El juicio ha quedado visto para sentencia.

“Si la pregunta es si acaté o no la orden de la JEC de retirar los lazos, la respuesta es ‘claro que no’, no podía ni tenía que hacerlo como presidente de la Generalitat. Si es si la tenía que acatar (…) no se puede acatar una orden que es ilegal”, ha expuesto durante su turno final de palabra.

Torra ha insistido en acusar a la JEC de prevaricar y considera además que pudo incurrir en “un delito de coacciones” al haberle ordenado retirar los lazos amarillos pese a “no tener facultades”. Durante su comparecencia también ha criticado la falta de imparcialidad del tribunal y de la Fiscalía -que “no es garante de la legalidad sino de los intereses del Gobierno”- en un “juicio político” en que por primera vez se sienta un presidente catalán en el cargo. De esta forma, ha vuelto a reivindicar el “proceso de independencia” como “única opción de los catalanes para que sus derechos sean respetados”.

“Bienvenida sea la condena”

El presidente catalán ha anticipado que la prohibición de colocar lazos amarillos y simbología respecto a la sentencia del ‘procés’ pueda causarle “otra querella” y ha añadido respecto a este juicio: “Si me condenan por defender los derechos de los catalanes, bienvenida sea la condena”. “Nunca renunciaré al derecho de autodeterminación en Cataluña, ni a defender a nuestros presos políticos y exiliados ni a la dignidad de todos aquellos que han ostentado el cargo de la Generalitat y me han precedido”, ha añadido.

“Este tribunal me puede condenar, pero no cambiarán la legitimidad de los que me eligieron”, así como su “compromiso” con el pueblo de Cataluña, ni la “voluntad” de éste, ni “el destino de este país”, ha zanjado, aventurando que su condena será la condena del Estado y de la justicia española.

El presidente de la Generalitat se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, que ejerce Vox, en este último caso por tratarse de “un partido franquista”. Durante la presentación de sus conclusiones por la tarde, tanto la Fiscalía como la acusación popular han pedido que la sentencia sea condenatoria.

Torra es el primer presidente catalán en activo en someterse a un proceso judicial y el tercero consecutivo perseguido por la justicia por su papel en el proceso independentista. Se juega su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público, una pena que podría apartarle de la Generalitat una vez que la sentencia sea firme, si así lo ratifica el Tribunal Supremo. En ese caso, asumiría la responsabilidad del Govern, el vicepresidente Pere Aragonés.
Los argumentos de la defensa

Las claves del juicio están en varias cuestiones. Por un lado, la defensa de Torra sostiene que la Junta Electoral Central “carecía de competencias” y tenía “un interés directo” en el caso, así como que las órdenes emitidas por este organismo no eran “claras” al referirse tanto a los lazos amarillos como a las ‘esteladas’ y que finalmente las órdenes del órgano electoral terminaron siendo una acto de “censura total”. Por otro lado, expone el abogado Gonzalo Boye que Torra no tiene potestad sobre todos los edificios que componen la Generalitat.

Ambos argumentos han sido rechazados tanto por el Fiscal, Francisco Bañeres, como el letrado de Vox, Juan Cremades, que consideran acreditada la competencia de Junta Electoral Central como organismo “constitucional” para emitir órdenes al ‘president’ y ante la ausencia de una Junta Electoral autonómica. También han considerado que, después de la tercera advertencia lanzada por la JEC en marzo, cuando por una orden del conseller del Interior, Miquel Buch, los lazos y las pancartas fueron retirados en un plazo de 48 horas, queda demostrado que Quim Torra tenía capacidad para ordenar la retirada de los lazos y símbolos de todos los edificios de la Generalitat.

Por último, el tribunal ha denegado la petición de nulidad del procedimiento realizada por la letrada de Torra, Isabel Elbal, que consideraba que se había vulnerado la presunción de inocencia de su cliente. El proceso carece de imparcialidad, según la letrada, que además en un momento de su intervención ha esgrimido el hecho de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, diera a entender en una entrevista que la Fiscalía recibe órdenes del Ejecutivo.

La expresión “presos políticos” es “consenso” de la sociedad

Para el president era “importante” que se colgara un cartel de apoyo a los políticos presos porque expresa el sentir “mayoritario” de la sociedad catalana y los lazos “deberían ser patrimonio común”, ya que “no son partidistas ni es propaganda”. Durante su comparecencia, ha defendido además que la expresión “presos políticos” no es patrimonio de ningún partido, sino fruto del “consenso” de la sociedad catalana, “por mucho que incomode o alguien se levante de la sala” cuando las escucha s

Torra se refería así al hecho de que tanto el presidente del TSJC y de la sala que lo juzga, Jesús María Barrientos, como el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que lo acusa en el juicio, abandonaran un acto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, en febrero de 2018, molestos por que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aludiera a la existencia de “presos políticos”. La Fiscalía ha respondido por la tarde, sin embargo, que el lazo no es un símbolo “neutral” ni “compartido por todos los catalanes”.


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