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Economía

Madrid también gana a Cataluña en inversión privada

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La “guerra” que mantienen Madrid y Cataluña por liderar la economía nacional sigue abierta, pero parece decantarse con la comunidad madrileña a tenor de los principales indicadores. La economía catalana ha registrado un buen ritmo de crecimiento durante los últimos veinte años, colocándose por encima de la media de las principales potencias de la Unión Europea UE-12 y en consonancia con el resto de España, pero eso no le ha servido para liderar los índices de desarrollo económico. Ese privilegio es para la Comunidad de Madrid.

El último indicador que corrobora esta tendencia ha sido el de la inversión de capital riesgo. Cataluña lideró esta estadística en 2018, con actuaciones por 1.756 millones de euros, aunque en volumen es la comunidad autónoma de Madrid la que lidera el ranking, con 2.693 millones en 168 operaciones. Los datos de la Asociación Española de Capital Privado (Ascri) así lo constatan. El sector acumula un volumen de inversión viva al cierre de 2018 de 22.990 millones, con 2.437 empresas en cartera, de las que el 92 % son pymes, que dan empleo a más de 350.000 personas. Del total de la inversión, 9.286 millones se localizaron en Madrid y 5.673 en Cataluña, seguidos del País Vasco (1.478 millones) y la Comunidad Valenciana (1.358 millones).

Los datos de 2018 reflejan que el mayor número de operaciones, tras Cataluña, se cerró en Madrid, con 168; País Vasco, con 85; Comunidad Valenciana, con 57; Castilla y León, con 48; Galicia, con 46 y Navarra, con 39.

La concentración del grueso de la inversión en estas cuatro comunidades es coherente con su dinamismo emprendedor e innovador, un ecosistema propicio para el capital riesgo en sus dos principales formatos: capital el aportado en las fases más tempranas de una empresa y normalmente a compañías muy innovadoras (venture capital), en inversiones para apoyar el desarrollo una vez que la compañía ya está en beneficios (private equity).

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Por volumen de inversión registrada en 2018, tras los 2.693 millones de Madrid (9,6% más que en 2017) aparece Cataluña, con 1.756 millones (68,8% más); País Vasco, con 609 millones (4,252% más); Comunidad Valenciana, con 232 millones (0,3% de descenso); La Rioja, con 181 millones (970% más); Andalucía, con 160 (172% más), y Castilla y León, con 137 millones (200% más).

Estos datos reflejan, según el presidente de Ascri, Miguel Zurita, el creciente peso de España en las carteras de los gestores foráneos, “porque tiene un ecosistema atractivo por el nivel de emprendimiento y porque en términos de coste es mucho más competitivo”. En 2018. los fondos internacionales estuvieron especialmente activos, puesto que aportaron el 76 % de la inversión, es decir, 4.582 millones de euros.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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