Connect with us

Hispanoamérica

Nicolás Maduro inicia su segundo mandato presidencial en Venezuela apoyado por estructuras criminales

Published

on

Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!

La víspera de la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial puso de manifiesto nuevamente cómo estructuras de crimen organizado enquistadas en altos niveles del gobierno de Venezuela han contribuido a sostener a un régimen marcado por la ilegitimidad de sus acciones, la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la promoción de grupos irregulares.

En las semanas previas a la toma posesión del segundo mandato de Maduro, este 10 de enero, la polémica sobre la legalidad de la elección de mayo de 2018, y por ende sobre la legitimidad de Maduro para asumir la presidencia, se vio aderezada por una seguidilla de hechos que apuntan a ratificar la condición de Estado mafioso que ha caracterizado a Venezuela durante su gestión.

El pasado 6 de enero, el magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Cristian Zerpa, sorprendió con su intempestiva huida a Estados Unidos y sus confesiones sobre diversas irregularidades del gobierno de Maduro, como la ausencia de independencia en los poderes públicos. Desde Orlando y a través de entrevistas concedidas a varios medios de comunicación, Zerpa aseguró que el presidente de Venezuela; su esposa Cilia Flores; el vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, controlan el Poder Judicial y son quienes dictan sentencias en Venezuela, con el propósito de perpetuar el chavismo en el poder y encubrir acciones al margen de la ley.

Sin entrar en detalles, Zerpa —quien fue un importante colaborador del chavismo y cercano a la pareja presidencial— también dio a entender la necesaria vinculación de funcionarios del gobierno con el tráfico de drogas. “Venezuela es un importante país que está en la ruta del tráfico de drogas y eso no puede ocurrir sin la complicidad de ciertas autoridades”, declaró el exmagistrado, con lo que pone un grano de arena más a los señalamientos por narcotráfico contra funcionarios del gobierno de Maduro, agrupados bajo el “Cartel de los Soles”.

Mientras Zerpa continuaba revelando detalles sobre el secuestro de las instituciones del Estado venezolano por parte de su gobierno, el 8 de enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete personas, en su mayoría empresarios, del entorno más cercano de Nicolás Maduro y de su predecesor, Hugo Chávez.

El grupo de sancionados lo encabeza el presidente de Globovisión, Raúl Antonio Gorrín Belisario, por su presunta vinculación con un entramado de corrupción fundamentado en el otorgamiento irregular de dólares preferenciales que generó ganancias legales del orden de US$2.4 mil millones. En un comunicado la OFAC explicó que Gorrín y la extesorera nacional (también conocida como la enfermera de Chávez), Claudia Patricia Díaz Guillén, participaban en una articulación mafiosa entre empresarios y altos funcionarios gubernamentales.

Gorrín además había sido mencionado en julio de 2018 por su participación en un llamativo caso de lavado de más de US$1.200 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA), conocido como operación Fuga de Dinero. En este caso Gorrín habría sido el articulador de la operación financiera que llevó unos US$200 millones a las cuentas de los hijos de la primera dama, Cilia Flores.

Las sanciones de EE. UU. también alcanzaron a Globovisión, un emblemático canal informativo de televisión que había sido bastión de la oposición durante la administración de Hugo Chávez, y que fue adquirido por Gorrín y su socio Gustavo Perdomo (también sancionado), como contraprestación a los beneficios obtenidos en importantes transacciones cambiarias con el chavismo. La adquisición de la televisora, quizás uno de los negocios menos rentables realizados por Gorrín y su socio durante los gobiernos chavistas, contribuyó al control hegemónico de los medios que han impuesto estos gobiernos revolucionarios en Venezuela. Por otra parte, el medio de comunicación habría servido como fachada para desarrollar, con relativa impunidad, operaciones con características de crimen organizado.

Un tercer elemento de la actual coyuntura política en Venezuela, que se conecta con las estructuras criminales surgidas a la sombra del chavismo, es el “despliegue” de los colectivos armados progubernamentales, que se han esforzado por demostrar que son capaces de intervenir para que Maduro permanezca en el poder. Desde el 7 de enero, varios colectivos han recorrido calles del oeste de Caracas, e incluso han desfilado y exhibido sus pertrechos frente al Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo.

Análisis de InSight Crime

La cooptación oficialista de todos los órganos del poder público, la vinculación directa del gobierno de Maduro con élites económicas que se han lucrado ilegalmente y la promoción estatal de grupos armados de choque que amedrentan a la población son tres indicios del agravamiento de la crisis institucional en Venezuela, que ha degenerado en emergencia humanitaria y Estado mafioso.

A pesar de que Maduro inició otros seis años de gobierno este 10 de enero, la oposición, organismos multilaterales y al menos 50 países de todo el mundo desconocen los resultados oficiales de los comicios celebrados el 20 de mayo de 2018, pues consideran que no hubo garantías suficientes para que la elección fuese verdaderamente libre y, por lo tanto, el nombramiento es ilegítimo.

La crisis económica en Venezuela ha derivado en una inflación que según el Fondo Monetario Internacional alcanzará 10.000.000 por ciento en 2019, mientras que la criminalidad y la violencia dejan resultados comparables a los de una guerra. En 2018 se registraron 23.047 homicidios, según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia, de los cuales 7.523 (32,64 por ciento) fueron cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad, y se registraron oficialmente en la categoría de “resistencia a la autoridad”; esto pone a Venezuela como el país más violento de Latinoamérica, con una tasa de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Un estudio de opinión, que entre otros aspectos evaluó la popularidad de Maduro, indica que 61,1 por ciento de los encuestados considera que la situación de Venezuela “empeoró” después de las medidas económicas gubernamentales adoptadas en agosto de 2018, y 58 por ciento califica al Gobierno como “el principal responsable” de los problemas del país, según lo dio a conocer la empresa Delphos en noviembre de 2018.

Sin embargo, el gobierno de Maduro ha recurrido a la violencia estatal para reprimir el descontento popular, ya sea con el exterminio de presuntos delincuentes o mediante el terror impuesto por los colectivos armados progubernamentales en pueblos y ciudades del país, una forma más de delegación del poder estatal. A esto se suma la presencia de grupos irregulares de Colombia, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo menos en 12 estados de Venezuela, principalmente en la zona minera.

La migración forzada es quizás una de las expresiones más contundentes del rechazo a las políticas de Maduro, a la corrupción y al auge de las estructuras de crimen organizado que han caracterizado su gobierno. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportaron en noviembre de 2018 que hay 3.000.000 de inmigrantes venezolanos en todo el mundo.

Por otra parte, la activación de los colectivos y de los distintos mecanismos de represión y control social durante la toma de posesión de Maduro deja en evidencia que no habrá mayores cambios en sus políticas de Gobierno durante el nuevo mandato. Esto hace suponer que su nuevo gobierno —legítimo o no— seguirá apoyándose en grupos que actúan como fuerzas de choque, para “defender” la revolución, y en estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas y otras economías criminales.

Fuente: La Tribuna del País Vasco


Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!
Advertisement
Deje aquí su propio comentario

Hispanoamérica

Dos representantes de Guaidó se apropiaron de 90 mil dólares destinados a ayuda humanitaria

Published

on

Juan Guaidó
Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!

Los dos representantes del gobierno interino de Venezuela en Colombia se apropiaron de 90 mil dólares de donaciones particulares destinadas a cubrir los gastos de la ayuda humanitaria y para atender los 1.600 militares que están en situación de refugio en Cúcuta. Así lo reconoció Juan Guaidó al asegurar que ambos casos serán investigados por la Fiscalía colombiana.

La tarde de este lunes, Guaidó salió al paso después de que se publicara la denuncia en el portal «Panam Post» y ha dicho que «no permitiré que ningún mal empañará lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos», al tiempo que insistió que no detendrá sus trabajos por este caso.

Los recursos se desviaron para financiar la vida de lujo de los dos enviados por Guaidó y ha hecho tambalear los apoyos internacionales del hombre que aspira a desalojar a Nicolás Maduro de poder.

Guaidó ha explicado también que el embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, lleva una gestión administrativa y que la apropiación «no son fondos del Estado venezolano, mucho menos de organismos multilaterales; los fondos eran para el hospedaje, transparencia internacional para darle seguimiento», precisó Guaidó.

«Tres personas han sido separadas de sus cargos, deberán rendir cuentas de los fondos que con mucho esfuerzo se han conseguido para la crisis venezolana (…) Para nosotros la simple denuncia sirve para investigar, para denunciar y para hacer un seguimiento», subrayó.

Según la investigación de «Panam Post», Rossana Barrera y Kevin Rojas, militantes del partido político de Guaidó, Voluntad Popular, estaban al frente de la atención a los emigrantes venezolanos en Colombia, usaron para su propio beneficio los miles de dólares de las ayudas que gestionó la oposición para paliar la severa crisis humanitaria que atraviesa el país sudamericano.

Sobreprecios en facturas de hoteles, gastos no relacionados, alquileres innecesarios de vehículos y hasta inflados gastos en costosos restaurantes forman parte del desvío de los fondos que en Venezuela millones de personas esperan para mitigar el hambre y otras consecuencias de la crisis.

 


Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!
Continue Reading

Hispanoamérica

Una de cada tres personas que han pedido asilo este año en España son venezolanas

Published

on

Miles de venezolanos se manifiestan en Caracas en apoyo a Guaidó
Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!

Una auténtica democracia no es un traje a medida de cualquier país y sólo puede ser posible sobre la base de unas condiciones que no se dan en todas las sociedades. Venezuela, como la mayoría de los países centro y sudamericanos, no ha conocido otra forma de existencia que la destrucción acelerada de la dignidad humana, inmoralidad rampante, sincretismo racial, aniquilación de la convivencia, sublimación del plebeyismo, corrupción sin freno, violencia descarnada y deshumanización en suma.

No debemos ignorar que la tiranía chavista fue refrendada en las urnas, no una, sino varias veces, de forma abrumadoramente mayoritaria. Un orden económico, social, moral y político destinado a embrutecer a las masas ha dejado como resultado esto de lo que ahora muchos que nunca se imaginaron que se verían afectados ahora se lamentan, dejando la temible herencia de centenares de muertos, miles de encarcelados, millones de exiliados económicos, la pobreza avanzando en oleadas, una nación que ha perdido su soberanía y un futuro más bien negro.

Si la crisis económica es verdaderamente espantosa, el desplome moral no es menos alarmante. Quienes ahora apoyan entusiásticamente a Guaidó, son los mismos que apoyaron de la forma más fanatizada a los dirigentes chavistas; son los mismos que batían palmas cada vez que Hugo Chávez humillaba públicamente a un representante de la prensa, de la oposición, de la banca…; son los mismos que cerraban los ojos cuando se comenzó a asesinar y encarcelar a los primeros líderes opositores; son los mismos que daban la espalda a los pocos venezolanos que hace casi veinte años tuvieron el coraje y la dignidad de jugárselo todo para evitar llegar a la situación a la que se ha llegado; son los mismos que se opusieron con saña a cualquier iniciativa que clamara contra contra la inmoralidad y defendiera la rectitud, el compromiso personal y la ética; son los mismos que en las instancias internacionales les hacía gracia el revólver humeante en las manos de un niño.

Los males de los pueblos no tienen solución mientras no desaparezca el nutriente de que brotan esos mismos males. Eso lo ha comprendido Trump y por eso se opone con firmeza a que su país acoja a millones de personas que han sido incapaces de sacar a flote a sus propias naciones, habiéndolas convertido en focos de injusticia, pobreza, criminalidad, corrupción, basura cultural y putrefacción moral. Sostener por todo ello que el responsable de la situación que vive Venezuela es solamente su presidente, supone sobre todo una afrenta a la historia y un insulto a la inteligencia.

Si muchos venezolanos que hoy piden asilo en España, ejercieran la necesaria autocrítica, tendrían que avergonzarse por haber colaborado en algún momento con un régimen comunista que ha convertido en un erial una de las naciones más ricas del planeta, que transformó a la mayor parte de los venezolanos en un rebaño bien compacto conducido al precipicio a ritmo de reggaeton, como no podía ser de otra manera con asesores como los de Podemos, que establecieron las directrices a cambio de un inmenso botín.

46.596 solicitudes de asilo

España ha recibido en los primeros cinco meses de este año un total de 46.596 solicitudes de asilo, y una de cada tres, casi 17.000, son de personas procedentes de Venezuela, una cifra que supera ya el 80% de todas las que se contabilizaron el año pasado.

En concreto, según los últimos datos del Ministerio del Interior, hasta 16.846 de los demandantes de protección internacional son de Venezuela, frente a los 20.015 registrados en 2018, con lo que se coloca como tercer año consecutivo como la primera nacionalidad en reclamar protección, y en aumento.

Y es que en 2016 pidieron asilo 4.195 ciudadanos de Venezuela frente a los 596 del año anterior, lo que supuso un incremento del 603 %; en 2017 lo hicieron 10.627 (un 153 % más).

En marzo, el Gobierno concedió a 400 venezolanos los primeros permisos de residencia por razones humanitarias, una medida prevista en la ley y que puede otorgarse cuando no se concede el asilo a los solicitantes. Se trata de permisos individualizados y por un año prorrogable.

También han aumentado las solicitudes de colombianos, que hasta el 31 de mayo se mantiene en el segundo lugar con 10.122, cuando en todo 2018 lo hicieron 8.811; les siguen Nicaragua (2.698); Honduras (2.666) y El Salvador (2.078) y desaparece del ránking Siria, que el año pasado ocupó el tercer lugar con 2.901 peticiones.

Del total de 46.596 solicitudes de este año, más de la mitad (25.602) son hombres y 20.994, mujeres.

Por edades, la mayor parte se encuentra en la franja 18-34 años (23.729) y 35-64 (13.545), aunque también las hay de menores de 0 a 13 años (7.186), de 14 a 17 (1.533) y mayores de 65 (603).

Y, por comunidades, Madrid fue la destinataria de la gran mayoría, con 20.395, muy por encima de Cataluña (6.059), Andalucía (4.298), la Comunidad Valenciana (3.063) y el País Vasco (2.075).

Asimismo, 42.955 se presentaron en el territorio nacional, 2.690 en puestos fronterizos, 805 en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y 146 en embajadas.

El 2018 fue un año récord en el número de peticiones de asilo contabilizadas en España que, según Interior, ascendieron a 55.668; de ellas, se admitieron 47.748, 25 no y 2.220 fueron denegadas; se resolvieron 3.173, en su inmensa mayoría solicitudes de ciudadanos sirios (2.027).


Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!
Continue Reading

Hispanoamérica

Un apagón masivo deja sin luz a Argentina, Uruguay y partes de Brasil y Chile

Published

on

Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!

Un fallo en el sistema de interconexión eléctrica ha dejado sin suministro a toda Argentina, todo Uruguay y partes del sur de Brasil y algunas ciudades de Chile, según han las empresas eléctricas afectadas.

El corte se produjo poco después de las 7.06 horas de la mañana de este domingo (12.06, hora peninsular española), cuando aún no había amanecido, y dura ya varias horas.

La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas de Uruguay (UTE), ha señalado como origen del apagón “un desperfecto en la red argentina” que afectó el sistema interconectado “dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino país”.

La UTE ha destacado que tras el “importante” corte eléctrico “ya se está levantando el sistema desde cero”. “Ya hay ciudades del litoral (uruguayo) con servicio y se sigue trabajando hacia el restablecimiento general”, ha asegurado.

El apagón afecta también a las provincias argentinas de Santa Fe y San Luis, que se preparaban para iniciar sus comicios locales. El incidente ha paralizado de inmediato los servicios de tren y los autobuses de la región de Buenos Aires funcionan, pero con retrasos debido a la falta de señalización.

Algunas voces critican ya en Argentina la escasa respuesta oficial ante el apagón y la web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad argentino (ENRE) se encuentra caída desde hace horas.


Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!
Continue Reading
Advertisement

Publicidad

Advertisement

Publicidad

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish