Connect with us

Europa

La ley sobre blasfemia de Gran Bretaña por la puerta trasera

Published

on

El 16 de mayo, en un debate parlamentario, el secretario de Comunidades de Reino Unido, James Brokenshire (en la imagen) rechazó la definición oficial de "islamofobia" —descrita como una "ley sobre blasfemia por la puerta trasera"— de la Comisión sobre británicos musulmanes del Parlamento basándose en que es demasiado vaga y tiene "posibles consecuencias para la libertad de expresión". Dijo que la definición no es conforme con la Ley de Igualdad de 2010.
Comparta este artículo.

Por Soeren Kern.- Días después de que el Gobierno británico rechazara su definición oficial de “islamofobia” propuesta, el Consejo Musulmán de Gran Bretaña, la mayor organización islámica del país, pidió una investigación oficial del Partido Conservador por islamofobia.

La disputa gira en torno a la iniciativa de la Comisión sobre musulmanes británicos —compuesta por unas dos docenas de diputados de varios partidos del Parlamento británico— de institucionalizar la definición de islamofobia en términos raciales en vez de religiosos.

Loading...

La Comisión, en un informe de noviembre de 2018 titulado “La islamofobia definida”, propuso una definición de islamofobia de una sola frase: “La islamofobia tiene sus raíces en el racismo y es un tipo de racismo que toma por objetivo expresiones de musulmanidad o de musulmanidad percibida”.

La definición, resultado de seis meses de consultas, fue apoyada por cientos de organizaciones musulmanas, el alcalde de Londres, Sadiq Jan, y varios partidos políticos, incluido el Laborista, los Demócrata-Liberales y los conservadores escoceses.

Los defensores de la definición dicen que, aunque es cierto que el islam no es una raza, sino una religión —un conjunto de creencias e ideas—, y que los musulmanes son un conjunto de creyentes de diferentes razas, etnias y nacionalidades, muchos musulmanes experimentan prejuicios, discriminación y una forma de racismo que, dicen, es estructural. Omar Jan, director del think tank contra el racismo Runnymede Trust, explicó:

“Definir la islamofobia como racismo antimusulmán sitúa bien el problema al referirse a grupos de personas a las que se les adscriben atributos raciales y culturales negativos que pueden dar lugar a una amplia variedad de experiencias, sea un prejuicio inconsciente, la discriminación directa o indirecta, la desigualdad estructural o actos de odio”.

El 16 de mayo, en un debate parlamentario en la Cámara de los Comunes, el secretario de Comunidades de Reino Unido, James Brokenshire, rechazó la definición oficial de “islamofobia” de la Comisión —descrita como una “ley sobre blasfemia por la puerta trasera”— basándose en que es demasiado vaga y tiene “posibles consecuencias para la libertad de expresión”. Dijo que la definición no es conforme con la Ley de Igualdad de 2010, que define que la raza comprende el color de la piel, la nacionalidad y los orígenes nacionales o étnicos, y no la práctica religiosa.

Un portavoz del Gobierno dijo que la definición de la Comisión “no cuenta con el apoyo general” y necesitaba “una consideración más a fondo”.

Muchos británicos, musulmanes incluidos, están en contra de la definición propuesta y advierten de que podría blindar el islam del escrutinio y las críticas válidas.

En su intervención en la Cámara, John Hayes, diputado conservador, señaló:

“El informe de la Comisión identifica islamofobia como un ejercicio de racismo, que presume que la población musulmana de este país, o de cualquier país, es una raza. Puesto que el islam es una religión, esa propuesta es discutible en sus términos, como han explicado muchos críticos del informe”.

Las personas que se adhieren a esa religión vienen de toda clase de lugares, de todas las clases de color de piel y creencias, y adoptan todo tipo de prácticas diferentes. Como ocurre con los cristianos, algunos adoptan una visión más fundamentalista de su religión que otros. Describirlos como raza, en sí misma, es muy osado, y algunos dirían que es un punto de vista controvertido, sin embargo, es lo que hace el informe al identificar la islamofobia como una cuestión de antirracismo […].

El actual orden legislativo sobre la incitación al odio, la discriminación y muchas otras medidas permiten que la policía, si así lo quieren, persigan a las personas que se comportan de manera inaceptable y, mucho más en serio, de manera ilegal, y hay una discusión muy pertinente sobre si la policía no lo hace lo bastante. No quiero plantearla yo, pero otros podrían hacerlo. Desde luego, es cierto que la policía debería perseguir a esa gente, a los que habría que interrogar, imputar y, si procede, procesar. Sin embargo, el argumento de que partimos de una hoja en blanco oculta el hecho de que existe toda clase de leyes contra la discriminación y el racismo que nos permiten proteger a quienes podrían ser víctimas de dichos prejuicios.

En The Spectator, David Green, fundador y director ejecutivo de Civitas, un think tank de político no partidista de Londres, advirtió:

“Si esta definición se convierte en ley, nadie estará seguro de qué tipo de palabras podrían llevarlos al juzgado. Es precisamente esa incertidumbre lo que diferencia un Estado policial de una sociedad libre. Históricamente, el término ‘Estado de derecho’ se utilizaba para describir el sistema político en el que todo el mundo sabía cuándo se podía utilizar la ley contra ellos y cuándo tenían la libertad de actuar como a cada cual le pareciera oportuno. Como dijo John Locke, en Inglaterra había “una regla común a cuantos forman parte de esa sociedad”, lo que significaba “la libertad que me permite seguir mi propia voluntad en todo aquello no prescrito por la norma, y no estar sometido a la voluntad inconstante, incierta, desconocida y arbitraria de otro” […].

La ley [británica] no ampara el uso de las palabras con la intención de suscitar el odio racial y —sin duda por esta razón— la definición de la Comisión afirma que criticar el islam es una forma de racismo. Pero la raza y la religión son cosas muy distintas […].

Estamos ante un choque de dos formas muy distintas de ver una sociedad: el individualismo y el colectivismo, a grandes rasgos. El individualismo considera que el objetivo principal del Estado debe ser facilitar el desarrollo de nuestras cualidades personales […].

En una sociedad colectivista, el objetivo es que los gobernantes determinen cuál debe ser la conducta de los individuos […] y los que están en el poder establecen un código detallado y amenaza con el castigo a quien no lo cumpla. Y no agradecen la crítica como mecanismo de aprendizaje mutuo y rendición de cuentas del poder.

Hemos visto esas ideas autoritarias a lo largo de la historia de Europa y pensábamos que las habíamos dejado atrás […]. La definición de la Comisión es un intento de recrear esa atmósfera del pasado […].

Hay un amplio apoyo público a la libertad de expresión, y no es probable que acabe de forma oficial por una ley del Parlamento, pero se puede ir desgastando poco a poco. Darle un reconocimiento oficial a la definición de islamofobia de la Comisión será un paso gigantesco hacia un Estado policial arbitrario.

Los jefes de la policía británica han alertado de que la definición de islamofobia propuesta podría generar confusión entre los policías y obstaculizar la lucha contra el terrorismo islámico. En una carta a la primera ministra, Theresa May, que se filtró a The Times, Martin Hewitt, presidente del Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC, por sus siglas en inglés), escribió que la definición de la Comisión podía exacerbar las tensiones con la comunidad musulmana y socavar las medidas políticas y tácticas antiterroristas.

Nos preocupa que la definición es demasiado amplia tal como está redactada, y podría generar confusión entre los agentes a la hora de velar por su cumplimiento y utilizarse para impugnar una legítima libertad de expresión sobre los actos históricos y teológicos de los países islámicos.

También existe el riesgo de que pueda ir en detrimento de los mandos antiterroristas que tratan de lidiar con el extremismo o impedir el terrorismo.

El primer diputado musulmán de Inglaterra, Jalid Mahmud, dijo que la definición daría lugar a una mayor segregación de las comunidades musulmanas:

“Yo defiendo la libertad para todos, pero estoy en contra de esto. Nosotros, como musulmanes, deberíamos estar orgullosos de quiénes somos e intentar alejarnos de la mentalidad de víctimas”.

En diciembre de 2017, el Barnabas Fund publicó un comunicado en el que recomendaba utilizar la palabra “musulmanofobia” para condenar el miedo y el odio hacia los musulmanes. Dijo que la palabra “islamofobia” sólo debería emplearse con el significado de miedo y odio al islam como ideología religiosa. El comunicado también subrayaba que el uso común de “islamofobia” para incluir el miedo y el odio también a los musulmanes es motivo de muchas confusiones.

El 15 de mayo, más de 40 académicos, escritores y funcionaros públicos británicos firmaron una carta abierta al secretario de Interior, Sayid Yavid. En la carta pedían al Gobierno, a los partidos políticos, a los ayuntamientos y a otras organizaciones que rechazaran la definición de islamofobia de la Comisión:

“Los abajofirmantes condenan de manera inequívoca, sin reservas y enérgicamente los actos de violencia contra los musulmanes y reconocen la urgente necesidad de abordar el odio antimusulmán. Sin embargo, estamos sumamente preocupados por la acrítica y apresurada adopción de la definición de islamofobia de la Comisión”.

Se está tomando esa vaga y expansiva definición sin un adecuado escrutinio o consideración apropiada de sus consecuencias negativas para la libertad de expresión, de cátedra y de prensa. La definición también perjudicará la cohesión social, al alimentar precisamente la misma intolerancia a los musulmanes que se propone prevenir.

Nos preocupa que las acusaciones de islamofobia se usen, como ya se están usando, para blindar las creencias islámicas y otros extremismos ante las críticas, y que formalizar esa definición dé lugar a que se emplee lo que en la práctica es una ley sobre la blasfemia por la puerta de atrás.

Evidentemente es mucho más probable que no se detecten los maltratos o prácticas dañinas, o las actividades de grupos e individuos que promueven ideas contrarias a los valores británicos, a causa del miedo a que los llamen islamófobos. Esto sólo irá a más si la definición de la Comisión se adopta como ley oficial.

Nos preocupa que la definición se utilice para acallar las críticas legítimas y la investigación. Aunque los autores de la Comisión han asegurado que no desean infringir la libertad de expresión, todo el contenido del informe, la propia definición y las primeras señales de cómo se podría utilizar indican que lo harían. No deberían tratarse las libertades civiles como una cuestión secundaria al intentar lidiar con los prejuicios antimusulmanes.

La fusión de raza y religión utilizada bajo el confuso concepto de “racismo cultural” amplía la definición más allá del odio antimusulmán para incluir las críticas “ilegítimas” a la religión islámica. El concepto de musulmanidad se puede en efecto transferir a las prácticas y creencias musulmanas, lo que permite que el informe diga que se instrumentalizan las críticas al islam para herir a los musulmanes.

Ninguna religión debería contar con una protección especial frente a las críticas. Como el odio a los sij, los cristianos o los hindúes, creemos que el término “odio antimusulmán” es más apropiado y menos proclive a infringir la libertad de expresión. No es deseable una proliferación de las “fobias”, como ya han afirmado las organizaciones sij y cristianas que reconocen la importancia de un debate libre sobre sus creencias.

El 28 de mayo, el Consejo Musulmán de Gran Bretaña, vinculado a los Hermanos Musulmanes, presentó ante la Comisión sobre derechos humanos e igualdad una denuncia de islamofobia en el seno del Partido Conservador. En su denuncia afirmaba:

“Hemos dado este paso tras llegar a nuestro conocimiento una insólita serie de casos que indican una cultura en el seno del Partido Conservador donde la islamofobia no sólo está generalizada, sino que es institucional. Solicitamos a la Comisión que estudie las pruebas e investigue este asunto con urgencia”.

El ayudante del secretario general del Consejo Musulmán, Miqdad Versi, admitió que el objetivo de la queja de la organización ante la Comisión de derechos humanos e igualdad era presionar al Gobierno para que aceptara su definición de islamofobia:

“El Gobierno, encabezado ahora por los conservadores, también ha decidido rechazar una definición de islamofobia aceptada por el Consejo Musulmán y algunos actores musulmanes clave, lo que nos hace preguntarnos cuál es el mensaje que quieren transmitir a las comunidades musulmanas”.

Cuando llegue la competición por el liderazgo [del Partido Conservador], ¿dará prioridad alguno de los candidatos a hacer frente a la magnitud de la islamofobia que ha consumido al Partido Conservador?

La petición de una investigación por islamofobia se produjo el mismo día en que la Comisión de derechos humanos e igualdad anunció una investigación oficial por antisemitismo en el Partido Laborista. La investigación determinará si el partido “ha discriminado, hostigado o victimizado ilícitamente a personas por ser judías”.

El Consejo Musulmán dijo que el momento elegido para presentar la denuncia —el mismo día de la investigación por antisemitismo— fue una coincidencia.


Comparta este artículo.
Advertisement
Deje aquí su propio comentario

Europa

Hungría, faro moral de Europa: prohíbe a las personas transexuales registrar oficialmente su cambio de sexo

Published

on

Comparta este artículo.

El Parlamento húngaro ha aprobado este martes una ley que impide modificar el sexo con el que los ciudadanos aparecen identificados en los documentos oficiales, bloqueando así el reconocimiento legal del cambio de sexo, en una medida que afecta a unas 30.000 personas trans en el país.

El cambio legal, impulsado por el Gobierno húngaro, ha sido aprobado gracias a la mayoría absoluta de que dispone el Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán. La ley determina que en los documentos oficiales debe registrarse el sexo biológico, determinado por los cromosomas, y que ese dato no puede ser modificado nunca.

Loading...

Organizaciones europeas de defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), como ILGA-Europe y Transgender Europe habían pedido que se retirara la propuesta al entender que aumentará la «discriminación y violencia» que sufren las personas transexuales.

También habían protestado la comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic; el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y diversas ONG y partidos de la oposición húngaros.

Las críticas se centran en que la nueva legislación dificultará la vida de mucha gente, que tendrán que explicar las contradicciones entre sus documentos y su identidad o que, por ejemplo, serán hospitalizadas en alas que no corresponden con su identidad sexual. El Gobierno de Orbán afirma que, pese al cambio legal, las personas trans podrán vivir su vida y expresar su identidad tal como lo han hecho hasta ahora.

La Sociedad Háttér, de defensa de los derechos LGBTI, ha denunciado que se trata de una ley inconstitucional y que pedirá al presidente que no firme la ley y la recurra ante el Tribunal Constitucional. Aseguran también que contradice la normativa internacional en derechos humanos. Amnistía Internacional ha calificado la reforma de «escandalosa» y ha denunciado que «empuja a Hungría de vuelta a la Edad Media».


Comparta este artículo.
Continue Reading

Europa

(VIDEO HIJAS DE EUROPA) Tommie Lindh: el héroe de 19 años que murió apuñalado evitando la violación de una niña de 14 años y del que la #PrensaAmaestrada no habla

Published

on

Comparta este artículo.

Tommie Lindh ha muerto.

Y a nadie parece importarle: solo a unos pocos a los que la prensa mansa, apesebrada, aleccionada, mamporrera y obediente del poder socialista en boga en toda Europa califica de “fascistas”, “ultraderechistas” y “racistas”. ¿No les suena de algo?

Tommie Lindh tenía 19 años y vivía en Suecia, en la ciudad de Härnosand. Una ciudad que debido al perenne y corrupto Gobierno izquierdista sueco, se ha visto, como casi toda Suecia, invadida por lo peor de la inmigración islámica radical, como aquí el innoble animal Abubaker Mohamed, el asesino y violador con antecedentes de agresión, violencia y asalto sexual. Gracias a las bondades del Gobierno Sueco, se movía en completa libertad. 

Loading...

Abubaker Mohamed

Aquí tienen el enlace directo al muro público del asesino en Facebook: no sabemos cuanto durará, pero no parece que la policía sueca quiera o haya pedido suspenderlo, suponemos que para no “coartar” los derechos de Abubaker Mohamed.

Cuando vio lo que ocurría, se lanzó valientemente contra el agresor, que intentaba violar a una muchacha de apenas 14 años. El perro sarnoso, loco de rabia, apuñaló repetidamente a Tommie Lindh, hasta que cayó muerto, y ni las asistencias ni los médicos pudieron hacer nada por el.

La policía sueca tiene órdenes políticas de ocultar a la prensa y a la sociedad estos crímenes, para así no “provocar odio”. Enferma y nauseabunda es la sociedad que, para evitar el odio, silencia los crímenes ¡En lugar de impedirlos!

Hoy, la Hermandad Española de las Hijas de Europa le dedican un vídeo a su memoria imperecedera: nos unimos al pésame a su familia y honramos la memoria de este joven mártir sueco, que dio la vida por defender la de una inocente.


Comparta este artículo.
Continue Reading

Europa

En Bélgica caen como moscas: “Coronavirus: la masacre belga”

Published

on

Ministro belga (el que protege a Puigdemont, por cierto) demuestra su absoluta incapacidad para ponerse una mascarilla.
Comparta este artículo.

 

 

Loading...

Por Drieu Godefridi.- (*)

Aún es muy pronto para hacer una evaluación definitiva sobre la gestión del covid-19 en cada país, pero una cosa está clara: Bélgica está viviendo una auténtica masacre.

Todo empezó en 2015, cuando el Gobierno del primer ministro Charles Michel (actual presidente del Consejo Europeo) decidió destruir todo el ‘stock estratégico’ del país –63 millones de mascarillas, entre las cuales figuraban las tan valiosas FFP2–, cuidadosamente almacenado por el Ejército en un cuartel de Belgrade (Namur), porque estaba «desfasado», según declaró la ministra de Sanidad, Maggie de Block, que aún sigue en el cargo. «Para nada», afirmó el principal sindicato del Ejército; «esas máscaras fueron incineradas… para hacer sitio a los refugiados». En 2015, Bélgica y Europa se vieron inundadas de inmigrantes por la invitación a acudir al continente que les cursó la canciller alemana, Angela Merkel, y tanto las leyes de la UE como la Convención Europea de Derechos humanos hicieron materialmente imposible rechazarlos.

Todo el stock estratégico fue incinerado, sí; y nunca fue reemplazado, otra decisión de De Block que, dada la frecuencia con que se producen epidemias y pandemias, equivale a un crimen. «Gobernar es prever», que dijo Emile de Girardin.

Así que cuando la pandemia del coronavirus se extendió por Bélgica, este desgraciado país apenas tenía máscaras: ninguna para los ciudadanos, ninguna para la Policía, ninguna para las residencias de ancianos y casi ninguna para los hospitales.

La pandemia hizo erupción mucho antes en Italia que en Bélgica. El norte de Italia, tan ligado a China por medio de las industrias textil y de la moda, fue el epicentro de la pandemia en Europa. El 31 de enero Italia prohibió los vuelos procedentes de China, decisión lamentablemente tardía, y el 21 de febrero varias localidades del país transalpino quedaron completamente confinadas.

Muchos belgas tienen raíces italianas, especialmente en el sur (Valonia), y muchos más adoran Italia. De ahí que, pese al brote, entre el 22 y el 23 de febrero decenas de miles de belgas partieran a Italia para festejar el Carnaval. Y el Gobierno belga no abrió la boca.

Cuando esa gente regresó, principalmente por los dos mayores aeropuertos del país –el de Bruselas Sur (Charleroi) y el de Bruselas (Zaventem)–, no fue sometida a ningún chequeo. Sí lo fue cuando arribó a Italia, pero no cuando regresó a Bélgica. En ese entonces la ministra De Block manifestó que tomar la temperatura a la gente era inútil, y que cerrar la frontera no tenía sentido: «Un virus no se detiene en una frontera», dijo. Cuando el doctor Marc Wathelet trató de advertirle de los riesgos, De Block le llamó, en un tuit que posteriormente borró, «histérico».

Parece que la epidemia hizo eclosión en Bélgica, mayormente, de la mano de esos viajeros no chequeados.

A primeros de marzo, el Gobierno de la primera ministra Sophie Wilmès –del mismo Movimiento Reformador centro-izquierdista que su predecesor, Charles Michel– no veía problema en que los belgas asistieran a acontecimientos de masas, como el Salón Batibouw (una feria inmobiliaria), la Feria del Libro y, por supuesto, la manifestación por el Día de la Mujer del 8 de marzo. Para ese día, en Italia ya habían muerto 366 personas como consecuencia del virus.

Cuando Wilmès decidió finalmente ponerse en acción, por medio de unas directivas fechadas el 23 de marzo, lo hizo principalmente para proscribir cualquier iniciativa privada relacionada con las mascarillas y los medicamentos: el Gobierno se iba a hacer cargo.

Por desgracia, esos políticos profesionales y sus expertos no tenían la experiencia necesaria en el campo del comercio internacional. El primer cargamento de mascarillas solicitado por el Gobierno belga jamás llegó; las mascarillas del segundo cargamento eran muy eficaces… para hacer cafés, y cuando un emprendedor local tomó la iniciativa y encargó millones de mascarillas para que les fueran entregadas a las autoridades, fue demonizado –sin la menor justificación– como un «bandido». Pero, «hey, esto es una emergencia, ¡no tenemos tiempo para aportar pruebas!».

A principios de abril, dos meses después de que la pandemia se extendiera por Europa, en Bélgica aún no había mascarillas prácticamente, ni siquiera para los profesionales sanitarios que se exponen a diario al contagio, así que imagínense para el ciudadano del común.

Como no había máscaras, el Gobierno decidió anunciar que las máscaras no eran necesarias. La muestra suprema de la ineptitud gubernamental aún se puede ver en la web personal de la ministra de Sanidad: «Llevar máscaras para protegerse del coronavirus no tiene demasiado sentido».

Junto con las máscaras, el otro elemento imperativo para combatir al virus son los tests; hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha reconocido. Los tests son bastante sencillos de producir y el primer requisito para una respuesta eficiente ante cualquier pandemia. Los recursos sanitarios belgas son notables –hospitales, médicos, laboratorios públicos y privados, una enorme cantidad de compañías químicas privadas–, y el gasto público en sanidad belga es uno de los más elevados del mundo. Así las cosas, el Gobierno tenía la oportunidad de maquillar su ineptitud criminal con los tests.

Por desgracia, ocurrió todo lo contrario. Premió con el monopolio de facto sobre los tests al laboratorio de un tal Marc van Ranst, de la Universidad Católica de Lovaina. No hay razón concebible alguna para esa decisión, y las consecuencias fueron exactamente las mismas que con las mascarillas: la exclusión del sector privado y el racionamiento de los tests, de los que ha habido una cruel carestía desde el primer día.

La decisión es aún más sorprendente cuando uno se entera de que Van Ranst es no sólo médico sino un activista político. Declarado comunista e israelófobo, llegó a hablar un día del «Gazacausto», y se quedó tan a gusto con la palabreja. Este es el tipo al que se ha coronado Míster Test de toda Bélgica.

Cuando compañías privadas desarrollaron nuevos métodos de chequeo, el Gobierno belga publicó inmediatamente una nueva orden para proscribirlos, con el pretexto de que quizá no fueran 100% fiables.

Sin máscaras, rastreos y con apenas tests: esta viene siendo la situación en Bélgica en medio de la peor pandemia desde la gripe española de 1918. Es una situación dramática enteramente debida a las ominosas decisiones del Gobierno. Cuando Wilmès rompió el monopolio de facto que ella misma había creado, permitiendo tests de empresas privadas como GSK, ya era demasiado tarde.

Desafortunadamente, no acaba aquí esta triste historia de incompetencia criminal. Lo peor estaba aún por llegar. En vista de lo que sucedía en Italia y Alsacia (Francia), donde algunos hospitales se han visto temporalmente desbordados con los pacientes del coronavirus, el Gobierno belga tomó la que, en perspectiva, puede que sea la peor decisión adoptada desde 1945: los residentes en residencias de ancianos infectados tendrían que permanecer en las propias residencias. Así pues, no hubo hospitalización para esa pobre gente anciana.

Junto con la práctica total ausencia de máscaras y tests, esta directiva tuvo consecuencias cataclísmicas: muertes, muertes y más muertes. Bélgica habla ahora no de una sino de dos epidemias: la de la población en general y la de las residencias de ancianos. Trágicamente, prácticamente la mitad de las muertes por coronavirus en Bélgica han tenido lugar en asilos. Pese a los esfuerzos heroicos de sus trabajadores, los asilos belgas son de hecho trampas mortales. Para evitar contagios, a los moribundos que yacen en sus habitaciones no se les permite siquiera ver a sus familias una última vez; otra decisión del Gobierno belga que se ha proclamado, cancelado y vuelto a proclamar.

Sin máscaras, sin tests y con los asilos convertidos en trampas mortales: ahora entiende uno por qué Bélgica es el país del mundo con más muertes por coronavirus per cápita, con una cifra diez veces superior a la de Alemania [1].

La masacre belga es completamente debida a la trágica incompetencia de las elites gobernantes, y era completamente evitable.

NOTA:

[1] La inefable Maggie de Block ha anunciado que «recontará» las muertes en las residencias de ancianos porque algunos de los incluidos en las estadísticas sólo eran «sospechosos» de tener el coronavirus. Ahora bien, numerosos países, empezando por EEUU, han incluido los casos sospechosos en sus conteos.

(Gatestone Institute) Drieu Godefridi, escritor liberal, es el fundador del Instituto Hayek de Bruselas. Tiene un doctorado en Filosofía por la Sorbona de París y gestiona inversiones en varios países europeos.


Comparta este artículo.
Continue Reading

Elija el idioma / Choose your language

ArabicBulgarianChinese (Simplified)DanishEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianNorwegianPortugueseRomanianRussianSpanishTurkish

¿Quiere recibir las últimas noticias en TELEGRAM?

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2019 all rights reserved alertanacional.es

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ArabicBulgarianChinese (Simplified)DanishEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianNorwegianPortugueseRomanianRussianSpanishTurkish