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España

Las ONGs gitanas, denunciadas por malversación y apropiación de cientos de millones de euros procedentes de los fondos públicos

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Jorge Ventura (R).- La Fundación Secretariado Gitano, la Unión Romaní, Federación Andaluza de Asociaciones de Mujeres Gitanas-Fakali Amuradi, Fagex (Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura) y la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas-Kamira recaudan el 90 por ciento de los fondos públicos destinados al desarrollo del pueblo gitano.

El pueblo gitano tiene poco que celebrar. Cuarenta años de democracia apenas han servido para aflorar un puñado de ejemplos individuales y algunas promociones personales. El furgón de cola de la sociedad sigue siendo el romaní, a pesar de los esfuerzos presupuestarios para sacarlo de la postración. Un Informe independiente acusa como causa de la situación a la apropiación y a la malversación de una cantidad indeterminada que se eleva a miles de millones de euros en subvenciones.

Una minoría cuyo 80 por ciento está desempleada y el 79 por ciento amenazada de exclusión laboral, un 54 por ciento sufre pobreza severa y un 75 por ciento se considera excluida socialmente y el 95 por ciento de sus menores son víctimas del abandono escolar es, obviamente, un grupo social marginado y en peligro de colapso. Sin embargo, tanto los Gobiernos españoles como la Unión Europea han destinado a lo largo de estos años una importante suma de dinero destinada a paliar e incluso a terminar con esta intolerable situación de la población gitana de España, donde reside la segunda población gitana más numerosa de Europa, después de Rumanía.
Un informe demoledor contra las ONGs Gitanas

¿Por qué no ha sido así? Según el informe Funcionamiento y Organización de las llamadas ONGs Gitanas en Andalucía, Gestión de Fondos Públicos y Situación Socioeconómica del Pueblo Gitano, del Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción -en el que han participado otras organizaciones como Observatorio de Subvenciones de Andalucía, Plataforma Ciudadana por la Democracia y Transparencia, Andalucía por la Enseñanza Pública y Foro Ciudadano para la Participación Democrática de Sevilla-, por la “serie de irregularidades, según nuestro criterio, que se han venido produciendo por parte de las llamadas organizaciones gitanas aprovechando la falta de control de las administraciones públicas, dando así visibilidad a la mala gestión de fondos públicos que parecen haber servido para que los miembros dirigentes de las ONGs y familiares disfruten de un alto nivel económico, mientras la bolsa de pobreza en nuestra Comunidad (Andalucía) y posiblemente en otras, de las personas de etnia gitanano ha tenido ningún cambio a pesar de las importantes partidas económicas desembolsadas”.

Según este informe, las ONGs que actúan en la población gitana no sólo no cumplen los requisitos legales exigidos para recibir subvenciones sino que los órganos de las diversas administraciones encargados de recabarlos no cumplen escandalosamente con los deberes que impone la Ley para otorgar dichas ayudas y subvenciones.

El resultado es que “la actual situación de emergencia social del pueblo gitano no tiene relación con las inversiones millonarias que desde las Administraciones Públicas se han entregado a las entidades llamadas gitanas, recursos económicos que no parecen haber llegado a su destino, pues ningún efecto positivo se ha producido sobre la situación social de las personas a las que presuntamente iban dirigidas, paralizando la trasformación social y condenando a la pobreza a miles de familias gitanas que a diario se ven obligadas a rebuscar en la basura o ejercer actividades que les impiden vivir dignamente”.

La Fundación Secretariado Gitano, ha gestionado “cerca de 200 millones de euros de fondos europeos

Las contradicciones entre las ONGs y las Administraciones no contribuyen a dibujar una imagen nítida de la situación: la secretaria general de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Ana María Rey, sostiene que el 70 por ciento de familias gitanas de la Comunidad -en la que residen unos 350.000 gitanos, prácticamente la mitad de los que viven en España-, vive en una “situación de absoluta normalidad”, mientras que el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, aunque admite que, en comparación con el resto de Europa, el progreso de la comunidad romaní en España ha sido mejor -y destaca “el papel fundamental” de la vivienda como “uno de los motores para la transformación” del colectivo-, tiene que reconocer que tres de cada cuatro familias gitanas están por debajo del umbral de la pobreza, y que el 54 por ciento se encuentran en situación de exclusión severa.

Pero el informe señala precisamente a esta Fundación como una de las que podrían haber malversado los fondos recibidos de las Administraciones españolas y de los Fondos Estructurales de la Unión Europea FEDER-Fondo Social Europeo. Desde el periodo 1989-2000 la Fundación Secretariado Gitano, ha gestionado “cerca de 200 millones de euros de fondos europeos” solamente a través de planes para empleo, programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, programa Acceder y plan FIP… Sin embargo, la UE estima que el 90 por ciento de la juventud gitana española ni trabaja ni estudia.

En cambio, señalan las ONGs autoras del informe, la Fundación Secretariado Gitano dispone de un patrimonio inmobiliario muy importante en España y en otros países siendo, una organización sin ánimo de lucro.
Miles de millones de euros en manos de unos pocos

Junto a esta Fundación señalan a la Unión Romaní, Federación Andaluza de Asociaciones de Mujeres Gitanas-Fakali Amuradi, Fagex (Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura) y la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas-Kamiracomo las entidades que recaudan el 90 por ciento de los fondos públicos destinados al desarrollo del pueblo gitano. Cifran estos fondos en miles de millones de euros, que, salvo rubros concretos, se confiesan incapaces “de cuantificar sin la elaboración previa de un registro donde todas las administraciones aporten los datos de subvenciones entregadas en el tiempo de plazo que se determine”, pues acusan de falta de transparencia tanto a las administraciones que los satisfacen como a las organizaciones que los reciben, pues uno de los requisitos legales que incumplen, entre otros de los establecidos, es, precisamente, la condición de realizar una auditoria externa anual.

Las acusan también de nepotismo: “Es habitual que sean varios familiares de primer y segundo grado quienes ocupen cargos de responsabilidad con sueldo a cargo de las mismas” y a “las administraciones públicas que no realicen control de ningún tipo sobre el uso finalista de los fondos públicos dedicados a erradicar la extrema pobreza, sin que ningún organismo sepa responder, ni exista información pública al respecto, si lo que llega a las actuaciones concretas para erradicar la pobreza es el 90 por ciento o el 9 por ciento del total de la cantidad subvencionada, y en sentido contrario, ningún organismos sabe si de dichas entidades nacidas para gestionar fondos destinados a erradicar la pobreza extrema, se gasta en sueldos de empleados (la mayoría familiares) viajes, dietas, alquileres, etc. el nueve o el 90% de las subvenciones recibidas”, mientras que, por el contrario, “análisis e informes de empresas independientes señalan que los varios miles de millones de euros invertidos no han producido prácticamente ningún resultado de mejora sobre las personas a las que iba destinadas”.

Pedro Puente, el sacerdote y presidente del Instituto de Cultura Gitana, y Diego Fernández, su director; Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano; Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní; Beatriz Carrillo de los Reyes, presidenta de Fakali-Amuradi, y Antonio Vázquez, presidente de Fagex, son los responsables principales señalados en el informe del Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción.

Y termina solicitando a “cada organización, institución o Administración Pública que tenga alguna relación con las subvenciones concedidas, o los organismos y entidades que tengan responsabilidad en el buen uso de las mismas, inicien las gestiones oportunas sobre las circunstancias señaladas en el presente Informe y adopten las medidas correctoras que fueran precisas, así como la depuración de responsabilidades de cualquier tipo que pudieran derivarse del conocimiento exacto de los hechos”. Así como que se realicen auditorías a todas las entidades recipiendarias de fondos nacionales y europeos y se investiguen públicamente el destino dado a los recursos públicos recibidos”.


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Cataluña

Tres detenidos por una agresión sexual múltiple a una mujer rusa en la cloaca de Barcelona

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Dos hombres y una mujer han sido detenidos por los Mossos d’Esquadra en Barcelona por su presunta relación con una agresión múltiple a una mujer el pasado fin de semana, a la que presuntamente retuvieron durante varios días.

Los Mossos conocieron los hechos el pasado martes, día 16, cuando unos ciudadanos alertaron de que habían encontrado a una mujer caminando desorientada y que pedía ayuda, en el distrito de Sant Martí de Provençals.

La víctima, que debió ser trasladada a un hospital barcelonés debido a su estado, ha declarado que estuvo retenida durante el pasado fin de semana en un descampado con puertas metálicas, lugar donde se habrían producido las agresiones sexuales.

La policía ha informado este sábado en un comunicado de que la víctima pudo escapar del descampado y que ha afirmado que no recordaba con exactitud cómo fue conducida hasta el lugar de los hechos, ya que se quedó dormida en un banco de la ciudad.

Al despertarse, explicó que unos hombres la habían llevado al descampado donde se habrían producido las agresiones y donde habría quedado retenida durante todo el fin de semana pasado.

Los Mossos pudieron localizar el lugar donde presuntamente se habrían producido los hechos e identificaron a diversas personas que podrían estar relacionadas con la agresión.

Este viernes, los Mossos detuvieron a dos de los autores identificados como presuntos autores de la agresión sexual y detención ilegal, de nacionalidad rumana, y a una mujer, de nacionalidad española, que sería autora de una detención ilegal y delito de lesiones leve.

La investigación continúa abierta para detener a una cuarta persona implicada, un hombre también de nacionalidad rumana, identificado como otro presunto autor de la agresión sexual y detención ilegal.

Según publica este sábado La Vanguardia, la víctima, de nacionalidad rusa, ha declarado que sus agresores la habrían drogado porque no recordaba apenas nada de los días que estuvo retenida.

Este rotativo añade que la policía localizó a la madre de la joven, que vive en Benidorm (Alicante), y que pensaba que su hija estaba en Rusia.

Los tres detenidos pasarán esta mañana a disposición judicial, ha indicado la policía catalana.


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Cataluña

El Govern regó con 3,7 millones de euros a la ONG que espiaba en los recreos que se hablara catalán

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EM.- La Plataforma per la Llengua -la entidad que espió a profesores y a alumnos en 50 escuelas de Cataluña para saber si usaban el catalán o el castellano en el recreo- recibió más de 3,7 millones de euros en subvenciones de la Generalitat entre los años 2012 y 2018, es decir, desde el inicio del procés.

Así lo admite la propia «ONG del catalán» en su página de transparencia, donde constan dos convenios plurianuales firmados con la Generalitat a razón de más de 1,8 millones de euros por acuerdo.

Ambos convenios fueron rubricados por el entonces consejero de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, que por entonces ya había abandonado el PSC para enrolarse en el proyecto secesionista de Artur Mas. Sin embargo, las partidas destinadas a financiar el funcionamiento de esta organización -también dedicada a delatar a la Generalitat a comercios que no rotulan en catalán o a vendedores que no emplean este idioma para dirigirse a sus clientes- salieron de múltiples departamentos del Govern. En el primero de los acuerdos de financiación de la Plataforma per la Llengua, el vigente entre 2012 y 2016, el Departamento de Cultura aportó 388.000 euros públicos, el de Empresa y Ocupación 357.000, misma cantidad que el de Presidencia; el de Bienestar y Familia 278.000 euros, el de Gobernación 342.000 euros, el de Justicia 54.0000 euros y el de Enseñanza los 84.000 euros restantes hasta completar 1,86 millones.

La operación se repitió en el segundo de los convenios, el correspondiente al periodo 2016-2018. También entonces las principales consejerías de la Generalitat se volcaron para financiar a la ONG de la inmersión lingüística. El Departamento de Cultura de la Generalitat inyectó a la entidad 405.000 euros, el de Empresa y Ocupación 372.000 euros, y otros 372.000 el de Presidencia, el de Bienestar Social y Familia 291.000 euros, el de Gobernación 360.000 y el de Justicia 60.000.

“Extender el catalán”

La Generalitat justificó el gasto de fondos públicos alegando que la ONG debería utilizarlos para «conseguir resultados en normalización y sensibilización lingüística en la empresa y el consumo, los juegos y juguetes, la inmigración y la acogida lingüística, la educación y el mundo universitario, la cultura, el audiovisual, los medios de comunicación, la toponimia, el reconocimiento de la lengua catalana y los derechos lingüísticos y el uso social del catalán». ¿Cómo? A través de «debates y estudios sobre la lengua catalana que puedan servir para el cumplimiento de los objetivos de normalización lingüística», además de la «celebración de actividades y actos públicos para extender el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos».

En el marco de estas actuaciones para «extender el uso del catalán» y trabajar por la «normalización» se enmarcan estudios como el elaborado por la Plataforma per la Llengua en los patios de escuelas catalanas de zonas urbanas especialmente tendentes al uso del castellano.

Tal y como recogió ayer este diario, la entidad envió a varios de sus voluntarios a 50 centros educativos de Cataluña -tras ponerlo en conocimiento de la Consejería de Educación de la Generalitat- y observó de «incógnito» si los profesores se dirigían en catalán o castellano a sus alumnos y si los propios escolares utilizaban un idioma o el otro para relacionarse con sus docentes y compañeros.

Los colegios no estaban advertidos de la finalidad real del estudio. De hecho, el representante de la Plataforma per la Llengua se hacía pasar por un monitor que sólo sabía hablar en inglés y proponía en esta lengua una «actividad lúdica» a los profesores para que después estos le trasladasen la mecánica a sus alumnos. Después observaron la lengua empleada por docentes y estudiantes, tomaron nota y usaron los datos recabados para publicar un estudio que denuncia que la inmersión no sea total en el recreo.


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Melilla

Cincuenta inmigrantes acceden a Melilla en un salto masivo a la valla

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Medio centenar de inmigrantes han conseguido acceder a la ciudad autónoma de Melilla tras un salto masivo a la valla fronteriza protagonizado esta mañana por alrededor de 200 personas de origen subsahariano, dos de los cuales han sido evacuados en ambulancia, mientras seis guardias civiles han resultado heridos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado de que este intento de entrada irregular se ha producido sobre las 7.00 horas por la zona norte de Melilla, entre los Pinos de Rostrogordo y el Río Nano, y lo ha protagonizado «un grupo organizado» de inmigrantes que han utilizado garfios, además de piedras y otros objetos como arma arrojadiza contra los agentes.

Los inmigrantes fueron detectados en su intento de aproximación al perímetro fronterizo, por lo que la Guardia Civil activó su dispositivo antiintrusión, en el que han participado agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y el helicóptero de la Guardia Civil, además de tres patrullas de la Policía Nacional y dos de la Policía Local.

También se ha producido un rápido despliegue de agentes en el lado marroquí, que ha interceptado a unos 70 inmigrantes, mientras que el dispositivo ha conseguido detener a otras 25 personas entre el vallado, que han sido devueltos a Marruecos, han informado a EFE fuentes del dispositivo.

Sin embargo, pese a este despliegue policial y la alerta temprana de este intento de entrada, los inmigrantes se han dispersado en un radio de acción superior al kilómetro y medio, lo que ha permitido que unos 50 de los 200 que han intentado saltar la valla hayan conseguido su propósito de acceder de manera irregular a Melilla y se hayan dirigido corriendo al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

La Delegación del Gobierno ha informado de que, como consecuencia de este salto a la valla, seis guardias civiles han resultado heridos y se encuentran pendientes de evolución.

Además, dos subsaharianos han sido evacuados en ambulancia, uno con una fractura abierta de tibia y peroné y el otro con diversas contusiones.


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