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Reino de Valencia

El alcalde popular de Pilar de la Horadada (Alicante) suspende la tramitación de licencias para mezquitas

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José María Pérez
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El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha publicado la información pública de la resolución por la que se suspende la tramitación y otorgamiento de autorizaciones administrativas de parcelación de terrenos, edificación, demolición, ocupación, actividad y cambio “de uso para centros de culto”. Lo que en el municipio se traduce en una prohibición municipal de aceptar la construcción de la mezquita que la comunidad musulmana formada por 4.000 vecinos de Marruecos, Argelia y Senegal reivindica desde hace casi una década.

La decisión fue rubricada por el alcalde José María Pérez (Partido Popular) el 21 de junio. Fue una de sus primeras decisiones relevantes en el cargo -incluso previa a la celebración del pleno de constitución y no informó a la opinión pública sobre su decisión. Pérez, empresario horticultor -sector que tiene a los vecinos magrebíes como su principal mano de obra-, gobierna Pilar de la Horadada con mayoría absoluta.

El primer edil justifica su decisión “en aras de establecer los criterios de implantación conforme a las necesidades y demandas de los ciudadanos, así como establecer los parámetros correctos de ubicación, orden, y tráfico rodado, entre otros, que conllevan los distintos actos y aforos ligados a los centros de culto”. Un argumento que se pone sobre la mesa pese a que existe una modificación puntual del PGOU aprobada desde 2012 para fijar esos criterios.

En declaraciones al diario Información, el alcalde ha dicho esta tarde que la suspensión se hace “para que los servicios municipales se puedan poner a trabajar buscando una solución global en la que conviva la comunidad musulmana y el resto de vecinos” y ha agregado que ha mantenido varias reuniones con los representantes de la comunidad musulmana y están de acuerdo en buscar una solución entre todos”.

Desde 2011 el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada “esquiva” con objeciones y modificaciones legales de ámbito local el derecho constitucional de la comunidad musulmana a contar con su propio espacio de culto en condiciones. Lo hizo en 2012, bajo mandato del alcalde del PP, Fidel Ros, que aprobó una modificación puntual del Plan General del municipio, la número 30, ad hoc para endurecer los requisitos urbanísticos y técnicos con los que debía contar un espacio de culto una vez que la comunidad musulmana había invertido 160.000 euros en un local en un barrio de Pilar de la Horadada y los vecinos se opusieron. A aquella modificación se le dio el visto bueno bajo el argumento de “la necesidad de ordenar desde el punto de vista urbanístico el derecho a la libertad religiosa a fin de que pueda llevarse a cabo tal y como establece la Constitución Española sin menoscabo del resto de los derechos fundamentales”.

En el anterior mandato, entre 2015 y 2019 el alcalde socialista Ignacio Ramos constituyó una mesa de trabajo para intentar abordar el problema proponiendo una ubicación en el polígono industrial. Sin embargo, lo único que hizo fue dilatar el problema sin darle solución, según fuentes municipales consultadas por este diario.

Según el concejal de Vecinos del Pilar, Francisco Albaladejo, los responsables religiosos de los musulmanes habían logrado un acuerdo para contar con un local que cumple las condiciones municipales para abrir espacios de culto tras años de gestiones y trámites -y rechazos vecinales-. En concreto el edificio de un antiguo cine en el casco urbano. Albaladejo, que trabajó por llegar a una solución durante cuatro años como edil del gobierno municipal cree evidente que la intención del alcalde es desbaratar cualquier opción de la comunidad musulmana de contar con este espacio religioso.
Sin embargo, el equipo de gobierno ha replicado que ese “acuerdo es un rumor y la adquisición del antiguo cine nunca se materializó”.

Los musulmanes pilareños, más del 10% de la población local sin contar los no censados, se preguntan si estas prevenciones legales se hubieran levantado si el espacio religioso propuesta no fuera una mezquita.

El gobierno de Pilar de la Horadada puso en marcha a principios de 2018 un foro social para facilitar la instauración de una mezquita en el municipio. El Ayuntamiento quiso “acercar posturas entre grupos políticos, asociaciones vecinales y la comunidad musulmana tras casi dos años de agrio debate”. Se quiso buscar un consenso para habilitar el lugar de culto “y no crear más división de la que ya existe”. La propuesta inicial pasaba por ceder una parcela municipal en el polígono para habilitar el edificio y que el municipio cobrara un alquiler por su uso.

La comunidad islámica compró hace años una vivienda para convertirla en centro de rezos, pero no lo consiguió. Lo impidió el propio consistorio en la anterior legislatura. Lo hizo modificando el PGOU y la ordenanza que los regula para exigirles tener plazas de aparcamiento. Eso sucedió al tiempo que un grupo vecinal recogía firmas en contra de la mezquita. Marroquíes, senegaleses, y argelinos que profesan esta confesión religiosa sintieron agraviados y denunciaron que ese cambio en la normativa se había tramitado de forma exprés para bloquear su lugar de rezo.

El que fuera edil del anterior equipo de gobierno explicó que la comunidad árabe solicitaba al Ayuntamiento que se haga una permuta de la casa que compraron por 160.000 euros, ubicada en la calle Juan XXIII, y que no se podrá habilitar como mezquita para cambiarla por una parcela en el polígono industrial que sí reuniría esas condiciones. Algo que se descartó porque el valor de ambos terrenos es muy distinto y saldría perdiendo el Ayuntamiento.

Otra de las opciones barajadas fue que el consistorio levantara una nave y después le cobre un alquiler por su uso a los musulmanes. En opinión de Albaladejo, hace falta hacer mucha pedagogía entre los vecinos para explicarles bien en qué consiste la religión musulmana, eliminar prejuicios y conceptos erróneos relacionados con el islamismo radical. Sin embargo «ha habido una falta de valentía entre los políticos del municipio que no han tomado decisiones por miedo a la reacción ciudadana, dilatando en el tiempo el trabajo en vez de buscar una solución», apuntó el citado edil. «A pesar de todo lo que ha sucedido, ellos siguen teniendo una actitud correcta con nosotros y lo único que quieren es poder ejercer su derecho a rezar en paz», concluyó Albaladejo.

Fuente: Información

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Reino de Valencia

Macroestafa de cuatro millones de euros en la EMT de Valencia

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Imagen de archivo de un autobús de la EMT
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La Policía investiga una denuncia interpuesta por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València en la que se revela un fraude por importe de cuatro millones de euros en las arcas del órganismo autónomo del Ayuntamiento de la capital. Una estafa en la que, según la compañía, está implicada la responsable del área de administración de la empresa, que ha sido despedida este viernes.

La EMT ha informado de que ha sido víctima de este fraude, que en cuanto ha tenido conocimiento de él lo ha puesto en conocimiento de la Policía, que a su vez ha abierto una investigación para aclarar el supuesto delito, según ha explicado el director gerente de la empresa, Josep Enric García Alemany, en una comparecencia de prensa urgente.

La empresa municipal tuvo conocimiento de los hechos este lunes por la tarde y a la mañana siguiente presentó una denuncia en Comisaría. Desde ese momento y hasta este jueves por la tarde ha recopilado información para aportar más datos a la denuncia.

Dado que está abierta una investigación policial, el director gerente ha indicado que no puede ofrecer más datos sobre los hechos, aunque sí ha concretado que en el fraude solo figura implicada, por lo que se ha podido determinar hasta ahora, una única empleada, la responsable del área de administración.
Esta persona tenía una larga trayectoria en el cargo, y ha sido despedida esta misma mañana.

La dirección de la EMT ha convocado de manera urgente una reunión del Consejo de Administración para esta tarde para informar a los consejeros de la situación.

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Reino de Valencia

El dinero público, según Ximo Puig: 43.000 euros por una entrevista, 35.000 a medios de su familia

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Imagen del presidente valenciano, Ximo Puig. tomada este miércoles en Milán
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El dinero destinado a publicidad institucional por parte del Gobierno valenciano presidido por Ximo Puig ha ido aumentando exponencialmente desde 2015, superando con creces a su antecesor del PP, Alberto Fabra. Si en 2016, primer ejercicio completo del Ejecutivo de PSPV-PSOE y Compromís, el gasto en esta partida fue de 3,1 millones de euros, en 2017 se incrementó hasta los 8,2 millones.

Fue este año en el que se dedicó la polémica partida de 43.000 euros al diario británico «The Guardian».

En sus páginas se publicó, en noviembre de 2016, una entrevista a Puig –con motivo de una feria de turismo en Londres a la que acudió– en la que se aprovechaba para ensalzar su figura y «vender» la Comunidad Valenciana a uno de los nichos turísticos más importantes mientras él exponía las grandes propuestas de la legislatura o criticaba duramente al PP por la corrupción y la herencia dejada. La Generalitat argumentó en ese momento que no se trataba de una entrevista pagada, pero ahora el contenido ha sido borrado de la web del diario explicando en un mensaje que sí era publicitaria y elaborada por una agencia externa.

La comparativa con el dinero destinado a otros medios en 2017 resulta igualmente llamativa. El Gobierno de Puig otorgó ese año un total de 35.094 euros a las empresas vinculadas a su hermano. Concretamente, al diario digital Comarquesnord, que trabaja en el ámbito de las comarcas de Els Ports, El Maestrat y Matarraña (las cuales se extienden entre Castellón y Teruel); Els Ports Radio y Nord TV, también de este mismo nivel. Solo de Presidencia, recibieron 32.279 euros.

A otros medios de tirada nacional como «El País» concedió, en la suma de papel y digital, 51.860 euros. A ABC le correspondieron ese año 24.040 euros en los expedientes tramitados por la Dirección General de Relaciones Informativas y Promoción Institucional.

El control de la publicidad institucional ha sido una de las cuestiones que ha enfrentado a los socialistas con sus socios de Compromís, puesto que a los segundos no les agradan demasiado los criterios seguidos.

El PSPV, solo en la defensa

En mitad de la polémica por la entrevista en «The Guardian», el portavoz de la coalición en las Cortes Valencianas, Fran Ferri, consideraba ayer que no era «lo más adecuado» y que la promoción de la Comunidad Valenciana debía ir «por otras vías».

Sus otros compañeros del actual Ejecutivo autonómico, Unidas Podemos, eran más suaves pero tampoco lo exculparon. «Si hay algo que esclarecer, lo debe hacer», afirmaba Naiara Davó en referencia al presidente de la Generalitat.

La oposición de PP, Ciudadanos y Vox cargó contra Puig por tratarse de una «promoción personal» y un «autobombo» que da «absoluta vergüenza». Los naranjas han pedido su comparecencia en el Parlamento.
El presidente de la Generalitat, preguntado al respecto, aseguró ayer que la entrevista no costó «en absoluto» 43.000 euros y que hubo otros espacios de patrocinio.

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Reino de Valencia

Dimite el presidente de Vox en Valencia sin renunciar al sueldo de diputado autonómico

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José María Llanos
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El presidente de Vox en la provincia de Valencia, José María Llanos, ha dimitido aunque sin renunciar a su sueldo de diputado en les Corts Valencianes, al quedarse el acta. Ahora, el Comité Ejecutivo Nacional del partido nombrará una comisión gestora.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la formación liderada por Santiago Abascal, que han explicado que tras esta dimisión del que fuera candidato a la Presidencia de la Generalitat en los últimos comicios, que se materializó este miércoles, la situación depende ahora de la cúpula central en Madrid.

“El objetivo será la continuidad del proyecto en la provincia. Tanto los estatutos de Vox como el reglamento interno del partido dejan claro el procedimiento que descarta la celebración de primarias para estos casos”, han indicado las mismas fuentes.

Las divergencias en la ejecutiva han obligado a la dirección nacional a intervenir. De hecho, el vicesecretario nacional de organización, Tomás Fernández, acudió a la reunión de anoche en la que Llanos hacía pública su renuncia, lo que forzaba de esta forma a la creación de una gestora.

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) está integrado por seis miembros. Al menos dos de ellos, el secretario Juan Ponce y el vocal Vicente Gi, mantenían un pulso con Llanos por el control de la organización e incluso habían exigido que dejara el cargo.

Según la hoja de ruta trazada, sería el propio Llanos quien presidirá una gestora a su medida. En este viaje de ida y vuelta inmediata. los responsables nacionales trasladan a los cargos públicos y a la militancia que Llanos cuenta con el total apoyo de Abascal.

Vox decidió no realizar primarias ante el convencimiento de que un sector crítico, encabezado por el polémico abogado valencianista Juan García Sentandreu, podría hacerse con el control del partido tras un crecimiento en las afiliaciones notable. La confección de las candidaturas y, por último, la designación de los asesores en el Ayuntamiento de Valencia, en la diputación y en Les Corts han elevado la temperatura interna.

Al margen de la “dimisión controlada” de Llanos, en Vox se han producido renuncias en las últimas semanas. El tesorero de la ejecutiva provincial y diputado en Les Corts Valencianes, Vicente Manuel Roglá, dejaba sus cargos en julio. En el escrito remitido a Madrid, Roglá, médico de profesión, desvelaba” enfrentamientos” entre el presidente provincial (Llanos) y el secretario (Juan Ponce), “con subidas de tono entre ambos”.

La semana pasada era otro parlamentario autonómico, David Muñoz, quien decidía renunciar a su escaño “por motivos personales” y reincorporarse a su labor docente como profesor de Derecho en la Universidad Católica San Vicente Mártir. El acta por Castellón lo ocupará la bióloga Rebeca Serna.

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