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Radiografía del Golpe de Estado del 28-A (2): el voto de los fantasmas

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Por Laureano Benítez Grande-Caballero.- Partamos de un interrogante sencillo: ¿de qué manera se pueden adulterar hoy en día unas elecciones? Es un hecho irrefutable que es muy difícil manipularlas en los colegios electorales, donde el voto presencial y el control de representantes de los partidos la hace prácticamente inviable ―excepto en los territorios komanches del País Vasco y Cataluña, donde la violencia independentista provoca que no haya apoderados de algunos partidos en todas las mesas―, lo cual nos lleva a la conclusión de que solamente hay dos métodos para el pucherazo: el voto por correo, y el fraude informático.

Desde siempre, el voto por correo ha sido el condimento más relevante para «cocinar» los pucheros electorales, dado que, al no ser presencial, se puede suplantar la identidad y el voto de los ciudadanos con cierta facilidad, algo que es prácticamente imposible en el voto presencial.

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La modalidad más rudimentaria y alevosa de falseamiento del voto por correo consiste, lisa y llanamente, en que, una vez depositados los votos en Correos, los sobres se abren, se quitan las papeletas que no interesan, y se cambian por aquellas del partido o partido que se pretende favorecer. ¿Se puede hacer esto?: evidentemente, sí, pues los sobres de autopegado no ofrecen gran dificultad para su apertura. Sin embargo, debe resultar farragoso y sumamente complicado adulterar una cuantía de votos que en las últimas elecciones ascendió a 1.351.659.

La única manera de evitar esta trampa sería custodiando el voto en los Juzgados, con fuerzas de la Guardia Civil, lo cual haría más difícil su manipulación, algo que no presenta tanto problema si se almacena en las delegaciones de Correos.

El 5 de marzo de 2019, la Dirección General de Correos ―a cargo de Juan Manuel Serrano, hombre de confianza de Pedro Sánchez―, publicaba el ANEXO de Instrucciones sobre la colaboración de Correos en las elecciones a las Cortes Generales y Valencianas, en una de cuyas disposiciones se afirma que «Los sobres con votos por correo dirigidos a las Mesas Electorales que se vayan recibiendo en destino serán dados de alta en Unidad-Sección (SGIE), el mismo día que se reciban, y se conservarán debidamente custodiados en las dependencias de Correos que se designen por la Dirección de Zona, hasta el día 28 de abril de 2019».

¿En qué sentido deben entenderse las palabras debidamente custodiados? ¿Quién y cómo custodiará esos votos? Nadie lo sabe.

La otra manera de falsear el voto por correo consiste en alterar el censo electoral, de manera que, o bien permita aumentar el número de votantes por correspondencia, o suplantar la identidad de un determinado número de votantes, a los que se purga de su colegio electoral para hacerles votar por correo en otro distrito que interese a los organizadores del pucherazo. En uno y otro caso estamos ante votantes-fantasma, cuya fantasmagoría viene o del voto ficticio, o del suplantado.

Inflar el censo para fabricar votos por correo de personas que no existen, pero que han sido registradas fraudulentamente en las mesas electorales, es una vieja técnica pucheril, sobre todo en los tiempos en los que había poca población electora, y se ejecutaba por el procedimiento de hacer votar a los muertos. En teoría, este procedimiento falsificador debería haberse abandonado, dado que el número de votantes ha aumentado significativamente, por lo cual sería necesario inventarse muchas papeletas falsas para influir en el resultado. Sin embargo, los procesos electorales modernos tienen a su servicio dispositivos tecnológicos lo suficientemente sofisticados como para facilitar esta tarea. Es así como, del voto de los muertos, hemos pasado al voto de los fantasmas, de los votos creados por códigos de barras.

En el ANEXO ya citado, en su Disposición Segunda, 1 b, se especifica claramente que se exime de la exigencia de que la solicitud de voto por correo sea presencial, como se afirmaba anteriormente en este mismo apartado, unos párrafos más arriba:

«Ello no obstante, se ha autorizado la utilización de modelos de solicitud de voto por correo obtenidos electrónicamente mediante descarga e impresión, los cuales consecuentemente no son autocopiativos. Estos impresos de solicitud son perfectamente válidos, si bien en estos casos, y con carácter previo a su admisión, se habrá de cotejar que los datos recogidos en el ejemplar para la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral son idénticos a los que figuran en la copia para el interesado.

Igualmente el elector puede aportar una solicitud de voto por correo previamente cumplimentada de manera telemática, a través de un enlace que a esos efectos ha habilitado el Instituto Nacional de Estadística, junto con su copia. En estos casos, el empleado de Correos deberá efectuar las mismas comprobaciones descritas para los modelos anteriores (identidad del elector y coincidencia de la firma), y estampar el sello de fechas tanto en la cabecera del documento principal como en la copia, así como llevar cabo el resto de formalidades. La grabación de la solicitud en IRIS se realizará capturando mediante el lector óptico la información contenida en la nube de puntos incluida en la solicitud, y aceptando la admisión».

Esta disposición significa, nada más y nada menos, que no es necesario presentarse personalmente en las oficinas de Correos para inscribirse a la hora de solicitar el voto por correo, lo cual favorece los votos fraudulentos, lógicamente, porque alguien con una identidad falsa ―ficticia o suplantada― puede acceder a este sistema de votación telemática, donde es más difícil comprobar la identidad del votante.

Pero esta exención de presencia física a la hora de tramitar la solicitud de voto por también se extiende a la certificación del sobre de votación: «[…] Según doctrina reiterada de la Junta Electoral Central, no se exige que el elector acuda personalmente a la oficina de Correos para certificar el sobre de votación, por lo que no es necesario requerir su identificación a esos efectos». Genial.

Esta metodología de alteración del voto por correo cuenta con un problema, consistente en que no se puede inflar en demasía, ya que esta maniobra cantaría mucho, y más en el caso de que no hubiera mucha separación temporal entre dos elecciones consecutivas. Para solventar este inconveniente, está claro que hay que manipular el censo purgando a un determinado número de electores, para así equilibrar la balanza entre los desaparecidos y/o suplantados, y los añadidos.

Lógicamente, esta operación exige perentoriamente que los electores que se eliminen no sean del partido al que se quiere favorecer con el pucherazo, porque esto sería un contrasentido. Así pues, hay que borrar del censo a votantes enemigos.

¿Se puede hacer esto? Nuevamente la respuesta está en que la tecnología actual presenta unas cloacas pestilentes donde es posible quitar del censo a los votantes que se consideren sospechosos de militar en una ideología contraria a los intereses del partido que ejecuta el fraude, sospecha cuyo fundamento es proporcionado por el espionaje a que somos sometidos en la Red por todos los partidos políticos, con cobertura legal y todo.

El 6 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la cual contiene una disposición final tercera que modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985, y que, en su apartado 2, añade un nuevo artículo cincuenta y ocho bis, en el que se afirma:

Artículo 58 bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.

  1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.

  2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.

Este artículo, como se ve fácilmente, posibilita el conocimiento de la ideología política de los ciudadanos, haciendo factible eliminar del censo a aquellos que, a tenor de ella, pudieran votar a una opción política no apetecida por quienes quieren ejecutar un pucherazo.

Curioso que ese maligno artículo fuera aprobado también por PP y Cs, y sospechoso que el Tribunal Constitucional lo tumbara por unanimidad el 22 de mayo, unos días antes de las elecciones del 26-M, a requerimiento del Defensor del Pueblo, que lo había impugnado el 5 de marzo, en vez de hacerlo antes del 28-M. Y resulta totalmente sorprendente que nadie lo denunciara antes, ni partidos, ni tribunales, ni fiscales… En todo caso, cuando se tumbó el artículo ya era tarde, pues no cabe duda de que nuestra ideología política ya consta en las cloacas del sistema hasta la eternidad.

Partiendo de esta premisa, es sumamente fácil purgar del censo a los votantes que no interesan. Si a esto le añadimos que es de todo punto conocido cuáles son las zonas, distritos, barrios, etc. que tienen preferencia de voto por una determinada opción política, basta con meter el bisturí en estas zonas para facilitar la purga y hacerla más eficaz.

En las elecciones del 28-A hubo reiteradas quejas de votantes que no aparecían en el censo cuando se acercaban a votar a su mesa de siempre, de la cual habían sido purgadas sin ningún motivo que los justificase. Por ejemplo, en este sentido hay testimonios de electores que habían sido purgados en los distritos de Retiro y Salamanca de Madrid, habitualmente caladeros de voto conservador.

Si el censo a 5 de marzo de 2019 era de 36.893.976 votantes, y la suma de los votos contabilizados (26.361.256) y la abstención (8.436.948) daban un total de 34.798.204, esto quiere decir que han «desaparecido» 2.095.772 votantes, cifra que nos da una idea de la magnitud de la purga. Oficialmente, se dice que este déficit se debe a que no se ha incluido el voto de los residentes en el extranjero (CERA) ―cuya cuantía viene a ser casi exactamente el número de votos desaparecidos―, pero se da el caso de que este desfase entre votos y censo no dio en absoluto en las elecciones de 2016, ―donde fue solamente de 2.813 votos―, ya que el CERA es parte del censo, y no se contabiliza nunca aparte.

Según algunos investigadores del pucherazo, podría haberse dado la circunstancia de que esos votantes purgados de los distritos conservadores hubieran votado por correo en otros distritos fijados de antemano, sin saberlo, suplantándose su identidad. También hubo testimonios sobre votantes por correo que también votaron presencialmente.

La clave de todo este proceso de falseamiento es que el voto por correo no se computa por separado, en una lista aparte, sino que, al mezclarse los sobres con el resto de sobres que ya están en la urna, es muy difícil saber cuáles corresponden al voto presencial y cuáles al voto por correo, lo cual facilita que los votos fraudulentos no puedan ser detectados, y, así, no llama la atención que la mayoría de éstos correspondan al mismo partido político.

Sobre el destino de los votos por correo ficticios o suplantados, en todo pucherazo que se precie, la técnica tramposa consiste en llevarlos a las circunscripciones electorales donde hagan falta, donde su cómputo sea más necesario. En efecto, después de todas las elecciones que llevamos en el Régimen del 78, es relativamente fácil ―sobre todo para el PSOE y el PP― conocer aquellas localidades donde, según la Ley D’Hont, el último escaño está más reñido, dependiendo de unos escasos votos que pueden orientarlo en un sentido u otro, por lo cual es ahí donde precisamente hay que enviar los votos-fantasma por correo, para que ayuden a rebañar ese último escaño en disputa. Si tenemos en cuenta que hay 52 circunscripciones provinciales, estamos hablando de la posibilidad de cambiar de orientación 52 escaños, lo cual puede alterar radicalmente el escrutinio.

Esta hipótesis sobre el papel que el voto por correo ha podido ejercer en el pucherazo del 28-A tiene también el soporte de un conjunto de datos numéricos que elevan la sospecha a límites de casi certeza.

Mientras que en los comicios del 20 de diciembre de 2015 Correos tramitó 783.415 peticiones de voto por correo de residentes en España, unos meses más tarde, en las elecciones del 26 de junio de 2016 expidió 1.452.988 solicitudes, lo cual supone que en unos meses el voto por correo aumentó el 85,5%. Impresionante: ¿tendrá esto algo que ver con el pucherazo que sufrió Podemos en esas elecciones, donde perdió 1.200.000 votos?

Y otro dato demoledor, si comparamos los votos de los partidos de centro-derecha y del bloque de izquierdas en las elecciones de 2016 y 2019:

2016: PP: 7.906.185; C’s: 3.123.769; VOX: 46.781. TOTAL: 11.076.735
PSOE: 5.424.709; UP: 5.049.734. TOTAL: 10.474.443

2019: PSOE: 7.480.755; UP: 3.732.929. TOTAL: 11.413.684
PP: 4.356.023; Cs: 4.136.600; VOX: 2.677.173 TOTAL: 11.169.796

Si tenemos en cuenta que en las elecciones de 2019 hubo 1.257.196 nuevos votantes, y que disminuyó la abstención respecto a 2016 ―del 30% al 24,25%―, en 2019 hubo 26.361.256 votos, mientras que en 2016 la cifra fue de 24.161.083, lo cual supone un aumento de 2.200.173 votantes.

De esa cantidad, vemos que el bloque de centro-derecha (PP + C’s + VOX) en 2019 obtuvo 93.000 votos más que en 2016, mientras que el bloque de izquierdas (PSOE + UP) consiguió ¡939.241 votos más!: o bien la inmensa mayoría de los nuevos votantes se decantaron milagrosamente por la izquierda, o bien los fallecidos en el interregno eran casi todos de derecha, o bien hubo un sorprendente trasvase de votos desde el centro-derecha a la izquierda: las tres posibles explicaciones de este rarísimo fenómeno son igual de abracadabrantes.

Si pasamos a comprobar los trasvases de votos, la sorpresa se convierte en verdadero pasmo, ya que los votos perdidos por el PP se corresponden con los ganados por C’s y VOX; sin embargo, si pasamos a examinar si los votos perdidos por UP (1.316.805) se ajustan a los que ganó el PSOE (22.056.046), hay un déficit de 741.000 votos.
¿De dónde salieron? Pues presumiblemente del voto por correo. Ahí lo tenemos.


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España

«La derechita cobarde» enseña la patita: El programa de Díaz Ayuso, más allá de la economía: ideología de género y adoctrinamiento LGTBI

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¿De verdad pensaban que Ayuso era diferente? ¡Ay, ingenuos!

Díaz Ayuso se muestra partidaria de equiparar el matrimonio a las uniones homosexuales y de las leyes de imposición LGTBI. Preguntada por el PIN Parental, escurre el bulto, mientras se muestra partidaria de los vientres de alquiler con argumentos de sentimentalismo y trilerismo dialéctico.

Isabel Díaz Ayuso no encajó bien que, durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia de la Comunidad de Madrid hace un par de años, algunos le recordaran sus posiciones favorables al aborto y a la agenda LGTBI.

Tanto que trató de censurar la libertad de HazteOir.org, la entidad responsable de dichas campañas en las que se daban a conocer frases literales de la entonces neocandidata del Partido Popular apoyando el aborto y las leyes de adoctrinamiento e imposición LGTBI en la Comunidad de Madrid. Pero el Tribunal Supremo ya había establecido doctrina favorable a la participación de HazteOir.org en las campañas electorales, tras una dura batalla legal emprendida por su antecesora, Cristina Cifuentes.

HazteOir.org retrató a Díaz Ayuso entonces como un camaleón:

Ayuso vuelve a confirmar la campaña de HazteOir.org a través de un reportaje publicado en el diario El Mundo, en el que se pasea por el madrileño barrio de Chueca -icono pop de la ideología de género patria- mientras comenta algunos puntos de calado ideológico.

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La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid confirma que es contraria al recurso que el Partido Popular interpuso ante el Tribunal Constitucional contra la ley que equiparó civilmente el matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo por que, alega «no se puede legislar sobre cuestiones tan personales».

Sin embargo, sí es partidaria de las leyes LGTBI aprobadas en la Comunidad de Madrid cuando ella formaba parte del Grupo parlamentario Popular. Se trata de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminacion pro razón de Orientación Sexual, que se meten, y mucho, «sobre cuestiones tan personales».

Ayuso también ha aprovechado para desmarcarse de la protección del derecho de los padres a tener voz y voto sobre determinados contenidos controvertidos que se imparten en los centros educativos. Contenidos impuestos precisamente por las leyes anteriormente citadas apoyadas por Díaz Ayuso.

Sobre el PIN Parental, la candidata del Partido Popular resume con respuesta calculada, tergiversando el sentido del PIN Parental, una de las reivindicaciones más notorias de quien, previsiblemente, será un apoyo imprescindible para alcanzar la Presidencia de la Comunidad de Madrid y gobernar: «Yo no quiero que un padre del PP o una madre de Podemos le diga constantemente al profesor lo que ha de hacer».

Ayuso también entra al trapo de otra cuestión que está muy discutida en los ambientes LGTBI, en especial por los varones que mantienen relaciones con personas de su mismo sexo: la gestación subrogada o los vientres de alquiler.

En esta ocasión, la neolideresa del PP en Madrid tira de sentimentalismo y trilerismo dialéctico: «El enfermero que habitualmente me hace las PCR tiene un hijo por gestación subrogada y es precioso. No puedo pensar que estos niños son un fracaso».

El sentimentalismo -una de las razones de estado de la ideología moderna- lleva a Díaz Ayuso a hablar del aspecto físico un bebé concebido de tal manera bajo encargo y previo pago de un conocido suyo. Ni una palabra de la cosificación de la mujer y del bebé, además de sobre otras implicaciones éticas según el método de fecundación empleado o sobre el ambiente en el que se criará ese niño.

El trilerismo dialéctico le lleva a atribuir a las personas contrarias a los vientres de alquiler la calificación de «fracaso» a esos niños. Se trata de una imputación falaz que no resiste la mera comprobación de los argumentos de quienes denostan tal práctica.

La argucia es aún más sangrante. ¿Se atrevería Díaz Ayuso a responder lo mismo -«no puedo pensar que estos niños son un fracaso»- preguntada por cómo justifica el aborto de quien fue concebido en una violación? Porque lo justifica.

Que Díaz Ayuso haya hecho una gestión más que razonable y exitosa en la medida en que puede hacerse en medio de una pandemia y con el gobierno de la nación poniendo palos en las ruedas no debería ocultar que, en otras materias, Ayuso necesita un «empujoncito». Y esto sólo pasa por que Vox saque un resultado suficiente para condicionar, al menos en parte, un posible Gobierno de Ayuso en estas materias.


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España

España tiene margen legal de importar la vacuna rusa sin esperar a la EMA

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Fuentes de la Aemps admiten a Redacción Médica que podría activarse incluso solo con la autorización del país ruso.

El Gobierno de España tiene capacidad legal para aprobar la importación y administración de la vacuna Covid rusa, la Sputnik V, sin esperar a que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) emita un veredicto definitivo sobre su aprobación.

Así lo han confirmado a Redacción Médica fuentes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), añadiendo en cambio que “no se contempla en este momento porque no resulta imprescindible al existir no una sino varias vacunas autorizadas y no haber suministro regular de la vacuna Sputnik”.

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La vacuna, aprobada en Europa solamente por Hungría el pasado mes de enero, no necesitaría para llegar a España ni siquiera esa aprobación de otro Estado de la Unión Europea. “La referencia no sería una autorización de uso en Hungría, que esencialmente carece de datos propios, sino la propia autorización rusa o el procedimiento de Rolling Review que se lleva a cabo en la EMA”, matizan desde la Aemps.

La citada capacidad legal se basa en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; tal y como señala la Aemps pero también fuentes de la industria farmacéutica consultadas por este periódico. Es en su artículo 24 de ‘Garantías de disponibilidad de medicamentos en situaciones específicas y autorizaciones especiales’, punto 4, donde se contempla una medida así: “La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar la importación de medicamentos no autorizados en España siempre que estén legalmente comercializados en otros Estados, cuando esta importación resulte imprescindible para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de patologías concretas por no existir en España alternativa adecuada autorizada para esa indicación concreta o por situaciones de desabastecimiento que lo justifiquen”.

Es en este último punto, el desabastecimiento, donde la Aemps precisa que al no haberlo, no sería a su juicio justificable una autorización para importar la vacuna Covid-19 rusa, bautizada como Sputnik V. Un fármaco cuya última gran novedad ha llegado esta misma semana, cuando India decidió registrarla convirtiéndose en el sexagésimo país donde se aprueba su uso.

En España, son varias las comunidades autónomas que se han interesado por esta vacuna y que incluso han admitido reuniones para explorar posibilidades de compra. Madrid, por ejemplo, ha reconocido una reunión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con el empresario Pedro Mouriño como intermediario para una hipotética adquisición de dosis. Andalucía, por su parte, se reunirá esta misma semana con los fabricantes de la vacuna para analizar las posibilidades de compra en previsión, según explicó el consejero del ramo Jesús Aguirre, para estar preparados por si hubiera que incorporarla al calendario vacunal y también «en caso de ruptura» del mercado de compras.

Vacuna Covid Sputnik V: investigación por si hubo presiones en los ensayos

Según señalan sus creadores, investigadores del Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, la Sputnik V se trata de una vacuna basada en vectores adenovirales humanos. Estos sitúan su eficacia en el 91,6% tras testarla en 19.866 voluntarios. Punto, este último, algo controvertido. De hecho, la EMA ha confirmado que realizará “una inspección de buenas prácticas clínicas” en Rusia sobre la forma en la que se realizaron los ensayos en los voluntarios con la vacuna Sputnik V, que se encuentra en un proceso de revisión continua en este regulador europeo desde el pasado 4 de marzo.

«Realizaremos una inspección de buenas prácticas clínicas en Rusia. Se trata de una evaluación de la forma en la que se realizó el ensayo que permitió generar los resultados. Este es un procedimiento normal que seguimos para muchas vacunas y medicamentos dependiendo del conocimiento que tengamos de los ensayos que se han realizado y de si otras autoridades con las que trabajamos también han realizado inspecciones similares», explicó la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke.

La versión del Gobierno ruso indica que militares y funcionarios participaron en los ensayos de la vacuna, financiada por el Fondo Ruso de Inversión Directa, un ente soberano del Kremlin, sin que hubiera presiones sobre las personas que participaron en los ensayos clínicos.

Por Juanma Fernández y Clara Hernández. Redacción Médica.

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España

Buxadé anuncia que VOX acudirá a defender a los trabajadores con Solidaridad el próximo 1 de mayo

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El eurodiputado y vicepresidente primero  del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, ha anunciado que el 1 de mayo, junto al Sindicato Solidaridad, VOX «va a salir a la calle a defender a los trabajadores«.

Buxadé ha afirmado que los trabajadores «necesitan una voz en la calle que les defienda, porque los sindicatos de clase, marxistas, no defienden a los trabajadores, sino que los han envenenado hablándoles de racismo, de género y de cualquier otra cosa que les haga pensar en algo distinto de sus verdaderas necesidades». «Solidaridad es el sindicato que representa realmente los intereses de los españoles», ha asegurado.

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Por otro lado, ha explicado que «los españoles no quieren la política social de Pekín ni la del Foro de Davos”. Además, ha reprobado que el salario medio de los jóvenes españoles que se incorporan al mercado laboral haya caído desde 1980 un 50%. “¿Qué tiene que decir el PSOE, Iglesias y los sindicatos de clase sobre esto?”, ha preguntado el eurodiputado.

Además, ha reiterado que «sólo VOX reclama acabar con los toques de queda, con los confinamientos y que se abran los negocios y se permita a la gente trabajar, porque todo trabajo es esencial, porque detrás de cada trabajo hay un trabajador y una familia que vive del mismo«.

Sobre la violencia que sufrieron los cargos de VOX, afiliados y simpatizantes que acudieron al acto de presentación de la candidatura de Rocío Monasterio a la presidencia de la Asamblea de Madrid en Vallecas la pasada semana, Buxadé ha vuelto a apuntar directamente al ministro del Interior como responsable de esos actos violentos. Y ha explicado que estos ataques “han permitido que los madrileños vean que hay que votar a VOX”.

También ha explicado que no ha habido ningún contacto con el Gobierno “más que la que se deduzca de un juzgado de instrucción”. Y ha recordado que el día anterior a la celebración del acto, “esos movimientos terroristas globales” anunciaron los ataques, por lo que VOX  “advirtió de que había que impedir la comisión de delitos”.


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España

Inmigración ilegal: España sufre el incremento del 15.6% con respecto al año anterior

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VOX ha sido la única formación en advertir de las consecuencias de las políticas migratorias del gobierno de Sánchez.

La crisis provocada por la invasión migratoria continúa siendo uno de los principales problemas de nuestro país. El pasado año, España alcanzó cifras históricas en materia de inmigración ilegal. En 2021 las mafias no han cesado su actividad y el año ha comenzado con muy datos elevados.

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Canarias es la Comunidad Autónoma que se está llevando la peor parte. Según la información a la que ha tenido acceso Europapress3.436 ilegales han llegado al archipiélago en tan sólo 3 meses. Esto supone un incremento 117% con respecto al primer trimestre del año anterior.

La oleada de inmigración ilegal también se ha producido en el resto del territorio nacional. Un total de 6.496 ilegales han desembarcado en nuestras costas en lo que llevamos de año, una cifra que es un 15.6% superior a la registrada en el mismo periodo de 2020.

VOX lleva tiempo advirtiendo de la pésima gestión del gobierno de Sánchez. Nuestra formación exigió hace meses al Ejecutivo un protocolo para la recepción de pateras con el objetivo de identificar los casos positivos y evitar que surjan brotes que puedan no ser controlados.

La inmigración ilegal está azotando, cada día y con mayor notoriedad, nuestras costas. Muchas comunidades como Andalucía, Murcia o Canarias están siendo víctimas de las consecuencias de las políticas buenistas de un Gobierno que, con su efecto llamada, favorece la libre actividad de las mafias que se lucran con el tráfico de personas.

Hace pocos meses, el presidente de VOX, Santiago Abascal, quiso visitar Canarias para percibir las consecuencias de la negligente gestión migratoria de Sánchez e Iglesias. También escuchó los testimonios de los vecinos de las islas, víctimas de la gran oleada alentada por el efecto llamada del Gobierno.

 


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