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Nicolás Maduro inicia su segundo mandato presidencial en Venezuela apoyado por estructuras criminales

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La víspera de la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial puso de manifiesto nuevamente cómo estructuras de crimen organizado enquistadas en altos niveles del gobierno de Venezuela han contribuido a sostener a un régimen marcado por la ilegitimidad de sus acciones, la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la promoción de grupos irregulares.

En las semanas previas a la toma posesión del segundo mandato de Maduro, este 10 de enero, la polémica sobre la legalidad de la elección de mayo de 2018, y por ende sobre la legitimidad de Maduro para asumir la presidencia, se vio aderezada por una seguidilla de hechos que apuntan a ratificar la condición de Estado mafioso que ha caracterizado a Venezuela durante su gestión.

El pasado 6 de enero, el magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Cristian Zerpa, sorprendió con su intempestiva huida a Estados Unidos y sus confesiones sobre diversas irregularidades del gobierno de Maduro, como la ausencia de independencia en los poderes públicos. Desde Orlando y a través de entrevistas concedidas a varios medios de comunicación, Zerpa aseguró que el presidente de Venezuela; su esposa Cilia Flores; el vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, controlan el Poder Judicial y son quienes dictan sentencias en Venezuela, con el propósito de perpetuar el chavismo en el poder y encubrir acciones al margen de la ley.

Sin entrar en detalles, Zerpa —quien fue un importante colaborador del chavismo y cercano a la pareja presidencial— también dio a entender la necesaria vinculación de funcionarios del gobierno con el tráfico de drogas. “Venezuela es un importante país que está en la ruta del tráfico de drogas y eso no puede ocurrir sin la complicidad de ciertas autoridades”, declaró el exmagistrado, con lo que pone un grano de arena más a los señalamientos por narcotráfico contra funcionarios del gobierno de Maduro, agrupados bajo el “Cartel de los Soles”.

Mientras Zerpa continuaba revelando detalles sobre el secuestro de las instituciones del Estado venezolano por parte de su gobierno, el 8 de enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete personas, en su mayoría empresarios, del entorno más cercano de Nicolás Maduro y de su predecesor, Hugo Chávez.

El grupo de sancionados lo encabeza el presidente de Globovisión, Raúl Antonio Gorrín Belisario, por su presunta vinculación con un entramado de corrupción fundamentado en el otorgamiento irregular de dólares preferenciales que generó ganancias legales del orden de US$2.4 mil millones. En un comunicado la OFAC explicó que Gorrín y la extesorera nacional (también conocida como la enfermera de Chávez), Claudia Patricia Díaz Guillén, participaban en una articulación mafiosa entre empresarios y altos funcionarios gubernamentales.

Gorrín además había sido mencionado en julio de 2018 por su participación en un llamativo caso de lavado de más de US$1.200 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA), conocido como operación Fuga de Dinero. En este caso Gorrín habría sido el articulador de la operación financiera que llevó unos US$200 millones a las cuentas de los hijos de la primera dama, Cilia Flores.

Las sanciones de EE. UU. también alcanzaron a Globovisión, un emblemático canal informativo de televisión que había sido bastión de la oposición durante la administración de Hugo Chávez, y que fue adquirido por Gorrín y su socio Gustavo Perdomo (también sancionado), como contraprestación a los beneficios obtenidos en importantes transacciones cambiarias con el chavismo. La adquisición de la televisora, quizás uno de los negocios menos rentables realizados por Gorrín y su socio durante los gobiernos chavistas, contribuyó al control hegemónico de los medios que han impuesto estos gobiernos revolucionarios en Venezuela. Por otra parte, el medio de comunicación habría servido como fachada para desarrollar, con relativa impunidad, operaciones con características de crimen organizado.

Un tercer elemento de la actual coyuntura política en Venezuela, que se conecta con las estructuras criminales surgidas a la sombra del chavismo, es el “despliegue” de los colectivos armados progubernamentales, que se han esforzado por demostrar que son capaces de intervenir para que Maduro permanezca en el poder. Desde el 7 de enero, varios colectivos han recorrido calles del oeste de Caracas, e incluso han desfilado y exhibido sus pertrechos frente al Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo.

Análisis de InSight Crime

La cooptación oficialista de todos los órganos del poder público, la vinculación directa del gobierno de Maduro con élites económicas que se han lucrado ilegalmente y la promoción estatal de grupos armados de choque que amedrentan a la población son tres indicios del agravamiento de la crisis institucional en Venezuela, que ha degenerado en emergencia humanitaria y Estado mafioso.

A pesar de que Maduro inició otros seis años de gobierno este 10 de enero, la oposición, organismos multilaterales y al menos 50 países de todo el mundo desconocen los resultados oficiales de los comicios celebrados el 20 de mayo de 2018, pues consideran que no hubo garantías suficientes para que la elección fuese verdaderamente libre y, por lo tanto, el nombramiento es ilegítimo.

La crisis económica en Venezuela ha derivado en una inflación que según el Fondo Monetario Internacional alcanzará 10.000.000 por ciento en 2019, mientras que la criminalidad y la violencia dejan resultados comparables a los de una guerra. En 2018 se registraron 23.047 homicidios, según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia, de los cuales 7.523 (32,64 por ciento) fueron cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad, y se registraron oficialmente en la categoría de “resistencia a la autoridad”; esto pone a Venezuela como el país más violento de Latinoamérica, con una tasa de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Un estudio de opinión, que entre otros aspectos evaluó la popularidad de Maduro, indica que 61,1 por ciento de los encuestados considera que la situación de Venezuela “empeoró” después de las medidas económicas gubernamentales adoptadas en agosto de 2018, y 58 por ciento califica al Gobierno como “el principal responsable” de los problemas del país, según lo dio a conocer la empresa Delphos en noviembre de 2018.

Sin embargo, el gobierno de Maduro ha recurrido a la violencia estatal para reprimir el descontento popular, ya sea con el exterminio de presuntos delincuentes o mediante el terror impuesto por los colectivos armados progubernamentales en pueblos y ciudades del país, una forma más de delegación del poder estatal. A esto se suma la presencia de grupos irregulares de Colombia, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo menos en 12 estados de Venezuela, principalmente en la zona minera.

La migración forzada es quizás una de las expresiones más contundentes del rechazo a las políticas de Maduro, a la corrupción y al auge de las estructuras de crimen organizado que han caracterizado su gobierno. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportaron en noviembre de 2018 que hay 3.000.000 de inmigrantes venezolanos en todo el mundo.

Por otra parte, la activación de los colectivos y de los distintos mecanismos de represión y control social durante la toma de posesión de Maduro deja en evidencia que no habrá mayores cambios en sus políticas de Gobierno durante el nuevo mandato. Esto hace suponer que su nuevo gobierno —legítimo o no— seguirá apoyándose en grupos que actúan como fuerzas de choque, para “defender” la revolución, y en estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas y otras economías criminales.

Fuente: La Tribuna del País Vasco

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El Parlamento de Ecuador rechaza la propuesta para legalizar el aborto en caso de violación

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Manifestantes protestan este martes tras la negativa del Legislativo ecuatoriano a despenalizar el aborto
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La Asamblea Nacional de Ecuador ha rechazado la propuesta para legalizar el aborto para víctimas de violación en caso de incesto con 65 votos a favor de la propuesta, 59 en contra y seis abstenciones.

La votación no ha alcanzado la cifra de votos necesarios que se encuentra en 70 para que la reforma fuera aprobada, según ha recogido el diario «El Comercio». Curas, monjas y grupos religiosos han protestado este martes frente a las puertas del Congreso para luego celebrar el resultado con alabanzas.

«Se quería legalizar el crimen de un inocente y lo que han hecho los legisladores es respetar el sentir del pueblo», ha señalado Amparo Medina, de la organización Red Pro Vida, según ha recogido la agencia de noticias Reuters. «Es una victoria de los niños por nacer que ahora tienen derecho a vivir».

Por su parte, la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien apoyaba la despenalización del aborto, ha indicado que «la lucha continúa por las miles de mujeres que han sido obligadas a parir de sus agresores, por las que han fallecido en la clandestinidad y por las que aún no nos rendimos».

Cuestión de derechos

«Será ley porque no es un tema de dogmas, es un tema de derechos», ha subrayado Aguiñaga a través de su cuenta en la red social Twitter.

El aborto es legal en el país cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la embarazada o cuando una mujer con discapacidad mental quede embarazada como resultado de una violación.

El país cuenta con unas altas tasas de violencia de género y, según una encuesta de 2012, aproximadamente el 25 por ciento de las mujeres sufre violencia sexual a lo largo de su vida, con una tasa particularmente alta de violaciones de niñas adolescentes. Así, cerca de 2.000 niñas menores de catorce años dan a luz en Ecuador cada año.

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Bolsonaro, contra Bachelet: “Si no fuera por Pinochet, Chile hoy sería una Cuba”

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Combo de imágenes de Jair Bolsonaro y Michelle Bachelet
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El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó este miércoles una durísima crítica a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a quien acusó de defender a “vagabundos” y atacó incluso por el lado personal.

“Señora Michelle Bachelet: Si no fuera por el personal de (Augusto) Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba”, dijo Bolsonaro en respuesta a declaraciones de la expresidenta chilena, quien criticó la violencia policial y la situación de los derechos humanos en Brasil.

“Nos acusa de que no estamos castigando a los policías que matan gente en Brasil”, pero “está defendiendo los derechos humanos de los vagabundos”, afirmó el líder de la ultraderecha brasileña en declaraciones ofrecidas a periodistas a las puertas del Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia.

Según Bolsonaro, “lo único” que tiene en común con Bachelet es el nombre Michelle, el mismo de su esposa, pero por lo demás sólo puede expresar sus “pésames” a la expresidenta de Chile.

“Perdió la pelea con la agenda ambiental, igual que Macron, y ahora viene con la agenda de los derechos humanos”, dijo Bolsonaro, en alusión al embate verbal que mantuvo con el presidente galo a causa de sus críticas por los incendios desatados en la Amazonía y la falta de compromiso de Brasil con el medioambiente.

En el mismo tono beligerante, el presidente brasileño agregó que “parece que la gente que no tiene nada que hacer, como Michelle Bachelet, va para la silla de derechos humanos de la ONU”.

Las declaraciones de Bolsonaro fueron una respuesta a algunas críticas que Bachelet hizo a Brasil este mismo miércoles, durante la presentación de un balance de su gestión como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, cargo que ocupa desde hace un año.

“Entre enero y junio de 2019, sólo en Río de Janeiro y Sao Paulo, se nos ha informado de 1.291 personas asesinadas por la policía, un aumento del 12 al 17 % comparado con el mismo periodo del año pasado”, detalló Bachelet en relación a Brasil en ese balance, presentado en Ginebra.

Agregó además que la mayoría de las víctimas fueron habitantes de las favelas y afrodescendientes, todo en un contexto de “un marcado aumento de la violencia policial” y de “discursos que legitiman las ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de rendición de cuentas”.

Ese es precisamente el discurso de Bolsonaro, quien suele decir que “bandido bueno es bandido muerto” y afirma que si un policía mata a un delincuente, cualquier sea la circunstancia, debería recibir una “condecoración” en vez de ser investigado.

La polémica con la funcionaria de la ONU ocurre en vísperas de una visita a Brasil del canciller chileno, Teodoro Ribera, quien será recibido este jueves por su homólogo brasileño, Ernesto Araújo, y reafirmará las excelentes relaciones entre los presidentes Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera, adversario político de Bachelet.

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Un brutal ataque a un local para adultos en México se salda con al menos 26 muertos

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Puerta de entrada de 'El caballo blanco', el local atacado
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La masacre con 26 muertos en un bar nocturno del puerto de Coatzacoalcos, en el oriental estado de Veracruz, exhibe la fuerza del narcotráfico en algunas regiones de México y deja al descubierto una nueva grieta en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

‘El caballo blanco’, un local para adultos, fue atacado el martes a las 22.00 hora local (03.00 GMT) cuando se encontraba repleto de gente, primero con ráfagas de metralleta por individuos que dispararon de forma indiscriminada para después lanzar bombas molotov.

La cifra, todavía preliminar, es de 26 muertos y 11 lesionados que están hospitalizados.

Este día, López Obrador lamentó la masacre y calificó la jornada de “muy difícil” en este puerto de Veracruz, un estado que padece la dura disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Los Zetas desde hace años.

Si bien esta masacre no es el único suceso sangriento de las últimas horas en el país, que acumula 20.135 homicidios de enero a julio.

En Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con Estados Unidos, murieron este martes 12 personas en diferentes choques de presuntos sicarios con las fuerzas de seguridad. Y hace unos días, en la también fronteriza Ciudad Juárez mataron a balazos a tres niñas y a su tío en su casa.

En las últimas horas, un vídeo difundido muestra a dos hombres siendo degollados en Coatzacoalcos, uno de ellos supuesto dueño del bar atacado, Agustín Javier Ronson González.

Durante el asesinato, los perpetradores del crimen advierten que “el material (la droga) no se vende sin sello” y que la “la plaza (su área) tiene dueño”.

Cruce de acusaciones

Este martes, López Obrador apuntó a un posible “contubernio” entre autoridades locales y el crimen organizado, que derivó en esta masacre.

De acuerdo con su información, dada a conocer desde Palacio Nacional, uno de los posibles responsables había sido detenido en julio, pero fue puesto en libertad por la Fiscalía General del Estado (FGE) del estado de Veracruz. Además, indicó que se investigaría esta institución.

Según el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, Ricardo “N”, Ricardo “N”, alias La Loca, uno de los presuntos autores materiales de esta masacre, y fue detenido en julio pero liberado “en menos de 48 horas” por la Fiscalía estatal.

Pero horas después, la Fiscalía estatal negó haberlo liberado, exhibiendo un claro choque entre instituciones en un país donde la impunidad en los crímenes es de más del 98 %.

“Absolutamente falso que Ricardo “N” alias La Loca haya estado a disposición de la FGE, fue la FGR (Fiscalía General de la República) quien conoció del asunto y determinó su situación jurídica”, se defendió.

Además, aseguraron que La Loca fue detenido nuevamente el 7 de agosto por la Policía Naval y puesto nuevamente a disposición de la delegación de la FGR.

Grieta en la estrategia de seguridad

Este nuevo acto de violencia sucede cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparando su discurso de gobierno el próximo domingo con una gestión en materia de seguridad muy criticada.

Pese a su promesa de reducir la inseguridad, los niveles continúan al alza y en los primeros siete meses de 2019 han ocurrido 20.135 homicidios en todo el país, con un promedio nacional de 95,8 casos por día, según cifras oficiales.

Entre sus acciones para frenar la ola de violencia está atender las causas y, sobre todo, la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y conformado por militares, marinos y policías federales.

Este cuerpo, con decenas de miles de elementos, ha sido criticado por organizaciones civiles y organismos internacionales, preocupados porque solidifica la presencia de militares en las calles.

“No existe una estrategia nacional de seguridad, hay algunos planes y programas, pero no hay una estrategia integral”, dijo este miércoles en entrevista con Efe el especialista en temas de seguridad Javier Oliva.

Para Oliva, la masacre en Coatzacoalcos es un reflejo de la “lógica y dinámica” del crimen organizado y “una clara evidencia de la creciente ola de criminalidad” que se vive en México, que además no entiende de partidos políticos.

El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que los hechos de Veracruz “dejan ver la ausencia de objetivos a nivel de regiones y a nivel estatal”.

Reconoció que los únicos que “están haciendo el trabajo” son los militares y la Guardia Nacional “quienes hacen lo que pueden” pero desafortunadamente son un número reducido y en ocasiones se ven rebasados como se ha podido ver en casos recientes.

Para el especialista, lo ocurrido en Coatzacoalcos es un indicativo de la extorsión de parte del crimen organizado hacia establecimientos, que deben pagar cuotas o vender sus drogas.

Oliva consideró que el posicionamiento en los últimos días del Gobierno mexicano respecto al tema de seguridad no ha sido el mejor.

Primero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó y desmintió que negociara un pacto con el crimen organizado, en unas declaraciones muy confusas.

Y hace unos días, López Obrador dijo que “el Ejército no se usa para reprimir al pueblo”. Y cuestionado sobre si el “narco” también es pueblo, dijo: “Sí, es pueblo, todos son seres humanos”.

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