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Reino de Valencia

El alcalde popular de Pilar de la Horadada (Alicante) suspende la tramitación de licencias para mezquitas

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José María Pérez
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El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha publicado la información pública de la resolución por la que se suspende la tramitación y otorgamiento de autorizaciones administrativas de parcelación de terrenos, edificación, demolición, ocupación, actividad y cambio “de uso para centros de culto”. Lo que en el municipio se traduce en una prohibición municipal de aceptar la construcción de la mezquita que la comunidad musulmana formada por 4.000 vecinos de Marruecos, Argelia y Senegal reivindica desde hace casi una década.

La decisión fue rubricada por el alcalde José María Pérez (Partido Popular) el 21 de junio. Fue una de sus primeras decisiones relevantes en el cargo -incluso previa a la celebración del pleno de constitución y no informó a la opinión pública sobre su decisión. Pérez, empresario horticultor -sector que tiene a los vecinos magrebíes como su principal mano de obra-, gobierna Pilar de la Horadada con mayoría absoluta.

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El primer edil justifica su decisión “en aras de establecer los criterios de implantación conforme a las necesidades y demandas de los ciudadanos, así como establecer los parámetros correctos de ubicación, orden, y tráfico rodado, entre otros, que conllevan los distintos actos y aforos ligados a los centros de culto”. Un argumento que se pone sobre la mesa pese a que existe una modificación puntual del PGOU aprobada desde 2012 para fijar esos criterios.

En declaraciones al diario Información, el alcalde ha dicho esta tarde que la suspensión se hace “para que los servicios municipales se puedan poner a trabajar buscando una solución global en la que conviva la comunidad musulmana y el resto de vecinos” y ha agregado que ha mantenido varias reuniones con los representantes de la comunidad musulmana y están de acuerdo en buscar una solución entre todos”.

Desde 2011 el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada “esquiva” con objeciones y modificaciones legales de ámbito local el derecho constitucional de la comunidad musulmana a contar con su propio espacio de culto en condiciones. Lo hizo en 2012, bajo mandato del alcalde del PP, Fidel Ros, que aprobó una modificación puntual del Plan General del municipio, la número 30, ad hoc para endurecer los requisitos urbanísticos y técnicos con los que debía contar un espacio de culto una vez que la comunidad musulmana había invertido 160.000 euros en un local en un barrio de Pilar de la Horadada y los vecinos se opusieron. A aquella modificación se le dio el visto bueno bajo el argumento de “la necesidad de ordenar desde el punto de vista urbanístico el derecho a la libertad religiosa a fin de que pueda llevarse a cabo tal y como establece la Constitución Española sin menoscabo del resto de los derechos fundamentales”.

En el anterior mandato, entre 2015 y 2019 el alcalde socialista Ignacio Ramos constituyó una mesa de trabajo para intentar abordar el problema proponiendo una ubicación en el polígono industrial. Sin embargo, lo único que hizo fue dilatar el problema sin darle solución, según fuentes municipales consultadas por este diario.

Según el concejal de Vecinos del Pilar, Francisco Albaladejo, los responsables religiosos de los musulmanes habían logrado un acuerdo para contar con un local que cumple las condiciones municipales para abrir espacios de culto tras años de gestiones y trámites -y rechazos vecinales-. En concreto el edificio de un antiguo cine en el casco urbano. Albaladejo, que trabajó por llegar a una solución durante cuatro años como edil del gobierno municipal cree evidente que la intención del alcalde es desbaratar cualquier opción de la comunidad musulmana de contar con este espacio religioso.
Sin embargo, el equipo de gobierno ha replicado que ese “acuerdo es un rumor y la adquisición del antiguo cine nunca se materializó”.

Los musulmanes pilareños, más del 10% de la población local sin contar los no censados, se preguntan si estas prevenciones legales se hubieran levantado si el espacio religioso propuesta no fuera una mezquita.

El gobierno de Pilar de la Horadada puso en marcha a principios de 2018 un foro social para facilitar la instauración de una mezquita en el municipio. El Ayuntamiento quiso “acercar posturas entre grupos políticos, asociaciones vecinales y la comunidad musulmana tras casi dos años de agrio debate”. Se quiso buscar un consenso para habilitar el lugar de culto “y no crear más división de la que ya existe”. La propuesta inicial pasaba por ceder una parcela municipal en el polígono para habilitar el edificio y que el municipio cobrara un alquiler por su uso.

La comunidad islámica compró hace años una vivienda para convertirla en centro de rezos, pero no lo consiguió. Lo impidió el propio consistorio en la anterior legislatura. Lo hizo modificando el PGOU y la ordenanza que los regula para exigirles tener plazas de aparcamiento. Eso sucedió al tiempo que un grupo vecinal recogía firmas en contra de la mezquita. Marroquíes, senegaleses, y argelinos que profesan esta confesión religiosa sintieron agraviados y denunciaron que ese cambio en la normativa se había tramitado de forma exprés para bloquear su lugar de rezo.

El que fuera edil del anterior equipo de gobierno explicó que la comunidad árabe solicitaba al Ayuntamiento que se haga una permuta de la casa que compraron por 160.000 euros, ubicada en la calle Juan XXIII, y que no se podrá habilitar como mezquita para cambiarla por una parcela en el polígono industrial que sí reuniría esas condiciones. Algo que se descartó porque el valor de ambos terrenos es muy distinto y saldría perdiendo el Ayuntamiento.

Otra de las opciones barajadas fue que el consistorio levantara una nave y después le cobre un alquiler por su uso a los musulmanes. En opinión de Albaladejo, hace falta hacer mucha pedagogía entre los vecinos para explicarles bien en qué consiste la religión musulmana, eliminar prejuicios y conceptos erróneos relacionados con el islamismo radical. Sin embargo «ha habido una falta de valentía entre los políticos del municipio que no han tomado decisiones por miedo a la reacción ciudadana, dilatando en el tiempo el trabajo en vez de buscar una solución», apuntó el citado edil. «A pesar de todo lo que ha sucedido, ellos siguen teniendo una actitud correcta con nosotros y lo único que quieren es poder ejercer su derecho a rezar en paz», concluyó Albaladejo.

Fuente: Información


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Una niña de Alicante no puede ir de excursión escolar al Oceanográfico de Valencia porque su padre habla en castellano»

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Imagen de Joaquín y su hija Nuria tomada este miércoles en Valencia - ABC
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«No puedo firmar una autorización para mi hija si no la entiendo». Con este argumento, Joaquín, padre de un niña de ocho años alumna de un colegio público de la ciudad de Alicante, ha presentado una denuncia ante la Inspección Territorial de la Conselleria de Educaciónen la que solicita que «garantice el derecho a recibir comunicaciones también en lengua castellana sin que, para ello, haya que pedirlo expresamente», según cuenta ABC.

Este miércoles, el colegio en el que Nuria cursa tercero de Primaria (cuyo nombre  se omite para preservar la intimidad de la menor) había programado como actividad complementaria extraescolar una excursión por el centro de Alicante.

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El formulario que recibió Joaquín para otorgar su autorización para que su hija pudiera asistir a la visita guiada estaba escrito correctamente en valenciano mientras que la versión «castellana» estaba trufada de errores y palabras que no se corresponden con el español. El centro le trasladó que se había producido un «error en la redacción no bilingüe de la comunicación».

Ante esta situación, el padre solicitó al centro que se le remitiera la circular en castellano para poderla firmar. Joaquín denuncia que el colegio le trasladó a su hija, de ocho años, que no iba a mandar un nuevo formulario y que, en consecuencia, si su progrenitor no lo rubricaba «tendría que quedarse toda la jornada de hoy en otra clase». Al respecto, Joaquín lamenta que «mi hija no ha podido ir de excursión escolar porque su padre habla en castellano».

Este miércoles, padre e hija han visitado el Oceanográfico de Valencia mientras el resto de compañeros de Nuria tenían previsto participar en la actividad extraescolar que su progenitor no ha podido autorizar porque, insiste, «no puedo firmar un documento que no entiendo».

Mientras, la actividad del colegio finalmente se ha suspendido por la lluvia, conforme le ha comunicado el centro por correo electrónico esta misma mañana, en esta ocasión en las dos lenguas oficiales. A esas horas, Joaquín y su hija ya estaban en Valencia porque «he tenido que planificar mi propia excursión».

La asociación Hablamos Español se ha hecho eco de su problemática y ha anunciado que trasladará los hechos de «discriminación lingüística» sucedidos en este colegio público de Alicante a la Fiscalía de Menores para que «investigue si se han vulnerado los derechos de la menor y si se ha incurrido en prevaricación».

Para la presidenta de la asociación, Gloria Lago, se trata de un caso «paradigmático del desprecio a la cooficialidad y a los derechos lingüísticos de las personas».

De hecho, los problemas de Joaquín para recibir en castellano las comunicaciones oficiales del colegio público en el que estudia su hija vienen de lejos. Según consta en la denuncia presentada ante la Inspección Territorial de Educación, con anterioridad había recibido una convocatoria para una reunión trimestral escrita únicamente en valenciano. En ese caso, un día antes de la convocatoria se le entregó a la alumna la citación en castellano.

Joaquín, que forma parte del Consejo Escolar del centro, también solicitó una copia del Proyecto Lingüístico del colegio, toda vez que se trata de un documento público. El padre estaba interesado en conocer «la proporción de horas lectivas y la distribución de las asignaturas en relación a con la aplicación de las lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana: el español y el valenciano».

«La lengua oficial de la Generalitat»

Según consta en la denuncia, la jefa de estudios del colegio le enseñó una copia redactada en valenciano con el argumento de que «es la lengua oficial de la Generalitat», de acuerdo con la versión del padre.

Joaquín explica que, además, «en las celebraciones de Navidad ya se excluyó por completo el castellano». Ante este cúmulo de situaciones, ha solicitado formalmente a la Inspección Educativa que, además de asegurar que los padres reciban las comunicaciones en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, garantice que «los niños no sean el instrumento de presión para conseguir los fines de una imposición lingüística a la comunidad educativa, de la que los padres también formamos parte».

Al respecto, explica que respalda la decisión de Hablamos Español de denunciar los hechos ante la Fiscalía de Menores tras haber agotado «todos los cauces de diálogo posibles».

«Utilización de menores»

La asociación cree que este caso de una alumna alicantina es el ejemplo de «la utilización de menores para hacer claudicar a sus padres en la exigencia de cumplimiento de su derecho a comunicarse con la escuela en español».

En ese sentido, la asociación explica que «cada vez más personas están solicitando que las Administraciones Públicas usen también el español en las comunidades autónomas siguiendo la campaña “Pídelo en Español”». Para Lago, «la presencia de nuestra lengua común no solo está siendo cada vez más limitada en la enseñanza, sino también en ayuntamientos, hospitales, y dependencias de gobiernos autonómicos».

(ABC)


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Una ex diputada de Podemos pide una calle y una estatua para una mujer detenida por robar 40 vibradores

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Una de las noticias más comentadas de la semana ha sido el robo perpetrado por una mujer en una tienda de Callosa de Segura (Alicante). La mujer fue detenida por robar 40 unidades de una vibradores femeninos Satisfyer en una empresa comercializadora de la localidad. La presunta ladrona explicó a los agentes de la Guardia Civil que repartió los juguetes eróticos entre sus vecinas, aunque también entregó algunos a un negocio de masajes. La Guardia Civil recuperó y devolvió a la compañía alicantina algo más de la mitad de estos artículos utilizados para la estimulación del clítoris.

Sin embargo, lo más surrealista de esta noticia ha llegado de la mano de Clara Serra. La política vinculada a Podemos y Más Madrid ha justificado el robo de esta mujer, a la que califica de “Robin Hood del feminismo” y ha pedido una estatua y una calle para ella.

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El “tuit” ha indignado a los usuarios de redes sociales que consideran una vergüenza que Serra justifique un robo en aras del feminismo. “Robar esta mal salvo que los hagan los progres”, “Clara, respétate, tienes más nivel que estas gilipolleces”,“Gracias por explicarnos los que es el feminismo” o “Lástima que la crema de Cifuentes no tuviera un fin sexual” son algunos de los mensajes que pueden leerse en “Twitter”.

El mensaje de Serra arrasa en redes y cuenta ya con casi 9.000 “retweets” 46.000 “Me Gusta” y más de 2.600 comentarios.

Esta no es la primera vez que Clara Serra provoca un incendio con palabras pronunciadas en aras de la defensa de la mujer. La ex diputada de Podemos y ex presidenta de la Comisión de la Mujer en la Comunidad de Madrid llegó a afirmar que «la humillación es una cosa que las mujeres pueden desear, así como la fantasía de violación y el sexo con violencia».

“Por humillación quiero decir que existe la fantasía de violación, de sexo con violencia y esto no es una cuestión marginal”, declaró en un programa de Televisión. Esta afirm


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Retiran la bandera española de un edificio municipal en Crevillent (Alicante) para un acto de Rufián

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Un acto de Gabriel Rufián en un edificio público en Crevillente (Alicante) llevó a los organizadores a retirar la bandera española y mantener únicamente la de la Comunidad Valenciana y la de la localidad.

Así lo ha denunciado el portavoz del PP en esta localidad Miguel Ángel Sánchez. Su formación ha pedido explicaciones al alcalde de Compromís José Manuel Penalva por la retirada de la enseña nacional en el Centro Joven Juan Antonio Cebrián durante la participación del diputado de ERC Gabriel Rufián. Según el PP, en el acto en cuestión se hizo “defensa y apología de quienes han atentado contra el Estado Español y apoyan el separatismo de Cataluña, consecuentemente se han defendido los actos delictivos de sedición ocurridos en Cataluña, además de apoyar las actuaciones violentas en las calles”.

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Miguel Ángel Sánchez considera también que la retirada de la bandera nacional “es una falta de respeto institucional y claudicación”. También pregunta a PSOE e IU, que apoyan al alcalde Compromís, si están de acuerdo con esta decisión. Además, en el pasillo del edificio público también se pudo ver carteles con el lema “llibertat presos políticos” (“Libertad presos políticos”).

Por su parte, Esquerra Republicana de Crevillent ha querido “agradecer a todo el pueblo su apoyo y participación en el acto, afirmando que no aflojará en la defensa de los derechos democráticos, de la libertad y de la justicia”. Rufián anunció su intervención con un tuit en el que se podía leer “¡vivan los Países Catalanes!”, que englobaba también a la Comunidad Valenciana.


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