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Internacional

Un lobby islamista presiona para coartar la libertad de expresión en Occidente

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Foto de familia de los asistentes a una reunión de la Organización de Cooperación Islámica
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La prestigiosa analista Judith Bergman acaba de revelar en las páginas del Gatestone Institute cómo la Organización de Cooperación Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) está intentando poner coto a tu libertad de expresión en diferentes países occidentales.

Bergman destaca cómo, de un modo irónico, el “Primer Foro Islámico-Europeo para examinar formas de cooperación para poner coto al discurso del odio en los medios”, tuvo lugar el pasado mes de junio en el Press Club Brussels Europe.

El director del departamento de información de la OIC, Maha Mustafá Aqel, explicó que el foro es parte de la estrategia mediática para contrarrestar la “islamofobia”:

“Nuestra estrategia se centra en interactuar con los medios, el sector académico y los expertos en varios temas relevantes, además de interactuar con los gobiernos occidentales para generar conciencia, apoyar los esfuerzos de los organismos de la sociedad civil musulmana en Occidente e implicar a esta última en el desarrollo de planes y programas para contrarrestar la islamofobia”.

A diferencia de todas las demás organizaciones intergubernamentales, el OIC ostenta poder religioso y político. Se define como:

“La segunda mayor organización intergubernamental después de Naciones Unidas con 57 países miembros repartidos en cuatro continentes. La Organización es la voz colectiva del mundo musulmán […] que apoya todas las causas que más interesan a los más de 1.500 millones de musulmanes en el mundo”.

Bergman explica cómo según la carta fundacional de la OIC, uno de los objetivos de la organización es “diseminar, promover y preservar las enseñanzas y valores islámicos basados en la moderación y la tolerancia, promover la cultura islámica y salvaguardar el patrimonio islámico así como “proteger y defender la verdadera imagen del islam, para combatir la difamación del islam y fomentar el diálogo entre civilizaciones y religiones”.

En la 11ª Sesión de la Conferencia de la Cumbre Islámica (Sesión de la Uma Musulmana del siglo XXI) celebrada en Dakar (Senegal) los días 13 y 14 de marzo de 2008, los países miembros de la OIC decidieron “renovar nuestro compromiso para trabajar más duro para asegurar que la verdadera imagen del islam se proyecta mejor sobre el mundo” y “tratar de combatir la islamofobia que pretende distorsionar nuestra religión”[6].

En 2008, la OIC publicó su Primer Informe del Observatorio de la OIC sobre Islamofobia. Este documento enumeraba una serie de interacciones que los representantes de la OIC tuvieron con los públicos occidentales, incluidos el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y académicos y otras universidades como Georgetown y Oxford, y decía:

“La cuestión que se subrayó en todas estas interacciones fue que la islamofobia está ganando cada vez más terreno en la mentalidad de la gente común en las sociedades occidentales, un hecho que ha creado una percepción negativa y distorsionada del islam. Se hizo hincapié en que las sociedades musulmanas y occidentales tendrían que abordar el problema con un sentido de compromiso para poner fin a la islamofobia […]. La islamofobia representa una amenaza no sólo para los musulmanes, sino para el mundo en general”.

“La OIC fue explícita en sus exigencias a Occidente”, recuerda Bergman. “En un comunicado entregado en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el secretario general de la OIC pidió que Europa “enjuiciara y castigara la discriminación racial […] mediante el marco de una legislación adecuada” y también “fortalecer las leyes existentes sobre discriminación y el el ‘tratamiento desigual’ y discriminatorio adoptado por los directivos del consejo de la UE”.

Hoy, muchos gobiernos europeos están enjuiciando a sus propios ciudadanos por criticar al islam o a los musulmanes, por ejemplo en Suecia, Alemania y Reino Unido, aunque se desconoce si este desarrollo de los acontecimientos puede atribuirse directamente, o en qué medida, a la OIC.

En Suecia, por ejemplo, los pensionistas en especial han sido procesados por hacer comentarios críticos sobre el islam en Facebook. Una mujer de 71 años se refirió a los denominados menores sin acompañante como “niños barbudos” y dijo –no incorrectamente (aquí, aquí y aquí)– que algunos habían participado “en violaciones y demolido sus centros [de acogida]”. En febrero de 2018, un tribunal sueco la sentenció a pagar una multa por “incitación al odio contra un grupo étnico”.

En Alemania, un periodista, Michael Stürzenberger, recibió una sentencia de seis meses de cárcel suspendida por publicar en su página de Facebook una foto histórica del gran muftí de Jerusalén, Hay Amin Al Husseini, estrechando la mano de un gerifalte nazi en Berlín en 1941. La fiscalía acusó a Stürzenberger de “incitar al odio hacia el islam” y “denigrar el islam” al publicar la fotografía.

Además de cultivar contactos de alto nivel con actores occidentales, la OIC también está siguiendo una exhaustiva estrategia mediática, acordada en Arabia Saudí en diciembre de 2016 y centrada en Occidente.

La estrategia mediática de la OIC afirma que uno de sus objetivos es:

“Aumentar la interacción con los medios y profesionales, mientras se promueve una imagen veraz y factual del islam. Se debe dirigir el énfasis a evitar cualquier vínculo o asociación entre el islam y el terrorismo, o el uso de retórica islamófoba en la guerra contra el terrorismo, como la de caracterizar a los criminales terroristas de fascistas “islámicos” o extremistas “islámicos”.

Parte de esa estrategia ya ha tenido mucho éxito en todo el mundo occidental, donde las autoridades y los medios no quieren referirse a los terroristas musulmanes como islámicos, sino que los describen sistemáticamente como “trastornados mentales”.

La OIC también señala que le gustaría que los profesionales de los medios y los periodistas “desarrollen, articulen e implementen códigos de conducta voluntarios para contrarrestar la islamofobia”, mientras que colaboran con los gobiernos occidentales para “generar conciencia contra los peligros de la islamofobia al abordar la responsabilidad de los medios sobre el problema”. La OIC dice además que le gustaría formar a periodistas extranjeros para “abordar el fenómeno del odio y la difamación de la religión islámica”, como ejemplificó el reciente Foro Europeo-Islámico, donde se presentó a los asistentes el “Programa para formar a los profesionales de los medios y reorientar los estereotipos sobre el islam” de la OIC.

Como se sostuvo antes aquí, los periodistas europeos –ayudados por la UE– ya son muy proclives a censurarse a sí mismos, lo que significa que el trabajo de la OIC ya está más que medio hecho en lo relativo a Europa.

Por último, la estrategia mediática de la OIC pide fomentar “una red de figuras públicas occidentales de alto perfil que apoyen los esfuerzos para combatir la islamofobia en la política, el periodismo y la sociedad civil” así como equipos de investigadores académicos y celebridades que sean las caras de la campaña.

Según Bergman, la OIC menciona los siguientes ejemplos, entre otros, de campañas mediáticas generales que pretende lanzar como parte de su estrategia mediática:

  • Campañas de televisión y publicidad “dirigidas al transporte público (bus y metro), periódicos y revistas famosos de cada país dos veces al año”.

  • Organizar tres tertulias al año en canales televisivos clave de EEUU y Europa sobre el islam con la participación de miembros escogidos de países musulmanes.

  • Diez conferencias al año en cada país (universidades, sindicatos y centros importantes sugeridos) “sobre el papel islámico para construir culturas y conectar religiones”.

  • Visitas a colegios y universidades de “equipos de especialistas” de la OIC.

  • Invitar a cien “activistas occidentales” de varios ámbitos en países musulmanes seleccionados que “puedan interactuar con intelectuales, políticos, figuras mediáticas e investigadores religiosos”.

  • Producir un documental de una hora “que examine el crecimiento de la islamofobia en occidente y su impacto en los musulmanes alrededor del mundo y las relaciones interreligiosas” que se emita “en grandes canales como la BBC británica y el Channel 4 o la PBS de Estados Unidos”.

La OIC está siendo ayudada en estos esfuerzos por “prestigiosas compañías de relaciones públicas como UNITAS Communications con sede en Londres (Reino Unido), y Golden Cap, con sede en Yeda (Arabia Saudí)”. La OIC promete que también creará un fondo para financiar iniciativas locales contra la islamofobia, y que hará un seguimiento de los medios y pulicará comentarios en noticias en publicaciones occidentales clave.

“Los muy ambiciosos planes de la OIC para acabar con la libertad de expresión están pasando muy desapercibidos en Occidente”, explica Bergman, quien añade que “los periodistas de los grandes medios occidentales no parecen considerar peligroso que su libertad de expresión pueda estar supervisada por la OIC, mientras que los gobiernos occidentales, lejos de resistirse, parecen, quizá para ganar votos, cómodamente dispuestos a aceptar lo que sea”.

(La Tribuna del País Vasco)

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Europa

El barco Ocean Viking atracará en Malta y seis países europeos acogerán a los 356 inmigrantes

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El Gobierno de Malta confirmó hoy que seis países europeos – Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía – acogerán a los 356 inmigrantes que están a bordo del barco OceanViking, fletado por Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, informó en las redes sociales de que “tras un debate con la Comisión Europea y varios Estados miembros, a saber Francia y Alemania, Malta acordó ser parte de la solución para la parálisis del Ocean Viking, que cuenta con 356 personas a bordo, sin perjudicar su posición legal”.

El mandatario explicó que Malta trasladará a estas personas a barcos de su Armada, fuera de aguas territoriales, y los llevarán “a tierra firme”, donde serán reubicados entre los seis mencionados países.

“Ninguno quedará en Malta”, apuntó el primer ministro.

El pasado 21 de agosto, SOS Méditerranée advirtió de que la embarcación necesitaba una solución “rápida” para desembarcar a sus 356 inmigrantes -entre ellos 103 menores, la mayoría no acompañados- y evitar que la situación degenerara a bordo.

El Ocean Viking realizó cuatro rescates sucesivos entre los pasados 9 y 12 de agosto, y desde entonces esperaba a una distancia equidistante de Italia y Malta a que algún país europeo le autorizara un puerto en el que poder desembarcar a estas personas.

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Resto del Mundo

Bolsonaro insinúa que las ONG pueden estar detrás de los incendios en el Amazonas

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El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, insinuó hoy que organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden estar detrás de los incendios forestales desatados en el Amazonas, que son los mayores registrados en los últimos años.

“Puede haber, sí, y no estoy afirmando, una acción criminal de esos ‘oenegeros’ para llamar la atención contra mi persona, contra el Gobierno de Brasil, y esa es la guerra que nosotros enfrentamos”, declaró a los periodistas Bolsonaro.

Para reforzar su tesis, Bolsonaro citó que su Gobierno ha “cortado el dinero público que iba para las ONG” que operan en la región amazónica, con proyectos “supuestamente” volcados al cuidado del ecosistema.

“De esa forma, ese personal está sintiendo la falta de dinero”, agregó el gobernante, quien apuntó que ahora la tarea de las autoridades es determinar si los incendios en el mayor pulmón del planeta han sido provocados.

“El crimen existe. Ahora, tenemos que hacer lo posible para que ese crimen no aumente” y establecer las responsabilidades “si es que las hubiera”, indicó Bolsonaro, quien insistió en que las ONG que operan en la Amazonía “representan intereses ajenos” a Brasil.

Según el estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), que contabiliza los incendios con la ayuda de imágenes de satélite, los focos de fuego en todo el país en lo que va de este año superan en un 83% a los del mismo período de 2018.

En un informe difundido este martes, el INPE precisó que entre el 1 de enero y el 18 de agosto ha registrado 71.497 focos de incendio en el país y que un 52,5% se sitúan en la región amazónica.

La extensión de los incendios forestales ha obligado a algunos estados amazónicos, como Amazonas y Acre, a declarar situación de emergencia o alerta ambiental pues la humareda puede provocar enfermedades respiratorias y afecta hasta el tráfico aéreo.

El pasado lunes, parte de los estados de Mato Grosso do Sul y Paraná, así como la ciudad de Sao Paulo, la mayor del país, fueron afectados por intensas nubes de humo causadas por los incendios que oscurecieron completamente el cielo poco después del mediodía.

De acuerdo con el INPE, durante la última semana, los focos de incendio han afectado 68 zonas protegidas o reservas indígenas de la región amazónica.

Las ONG, por el contrario, temen que el aumento de los incendios forestales pueda deberse a la acción de hacendados y empresarios del campo que, animados por las políticas de Bolsonaro, han decidido avanzar sobre el Amazonas para extender sus plantíos.

Según el Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonía (Ipam), el aumento de los incendios “tiene relación con la deforestación y no con una sequía más fuerte como podría suponerse”.

En un comunicado, esa institución independiente sostuvo que “si la sequía no explica los incendios, la retomada de la deforestación sí lo hace. El fuego es normalmente usado (por colonos y hacendados) para limpiar el terreno después de la deforestación”.

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Resto del Mundo

Dos millones de blancos han abandonado Suráfrica debido a la alta criminalidad y a la política de discriminación positiva a favor de los negros

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Lo han bautizado como el Great Trek (la Gran Expedición) al revés. No tiene la repercusión mundial que tuvo el fenómeno del ‘apartheid’, la exclusión de los negros de la vida pública surafricana que convirtió al país en una de las principales potencias económicas del mundo. Fue una situación injusta que, sin embargo, logró el objetivo de que Suráfrica venciera la guerra al hambre. El único caso dentro del continente negro. Se trata del fenómeno inverso a la incursión entre 1830 y 1840 de centenares de granjeros blancos, la mayoría descendientes de holandeses, en las regiones interiores de Suráfrica en busca de nuevas tierras donde asentarse y forjar un futuro para sus familias.

Ahora, el Great Trek no se hace con carromatos de bueyes y aperos de labranza, sino en avión hacia Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Canadá y supone una fuga de capital humano especializado que ya está hipotecando el crecimiento económico del país. Se calcula que casi dos millones de blancos ha abandonado Suráfrica desde 1996, un fenómeno que continuará, y del que se culpa a la alta criminalidad que sufre el país y a las políticas de discriminación positiva del Gobierno en beneficio de la población negra.

Los que emigran son jóvenes profesionales y parejas con hijos menores de 10 años. Las consecuencias a largo plazo son nefastas para la economía surafricana, tanto por la pérdida de profesionales especializados, de los que el país se encuentra carente, como por la pérdida de contribuyentes a las arcas del Estado. La población blanca envejece y sólo pagará impuestos durante los próximos 20 años, según el estudio. Mientras, la población negra se emplea en el sector informal, que no paga tasas.
Cronjé y Macfarlane creen que la alta criminalidad es la responsable de este éxodo. Suráfrica es uno de los países más peligrosos del mundo, de acuerdo con las estadísticas. Alrededor de 18.000 surafricanos son asesinados cada año.

Según un informe dado a conocer por el Instituto de Relación Raciales de Sudáfrica S.A.I.R.R., cada año abandonan el país más de cien mil blancos han abandonado su país. Están cansados y de los privilegios que se conceden a la población negra. Todos los empleos y servicios públicos son orientados a la gente de color. Lo que no previeron los impulsores de estas medidas es el cataclismo social y económico que provocaría. Sin la población blanca al frente de la gestión de los recursos productivos del país, Suráfrica ofrece el mismo nivel de competitividad que Soweto o Sierra Leona. La corrupción se extiende como una plaga por el país y los indicadores económicos alertan ya de lo que los políticamente correctos y los apologistas de la multiculturalidad se obstinan en ignorar: la marcha paulatina de los blancos está acelerando la pobreza progresiva del país.

Hasta mediados de los años 90, las multinacionales surafricanas dirigidas por blancos podían competir en igualdad de condiciones con las principales firmas de Occidente. Hoy las escasas empresas sólidas que sobreviven de la época de la supremacía blanca sufren los embates del intervencionismo estatal, que les obliga a contratar a un determinado número de directivos y empleados negros, lo que ha terminado por hacerlas ineficientes y cada vez menos productivas.

Desde 1995 se se han perdido dos generaciones completas de blancos. Hoy la población blanca de Sudáfrica sólo llega a los 3.300.000, casi dos millones menos que en 1995, cuando habían 5,2 millones. Este daro representa nada menos que un quinto de la población blanca. ¿Dónde están las organizaciones antirracistas que ponen el grito en el cielo cada vez que un país europeo promueve alguna medida regularizadora de su población inmigrante.

¿Quién será capaz de sostener el nivel de productividad que alcanzó Suráfrica en los años 80 y que la situó más cerca de Suecia que de sus vecinos africanos? Nada parece indicar que el éxodo de la población blanca vaya a detenerse. Los escasos dirigentes negros que analizan la situación del país sin las anteojeras de los prejuicios supremacistas reconocen que son los blancos quienes producen más, mejor y pagan los impuestos que sostienen las políticas sociales del gobierno en favor de la población de color.

Discriminación nada positiva

Las políticas de discriminación positiva emprendidas por el Gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC, en sus siglas en inglés) han sido duramente criticadas -y no sólo por los partidos de la oposición- por no ser efectivas en la lucha contra la pobreza y el desempleo, que se sitúa en más del 40% (en algunos guetos como Soweto la cifra puede llegar al 70% entre los jóvenes de entre 20 y 30 años) y que afecta sobre todo a la población negra.

La política llamada de BEE (Black Economic Empowerment, es decir, la potenciación económica negra) ha supuesto la llegada a la élite económica de Suráfrica de un número de empresarios negros, convertidos rápidamente en millonarios, algunos de ellos sospechosamente ligados al ANC, y una tímida generación de clase media, pero aún exigua.

De acuerdo con el estudio de Cronjé y Macfarlane, un tercio de la población con salarios más elevados es negra. Pero sólo un 1% de la población negra podría ser considerada de clase media, que es la que lleva el peso de la contribución a las arcas del Estado. La fuga de cerebros, de no frenarse o suplirse de alguna manera, sólo puede empeorar la situación: “Tendría que haber un enorme flujo de trabajadores capacitados para suplir las vacantes, y desafortunadamente ése no es el caso”, dice Cronjé, quien recuerda que la educación de los jóvenes negros todavía no se ha igualado a los estándares de la enseñanza que han recibido y reciben los blancos.

Se calcula que por cada trabajador especializado que emigra del país se dejan de generar 10 puestos de trabajo de menor especialización.

La falta de trabajadores con una especialización, ocasionada por la fuga de cerebros, es especialmente notoria en el sector sanitario, exhausto además por tener que lidiar con la pandemia del sida, con más de cinco millones de surafricanos afectados, una de las cifras más altas del mundo.

Se calcula que existen 32.000 vacantes sólo de enfermeras en el sector público y, pese a que se ha puesto en marcha un plan para la construcción de hospitales y la mejora de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, el éxodo sigue imparable. Suráfrica ha tenido que firmar un pacto con Reino Unido para que éste no contrate a sus médicos y enfermeros (el 6% del personal médico en tierras inglesas es surafricano). Suráfrica se ve obligada a contratar médicos de países más pobres, con lo que se empeora la situación sanitaria de otros, como Ghana, que tiene más médicos trabajando fuera del país que dentro.

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