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Opinión

Los militares escriben. Por el General Chicharro

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[H]an trascendido en las últimas semanas diferentes cartas abiertas que militares franceses, y ahora estadounidenses, retirados, han publicado en diferentes medios. Meses antes ,también militares retirados españoles hicieron algo similar y se formó un buen revuelo mediático.

El militar no suele prodigarse en comentar aspectos de la vida pública; sólo alguna que otra vez y extraña este hecho especialmente cuando su opinión se sale del entorno puramente militar y cuando esto sucede nos encontramos entonces con reacciones, cuando menos pintorescas, más que nada debido a la confusión – muchas veces interesada – sobre el derecho a la libertad de expresión de este colectivo.En España, en concreto , el militar en activo como cualquier ciudadano español tiene el derecho constitucional a la libertad de expresión, si bien limitado por lo que marca la Ley Orgánica de Derechos y Deberes del Militar en sus artículos 7 y 12. En estos artículos la Ley limita este derecho a la sujeción a la neutralidad política , a los derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, al deber de reserva y al respeto a la dignidad de las personas e instituciones públicas y poderes públicos ; consecuentemente la Ley establece que el militar no podrá pronunciarse públicamente ni hacer propaganda a favor o en contra de los partidos políticos , asociaciones políticas, sindicatos, candidatos a elecciones a cargos públicos , referendos, consultas políticas o programas u opciones políticas.

Y ésto es todo.

O dicho de otra forma: no cabe duda que en tanto en cuanto las declaraciones de un militar no sobrepasen los límites citados éstas pueden expresar cualquier pensamiento o idea. Pese a esto no encontrarán Vds. militares en activo dando su opinión sobre nada que no sea algo específicamente profesional. Me parece lógico y normal, si bien hay ocasiones en las que una interpretación anómala de lo que significa ser neutral en política nos hace echar en falta la posición de la Institución cuando está en juego la unidad de España. Y digo esto porque la neutralidad política a la que se debe el militar no significa permanecer indiferente ante el ataque directo a la propia esencia de la Constitución y de la nación, y , al menos yo, pienso que la salvaguarda de la unidad nacional no es un interés partidista y si defender la unidad de España supone romper la neutralidad política a la que se debe el militar me temo habríamos caído en un delirio de salud mental. Otra cosa bien diferente es si hablamos de militares retirados pues este recupera todos sus derechos al igual que cualquier ciudadano normal y, aquí, ahora, en estas líneas hablo de militares retirados y no en situación de actividad.

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Los militares españoles retirados, a los que me refería al comienzo de este artículo, acusaban al Gobierno de aceptar los desprecios a España, las humillaciones a sus símbolos, el menosprecio al Rey y los ataques a su efigie así como permitir violentas algaradas independentistas y golpistas con petición de indultos a condenados por sedición, conceder favores a terroristas con el consiguiente menosprecio a sus víctimas, bordear la legislación vigente buscando el sometimiento al Poder Ejecutivo del Poder Judicial, incluida la Fiscal General del Estado, y tratar de imponer un pensamiento único con leyes como la de Memoria Democrática.

Y ahora nos encontramos que en Francia muchos generales retirados y oficiales de los ejércitos advierten sobre la desintegración de Francia, del peligro de una guerra civil y del desprecio y odio que se cultiva contra la esencia secular de la nación francesa. Y casi al mismo tiempo, también en Estados Unidos, 317 generales y almirantes retirados suscriben y hacen pública una carta abierta en la que denuncian que “nuestra nación está en grave peligro. Estamos en una lucha por nuestra supervivencia como República constitucional como en ningún otro momento desde nuestra fundación en 1776. El conflicto es entre los partidarios del socialismo y el marxismo contra los partidarios de la libertad constitucional”.

Tanto militares españoles como franceses y norteamericanos ejercen su derecho a alertar sobre los riesgos que se ciernen sobre sus respectivas naciones.

Ese es el nexo común de todas las advertencias hechas si bien desde perspectivas diferentes según las de cada nación pero en el fondo es lo mismo.

No gustan nada las cartas de los militares retirados, sean pocos o muchos, ya que expresan de frente y de cara lo que nadie en el ámbito político quiere oír y es obvio que pueden dar la impresión de ser portavoces de lo que piensa la Institución,  algo discutible, desde luego, pues la brecha generacional también existe en los ejércitos, si bien no tanto en cuanto a valores y principios permanentes que se transmiten de padres a hijos y nietos. Al menos hasta ahora.

Y seguramente, al menos en España, ahí quedó todo : las inquietudes de unos pocos o muchos militares retirados. Algo de ruido y pocas nueces.

Otra cosa sucede en Francia al haber recibido el apoyo directo y explícito del partido de Marine Le Pen y de millones de franceses, algo que en España no sucedió al ponerse de perfil quienes seguramente piensan lo mismo pero que inmersos en la estrategia que impone la partitocracia no mostraron su apoyo a las misivas y escondieron el bulto. Cosas de viejos ociosos, piensan.

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En cualquier caso, ahí quedan, a modo de aviso para navegantes, las reflexiones de una élite, siquiera sea por edad, dignidad y gobierno , como se decía antaño, respecto a que hay que evitar los bandos irreconciliables pues estos acaban resolviendo sus diferencias de forma poco razonables. La historia nos lo demuestra con creces.

Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo…

General de División Juan Chicharro.

Ingresó en la Escuela Naval Militar en 1969.

Ha participado en las siguientes operaciones: Campaña del Sáhara en 1975, En Nicaragua/Honduras en 1989 y en Bosnia Herzegovina en 1999.

Es General de División de Infanteria de Marina y Diplomado de Estado Mayor del Ejercito de tierra.

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Actualmente en la situación de reserva ha sido el Comandante General de la Infantería de Marina entre el 2006 y el 2011 y fue Ayudante de Campo de SM el Rey durante 4 años.

En la actualidad es Presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco.

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Internacional

La indignante persecución de Julian Assange

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Hoy es el segundo y último día del que podría ser el último juicio de extradición de Julian Assange ante la Corte Superior Británica. Desde hace casi cinco años, el gobierno de los Estados Unidos ha estado trabajando para conseguir que el fundador de Wikileaks sea extraditado a los EEUU para hacer frente a los cargos de que violó la Ley de Espionaje.

Inspirado por la publicación de los Papeles del Pentágono por Daniel Ellsberg en 1971, Julian Assange fundó Wikileaks en 2006. La visión de Assange era desarrollar un portal en línea donde los denunciantes pudieran presentar pruebas de irregularidades corporativas o gubernamentales sin necesidad de identificarse ni arriesgarse a quedar expuestos. Una vez enviados, equipos de voluntarios y periodistas analizarían los documentos para determinar su legitimidad. Y, si se determinaba que eran auténticos, publicaban el material directamente en Internet para que el público pudiera comprobarlo por sí mismo.

Durante la última década y media, Wikileaks ha desvelado una serie de historias importantes. Muchas de las más importantes proceden de los diarios de guerra de Afganistán e Irak, junto con la filtración de los llamados Cables diplomáticos, todos ellos publicados en 2010. Los documentos filtrados revelaron que el gobierno de EEUU no sólo había cometido numerosos crímenes de guerra en Irak y Afganistán en la primera década de la guerra contra el terrorismo, sino que había habido esfuerzos oficiales para encubrirlos.

Los diarios de guerra de Irak también sacaron a la luz muchos detalles sobre el uso de la tortura por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Y, como escribe el periodista Keven Gosztola en su excelente libro sobre el caso actual de Assange, después de que el presidente Barack Obama se negara célebremente a procesar a nadie implicado o a indemnizar a los supervivientes del programa, los Cables diplomáticos revelaron que funcionarios americanos «se habían inmiscuido en los sistemas judiciales de Francia, Alemania, Italia y España para proteger a agentes de la CIA, oficiales militares de EEUU y funcionarios de la administración Bush de ser procesados» en relación con el programa de torturas.

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En 2016, se filtraron a Wikileaks decenas de miles de correos electrónicos de altos funcionarios demócratas y altos cargos del Comité Nacional Demócrata. Los correos electrónicos contenían revelaciones políticamente perjudiciales para la campaña de Hillary Clinton —como detalles sobre una serie de discursos privados que la candidata dio a ejecutivos de Wall Street— e incluso algunas pruebas de corrupción descarada, como el hecho de que el Comité Nacional Demócrata había estado compartiendo las próximas preguntas con Clinton antes de los debates de las primarias.

Un año más tarde, la organización borró cualquier buena voluntad resultante que pudiera haber disfrutado de la Casa Blanca de Donald Trump cuando publicó los llamados documentos Vault 7. Las filtraciones detallaban aspectos de las capacidades de ciberguerra de la CIA, sobre todo la capacidad de la agencia para vigilar y controlar a distancia coches nuevos, televisores inteligentes, ordenadores personales, navegadores web y la mayoría de los teléfonos inteligentes.

Las filtraciones enfurecieron al director de la CIA, Mike Pompeo. En respuesta, puso a la agencia en el punto de mira de Assange, a quien se había concedido asilo en la embajada de Ecuador en Londres cinco años antes. La CIA consiguió que UC Global, la compañía española encargada de la seguridad de la embajada, grabara en secreto a Assange, incluso mientras se reunía con sus abogados, y enviara las grabaciones a la CIA, un plan por el que el director de la compañía sería acusado más tarde ante una corte española.

Y según un impresionante informe de Yahoo News de Zach Dorfman, Sean Naylor y Michael Isikoff, la CIA de Pompeo «planeó secuestrar al fundador de WikiLeaks» haciendo que empleados de UC Global dejaran «accidentalmente» abierta la puerta de la embajada. Y además, «algunos altos funcionarios dentro de la CIA y la administración Trump incluso discutieron matar a Assange, llegando incluso a solicitar «bocetos» u «opciones» de cómo asesinarlo.» Según declaraciones de empleados de UC Global, el plan preferido era envenenar al fundador de Wikileaks.

Evidentemente, se optó por un enfoque diferente. En 2018, los EEUU acusó a Assange de conspirar para obtener material clasificado en 2010. Un año después, Ecuador revocó el asilo de Assange, lo que condujo a su detención en abril de 2019 por la policía londinense. Al mes siguiente, los EEUU solicitó la extradición y añadió diecisiete cargos de espionaje contra Assange.

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El proceso de extradición se ha prolongado durante casi cinco años, en gran parte debido a la preocupación por la seguridad de Assange bajo custodia de los EEUU. Y sobre la base de Dorfman, Naylor, y la información de Isikoff, que es una preocupación muy razonable.

Hay muchos aspectos absurdos e indignantes de lo que el gobierno de EEUU ha hecho, está haciendo y pretende hacer a Julian Assange. El principal de ellos es el hecho de que todo lo que los fiscales federales quieren imputarle en virtud de la Ley de Espionaje se compone de componentes totalmente legales, y comunes, del periodismo. El hecho de que los periodistas a menudo busquen, obtengan y publiquen material clasificado es la razón por la que el gobierno de EEUU se ha mostrado reacio a procesar al fundador de Wikileaks. Si el periodismo de Assange es un delito, también lo es gran parte del periodismo del New York TimesAssociated Press y todos los demás medios importantes del país.

Extrañamente, el fiscal principal de EEUU en el caso ha tratado de eludir ese hecho inconveniente sugiriendo que Assange no tiene derecho a la Primera Enmienda porque es australiano. Pero recuerden que le acusan de violar la Ley de Espionaje, una ley de EEUU. Así que, en otras palabras, los fiscales de EEUU creen que un periodista extranjero que opera fuera de los Estados Unidos debe acatar la legislación de EEUU, pero que, al mismo tiempo, el gobierno de EEUU no está limitado por sus propias leyes porque ese periodista es un extranjero que opera fuera de los Estados Unidos.

Julian Assange no es un espía. Tampoco es un terrorista ni un agente demócrata o republicano. Es un periodista que previó el potencial de Internet para empoderar y proteger a los denunciantes (el sistema de envío anónimo que Assange y sus compañeros imaginaron es ahora estándar en toda la industria de la información).

La razón por la que Assange lleva casi doce años bajo diversas formas de custodia no es que haya cometido ningún delito real, sino que ha puesto en aprietos a la clase política.

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Hoy, esa misma clase política finge indignación por el presunto asesinato del disidente ruso Alexei Navalny, así como por el encarcelamiento en Moscú del reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich, todo ello mientras maniobra para incomunicar de por vida a un periodista occidental por atreverse a publicar noticias realmente incriminatorias.

Depende de aquellos de nosotros que realmente nos preocupamos por la verdad y que nos oponemos no sólo a las fechorías de los regímenes extranjeros que nuestros gobiernos quieren derrocar sino, lo que es más urgente, al autoritarismo que ya está actuando en nuestros propios países, exigir que los responsables de los gobiernos del Reino Unido y de los EEUU se atengan a los principios que hasta ahora sólo han fingido encarnar. Y eso empieza por retirar los cargos contra Julian Assange.

Si se niegan a hacerlo, eso revelará más sobre ellos de lo que podría revelar cualquier periodista disidente.

Connor O’Keeffe

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