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Zapatero ofreció a ETA una institución común entre Navarra y País Vasco, según las actas de la banda

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El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a ETA durante las negociaciones con la banda la creación de un órgano común para País Vasco y Navarra, la legalización de Batasuna, no detener etarras, liberar a De Juana Chaos y otros presos enfermos, acabar con la Doctrina Parot y solucionar el problema financiero de la banda terrorista a través de una organización internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión.

Así consta en las actas de la banda a las que ha tenido acceso Europa Press después de que fuera levantado, por parte de la Audiencia Nacional, el secreto del sumario sobre la investigación de la negociación entre el Ejecutivo socialista y la banda terrorista ETA.

Esta documentación le fue incautada al etarra Francisco Javier López Peña «Thierry», tras su detención el 20 de mayo de 2008 en Burdeos. Ahí se relata desde el primer encuentro mantenido por Josu Ternera y Jesús Eguiguren, junio de 2005 en Ginebra hasta las negociaciones políticas y técnicas que llevaron a cabo el Gobierno y la banda, el PSE y Batasuna tras el atentado de la T-4. Las actas incluyen las reuniones de Oslo y las nueve previas de Ginebra.

Según estas actas, en las negociaciones que se produjeron entre los días 18 y 21 de mayo de 2007, unos meses después del atentado de la T-4 -30 de diciembre de 2006- que costó la vida a dos personas, el Ejecutivo de Zapatero puso sobre la mesa el acuerdo de Loyola, que preveía la creación de un órgano común con atribuciones ejecutivas para País Vasco y Navarra.

Lo hizo en la ronda de contactos que se celebraron esos días en los que se establecieron dos mesas, una de partidos y otra técnica entre Gobierno y ETA y en las que participaron: 2 miembros de Batasuna; dos de ETA; dos del PSOE; 2 del Sinn Fein, dos del Gobierno de Irlanda y uno del Gobierno de Noruega.

Los socialistas lanzaron esta propuesta después de que Batasuna reiterara en la mesa política -de PSOE y la izquierda abertzale- la petición de un Estatuto de Autonomía para las «cuatro provincias», lo que incluía Navarra. En esa ronda de encuentros, exigían al PSOE que tomara el compromiso de reconocer el derecho de autodeterminación y un referéndum para decidir sobre un estatuto «a cuatro».

Dos policías con carnet de Moncloa

Los representantes socialistas lo rechazaron pero a cambio, pusieron sobre la mesa el acuerdo de Loyola, que fue pactado a finales de 2006 -tras dos años de negociaciones secretas- entre el PNV, Batasuna y el PSE. En el apartado 4 de ese acuerdo, los firmantes se comprometieron a «promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos (País Vasco y Navarra)».

Pero no se logró el acuerdo y ETA afirmó que habían llegado a un punto de ruptura en el proceso de negociación al no haber acuerdo político. Pocos días después, el 5 de junio de 2007, ETA rompía la tregua.

No obstante, en las citadas actas se hace constar que en noviembre de ese mismo año, dos policías «con carnet y membrete “presidencia del Gobierno”» se dirigieron a Santiago Orue, amigo y chófer de Otegi, para darle el mensaje de la «necesidad de hablar» y «llegar a un acuerdo antes de enero».

Arreglar «el problema del dinero»

Sin embargo, antes de esta fase final, Eguiguren y Josu Ternera habían tenido multitud de encuentros que dieron comienzo en el hotel Wilson de Ginebra en junio de 2005 y habían continuado en Oslo en noviembre del mismo año, en los que habían pactado desde los tiempos de los comunicados hasta la declaración de Zapatero cuando se produjera el anuncio del «alto el fuego permanente», que tuvo lugar el 22 de marzo de 2006.

Tras la declaración de tregua por parte de ETA, el presidente del Gobierno anunció el inicio del diálogo con la banda. Dio para ello un plazo de 6 meses y comenzó una serie de reuniones ese mismo mes.

Según las actas de Thierry, en el primer encuentro de esa fase, el 22 de junio de 2006 -las actas apuntan a la presencia de Javier Moscoso-, el Gobierno anunció que estaban trabajando para que Batasuna fuera legal en septiembre-octubre de ese mismo año y comunicó a la banda que habían pedido a la Guardia Civil, a la Policía y a la Policía francesa que no hicieran detenciones. «Ha sido muy difícil hacerlo», admitieron tras reconocer que la Guardia Civil «solo obedece al Duque de Ahumada». Justificaron también la labor de los jueces alegando que son «instrumento del PP».

Sin embargo, afirmaron que la Fiscalía había tenido una «actuación positiva» salvo en una ocasión y recordaron que el Gobierno había cambiado al Fiscal General -nombró a Cándido Conde-Pumpido-.

Los enviados del Gobierno admitieron también que habían sido un «accidente grave» las detenciones del Faisán -bar en el que había una base de extorsión de ETA y cuyas detenciones dieron lugar a una investigación por un chivatazo policial a la citada red- y reconocieron que el ministro, en aquel momento Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía un montón de cartas de extorsión que no se habían hecho públicas y que además, desde el Gobierno, estaban diciendo que no les constaba que la banda estuviera pidiendo dinero.

Esta respuesta del Ejecutivo a ETA es coincidente con la respuesta que altos cargos de Interior dieron en su momento a Europa Press al preguntar por las cartas de extorsión que seguían recibiendo los empresarios a pesar de la tregua: «Será la misma carta que está dando vueltas», aseguraron para restarle importancia.

No obstante y a pesar de que el Ejecutivo negara la llegada de cartas, reiteraron el reproche a ETA por este hecho y plantearon a la banda, como contrapartida, «arreglar el problema del dinero» mediante una organización internacional u otras opciones.

Los enviados del Gobierno dieron a la banda toda esta retahíla de argumentos después de que los terroristas reprocharan en ese encuentro las detenciones que se habían producido en Francia, que ni jueces, ni policías estaban de brazos cruzados y que Zapatero hubiera anunciado que solo hablaría con ETA de disolución y futuro de sus integrantes.

En las reuniones que se produjeron entre junio y septiembre de 2006, -en las que también participó el exjuez y exvocal José Manuel Gómez Benítez- el Ejecutivo también se comprometió a dejar sin efecto la Doctrina Parot («es cosa del Constitucional y pueden derogarla», dice el acta), a acercar a presos al País Vasco y a dar la libertad condicional a Iñaki de Juana Chaos, condenado a 3.000 años de cárcel, de los que cumplió 18, por su participación en 25 asesinatos.

Sobre este último, las actas reflejan que lo harían «por medio del hombre de la Iglesia» y primero le llevarían a rehabilitación en un hospital de Madrid «manteniendo su situación de libertad en secreto».

Pero ETA exigió acuerdos políticos, no solo sobre los presos. Lo puso como condición para pasar a la tercera fase y emitió un comunicado anunciando que el proceso estaba en crisis. En octubre de 2016 se volvieron a reunir 4 enviados del Gobierno y dos de ETA para «tratar los accidentes» que se convirtió en un cruce de reproches.

La banda acusa al Gobierno del 90 por ciento de los incumplimientos y este alegó que por «dar el aviso del Faisán hay un alto policía encausado y casi el jefe de seguridad del PSOE», ofrecen salidas de presos enfermos graves, incluso el de Bolinaga, uno de los secuestradores de Ortega Lara.

En noviembre, ETA vuelve a amenazar con romper, el 20 de diciembre se filtran informaciones sobre las reuniones; hay un encuentro Gobierno-ETA sin éxito en el que ya no está Josu Ternera; el 29 de diciembre Zapatero anuncia que la situación es mejor que hace un año y al día siguiente se produjo el atentado de la T-4 en Barajas.

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Tribunales

Los independentistas quieren volver a debatir sobre la autodeterminación en el Parlament

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Los grupos de JxCat, ERC y la CUP han registrado este martes en el Parlament una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia en la que consta un apartado por el que piden que la Cámara reitere poder debatir sobre la autodeterminación en los plenos.

El documento consultado por Europa Press rechaza la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y plantea que el Parlament “reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya a decidir su futuro político”.

Estos son tres de los puntos de advertencia del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlament, a la que ha exigido paralizar el trámite de propuestas que vayan en ese sentido, después de haber anulado propuestas de resolución aprobadas en la Cámara sobre estos respectos.

De hecho, en la reunión de la Mesa del Parlament, antes de que se aceptara a trámite, los letrados de la Cámara han advertido al órgano rector de que este punto de la propuesta de resolución contravenía los autos y advertencias del TC.

“El Parlament denuncia la censura que el TC pretende imponer al Parlament, claramente incompatible con la autonomía y la inviolabilidad de la cámara”, expone otro apartado del escrito, mientras que otro punto defiende que las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede hablar o no en la Cámara y otro recuerda que se han aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde 1989.

Bajo el título ‘Propuesta de resolución en respuesta a la sentencia del 1-O’, el documento es el punto de consenso al que han llegado republicanos, ‘cupaires’ y JxCat, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzara el martes pasado su propia propuesta en el pleno extraordinario sobre la sentencia, sin avisar a ninguno de los tres grupos, generando fricciones entre ellos.

En aquel plenario, pese a las reticencias de la CUP, no se permitió introducir documentos ni de los grupos ni del Govern ni del presidente para que fueran votados por el hemiciclo.

Ahora, esta propuesta en principio tampoco podrá ser debatida en el pleno ordinario fijado para este miércoles y jueves, ya que, para hacer una modificación del orden del día –ya sea reuniendo a la Junta de Portavoces o bien en el mismo pleno–, se tendría que haber registrado por vía de urgencia, algo que no ha sucedido, explican fuentes parlamentarias, por lo que debería respetarse el plazo de siete días para que los grupos presenten enmiendas.

Con todo, el artículo 83 del reglamento del Parlament establece que no se puede modificar el orden del día sin haber cumplido los trámites reglamentarios, “a excepción de un acuerdo explícito en el sentido contrario, adoptado por mayoría absoluta”; una mayoría que los tres grupos independentista tienen en el hemiciclo.

EL DOCUMENTO

En la exposición de motivos, el documento critica la sentencia del 1-O porque considera que es “una regresión en materia de libertades, no solo para Catalunya, sino para todo el Estado” y sostiene que limita derechos fundamentales y criminaliza la disidencia política.

Reprocha que el TC intente “imponer al Parlament una vulneración inaceptable del derecho a la representación política”, por lo que rechaza la sentencia y las decisiones del Constitucional.

“El Parlament exige la libertad de los presos políticos, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión”, piden votar en la cámara, así como expresar la indignación sobre una sentencia que tachan de injusta porque consideran que limita el ejercicio de derechos fundamentales en lo que tildan de deriva autoritaria del Estado que afecta a todos los demócratas.

Hacen referencia concreta al “escándalo democrático” que supone la condena de 11 años a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y afirman el carácter cívico y no violento del movimiento independentista, según el texto.

El texto advierte de que la sentencia establece un precedente inaceptable a partir del cual todas las formas de protesta como el paro de un desahucio, la ocupación de un centro de atención primaria o el corte de una calle, “pueden convertirse en un delito de sedición”.

Los impulsores del documento también quieren que el Parlament reitere que el conflicto entre Catalunya y el resto del Estado es “político y no se resolverá mediante los tribunales”, y avisan de que las mayorías parlamentarias no renunciarán a sus convicciones por más represión que haya.

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Ocio

El bingo, de abuelas a nietos a través de Internet

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Antes de sumergirnos en la evolución del bingo en España desde el siglo pasado hasta hoy, haremos una vista hacia atrás para comprobar la procedencia del bingo. El bingo actual nace en el siglo XVI en Italia, cuyo funcionamiento era similar al que conocemos en nuestros días con los cartones con números aleatorios y las bolas numeradas.

Tal fue el éxito que se propagó por toda Europa y donde en Francia adquirió gran prestigio alrededor del siglo XVIII. Los orígenes de los elementos básicos del bingo actual se encuentran aquí: cartones, fichas y un encargado de cantar los números en voz alta, el llamado locutor, pieza imprescindible en el juego. El bingo tenía principalmente a usuarios con un poder adquisitivo alto.

En nuestro país el bingo no fue legal hasta 1977 ya que en el año 1922 se prohibió. Dos aspectos fueron claves en esta legalización del juego, la primera fue la consecuencia social de no regular los juegos de azar y la segunda, la ventaja que tendría a nivel recaudatorio del país el legalizar el juego. De este modo el dinero iba a parar a las arcas del Estado y no a pequeños empresarios que regentaban bingos menores de forma clandestina.

Tras este hecho, los empresarios decidieron abrir salas de bingo completamente legales, adaptándolas al gusto del consumidor, que no olvidemos, sigue siendo un juego practicado por gente de cierto nivel adquisitivo.

Hoy en día, las salas de bingos ya no tienen la repercusión que tuvieron en los años ochenta y noventa. Son las personas mayores las que suelen acudir asiduamente los fines de semana para ver si pueden cantar una línea o un bingo. Para los menos expertos en el tema, decir que cantar una línea es cuando el jugador completa una línea horizontal en el cartón, de forma que se llevará un pequeño porcentaje del total recaudado con la venta de los cartones. Cantar un bingo significa que el usuario ha completado todo el cartón con los números que salieron del bombo, de modo que ganará el premio final de la venta de cartones sin contar el porcentaje destinado a la línea y obviamente, el que se destina a la propia sala.

Pese a la regulación del juego, es habitual que en comidas familiares y eventos sociales de barrio se siga jugando al bingo de forma clandestina pero con cantidades de dinero muy inferiores a las de salas. Aquí es donde el bingo pasa de generación en generación, de abuelas y abuelos a nietas y nietos. Pero estos jóvenes ya no acuden cada fin de semana a los bingos y muchos deciden jugar a través de internet.

La juventud juega al bingo desde casa o desde cualquier lugar gracias a sus dispositivos móviles. Tal es el auge, que cada vez hay más plataformas de juego online que incluyen el bingo y muchas salas presenciales están cerrando sus puertas y es que la revolución digital también está afectando a este juego tan familiar.

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Tribunales

Registran la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de dinero del narco Sito Miñanco

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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que el registro se está practicando en el domicilio de Boye en Madrid y que el abogado no está detenido.

La operación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y que desarrollan agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, está vinculada a la causa judicializada de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de 62 años.

El histórico narcotraficante gallego fue detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de presuntos miembros de su banda acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Las investigaciones apuntaban que Miñanco lideraba una importante red de narcotraficantes desde 2016, meses después de que se le otorgara la semilibertad, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz). De hecho, fue arrestado cuando salía de ese centro.

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado de esta operación en la que se están practicando varios registros en una causa que está secreta.

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