España
La mansión de Pablo Iglesias es ilegal y deberá ser derribada por delito ecológico
El casoplón del matrimonio Pablo Iglesias e Irene Montero es ilegal al estar construido en un parque natural protegido de alto valor ecológico y que, desde hace años, los ecologistas y los grupúsculos de Podemos lo han tratado como una zona intocable. Cuando el líder podemita adquirió la vivienda, en mayo de 2018, ya sabía de antemano que su nueva morada había sido levantada en una zona ubicada fuera de los límites urbanos del municipio que quedaba delimitado por el plan urbanístico de 1976.
Por tanto, el líder de Unidos Podemos, coalición en la que conviven la formación morada y los ecologistas de Equo, entre otros, asumía la compra de una vivienda producto de la especulación y que conculcaba los más elementales principios medioambientales.
La parcela de casi 2.500 metros cuadrados, comprada por Iglesias, se halla dentro de una zona súper protegida, en el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Y la vivienda de 268 metros, más anexos habitables, había sido construida en 2002 contraviniendo todas las normas urbanísticas municipales de Galapagar.
El emplazamiento ilegal de la vivienda del dirigente podemita –los técnicos consultados por este diario prefieren utilizar el término “alegal”– se puede apreciar claramente en los planos municipales.

En los planos del desarrollo urbanístico de Galapagar –una ciudad madrileña de 33.000 habitantes, situada en la zona oeste de la Comunidad de Madrid y muy cerca de El Escorial– aparece la parcela del matrimonio Iglesias-Montero como la única que invade el parque natural protegido del Medio Guadarrama, sin ningún margen de duda. El sector urbanizable está coloreado en naranja y con la marca “Polígono 37”, mientras el casoplón de Iglesias está pintado de color verde.

Incluso, en las modificaciones urbanísticas de 1988 por las que el consistorio concedió una serie de licencias en el polígono 37 (Riomonte y Vedado de las Monjas), la parcela donde los anteriores propietarios construyeron el chalé, ahora de Iglesias, sigue figurando en una zona fuertemente protegida.
En el catastro pero ilegal
La vivienda de una sola planta Pablo Iglesias e Irene Montero tiene una superficie construida de 268 metros y está ubicada en el paraje conocido como Vedado de la Monja y Riomonte, en una parcela de 2.500 metros cuadrados. La compra fue escriturada el 9 de mayo de 2018 e inscrita en el registro de la Propiedad un mes después. Estaba afectada por una hipoteca de 210.000 euros de los anteriores propietarios concedida por Bankinter, que fue levantada con otro crédito de 540.000 euros, concedido a Iglesias y Montero por la Caja de Crédito de los Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito. El precio de compra fue de 615.000, según los actuales propietarios.
Fuentes municipales de Galapagar hacen la salvedad de que la vivienda del dirigente podemita figura inscrita en el registro de la Dirección General del Catastro y paga su impuesto de bienes inmuebles (IBI) todos los años, como el resto de las edificaciones legales, pero destacan así mismo que es “alegal” porque está construida en una zona verde, que nunca fue recalificada. Además, resaltan que su licencia de obra fue obtenida con el engaño ante las autoridades municipales.
Es una realidad que las normas de urbanismo de Galapagar son muy antiguas –se remontan a 1976– pero en las 15 ó 20 modificaciones urbanísticas que se han desarrollado en el municipio desde entonces nunca se recalificó la situación de la vivienda de Iglesias, que sigue manteniéndose en una zona verde. En todos esos años se efectuaron cambios en los polígonos de Las Monjas, Río Monte, Colegio de La Navata, el Mercado y otros lugares, pero nunca en la parcela del líder podemita, como se puede apreciar en los planos a los que ha tenido acceso OKDIARIO. La villa de Iglesias queda en todos ellos fuera del área urbanística, transgrediendo las más elementales normas municipales y del medio ambiente.
El casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero en La Navata (Galapagar).
El futuro de “Villa Iglesias” queda al albur del nuevo Ayuntamiento que saldrá de las elecciones del próximo mes de mayo. En la actualidad el poder municipal está en manos del PP, con 10 concejales.
Galapagar es un municipio de 33.000 habitantes al que le corresponden 21 concejales. En las elecciones de 2015 PSOE, C´s y Cambiemos Galapagar (Podemos) lograron tres ediles cada uno de ellos e Izquierda Unida y Sí se Puede –una variante de la formación de Iglesias– los dos restantes.
Con el caso de la parcela de Iglesias las fuerzas políticas de Galapagar no se explican cómo pudieron edificar en un parque natural sin que nadie en el Ayuntamiento lo impidiera. En la población madrileña se da la circunstancia de que su plan urbanístico es tan restrictivo que no se puede construir ni un hotel ni una casa rural en el término municipal, algo sorprendente en un municipio con un gran potencial turístico.
(Fuente: OKdiario)
A Fondo
Las Pardo de Vera, las niñas de familia bien, presuntas delincuentes
El exjefe de personal de ADIF apunta a Pardo de Vera por la contratación de las mascarillas
Miranda reconoce que existieron más ofertas, pero que no las valoraron porque pensaban que no cumplirían

El exjefe de personal de ADIF, Michaux Miranda, en el juicio.
El último testigo de la quinta jornada del juicio de las mascarillas deja la pelota en el tejado de Isabel Pardo de Vera. El exdirector de Gestión Personal en ADIF Michaux Miranda ha apuntado a la expresidenta del administrador de infraestructuras ferroviarias. El ex alto cargo ha subrayado este martes en el Supremo que fue ella quien le pidió que llamara a Soluciones de Gestión. El exdirectivo ha reconocido que existieron otras ofertas más económicas, pero que no se valoraron porque pensaban que no cumplirían el contrato. Además, ha subrayado que ya tenían la experiencia positiva de Puertos del Estado, por lo que decidieron contratar con ella.
Miranda ha relatado que buscaron proveedores desde semanas antes de que se publicara la orden ministerial el 26 de marzo de 2020 de forma «insistente y con ahínco», pero que «nos estaba costando» encontrar empresas que suministraran mascarillas de forma inminente. A pesar de que valoraron dos ofertas, decidieron adjudicar la compra a Soluciones de Gestión porque garantizaba el suministro de manera inmediata. Pardo de Vera acudirá este miércoles como testigo para explicar cómo se transmitió la instrucción para adquirir material.
El exjefe de personal de ADIF ha asegurado que el ente público tenía otra oferta de mascarillas sobre la mesa, presentada por una empresa china de tecnología con sede en Granada (Innjoo Technology) dedicada a la venta de teléfonos móviles y tabletas. Sin embargo, tras valorarla, decidieron confiar en la de Soluciones de Gestión y encargarle cinco millones de unidades de mascarillas por 12 millones de euros.
Ofertas más económicas
El antiguo responsable de ADIF, investigado en la Audiencia Nacional, ha explicado que la noche en la que estaban deliberando sobre las ofertas recibieron la información de que el suministrador de Puertos del Estado ya tenía montada la logística para la entrega de las primeras mascarillas. Eso les motivó en confiar en la firma vinculada a Víctor de Aldama, que se enfrenta a siete años de prisión por el atenuante de colaboración. La Fiscalía y las acusaciones populares elevan la petición para Koldo García y José Luis Ábalos a 30 años.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado al testigo si los 2,5 euros por mascarilla que pagaron a Soluciones de Gestión eran habituales en ese momento, a lo que Miranda ha respondido que sí. El exjefe de Recursos Humanos de ADIF ha esgrimido que las empresas que ofertaban por debajo de esa cantidad no solían conseguir entregar la totalidad del pedido. Luzón ha recordado entonces al compareciente que «el Servicio Madrileño de Salud las compró a 1,24 a una empresa española en esas fechas».
«Las mascarillas se entregaron en cinco envíos. Sasemar detectó que había unas mascarillas defectuosas, lo trasladamos a la empresa y las sustituyó», ha apuntado Miranda. El exdirector de Recursos Humanos de ADIF ha señalado que Soluciones de Gestión «cumplió el contrato» y que tenía a las empresas SGS y Bureau Veritas como verificadores del proceso.
El ex alto cargo ha señalado que habló con Koldo García en tres ocasiones en abril de 2020 porque era la persona designada por el Ministerio de Transportes para el reparto de mascarillas: «En la orden venían ya fijadas las cantidades de entrega». Ha explicado que Pardo de Vera, que fue quien le designó para la adquisición de cinco millones de cubrebocas, pero que desconoce los motivos por los que le eligió.

La auditoría de Puente
En un informe reciente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vinculó a Pardo de Vera con la trama de las mascarillas. El oficio remitido a la Audiencia Nacional, incluye una serie de mensajes con el propio Miranda, donde este le recuerda que fue ella quien le pasó el teléfono de Íñigo Rotaeche, representante de Soluciones de Gestión. Los investigadores apuntan que la expresidenta de ADIF lo consiguió a través de Koldo García.
Miranda también se ha mostrado este martes muy criticó con la auditoría encargada por el ministro Óscar Puente: «La forma en la que se gestionó deja mucho que desear». El exdirector de Recursos Humanos de ADIF fue cesado de su cargo en agosto de 2024, tras su imputación en la Audiencia Nacional.

