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Internacional

La ONU (Organización Terrorista de las Naciones Unidas) se quita la careta: señala que la religión cristiana es enemiga de los derechos humanos por oponerse al aborto y a las ideologías de género

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Pablo Muñoz Iturrieta*.-

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acaba de publicar su informe anual sobre “Libertad de religión o creencias”, preparado por el Relator especial Ahmed Shaeed (entrar AQUI para ver el informe en inglés). En este documento, la ONU concluye que la religión en general -y la cristiana en particular- es enemiga de los derechos humanos. Lo grave es que este documento es supuestamente en defensa de la libertad de la práctica religiosa y de conciencia. ¿Cómo llegan a la conclusión de que las iglesias son “anti derechos”? Contraponiendo los “derechos LGBT” a la libertad religiosa y mostrando cómo la libertad religiosa se usa supuestamente para discriminar e ir en contra de los derechos y prácticas LGBT. Por ende, fuera toda creencia y bienvenida la “perspectiva de género”. El documento también remarca el rol de grupos religiosos en la creación de la llamada “ideología de género”, lo cual es erróneo, ya que es la ciencia misma la que ha denunciado la posición ideológica y extrema de la teoría del género.

Además, este informe de 2020 considera los principios cristianos sobre la sexualidad humana como peligrosos y discriminatorios.

El informe hace un uso sesgado e ideológico de lo que es una “práctica religiosa”, ya que como ejemplos menciona el gravísimo problema que existe en países islámicos donde se practica la mutilación genital femenina, matrimonios forzados, poligamía y violaciones, entre otros males (n.41), y la criminalización de la homosexualidad (n. 37), todo esto bajo la excusa de la religión. Pero en la respuesta, en vez de clarificar que por naturaleza estas no son prácticas religiosas (porque al islam no se lo toca), el documento aprovecha para arremeter contra el cristianismo por su oposición al falso evangelio de la ONU: la ideología de género.

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Dice el informe que existe una “profunda preocupación” por las “campañas de grupos religiosos [cristianos]” que tildan de inmorales a los que abogan por la igualdad de género “alegando que la “ideología de género” es mala para los niños, la familia, la tradición y la religión” (no.34). Saheed sostiene que la iglesia invoca “dogmas religiosos y pseudociencia” para oponerse a los ideólogos de género y “defender los valores tradicionales enraizados en interpretaciones de las enseñanzas religiosas acerca de los roles sociales del hombre y la mujer según una alegada diferencia física y capacidad mental; llamando a menudo al gobierno a sostener políticas discriminatorias” (ibíd.). Para la ONU, la Iglesia es instrumento de discriminación y la llamada violencia de género. Dicen estar preocupados porque la iglesia se ha escudado en el derecho de la libertad religiosa y organizó en grupos para contrarrestar el trabajo de los activistas de los derechos humanos…

Dice el relator, por ejemplo, que la iglesia en Polonia ha intimidado y estigmatizado a los defensores de los “derechos” de las mujeres como “promotores de la ideología de género y grupos anti-familia”. ¿Cuál es este supuesto ataque a los derechos humanos? Según Saheed es un derecho luchar contra las constitución política de Polonia, ya que el matrimonio es definido como la unión de un hombre y una mujer y, claro, eso va contra los derechos humanos…

Otro punto que destaca la ONU en contra de la iglesia de Latinoamérica es que está constantemente estorbando la legalización del aborto y de operaciones de reasignación de sexo (no.29). En lugares como Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay (se olvidó de Argentina) los grupos cristianos “han coartado los programas de educación sexual y reproductiva” (no.36) y cita un documento de Planned Parenthood para afirmar (mentirosamente) que los niveles de muertes por abortos clandestinos son altísimos en Argentina, Venezuela, Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia (no.30). Eso, como sabemos, no es así. En torno al aborto la ONU demanda que los gobiernos hagan lo necesario para que los médicos no puedan objetar en conciencia y no puedan negarse a practicar el homicidio prenatal (no.44). Además, para el relator es suficiente prueba de ataque a los derechos humanos el que la iglesia diga que la práctica homosexual va contra la naturaleza humana (Ibíd.), lo cual es real y está científicamente comprobado (lo demuestra la fisiología y estructura celular del ano).

Por último, el relator indica que en las iglesias se ha negado a los colectivos LGBTI+ y a las mujeres participar e incidir en el contenido de la fe: “se les ha negado el derecho de manifestar sus creencias a través de interpretaciones igualitarias de género de la fe, [mientras que] los que combaten la violencia de género y la discriminación pueden ser estigamizados y castigados por ello” (no.47). En este punto Saheed instruye tácitamente desde la ONU que las teologías contextuales queer y feministas (“interpretaciones igualitarias de género”) deberían de regir nuestra interpretación de la Biblia y de nuestra fe. En la Iglesia, dice la ONU, a la gente no le queda otra más que aceptar estos sistemas discriminatorios o irse de ella (Ibíd.).

Así, apelando al aborto y recomendando las interpretaciones queer y feministas de la Biblia, la ONU concluye que “constituye un serio desafío para el avance global de la equidad la privación de derechos LGBTI+ y de las mujeres dentro de las comunidades religiosas” (no.47).

A partir de esto la ONU establece claros límites a la iglesia y la libertad de conciencia y religión:

– Que no se pueda invocar la libertad religiosa para hablar contra la ideología de género.

– Que no se pueda invocar la objeción de conciencia para no practicar un aborto en hospitales (ya sean públicos o privados) (no. 44).

– Que la teoría LGBT nos da pautas para reinterpretar las Sagradas Escrituras y se deben rechazar “interpretaciones patriarcales de la doctrina religiosa” (no. 51).

– Que no se pueden avanzar “normas heterosexuales” en nombre de la libertad de religión.

El plan de la ONU implica así la reducción o desaparición de garantías y derechos anteriormente sancionados por tratados internacionales, con tal de imponer este nuevo orden ético mundial.

¿Qué debe hacer el gobierno cuando una iglesia discipline a un propagador de ideología de género entre sus miembros? Dice la ONU que “debe intervenir para prevenir prácticas dañinas, ya que dichas prácticas se constituyen por el ethos [prácticas o costumbres] religioso; incluyendo actos discriminatorios que buscan nulificar o menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones” (no.49).

Saheed considera así que los disidentes y activistas LGBT y de derechos humanos deben ser protegidos por el Estado de las garras “violentas” de las iglesias. La excomunión o sanciones serían entonces un atentado contra la libertad y los derechos humanos cuando se aplique a un falso maestro que enseñe cosas contrarias a la fe revelada en el nombre de la igualdad y los derechos LGBTI+. En suma, la ideología de género no puede existir sin el apoyo del Estado, y la ONU, que sabe perfectamente esto, está amonestando a los gobiernos del mundo para que intervengan contra la iglesia cuando se hable contra el aborto, la práctica de la homosexualidad, el divorcio y la hipersexualización de los niños, así como lo que consideran estereotipos de la mujer al enseñarle la importancia de cuidar de su hogar y sujetarse a su esposo.

Para la ONU, un cristiano tiene el derecho absoluto de creer y practicar la religión que quiera, pero el derecho a manifestar públicamente una creencia es limitado por la ley, la moral, la salud, el orden y la seguridad (no. 60). Sobre esta base es que la ONU reclama que la predica de la iglesia contra la promiscuidad sexual y a favor de la vida y del matrimonio heterosexual exclusivo no debería de estar protegida por la ley por ser discriminatoria.

Saheed y la ONU exigen finalmente que el Estado opere sancionado a las iglesias y obligándolas “a crear las condiciones en las cuales todos los miembros de la sociedad puedan ejercitar sus derechos, incluyendo el derecho a la religión o creencia” (no.71). Este es un paso más hacia la imposición totalitaria de su visión masónica anticristiana.

 

 

* Doctor en filosofía política y autor de “Atrapado en el cuerpo equivocado”: La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía y El significado de la libertad religiosa en la esfera pública secular (The Meaning of Religious Freedom in the Secular Public Square)


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Europa

La determinación francesa para poner fin a la libertad de expresión

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Por medio de una nueva ley, el Gobierno francés ha decidido delegar la censura estatal en plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat. De ahora en adelante, unas compañías privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de fuertes multas.
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Por Judith Bergman.- El 13 de mayo, el Parlamento francés adoptó una ley que requiere a plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat[1] que retiren el contenido reportado como «promotor del odio» en 24 horas y en una hora el reportado como «terrorista». De no hacerlo, podrían ser objeto de multas exorbitantes, de hasta 1,25 millones de dólares o del 4% de los ingresos globales de la plataforma en caso de que persista en su negativa.

Como es frecuente en las leyes europeas sobre los discursos de odio, el espectro del contenido online considerado «odioso» bajo la denominada Ley Avia (en referencia a la legisladora que la promovió) es muy amplio e incluye «la incitación al odio, o el insulto discriminatorio en función de la raza, la religión, la etnia, el género, la orientación sexual o la discapacidad».

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Esta norma francesa está directamente inspirada en la controvertida ley alemana NetzDG, adoptada en octubre de 2017 y explícitamente mencionada en el preámbulo de aquélla.

«Este proyecto de ley pretende combatir la difusión del discurso del odio en internet», se lee en la introducción de la Ley Avia.

Nadie puede discutir la exacerbación del discurso del odio en nuestra sociedad (…) los ataques al otro por lo que es, por sus orígenes, sus creencias religiosas, su sexo o su orientación sexual (…) remiten (…) [a] las épocas más oscuras de nuestra historia (…) la lucha contra el odio, el racismo y el antisemitismo en internet es un objetivo de interés público que justifica (…) provisiones efectivas y poderosas (…) esta herramienta de apertura al mundo, de acceso a la información, a la cultura, a la comunicación [está haciendo referencia a internet], puede convertirse en un auténtico infierno para quienes se convierten en objetivo de ‘haters’ o de acosadores ocultos tras las pantallas y los pseudónimos. Según una encuesta llevada a cabo en mayo de 2016, el 58% de nuestros conciudadanos consideran internet el nodo principal del discurso del odio. Más del 70% dicen habérselas visto con el discurso del odio en las redes sociales. El ciberacoso puede ser devastador, sobre todo para la gente joven (…) Sin embargo (…) se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias: todo esto crea un círculo vicioso (…)

Tras reconocer que el «odio» online es complicado de perseguir con la legislación existente, porque «se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias», pero aún así confiado en que la censura es la panacea para los problemas percibidos, el Gobierno francés decidió delegar la tarea de la censura estatal en las propias plataformas online. De ahora en adelante, unas empresas privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de exponerse a fuertes multas. Como en Alemania, esa ley hará que las plataformas exhiban un celo desusado en la eliminación o bloqueo de todo lo que pueda ser percibido como odioso, para evitar las sanciones.

El propósito de la ley parece ser doble: a la censura efectiva mediante la eliminación o el bloqueo de comentarios hay que sumar las (inevitables) consecuencias de la censura sobre el debate online en general. «La gente se lo pensará dos veces antes de cruzar la línea roja si sabe que es muy probable que se le pidan cuentas», afirmó la ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, en unas declaraciones que sonaron ominosas en boca de un miembro de un Gobierno de un país que aún se sigue proclamando democrático.

Desde el primer momento, cuando el presidente del país, Emmanuel Macron, encargó a un grupo liderado por Laetitia Avia que confeccionara la ley, ésta ha sido objeto de críticas. Así, la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos la criticó por incrementar el riesgo de censura, y la La Quadrature du Net, organización que lucha contra la censura y la vigilancia online, advirtió de que «los breves plazos para la retirada y las cuantiosas multas incentivarán a las plataformas a hiper-eliminar contenido». La organización en defensa de la libertad de expresión Article 19, con sede en Londres, afirmó que la ley representa una amenaza para la libertad de expresión en Francia. Gabrielle Guillemin, de dicha organización, sostiene:

La Ley Avia permitirá en la práctica al Estado francés delegar la censura online en las compañías tecnológicas dominantes, de las que se esperará que actúen como juez y parte a la hora de determinar qué es un contenido ‘manifiestamente ilegal’. La Ley atañe a una amplia gama de contenidos, así que no siempre tomarán la decisión correcta.

El Gobierno francés ha ignorado las preocupaciones manifestadas por grupos en defensa de la libertad de expresión y de los ciberderechos, y el efecto será demoledor para la libertad de expresión online en Francia.

Dados los plazos de que dispondrán las compañías para responder, hemos de esperar que pequen de exceso de precaución cuando tengan que decidir si un contenido es legal o no. Igualmente, habrán de emplear filtros que, inevitablemente, les llevarán a una sobre-retirada de contenido.

La ley también ha topado con rechazo en Francia. El 22 de mayo, Guillaume Roquette, director editorial de Le Figaro Magazine, escribió:

«Con el pretexto de combatir el contenido ‘odioso’ en internet, [la Ley Avia] implanta un sistema de censura que es tan eficaz como peligroso (…) el ‘odio’ es el pretexto al que recurren sistemáticamente quienes quieren silenciar las opiniones disidentes.

Este texto [la ley] es peligroso porque, según el abogado François Sureau, «introduce la penalización criminal de… la conciencia». Es peligroso (…) porque delega la regulación del debate público (…) en internet en multinacionales norteamericanas (…) Una democracia digna de tal nombre debería aceptar la libertad de expresión».

Jean Yves Camus, de Charlie Hebdo, ha dicho que se trata de «un placebo para combatir el odio» y señalado que «hiperenfocarse en el odio online» enmascara el auténtico peligro:

«No fue el odio online lo que mató a Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, las víctimas de Bataclan, el Hyper Cacher y Charlie; fue una ideología denominada antisemitismo y/o islamismo (…) ¿Quién determina qué es odio y qué es crítica? Acaban de abrir la caja de Pandora (…) Hay un riesgo de una lenta pero inexorable marcha hacia un lenguaje digital hiperregulado por la corrección política, tal y como la definen minorías activas».

«¿Qué es el odio?», se pregunta retóricamente el escritor francés Éric Zemmour. «¡No sabemos! Tienes el derecho a no amar… tienes el derecho a amar, tienes el derecho a odiar. Es un sentimiento… No puede judicializarse, legislarse».

Pues bien, eso es lo que las leyes sobre el discurso del odio hacen, ya sea en la web o en el mundo no digital. Exigir a compañías privadas –o al Gobierno–que actúen como una policía del pensamiento no es propio de un Estado que dice conducirse según el imperio democrático de la ley.

Por desgracia, la pregunta no es si Francia será el último país europeo en introducir leyes así de censoras, sino cuáles le seguirán.

[1] Así como otras plataformas online y motores de búsqueda que alcancen un cierto nivel de actividad en Francia (nivel que será especificado en un decreto posterior).

(Gatestone)


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Asia

Mientras el mundo temía el estado de guerra en Corea del Norte, China enviaba comandos de turistas contagiados a los aeropuertos occidentales

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Por Antonio Sánchez García.- La política, afirmaba Carl Schmitt, es la relación amigo-enemigo. La guerra por otros medios, señaló von Clausewitz. Y así nos disgusten ambas aseveraciones, han comenzado a confirmar su absoluta vigencia, por sobre los esfuerzos de diversa índole para minimizar su acreditada veracidad. Esa es la política en clave imperial china, tal como hemos comenzado a vivirla en estos trágicos meses transcurridos desde que el caso COVID-19 reventara las redes y a pesar de los esfuerzos chinos por encubrir la trágica verdad, ya nadie la ponga en duda: China decidió la jugada más riesgosa y aventurera en el ámbito de la política mundial desde la invasión a Polonia por las tropas del Tercer Reich en julio de 1939. Ir a por todo contagiando a Occidente y en primerísimo lugar a su principal enemigo, los Estados Unidos, con el siniestro y devastador virus de su procreación. Comenzó la guerra.

Alguien tenía que dar el primer paso, que, como bien dice el refrán, “quien pega primero pega dos veces”. Mientras todo el mundo se preocupaba por las amenazas norteamericanas a Corea del Norte, China enviaba comandos de turistas contagiados a los aeropuertos occidentales. Que el enemigo no es ningún país en particular: es el Occidente entero. Ninguna casualidad que los países más afectados sean los Estados Unidos, en primer lugar, y Brasil, España e Italia, en segundo lugar.

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Tampoco que Chile ocupe un lugar privilegiado entre las naciones contagiadas de Occidente, visto el ataque sistemático emprendido por Cuba y el Foro de Sao Paulo contra su estabilidad democrática en octubre pasado. Occidente, en bloque, en primer lugar; los países más exitosos en sus emprendimientos liberales, luego. Los resultados de estos ataques combinados pronto estarán a la vista. De las guerras se sabe cuándo comienzan, dice la sabiduría popular. Lo que aún no se sabe es cuándo terminan.

Tampoco es casual que luego de verse afectados gravemente en su tejido sanitario, los Estados Unidos se enfrenten a una verdadera insurrección popular. Con la reiteración de los saqueos, principal táctica puesta en acción por las conspiraciones desestabilizadoras. Lo sorprendente es encontrarse en las pantallas con imágenes de levantamientos populares frente a la Casa Blanca.

Súbitamente rebajada a la altura de La Moneda o la Casa Rosada. Mientras en Venezuela, en donde sobran y abundan las razones para un levantamiento popular que arrase con la tiranía castrocomunista que asuela al país caribeño, masas abrumadas por la miseria y el hambre, la falta de agua, de medicinas, de electricidad se guardan atemorizadas en sus casas. El mundo al revés.

¿Cómo responder a una guerra bacteriológica? ¿Intercambiando virus? ¿Pasando a mayores, como en Hiroshima y Nagasaki? ¿Invadiendo al enemigo en un movimiento envolvente, de guerra total?

La consciencia aún no desarrolla juegos imaginarios como los que planteamos. La devastación final es un juego de eventualidades, no un escenario imaginable. ¿Habremos llegado a ese punto de no retorno, más allá del cual solo se atisba la absoluta oscuridad y el atronador silencio de la muerte?


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Europa

(VÍDEO BRUTAL) “¡Pedazo de mierda! ¡Vete a tu país! ¡Que vergüenza! ¡Que le estás haciendo a la criatura!”

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… En estos términos, y otros varios, se expresa en el siguiente vídeo la indignada ciudadana italiana que grita valientemente al hombre negro que, en medio de la calle de una ciudad anónima, -por lo que hemos entendido, cerca de una estación- está nada menos que desollando a un gato encima de un improvisado montón de leña para cocinarlo y, suponemos, comérselo después.

La señora, con mascarilla, repite que es una vergüenza, y que se vaya a su país, cosa que nos tememos que no hará.

Bienvenidos todos ustedes a la “Nueva Normalidad”

Disfruten lo votado.

Gato desollado. Italia

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