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Comunidad de Madrid

Los Trinitarios, la banda criminal latina más temida de Madrid

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La noche del lunes 30 de septiembre la población de Madrid asistió a la extrema violencia de una batalla en plena calle entre dos bandas de origen dominicano. Los Trinitarios (3ni) y Dominican Don’t Play (DDP) se enfrentaron a machetazos, incluso con armas de fuego -algo extraordinario en la capital de España- en el barrio de Puente de Vallecas. El saldo, cuatro heridos graves entre 20 y 22 años. Fue el último de los incidentes violentos que estas pandillas latinas han protagonizado desde 2018 en una escalada delictiva que la prensa local ha calificado como “una amenaza social”.

 

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Hace una década la pandilla de origen ecuatoriano de los Latin Kings era el peligro en las calles de Madrid, la que sembraba el terror por sus enfrentamientos con sus compatriotas Los Ñetas. Hasta que pasó a la sombra, ya fuera porque sus líderes se hicieron mayores o porque su cúpula quedó descabezada. En 2015 en Barcelona fueron detenidos 28 de sus miembros acusados de pertenencia a organización criminal, un delito cuyas penas van de los tres a los ocho años de prisión.

Hoy su testigo lo han cogido Los Trinitarios, una estructura fuertemente jerárquica que nació a finales de los 80 en Nueva York y que se disputa el control de Madrid y sus alrededores con los DDP.

Su lema es el mismo que el de su país, “Dios, Patria y Libertad”, y cuenta con sus propios ritos de iniciación, según explican fuentes policiales. “Antes de formar parte de la banda les obligan a cometer acciones violentas como robar con fuerza a alguien por la calle, sólo para comprobar hasta dónde son capaces de llegar”. Aunque su color diferencial es el verde ya no van uniformados como sucedía hace años, cuando llevaban pañuelos y tatuajes, ahora son más cautos.

«Los tenemos muy controlados, nuestra Brigada de Información les sigue el rastro. Estas bandas no suponen un problema grave pero eso no quiere decir que no cometan de vez en cuando acciones violentas y que eso genere una sensación subjetiva de inseguridad en la ciudadanía de Madrid», reconocen desde la policía.

El incidente a finales de septiembre en Puente de Vallecas no fue aislado. Entre el 19 y el 21 de julio Los Trinitarios también estuvieron detrás de unos altercados en Ciudad Lineal, otro barrio donde estas bandas hacen presencia desde hace tiempo, que dejaron dos heridos graves por agresión con arma blanca y 17 detenidos, entre ellos tres adolescentes. Y este mismo año, el 14 de abril, se produjo un homicidio por dos disparos en un bar de copas en Campamento, a las afueras de Madrid, que la policía atribuyó a su banda rival, los DDP.

Estas batallas muchas veces son fortuitas, cuando dos grupos enfrentados se encuentran a la salida del metro o en discotecas, pero en otros casos ellos mismos quedan a través de las redes sociales para pelearse en lugares públicos. También organizan salidas nocturnas para “cazar” a sus enemigos. El objetivo es ejercer el control de los barrios y expulsar a los clanes rivales.

“Llama la atención la violencia brutal que ejercen, como si no fueran conscientes del daño que pueden causar”, dice la policía. Entre las armas incautadas hay bates con pinchos metálicos, cuchillos de carnicero, navajas mariposa y hasta bolomachetes como los que se usan para cortar la vegetación en la selva, de casi medio metro de hoja.

En una operación de mediados de 2018 la policía española logró localizar el piso base donde una de estas pandillas guardaba su arsenal. Hemos tenido acceso a este vídeo, donde se ve a un equipo de asalto derribar la puerta de entrada con un ariete metálico y en menos de un minuto hacerse con el control del lugar y arrestar a varios jóvenes. Los policías portaban armas largas porque su informante les había advertido de que los chicos tenían escopetas.

“Nosotros fuimos los primeros en advertir un preocupante repunte en las acciones violentas de estos grupos”, dicen desde el Centro de Ayuda Católico, una asociación evangélica que cuenta con 4,000 feligreses en el país, en su mayoría latinos que migraron a España durante los años de bonanza económica entre finales de los 90 y principios de este siglo en busca de una vida mejor, alejada de la violencia y la pobreza en sus países de origen.

Según un informe de este centro, en Madrid habría en 2019 cerca de 1.200 miembros conectados con estas bandas delincuenciales a las que consideran como una secta. “Actúan de la misma manera, tratan de sustituir el núcleo familiar, les hablan de hermandad, pero cuando entran ya no pueden salir”, explica el pastor Alberto Díaz, quien calcula que unos 80 jóvenes les han pedido ayuda para reinsertarse y dejar atrás la violencia optando por un nuevo camino espiritual.

Desde Fiscalía rebajan esas cifras, creen que no se ha vuelto al punto de máxima tensión de estas bandas hacia 2005 y 2006, cuando eran unos 700 en Madrid, pero apuntan a Los Trinitarios como el enemigo más temible, con cerca de 300 miembros activos, quienes están detrás de 19 de las 33 acciones criminales cometidas por bandas latinas en la capital española durante el año pasado.

Entre los delitos que se les imputan están los de tentativa de homicidio, lesiones, posesión ilícita de armas, tráfico de drogas -a un nivel muy bajo, de simple menudeo-, robos con violencia y, en el peor de los casos, pertenencia a organización criminal. En caso de recibir penas de más de un año de cárcel los que no tengan nacionalidad española podrían ser expulsados a su país de origen según la Ley de Extranjería en España.

En realidad la mayoría tiene la mayoría española, al ser inmigrantes de segunda generación con padres dominicanos o de otras nacionalidades como ecuatorianos, peruanos, colombianos, puertorriqueños y haitianos. La repatriación se alarga siempre por los numerosos trámites judiciales, según explican las autoridades.

El perfil de estos chicos es gente muy joven, reclutada cuando aún es menor, entre los 13 y los 15 años. Cuando comienzan a asentarse, logran un trabajo estable o forman familias con hijos, se dan cuenta de que sus acciones tienen consecuencias reales y que les pueden meter en la cárcel, por eso abandonan el grupo al cumplir los 24 o 25.

“Cuando a finales de los 90 los chicos que habían formado pandillas en Estados Unidos tuvieron que volver a sus países de origen por las deportaciones masivas que ordenó el gobierno norteamericano, implantaron esos mismos modelos en su país, y es lo que sucede ahora en España”, explica a Infobae la antropóloga Katia Núñez.

Desde 2015 lidera una investigación sobre bandas latinas que le ha llevado a Nueva York y Santo Domingo. Ahora trabaja sobre el terreno en los barrios madrileños de Tetuán y Villaverde, dos núcleos donde se reúne la migración latinoamericana.

Cree que es “una imprudencia” generar una alarma social. “No se trata de quitarle hierro y negar la realidad, es un problema que existe pero hay que evitar el sensacionalismo y la exageración. Esto no es el Bronx”.

Advierte del riesgo de criminalizar no sólo a estos chicos sino a toda la comunidad latinoamericana que vive en regiones españolas como Madrid. “Hay que intentar comprender de dónde vienen. Muchos dominicanos han dejado en su país no sólo a sus amigos sino a sus madres y abuelas, al entorno familiar donde se sentían seguros. Aquí son vulnerables, no logran adaptarse a un sistema educativo mucho más exigente. Están solos, son blanco del bullying. Es cuando entra en juego la pandilla, que les ofrece armas y drogas, un prestigio que atrae a las chicas”.

Esta investigadora asegura que jamás se ha sentido amenazada al estar con estos muchachos, todo lo contrario. «Sólo he recibido cariño por su parte, me llaman profe. Incluso los líderes de las pandillas, que saben quién soy, jamás me han mirado mal cuando nos cruzamos por la calle».

Cree que la solución pasa por favorecer la integración y la igualdad de oportunidades. Por ofrecerles salidas en lugar de criminalizarles. «La mano dura de las acciones policiales nunca ha sido la solución, si acaso empeora el problema». Denuncia que cuando ha ido a los organismos públicos españoles a pedir ayudas siempre se ha encontrado con la negativa por respuesta.

«Parte de nuestro trabajo tiene un trasfondo social. Vamos a sus lugares de reunión, a los parques, los centros deportivos y los locutorios. Hablamos con los menores y si consideramos que están en situación de riesgo, tratamos de explicar a sus familias el peligro que corren «, dice una fuente policial.

(Infobae)


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Comunidad de Madrid

Otra bofetada de la Justicia al Gobierno y sus manifiestas violaciones de la ley: El TSJM se carga la orden de confinar Madrid del Gobierno bolivariano de Pedro Sánchez

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LR.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no avala las nuevas restricciones impuestas en Madrid desde el pasado sábado para intentar frenar el avance de la pandemia al entender que limitan derechos y libertades fundamentales sin habilitación legal suficiente. Así lo ha acordado -en contra del criterio de la Fiscalía- la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado tribunal en una resolución en la que se niega a ratificar las medidas acordadas a regañadientes por la Comunidad de Madrid -que recurrió las medidas judicialmente- en el apartado tercero de la orden de la Consejería de Sanidad , que establece limitaciones en Madrid capital y otros nueve municipios de la región -Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz- en ejecución de la orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Con independencia de que “las medidas restrictivas de tal derecho fundamental fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”, los magistrados concluyen en su resolución que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud «no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”.

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Los magistrados afirman ser conscientes “de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padece nuestra sociedad”, así como de la necesidad de adoptar “medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud”. Entre éstas, admite, “cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance”. Pero para implantarlas, concluye, “nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”.

Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos, hace hincapié el tribunal, “no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas”. Este es un presupuesto “de necesario cumplimiento”, añade, para que “esta Sala, cuya función es administrar justicia, sometida únicamente al imperio de la ley, interpretando y aplicando nuestro ordenamiento jurídico, pueda autorizar o ratificar medidas adoptadas por las autoridades sanitarias por razones de salud pública que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales”.

Por lo tanto, sostiene la Sala, las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la orden de la Comunidad de Madrid del pasado día 1 -que se adoptaron, recuerda, “meramente en ejecución” de la orden de Illa- “constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”.

Reproche a los políticos



Para el Tribunal Superior resulta “llamativo” que ante la situación de emergencia sanitaria y teniendo en cuenta el marco legal existente “no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país». Sobre todo teniendo en cuenta, recalcan los magistrados, que la actual regulación de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales para proteger la integridad física y la salud «resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”.

Los magistrados precisan en su resolución que en estos momentos el marco legal existente “difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis» al ratificar las medidas en determinadas áreas de la capital el 24 de septiembre y, posteriormente, el pasado día 1. En esta ocasión, subraya, «como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas” por la Covid-19.

Esa orden ministerial -que plasmó las restricciones aprobadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, “obligando con ello a las comunidades autónomas”-, recuerda la Sala, se dictó al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud Se trata por tanto, según admiten ambas resoluciones, del “único título legal habilitante de la potestad administrativa ejercitada” para implantar las medidas cuya ejecución llevó a cabo la Comunidad de Madrid.

De ahí que, continúe el tribunal, la clave resida en determinar si esa normativa “autoriza la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas”, con independencia de que las medidas restrictivas implantadas «fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”. Algo que, concluye, no se produce.

Estado de alarma



La Sala recuerda que “se ha venido admitiendo la posibilidad de que por ley orgánica, e incluso mediante ley ordinaria, se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales” sin necesidad de decretar el estado de alarma. Siempre y cuando, matiza, que esa limitación se encuentre “suficientemente acotada en la correspondiente disposición legal de habilitación en cuanto a los supuestos y fines que persigue, de manera que resulte cierta y previsible, y este justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales”.

En esa línea, apunta, la exposición de motivos del Real Decreto Ley-ley 21/2020, de 9 de junio busca “garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del sistema nacional de salud” ante situaciones de crisis sanitarias, aunque «quedando al margen de su finalidad la de autorizar medidas limitativas de la libertad de circulación, como muestra el hecho de que asocie de forma reiterada las mismas a la declaración de estado de alarma”, precisa el TSJ madrileño.

Para el tribunal no hay duda de que en nuestro sistema constitucional corresponde a “los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales” la “delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”.


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Comunidad de Madrid

El recurso de Ayuso contra la orden de Illa tiene «serias opciones» de ser estimado

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 Ayuso tiene ‘opciones’ en su particular partida contra el Gobierno. La Comunidad presentará mañana recurso contra la orden de Sanidad que obliga a Madrid a aplicar más restricciones para hacer frente al Covid. «Legalmente lo estamos estudiando (el recurso) con el Abogado de la Comunidad y viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente, porque no hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuelapluma» dijo Ayuso este jueves en Esradio. Poco después, en el pleno de la Asamblea de Madrid, volvió a repetirlo: «Iremos a los tribunales nuevamente como lo hicimos con el cambio de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, y que sean objetivas y justas.»

 

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Si hace dos semanas Sánchez y Ayuso escenificaron la imagen del acuerdo y la cogobernanza en la Puerta del Sol, este jueves la Comunidad de Madrid anunció que recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden de Sanidad que impone el cierre de la capital y otras diez localidades de alrededor. Han sido días tensos entre el gobierno autonómico y el Ministerio de Sanidad que no han terminado en acuerdo, porque la negativa de Ayuso a tomar más medidas ha obligado a Salvador Illa a coger las riendas e imponer las restricciones a través de una orden que entrará en vigor en menos de 48 horas.

La presidenta regional aseguró que acatará la orden «de manera estricta», aunque advirtió que tratará que sea la Justicia quien obligue a Sanidad a rectificar. Una advertencia que se hará efectiva este viernes: «Recurriremos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid», aseguró la líder popular este miércoles en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Pedro Sánchez e ISabel Díaz Ayuso en el ya lejano pacto de la Puerta del Sol.

Pedro Sánchez e ISabel Díaz Ayuso en el ya lejano pacto de la Puerta del Sol.

Una jugada que podría salirle bien a Díaz Ayuso. Según Antonio Benítez Ostos, abogado experto en la jurisdición de lo contencioso administrativo, habría «serias opciones de estimación» del recurso. Ostos señala que la disposición de Sanidad nace en virtud del artículo 14.1 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, que señala que los acuerdos en relación a las materias de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud «se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso».

No hubo consenso

«Debiendo haber consenso en la adopción de las medidas restrictivas y habiéndose limitado a la mayoría», con el rechazo expreso -además de Madrid- de Cataluña, Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, que también se opusieron a la orden de Sanidad, «no puede afirmarse que se siguiese el procedimiento legalmente previsto para su aprobación», apunta Benítez Ostos. Por lo que, de formalizarse el recurso que ha anunciado Ayuso, el tribunal de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional podría estimarlo.

¿Dejarían en ese momento de ser obligatorias las nuevas restricciones?. No, explica Antonio Benítez Ostos: habría que seguir cumpliendo con la orden de Illa , salvo que se solicitase, junto a la interposición del recurso, la adopción de la medida cautelar de suspensión urgente, conocida como una medida «cautelarísima». Aún así, «su mera interposición no impide que la orden del gobierno sea aplicada de forma inmediata a los ciudadanos», sino que habría que solicitar la cautelarísima y que los Tribunales de Justicia la resolvieran de forma urgente.

Por el momento, y sin más movimientos por parte del Gobierno autonómico que el de apuntar a los tribunales como solución al conflicto con Sanidad, Madrid tendrá que cumplir con las nuevas restricciones y acatar las medidas de Illa.


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Comunidad de Madrid

Pedro Sánchez, dispuesto a destrozar a Ayuso destrozando Madrid: un coste de 600 millones de euros semanales y un desplome del PIB de un 15%

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ISABEL DÍAZ AYUSO ACATA LA ORDEN PERO ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES

“Las restricciones de movilidad en Madrid pueden tener un peligroso efecto en una economía ya muy castigada”

El Gobierno no ha parado hasta que lo ha conseguido imponiendo en Madrid las restricciones de movilidad previstas en su plan a pesar de la oposición de la Comunidad de Madrid.

Cristina L. Mantas.- El mecanismo para llevarlo a cabo es a través de una orden ministerial, algo que se trata de una «decisión colegiada» según informó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud.

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No obstante, minutos después, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, indicaba que la orden «jurídicamente, no es válida» al no haber sido decidida por consenso. «El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus«, comunicaba en rueda de prensa el consejero de Sanidad madrileño.

Por su parte, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso -después de la publicación en el BOE de la orden que restringe la movilidad en diez municipios madrileños- ha advertido que las órdenes impuestas las recurrirá a los tribunales ya que, a su juicio, son «injustas».

«Iremos a los tribunales nuevamente como lo hicimos con el cambio de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas. Recurriremos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid», ha señalado en el pleno de la Asamblea.

Esta decisión de Sanidad afecta, además de Madrid capital, a otros municipios madrileños Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Parla y Madrid.

La decisión del Gobierno acabará con miles de empleos

Con esta situación, lo que muchos madrileños se preguntan es cómo afectarán estas restricciones a la economía. De momento, los empresarios de la Comunidad de Madrid advierten que las restricciones pueden llevar a la pérdida de miles de empleos.

«Las restricciones de movilidad en Madrid pueden tener un peligroso efecto en una economía ya muy castigada«, señaló Miguel Garrido, presidente de CEIM.

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) prevé que las nuevas restricciones frente a la pandemia aprobadas por Pedro Sánchez supondrán para la capital de España un coste de 600 millones de euros semanales y una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de un 15 por ciento. Unas cifras catastróficas a la ya delicada situación que teníamos en España.

CEIM ya advirtió de que se «dinamitarán miles de empleos» con la aplicación de estas restricciones. Así, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, solicitó que se aplicasen «medidas distintas» para obtener «resultados distintos»; al aplicar medidas semejantes en marzo se ha obtenido como resultado «rebrotes, ruina económica y empobrecimiento social».


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Comunidad de Madrid

Otra batalla que pierde «La Derechita Cobarde» de Ayuso&Almeida: Un juez anula la orden de la Comunidad de Madrid de prohibir fumar en la calle, el cierre de discotecas y otras medidas contra el COVID

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La orden de la Comunidad de Madrid que prohibía fumar en espacios públicos sin distancia de seguridad o el cierre del ocio nocturno, entre otras medidas contra el coronavirus, ha sido anulada este viernes por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid al no haber sido recogida previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entender que limita los derechos fundamentales si no se ha declarado un estado de alarma.

El magistrado sustituto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Madrid, Alfonso Villagómez Cebrián, deja así sin efecto las medidas que la Comunidad de Madrid puso este jueves en marcha para frenar el repunte de casos en la región como el cierre de los locales de ocio nocturno, la prohibición de comer en el transporte público y la de fumar en la calle y en las terrazas si no se cumple una distancia interpersonal de dos metros, entre otras.

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Según el juez, la normativa regional no se puede aplicar al hacer referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada previamente en el BOE, lo cual la convierte en “nula de pleno derecho”. Al no haberse llevado a cabo este hecho, la orden ministerial “no ha ganado eficacia”, lo que impide que todas las que han surgido a raíz de ella carezcan de validez, en referencia al resto de disposiciones autonómicas.

«Por consiguiente, esta Orden ‘comunicada’ del ministro de Sanidad no ha ganado eficacia y vigencia por no haberse publicado, con la consecuencia trascendental de ser nula de pleno derecho y que, además, no podría ser convalidada», señala el auto al que ha tenido acceso RTVE, el cual puede ser recurrido en un plazo máximo de 15 días.

 

«Estos instrumentos legales ya existen en nuestro ordenamiento»

Villagómez asegura que es «consciente de las dificultades ante las que nos encontramos» y que la pandemia «ha dejado al descubierto muchos problemas normativos y jurídicos que deberán resolverse de la manera adecuada por los órganos constitucionalmente competentes», pero que muchas de estas prohibiciones se pueden perseguir con otras leyes ya vigentes.

«Desde las Comunidades Autónomas se están reclamando instrumentos jurídicos para luchar eficazmente contra el coronavirus, cuando estos instrumentos legales ya existen en nuestro ordenamiento, y solo hace falta ponerlos en marcha», explica.

Villagómez asegura en el auto que “desde una Comunidad Autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma” ya que «a partir de un cierto umbral de intensidad en la afectación de los derechos fundamentales», a pesar de que no ocurre en este caso, «la única excepción […] es una declaración de estado de alarma singularizada a su territorio».

«De esta manera se podría limitar en el territorio de la Comunidad de Madrid la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Además, el Gobierno puede delegar en la autoridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid (art. 7 LO 1/1981) la ejecución de las medidas restrictivas de derechos, y, en fin, que el gobierno autonómico puede alertar de la situación en la Comunidad de Madrid y solicitar al Gobierno esta declaración de alarma”, subraya.

Así, sostiene que los derechos fundamentales “no son ilimitados”, por lo que pueden “modularse cumpliendo los requisitos legales para ello”, y «aunque puedan justificarse determinadas decisiones desde el prisma de criterios no jurídicos», el magistrado cree que «no adquieren la categoría de limitación y afectación de los derechos fundamentales, y, en el caso hipotético de que lo fueran, no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la Orden de la Consejería de Sanidad», concluye.


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