El instructor acuerda ampliar seis meses más el periodo de investigación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Juan Carlos Martínez contrata a un despacho de penalistas de Sevilla, que prepara ya un escrito para intentar combatir la tesis policial.

El juez ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que analice la voluminosa documentación aportada por la Intervención General de la Junta de Andalucía antes de decidir si cita como imputado a Juan Carlos Martínez, marido de la actual directora de la Guardia Civil (María Gámez) y al que los investigadores policiales acusan de haber logrado un «lucro injusto» con los ingresos que habría recibido su consultora de sociedades que consiguieron «cuantiosos» fondos de la Administración autonómica.

En un auto fechado el pasado 14 de enero, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, acuerda ampliar la instrucción de este procedimiento seis meses más -hasta el próximo 29 de julio, como le había pedido la Fiscalía- y ordena a la Policía que examine la información aportada por la Junta (informes definitivos de cuentas de IDEA correspondientes a varios ejercicios, fundamentalmente) a fin de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Como informó este diario, el nombre de Juan Carlos Martínez sale a relucir en un informe que la UDEF entregó el pasado mes de octubre al juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -entonces dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa- a Santana Motor, ya disuelta. Una de las líneas que se investigan es el flujo de salida de fondos desde esta empresa automovilística, «por importes millonarios, a favor de sociedades particulares vinculadas a la gestión del proyecto» derivado de dichos créditos, entre ellos el relativo al desarrollo del todoterreno Massif.

La Policía ha investigado los movimientos de la consultora que Martínez constituyó en Málaga en enero de 2012 (Job Management Liberty SL) y ha llamado la atención sobre determinados ingresos. Entre otros, los 4.130 euros facturados a Experience Management Group SL, una empresa administrada por su hermano Bienvenido. Éste ejerció como director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA, fue presidente de Santana Motor y, a través de su empresa, adjudicatario de la gestión del centro de negocios de la Junta de Andalucía en Madrid en un procedimiento que la Policía considera irregular.

Encargo «directo» y gestión «ineficiente»

La UDEF sostiene que la consultora de Bienvenido Martínez se hizo con ese encargo «de manera directa» y sin proceso de licitación alguna, en contra de lo que el ex consejero de Economía, Innovación y Ciencia Antonio Ávila afirmó en el Parlamento andaluz cuando el PP le pidió explicaciones. La gestión fue «manifiestamente ineficiente e insostenible en el ámbito privado», por cuanto los gastos fueron seis veces superior a los beneficios.

Además de Experience Management Group, Job Management Liberty también declaró ingresos procedentes de dos compañías que habían recibido importantes ayudas de la Administración andaluza. En concreto, de Laboratorios Farmacéuticos Rovi SA (128.880 euros) y de Isofotón Power Generation SL (21.789 euros).

«Experience Management Group y Job Management Liberty presentan importantes ingresos de sociedades que reciben a su vez cuantiosos ingresos de la Junta de Andalucía (Santana, FAGIA, FASUR, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Isofotón…), en lo que se plantea puede ser un mecanismo de retribución por la concesión de dichos fondos públicos», interpreta la UDEF.

Juan Carlos Martínez contrata a un bufete de Sevilla y prepara ya un escrito para tratar de combatir la tesis de la Policía

En su informe, la Policía resalta el «aumento patrimonial» que Juan Carlos Martínez experimentó, atribuyéndole la compra de propiedades inmobiliarias por importe superior a un millón de euros entre 2009 y 2012. «Este patrimonio ha sido detectado al tiempo de investigar la creación de la sociedad que gestiona», dicen los investigadores, que ofrecen al juez la posibilidad de entregarle un «estudio y análisis detallado» si lo considera necesario.

De momento, el instructor ha pedido a los agentes que analicen los informes de cuentas anuales de la Agencia IDEA entre los años 2006 y 2011; diversos Programas de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de esta agencia pública, anexos con alegaciones de la Intervención de la Junta y el informe definitivo de control financiero de Santana Motor -SAU- para que completen los dos atestados entregados el pasado año.

A la espera de que la Policía entregue el nuevo informe y el juez pueda tomar nuevas decisiones, el marido de la directora de la Guardia Civil ha contratado ya los servicios de un acreditado despacho de abogados penalistas de Sevilla, que trabaja en la redacción de un escrito con el que tratarán de combatir las apreciaciones formuladas por la UDEF y que se presentará en el juzgado en los próximos días.

«Mecánica muy compleja»

En el auto, el juez considera que concurren los «elementos precisos» para alargar seis meses más el periodo de instrucción, dado que las diligencias acordadas resultan «necesarias» para tratar de esclarecer «definitivamente» los hechos que se investigan en esta causa desde hace casi siete años. El instructor considera que estas pesquisas no se han podido llevar a cabo antes por la «complejidad» del procedimiento y por la «grave carga jurisdiccional» que pesa sobre este juzgado: es el órgano que tramita el caso ERE y el fraude de la formación y de la Faffe, entre otros sumarios.

«En íntima conexión con lo anterior, hay que tener en cuenta que en el presente procedimiento se investiga la actuación de personas jurídico públicas y privadas, con un número no irrelevante de implicados y con una mecánica delictual muy compleja que exige el análisis importantes informes periciales y policiales, y de un volumen de documentación no menor, precisamente. A ello debe añadirse la contingencia procesal de diversos sobreseimientos parciales de posibles investigados, la posible impugnación de decisiones jurisdiccionales a resultas de las cuales habría de resultar perfectamente plausible la necesidad de practicar nuevas diligencias para determinar con exactitud la mecánica delictiva investigada y los presuntos responsables que habrían de reunir la condición de investigados en relación a la misma», justifica el magistrado Vilaplana.

Junto al nombre de los hermanos Bienvenido y Juan Carlos Martínez, la UDEF señala la presunta responsabilidad de otras cinco personas más -entre ellos los ex consejeros del Gobierno andaluz Antonio Ávila y Martín Soler- en relación con las presuntas irregularidades detectadas en la gestión del centro de negocios de la Junta de Andalucía en Madrid.

Antonio Salvador