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Tribunales

La juez Núñez se guardó un atestado de la UCO que le reprocha sus errores

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La juez María Núñez Bolaños, instructora de los ERE
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La Fiscalía Anticorrupción hace mención en su denuncia contra la juez María Núñez Bolaños de una serie de autos y oficios librados a la Guardia Civil que podrían ser contradictorios y habrían contribuido a la dilación de la instrucción del escándalo de los ERE.

Según ha podido saber este periódico, la Unidad Central Operativa de la Benemérita ha mantenido varios desencuentros con la juez durante esta investigación y el Ministerio Público, consciente de ellos, los ha mencionado en su escrito, pero sin detallarlos. Sin embargo, ayer afloró un atestado que la UCO entregó a Núñez el pasado 23 de mayo en el que los agentes responden a las resoluciones de la instructora en las que les acusa del retraso en las investigaciones.

El juez que la está sustituyendo desde que se dio de baja justo el día antes de que se conociera el escrito de todos los fiscales anticorrupción de Sevilla contra ella, Ignacio Vilaplana, emitió un auto el pasado 4 de julio en el que dio traslado del citado atestado de la UCO a todas las partes personas un mes y medio después de que este informe llegase al juzgado. Es decir, Núñez lo recibió y no lo notificó a las defensas ni al Ministerio Público, que lo conocieron ayer y pudieron comprobar que el escrito no tiene desperdicio.
Ante los numerosos autos en los que Núñez ha argumentado que no podía abrir piezas de investigación a cada empresa beneficiada por los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía porque no se habían terminado los atestados, la UCO le envió en mayo este oficio en el que defiende su trabajo y le recrimina tres maneras de actuar que podrían haber dilatado el proceso.

En primer lugar, los agentes le reprochan que les ha pedido atestados de forma urgente sobre varias empresas y, sin embargo, esos atestados ya habían sido entregados hacía incluso varios años en algunos casos, lo que revelaría que la juez no estaba al corriente de las diligencias que se habían llevado a cabo en su propio juzgado. En segundo lugar, la UCO critica que archivó piezas por prescripción alegando que no habían llegado los atestados cuando dichos informes no habían sido siquiera encargados. Y en tercer lugar, los agentes le indican insistentemente que en la mayoría de las piezas que tendrían que haber investigado se quedaron a la espera de que Núñez les enviara el sumario correspondiente, ya que lo único que les hizo llegar fue un desplegable con el dinero que cada empresa había recibido de la Junta.

De hecho, este es el primer punto que ha resuelto Vilaplana tras dar traslado a las partes de este polémico informe de la Guardia Civil. En su providencia, el instructor sustituto escribe que «por contenerse en dicho oficio solicitud expresa en relación a que se remita a la Guardia Civil la documentación que obre en la causa al objeto de proceder a su estudio y análisis por parte de dicho cuerpo policial, procede acceder a lo solicitado, acordando el escaneo, foliado y posterior inserción en formato digital (CD) de dicho contenido y su posterior remisión a la Guardia Civil».

Es decir, la primera medida del juez ha sido entregarle todo el sumario a la UCO para que puedan iniciar la investigación porque su atestado es muy revelador en esta cuestión: «La única información de la que dispone esta unidad es la reflejada en el desplegable que en su día entregó la Agencia Idea». Esta misma frase se repite en el caso de hasta en 16 piezas separadas en las que la juez Núñez emitió primero un auto solicitando un atestado y a las pocas semanas otro que dejaba sin efecto el primero porque los delitos habían prescrito. Los agentes del Instituto Armado se defienden aclarando que se quedaron a la espera de los expedientes, que nunca les envió el juzgado, para poder iniciar sus pesquisas.

Pero el atestado que Núñez se guardó el pasado mes de mayo, que está escrito con argumentos estrictamente técnicos y sin juicios de valor por parte de la UCO, es aún más ilustrativo en los casos en los que la juez reclamó atestados que ya estaban hechos. Un buen ejemplo es el de la empresa Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva. El cuatro de abril de 2019, Núñez Bolaños dictó una providencia con la siguiente orden: «Visto el estado de las presentes diligencias, líbrese oficio urgente a la UCO a fin de que elabore el atestado de la presente con carácter urgente, a la vista del último pago efectuado en diciembre de 2009».

Esta pieza estaba a punto de prescribir y la juez apremió a los agentes para que hicieran su trabajo. En su informe de mayo la UCO le contesta sin rodeos: «Por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, se elaboró el correspondiente atestado, el cual fue entregado en sede judicial el pasado 16 de octubre de 2018». Siete meses antes. La Benemérita había cumplido y entregó su investigación en plazo para que la causa no prescribiera. Pero Núñez volvió a pedir el atestado el 4 de abril de 2019 y sólo unas semanas después, el 23 de abril, se dirigió de nuevo a los agentes para que ya no lo hicieran porque se había pasado el plazo.

Esto mismo ocurre con la causa abierta contra Algodonera de Córdoba, cuyo atestado se entregó el 28 de marzo de 2019; Asociación de Extrabajadores del Medio Natural, entregado el 12 de mayo de 2016; Construcciones y Urbanismo Sierra Norte, aportado al juzgado el 3 de abril de 2014; y Elaborados Cárnicos Andaluces, sellado en el registro de entrada el 1 de julio de 2015.

No obstante, la casuística más repetida en el listado de investigaciones pendientes que aporta la Guardia Civil es la lentitud con la que el juzgado trasladó los expedientes de cada empresa a los agentes, que incluso libraron oficios a la juez para reclamar esta documentación. Uno de los más llamativos es el de la empresa Hamsa. Núñez Bolaños reclamó a la Junta el expediente completo de esa ayuda, pero jamás se lo trasladó a la UCO, que el pasado 21 de junio envió un escrito a la instructora recordándole que estaba esperando los papeles desde el 5 de marzo de 2015. La pieza prescribió. Y el expediente, reclamado cuatro años antes, nunca llegó a la mesa de los investigadores.

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Sociedad

Morir haciendo sexo durante un viaje de negocios es “accidente laboral”, según la Justicia

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En febrero de 2013, un ingeniero francés fue enviado por su empresa a Meung-sur-Loire, una ciudad situada en el centro del país, a cerrar un negocio. Durante la noche, conoció a una mujer. Ambos mantuvieron una relación amatoria en un hotel de esa localidad, que no era el que su empresa había reservado para él.

Tras el acto sexual, el hombre, que estaba casado, sufrió un infarto y falleció. Fue entonces cuando comenzó un pleito que ha durado hasta ahora y cuya resolución ha provocado una enorme polémica. El Tribunal de Apelación de París, donde el proceso judicial llegó hace dos años, acaba de sentenciar que la muerte del empleado se produjo durante el desempeño de su trabajo y por tanto se trató de un accidente laboral.

La sentencia no se queda ahí, sino que, además, ha condenado a la compañía a pagar a la viuda engañada el 80 por 100 del salario mensual del fallecido adúltero hasta el día que hubiera alcanzado su jubilación.

La Corte gala ha desestimado los argumentos de la empresa, que insistía en que los hechos se produjeron fuera del horario laboral y que la muerte no fue imputable al trabajo, sino al propio acto sexual.

En definitiva, los magistrados consideran que en este caso, el tiempo de trabajo supone el viaje y la noche que el empleado tiene que estar fuera de casa. Y por tanto, “un encuentro sexual es un acto de la vida cotidiana igual que ducharse o comer”.

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Tribunales

Primera condena a prisión para 4 ex altos cargos del PSOE por la trama corrupta en la Consejería de Empleo

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Los enjuiciados por el caso Umax, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla el 8 de enero
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Primera condena a prisión para cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía de la etapa de los anteriores gobiernos del PSOE por la trama corrupta destapada en la Consejería de Empleo durante la investigación del caso ERE.

Los cuatro ex altos cargos que acaban de ser condenados por el conocido como ‘caso Umax’, que versa sobre la red de enchufes que había en Empleo, son el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, su sucesor Juan Márquez, y los ex secretarios generales técnicos de Empleo Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina. Los cuatro fueron juzgados en la pieza principal de los ERE que sentó en el banquillo a una veintena de ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La sentencia del ‘caso Umax’ conocida este jueves es de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que condena a penas de entre 5 años y 3 meses de cárcel a los cuatro ex altos cargos citados y al administrador único de la empresa Umax Informática y Consultoría S.L. por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con esta empresa, mientras que a un quinto ex alto cargo le ha impuesto una condena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

El quinto ex alto cargo condenado, pero no a prisión, es el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera. La sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de casación, ordena que se deduzca testimonio de las facturas y ’emails’ aportados por una testigo y remitirlo a la Fiscalía “por si los hechos a los que se refieren pudieran integrar un supuesto delito”.

Los hechos probados establecen que en 2003 Guerrero, el principal acusados en los ERE, “decidió crear” en la Dirección General de Trabajo y en los servicios de su departamento en las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo una “estructura de personal paralela a la administrativa, al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente, con incumplimiento de la normativa de contratación en el sector público”.

De forma ilegal se contrataron “al menos 44 trabajadores”, algunos de ellos “relacionados por vínculos de vecindad y amistad” con Guerrero “y también de parentesco” en el caso de Juan Márquez, quien, como director general de Trabajo, “decidió mantener a los trabajadores de Umax y de otras entidades en la sede de la Dirección General que presidía y delegaciones provinciales, en la misma situación económica acordada por su antecesor”.

En este caso está implicada también la extinta Faffe, la fundación de Empleo que creó la Junta para impartir cursos de formación, pero que se convirtió casi en una agencia de colocación para allegados y familiares de dirigentes del PSOE. Este ente es objeto de investigación judicial por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas ‘black’ en prostíbulos.

En 2007 “se abandonó el sistema de abono a Umax” para “ser sufragadas las nuevas facturas que se iban generando, igualmente mediante conceptos falsos, por la Fundación Andaluza de Fondos para la Formación y Empleo (Faffe), dada la mayor facilidad que tenía en la contratación y pago, proviniendo los fondos destinados a dichos abonos de subvenciones otorgadas por distintos organismos de la Consejería de Empleo, entre ellos, la propia Dirección General de Empleo, la Consejería de Empleo y la Secretaría General Técnica en la época en la que ostentaba la Jefatura de este último organismo” Lourdes Medina, quien, “igualmente, era consciente de la realidad de la contratación ilegal del personal de Umax y sus sociedades vinculadas y de la forma de pago de las facturas emitidas por dicha entidad”, dice la sentencia.

(El Mundo)

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Tribunales

Teresa Rodríguez (Podemos) pide que el empresario que tuvo el mal gusto de simular darle un beso sea condenado por abuso sexual

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La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, durante el juicio en la Audiencia de Sevilla contra el empresario Manuel Muñoz Medina
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La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido a la Audiencia de Sevilla que el empresario Manuel Muñoz Medina, acusado de un delito de atentado por simular darle un beso, también sea condenado por abuso sexual si no lo es por un delito contra la integridad moral.

Tras el visionado del vídeo de la acción, ocurrida el 20 de diciembre de 2016 en la Cámara de Comercio de Sevilla, el tribunal de la Sección Cuarta ha invocado el artículo 733 del Código Penal y ha planteado a las acusaciones la sustitución del delito contra la integridad moral por el de abuso sexual, y el abogado de Rodríguez, tras consultarlo con ella, ha asumido esa opción.

La portavoz de Adelante Andalucía ha solicitado 1 año de prisión y una multa de 18 meses a razón de 30 euros diarios para el exvocal de la Cámara de Comercio por abuso sexual.

Por el delito contra la integridad moral, la diputada andaluza ha aumentado la petición de pena de 6 a 9 meses de cárcel, mientras que por el delito de atentado ha mantenido su solicitud de 1 año de reclusión.

De este modo, la parlamentaria reclama un máximo de dos años si la condena es por atentado y abuso sexual y un mínimo de 1 año y 9 meses si es por atentado y contra la integridad moral, por lo que Muñoz no entraría en la cárcel en ningún caso.

La fiscal, por su parte, ha mantenido su calificación original tras ver el vídeo porque, según ha explicado en sus conclusiones, no aprecia “ánimo libidinoso” en la acción.

Durante el juicio, celebrado este jueves, Rodríguez ha asegurado que se sintió “como un objeto”, mientras que el acusado se ha defendido diciendo que fue “una broma de mal gusto”, que no tocó ni rozó a Rodríguez y que saluda así “en muchísimas ocasiones”.

Rodríguez ha asegurado que el entonces vocal de la Cámara la “asaltó” y la “arrinconó” a la salida del despacho del presidente de la institución y que sintió “miedo” porque estaba “sola con tres señores voluminosos que consienten lo que está ocurriendo”.

“Él pensaría que era una broma, pero a mí me pareció una agresión en toda regla. Me sentí un objeto entre esos señores “, ha afirmado. El empresario, que dimitió de su cargo a los dos días del incidente, ha indicado que “nunca” empujó a la diputada y que no le puso la mano en la boca, sino “a distancia”.

“No me parece correcto poner la mano en la boca a ninguna señora”, ha proseguido Muñoz, quien ha contado que Rodríguez no tuvo “ninguna reacción” y que él la vio “normalísima en todos los sentidos”, hasta el punto de que le entregó su tarjeta. “La cogí para saber quién me había agredido”, ha aclarado después Rodríguez.

El exvocal de la Cámara también ha recalcado que “en muchísimas ocasiones” ha hecho “lo mismo con otras personas, afortunadamente sin problemas”, y ha matizado que su intención “jamás fue molestar a esta señora”.

En su informe final, la acusación particular ha considerado que Muñoz actuó de un modo “premeditado” contra Rodríguez “por ser mujer” y ha calificado su conducta de “claramente sexual”.

La defensa ha pedido la absolución del empresario o, en su defecto, que se estimen la eximente de afectación por consumo de bebidas alcohólicas y las atenuantes de disminución de facultades y reparación del daño por sus disculpas públicas.

El abogado de Muñoz ha lamentado que su cliente “ya está condenado socialmente” y ha criticado que Rodríguez “utiliza la Justicia para fines políticos” al presentar una denuncia “de claro carácter sexista” porque “el feminismo está de moda y consigue votos”, de ahí que haya instado al tribunal a que “no dicte una sentencia ejemplarizante ni afín a tendencias sociales”.

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