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Tribunales

La juez Núñez se guardó un atestado de la UCO que le reprocha sus errores

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La juez María Núñez Bolaños, instructora de los ERE
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La Fiscalía Anticorrupción hace mención en su denuncia contra la juez María Núñez Bolaños de una serie de autos y oficios librados a la Guardia Civil que podrían ser contradictorios y habrían contribuido a la dilación de la instrucción del escándalo de los ERE.

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Según ha podido saber este periódico, la Unidad Central Operativa de la Benemérita ha mantenido varios desencuentros con la juez durante esta investigación y el Ministerio Público, consciente de ellos, los ha mencionado en su escrito, pero sin detallarlos. Sin embargo, ayer afloró un atestado que la UCO entregó a Núñez el pasado 23 de mayo en el que los agentes responden a las resoluciones de la instructora en las que les acusa del retraso en las investigaciones.

El juez que la está sustituyendo desde que se dio de baja justo el día antes de que se conociera el escrito de todos los fiscales anticorrupción de Sevilla contra ella, Ignacio Vilaplana, emitió un auto el pasado 4 de julio en el que dio traslado del citado atestado de la UCO a todas las partes personas un mes y medio después de que este informe llegase al juzgado. Es decir, Núñez lo recibió y no lo notificó a las defensas ni al Ministerio Público, que lo conocieron ayer y pudieron comprobar que el escrito no tiene desperdicio.
Ante los numerosos autos en los que Núñez ha argumentado que no podía abrir piezas de investigación a cada empresa beneficiada por los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía porque no se habían terminado los atestados, la UCO le envió en mayo este oficio en el que defiende su trabajo y le recrimina tres maneras de actuar que podrían haber dilatado el proceso.

En primer lugar, los agentes le reprochan que les ha pedido atestados de forma urgente sobre varias empresas y, sin embargo, esos atestados ya habían sido entregados hacía incluso varios años en algunos casos, lo que revelaría que la juez no estaba al corriente de las diligencias que se habían llevado a cabo en su propio juzgado. En segundo lugar, la UCO critica que archivó piezas por prescripción alegando que no habían llegado los atestados cuando dichos informes no habían sido siquiera encargados. Y en tercer lugar, los agentes le indican insistentemente que en la mayoría de las piezas que tendrían que haber investigado se quedaron a la espera de que Núñez les enviara el sumario correspondiente, ya que lo único que les hizo llegar fue un desplegable con el dinero que cada empresa había recibido de la Junta.

De hecho, este es el primer punto que ha resuelto Vilaplana tras dar traslado a las partes de este polémico informe de la Guardia Civil. En su providencia, el instructor sustituto escribe que «por contenerse en dicho oficio solicitud expresa en relación a que se remita a la Guardia Civil la documentación que obre en la causa al objeto de proceder a su estudio y análisis por parte de dicho cuerpo policial, procede acceder a lo solicitado, acordando el escaneo, foliado y posterior inserción en formato digital (CD) de dicho contenido y su posterior remisión a la Guardia Civil».

Es decir, la primera medida del juez ha sido entregarle todo el sumario a la UCO para que puedan iniciar la investigación porque su atestado es muy revelador en esta cuestión: «La única información de la que dispone esta unidad es la reflejada en el desplegable que en su día entregó la Agencia Idea». Esta misma frase se repite en el caso de hasta en 16 piezas separadas en las que la juez Núñez emitió primero un auto solicitando un atestado y a las pocas semanas otro que dejaba sin efecto el primero porque los delitos habían prescrito. Los agentes del Instituto Armado se defienden aclarando que se quedaron a la espera de los expedientes, que nunca les envió el juzgado, para poder iniciar sus pesquisas.

Pero el atestado que Núñez se guardó el pasado mes de mayo, que está escrito con argumentos estrictamente técnicos y sin juicios de valor por parte de la UCO, es aún más ilustrativo en los casos en los que la juez reclamó atestados que ya estaban hechos. Un buen ejemplo es el de la empresa Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva. El cuatro de abril de 2019, Núñez Bolaños dictó una providencia con la siguiente orden: «Visto el estado de las presentes diligencias, líbrese oficio urgente a la UCO a fin de que elabore el atestado de la presente con carácter urgente, a la vista del último pago efectuado en diciembre de 2009».

Esta pieza estaba a punto de prescribir y la juez apremió a los agentes para que hicieran su trabajo. En su informe de mayo la UCO le contesta sin rodeos: «Por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, se elaboró el correspondiente atestado, el cual fue entregado en sede judicial el pasado 16 de octubre de 2018». Siete meses antes. La Benemérita había cumplido y entregó su investigación en plazo para que la causa no prescribiera. Pero Núñez volvió a pedir el atestado el 4 de abril de 2019 y sólo unas semanas después, el 23 de abril, se dirigió de nuevo a los agentes para que ya no lo hicieran porque se había pasado el plazo.

Esto mismo ocurre con la causa abierta contra Algodonera de Córdoba, cuyo atestado se entregó el 28 de marzo de 2019; Asociación de Extrabajadores del Medio Natural, entregado el 12 de mayo de 2016; Construcciones y Urbanismo Sierra Norte, aportado al juzgado el 3 de abril de 2014; y Elaborados Cárnicos Andaluces, sellado en el registro de entrada el 1 de julio de 2015.

No obstante, la casuística más repetida en el listado de investigaciones pendientes que aporta la Guardia Civil es la lentitud con la que el juzgado trasladó los expedientes de cada empresa a los agentes, que incluso libraron oficios a la juez para reclamar esta documentación. Uno de los más llamativos es el de la empresa Hamsa. Núñez Bolaños reclamó a la Junta el expediente completo de esa ayuda, pero jamás se lo trasladó a la UCO, que el pasado 21 de junio envió un escrito a la instructora recordándole que estaba esperando los papeles desde el 5 de marzo de 2015. La pieza prescribió. Y el expediente, reclamado cuatro años antes, nunca llegó a la mesa de los investigadores.


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Tribunales

El PP recurrirá al Supremo el nombramiento de Delgado como fiscal general

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La portavoz del grupo parlamentario popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado este martes que el PP recurrirá ente el Tribunal Supremo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por “no cumplir los criterios de idoneidad, neutralidad e imparcialidad requeridos para el cargo”.

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En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Álvarez de Toledo se ha referido a la última comparecencia de Delgado en el Congreso y ha subrayado “el grado de odio, animadversión y hostilidad que destila” la exmninistra a “todo lo que no es de su cuerda”.

La portavoz parlamentaria, que ha recurrido a la hemeroteca para argumentar sus declaraciones, ha informado a los periodistas que tenía en su haber multitud de frases en su etapa de ministra contra el PP, algo que, en su opinión, “la inhabilita para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado”.

Álvarez de Toledo ha insistido en que el nombramiento de Delgado sólo beneficia “al Ejecutivo, a Pedro Sánchez y al separatismo y perjudica a la democracia, al Estado de derecho y al principal partido de la oposición, a quien ha dirigido su animadversión de manera sistemática”.


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Sociedad

Un padre pierde la custodia de sus hijos por dejarlos al cuidado de los abuelos

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Un padre de Zaragoza ha perdido la custodia de sus dos hijos, de 4 y 9 años, por haberlos dejado al cuidado de sus abuelos con demasiada frecuencia. Considera la juez que «delegó por completo sus obligaciones» y que, por ello, procede reiterarle la custodia compartida y otorgársela por completo a su exmujer, tal y como ella demandó judicialmente. El matrimonio se separó a mediados de 2016, y pactó la custodia compartida de sus hijos.

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La sentencia de esta juez de Zaragoza se suma a otro fallo que dictó la Audiencia Provincial de La Coruña hace menos de un año, en un sentido similar. En aquella sentencia también se le retiró la custodia a un padre en beneficio de la madre, por haber dejado a sus hijos al cuidado de los abuelos paternos y entender que el progenitor no había ejercido funciones «de obligado cumplimiento».

En el caso sentenciado ahora en Zaragoza, la juez reconoce el valor de la atención prestada por los abuelos, el correcto cuidado que han prestado en todo momento a sus nietos, «su cariño y dedicación». En la misma sentencia, que ha publicado Heraldo de Aragón, la magistrada María José Moseñe también reconoce que la relación del padre con sus hijos es buena, algo que queda avalado por los informes psicológicos. La Fiscalía no estaba a favor de que al padre se le retirara la custodia.

En la sentencia de la juez han pesado los datos recabados por el detective privado al que contrató la madre de los niños para seguir sus movimientos y los del padre. Eso es lo que lleva a la juez a indicar en su sentencia que entre las 7.00 y las 19.00 horas era el abuelo quien se ocupaba de los niños de forma regular.

Los condicionantes laborales expuestos por el padre no han surtido efecto en esta sentencia. Alegó que se había reducido la jornada de trabajo para poder pasar estar más con sus hijos, pero la juez, en su sentencia, considera probado que los pequeños han estado demasiado tiempo al cuidado de sus abuelos paternos. «Una cosa es disponer de apoyo de familiares y otra delegar por completo sus obligaciones», indica la sentencia.


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Tribunales

El PP llevará ante el Constitucional el polémico decreto de la vivienda de Cataluña

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El presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha anunciado que la formación llevará ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda que ratificó el Parlamento catalán a principios de febrero. Considera que la normativa protege a los okupas y desprotege a los propietarios.

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“Este decreto es profundamente antisocial porque, mientras las familias humildes, trabajadoras y honradas esperan pacientemente en las listas de alquiler y de compra social, mafias violentas ocupan viviendas por la vía de los hechos consumados y encima reciben el apoyo del Govern”, ha explicado Fernández.

El decreto, que fue aprobado con los votos a favor de JXCat, ERC, Comuns y la CUP (el PSC se abstuvo y Ciudadanos y el PP votaron en contra), obliga a los inversores a ofrecer un alquiler social a los okupas que lleven en la casa seis meses y eleva al 40% el porcentaje de suelo destinado a VPO en las nuevas promociones del Área Metropolitana de Barcelona.

También contempla la creación de un índice de referencia de precios de alquiler de viviendas y obliga al arrendador a comunicarlo al inquilino antes de firmar el contrato de arrendamiento y que conste en dicho contrato (en caso de incumplimiento el propietario puede acarrear multas de hasta 9.000 euros), así como la puesta en marcha de medidas para activar y generar más suelo destinado a levantar VPO. Por otro lado, la calificación de las viviendas protegidas construidas en suelos públicos pasa a ser permanente.

Las medidas que recoge que el Decreto Ley 17/2019 de 23 de diciembre de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda han levantado ampollas en el sector privado. En su opinión, el contenido de la normativa es un “drama” y provoca “desprotección” a los propietarios en toda la comunidad autónoma.

El responsable del PP en Cataluña también ha avanzado que va a animar al Gobierno central a que presente un recurso de inconstitucionalidad y que la formación va a presentar una nueva ‘ley antiokupa’.

En otras regiones como Madrid, el partido ya ha dejado claro que no dudará en acudir al Tribunal Constitucional para defender sus competencias, en clara alusión a la intención del Ejecutivo de crear un índice de precios del alquiler. Una propuesta que llegará en primavera, según ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, y cuyo objetivo es servir de referencia para que ayuntamientos y comunidades autónomas regulen los precios en las zonas más tensionadas.


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