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Cartas del Director

Un PSOE sin voz, al servicio de Sánchez

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Con la excepción de algunos de sus dirigentes históricos, como Felipe González, Joaquín Leguina y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que nada práctico acaban por hacer, y un más que circunspecto Emiliano García Page, un espeso manto de silencio se extiende entre las filas socialistas ante el último «doble mortal» político de su secretario general, Pedro Sánchez, que, ayer mismo, comenzó a negociar su investidura con ERC, un partido separatista que ha encabezado el golpe antidemocrático en Cataluña y que no parece dispuestos a renunciar a ninguno de sus postulados, todo lo más, a amoldarse a un apaciguamiento tacticista, condicionado a la liberación de sus dirigentes encarcelados y a la apertura de una mesa de negociación que, por sí sola, pone en tela de juicio los principios constitucionales del Estado. Ni siquiera la inveterada vocación de poder del PSOE, una anomalía en el mundo occidental, explica la ausencia de críticas internas ante una apuesta que, como describió gráficamente el dirigente castellano-manchego, puede obligar a Pedro Sánchez «a gobernar de rodillas».

Podría entenderse, incluso, que la pasiva reacción de los cuadros del partido ante los malos resultados electorales y la amenaza de podemización del futuro Gobierno se debiera a la misma perplejidad que embarga al resto de los españoles, pero que el PSOE en su conjunto sea incapaz de reaccionar ante las supinas contradicciones, las palmarias incoherencias, las falsas promesas, las medias verdades y las mentiras completas del presidente del Gobierno en funciones carece de explicación racional. Porque no es baladí, y las consecuencias se verán en el medio plazo, que un político con las responsabilidades de quien gobierna la Nación, prometiera en el debate electoral, no hace ni quince días, que iba a reintroducir en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referendos, llevar al sistema educativo de toda España una asignatura de formación en valores constitucionales y modificar la elección del Consejo de la televisión pública de Cataluña y, ahora, esté recabando apoyos parlamentarios de los mismos partidos contra quienes estaban pensadas esas mismas medidas.

Si, ciertamente, es un tópico que las promesas electorales están hechas para no cumplirse, lo que los ciudadanos están viviendo es la superación del marxismo por parte de Pedro Sánchez, pero el de Groucho. Sin duda, hay que insistir en ello, está manera de contemplar la política como un mero instrumento de provecho personal explica que el PSOE se haya dejado más de setecientos mil votos en unas elecciones que han visto la debacle de Ciudadanos y la fuerte caída de Podemos. Ni a su derecha ni a su izquierda los socialistas han sido capaces de recuperar apoyos, y vuelven a sus peores resultados.

Que el secretario general socialista se asienta sobre una militancia radicalizada, se demostró en las primarias del partido. Que un PSOE alejado de sus tradicionales postulados socialdemócratas está muy lejos de la mayoría social, también. De ahí que no sean de recibo los intentos de Sánchez de trasladar la responsabilidad de un Gobierno como el que se prepara, forzosamente condicionados por quienes pretenden, lisa y llanamente, acabar con el actual sistema constitucional, a los partidos del centro derecha.

Por supuesto, es posible una alternativa a la conjunción de la extrema izquierda populista con el separatismo, como admiten dirigentes caracterizados del Partido Popular que, dicho sea de paso, expresan sus opiniones con libertad y normalidad, pero para ello sería imprescindible que el candidato socialista diera un primer paso esa dirección. Porque los hechos son diáfanos: el mismo domingo Pedro Sánchez, sin atender la llamada de Pablo Casado, ya había decidido cubrirse la espaldas de su fracaso.


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Cordón fiscal del PP frente al Gobierno

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Como la culpa de todo lo que sucede o pueda suceder en España la tiene o la va a tener el Partido Popular, según la propaganda que despacha el Gobierno y aventan sus medios afines, el PP no ha tardado en mover ficha para mostrar a la opinión pública cuál es su programa y sobre qué principios se sostiene, especialmente en materia económica y fiscal. La reunión convocada ayer en Madrid, donde se citaron los consejeros de Hacienda de los ejecutivos regionales que preside el PP, responde a la necesidad de hacer un frente común ante el acoso -confesado por la propia ministra de Economía- que el equipo de Sánchez ha diseñado para poner coto a las ventajas y los incentivos fiscales con que el Partido Popular ha logrado dinamizar la creación de empresas, la generación de empleo y el bienestar social en las comunidades en las que gobierna, con Madrid a la cabeza. El igualitarismo que predica la izquierda como remedio contra las desigualdades que dice combatir se traduce en la persecución de quienes amenazan su plan global de empobrecimiento, especialidad del PSOE cuando se asienta en el Gobierno. En la diana está Madrid, pero también todas aquellas comunidades que abogan por subvertir el programa socio-comunista de subida de impuestos e intimidación empresarial anunciado por el Ejecutivo.

Al plantar cara a estas iniciativas de forma concertada, lo que hacen las comunidades gobernadas por el PP no es una opción política basada en el frentismo, sino una obligación cívica ligada a la responsabilidad. Lo era cuando la economía española crecía en torno al 3 por ciento del PIB y lo es, con más motivo, cuando la desaceleración se va a ver agravada por un paquete de medidas fiscales que solo pueden desalentar la inversión y destruir empleo.


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Celaá quiere expropiar a los padres la responsabilidad de educar a sus hijos

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Los niños no son propiedad de los padres ha dicho la ministra de Educación tras el Consejo de Ministros, que fue ayer el último de los Consejos de Ministros de los viernes. Y lleva razón la ministra, seguramente no hay algo más evidente para quien trae a un niño al mundo, para quien lo cría y lo ve crecer que los niños no son de los padres. Pero mucho menos del Estado. Los padres tienen eso sí, el gusto y la responsabilidad de educarlos como les parece mejor para ellos. Y ese principio tan sensato está reconocido en nuestra Constitución. Si la ministra de Educación ha querido expropiar a los padres de su gusto y de su responsabilidad, la ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente ha señalado que hay niños dominados por padres homófobos que tienen que ser liberados por el Estado.

Menos mal que tenemos un Estado progresista que libera a los niños de sus padres. Hay que librar la lucha de clases en el seno de la familia. Estas declaraciones de las dos ministras han sido la reacción al acuerdo al que han llegado Vox, el PP y Ciudadanos en Murcia para poner en marcha el pin parental. El Gobierno de Sánchez va a hacer un requerimiento al Gobierno de Murcia y va a llevar el asunto a los tribunales. El caso del pin parental es un caso muy interesante y nada sencillo sobre el derecho del Estado a fijar los contenidos de la enseñanza que reciben los niños y el derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, de los que no son los dueños pero sí los responsables. Estamos hablando de los límites de los derechos y las fronteras siempre son viscosas en este campo. El pin parental que ha conseguido sacar adelante Vox consiste en que los padres autoricen o no autoricen cualquier charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o las cuestiones LGTBI. Estamos hablando de actividades complementarias, impartidas por personas ajenas al centro que no están dentro del currículum. Por parte de Vox, Espinosa de los Monteros ha argumentado que tiene derecho a autorizar o no autorizar estas charlas.

Hemos llegado a esta polémica porque los contenidos educativos se han convertido en una trinchera ideológica. Mal asunto. Llevamos décadas sin un acuerdo amplio sobre qué y cómo deben estudiar nuestros hijos. La Administración, el Estado, tiene derecho a establecer cuáles son los contenidos de los programas de enseñanza que son obligatorios. Lo ideal es que esos contenidos estén consensuados y sean para todos. Pero los padres también tienen derecho a que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El conflicto se planteó en la época de Zapatero porque había una serie de padres que consideraban que la asignatura de Educación para la Ciudadanía vulneraba su libertad y debía asistirles la objección de conciencia. El asunto llegó al Supremo, que, con una sentencia muy controvertida, aseguró que no había derecho a la objección de conciencia porque la materia de esa asignatura no podía vulnerar la libertad de conciencia de los padres. Ahora, con el pin parental, no estamos en el mismo caso porque no se discute sobre un asignatura que esté en el plan de estudios impartida por profesores. Aquí estamos hablando de una enseñanza que no está incluida en el plan de estudios y que no imparten los profesores. Ya veremos qué dicen los tribunales, pero parece lógico que en una sociedad plural, los contenidos que no estén en el programa sean autorizados por los padres. Seguro que hay padres que quieren decidir sobre la asistencia de sus hijos a una charla extraescolar sobre el genocidio de Stalin provocado por la deskulakización. En una sociedad como la nuestra, tan poco dada a los consensos, incluso en aquellos contenidos que están en el programa, convendría tener prevista una fórmula para que la libertad de conciencia de los padres pueda ejercerse.

Democracia no es solo mayoría.


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¿Un gobierno o una agencia de colocación?

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Deben quedar aún unos días para que se conozca en su totalidad la composición del nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y ya vamos por cuatro vicepresidencias. El espectáculo que están dando uno y otro partido, anunciando por su cuenta (y sin informar al socio) de cuáles serán sus piezas en el Consejo de Ministros y las presuntas competencias que asumirá cada formación, refleja la artificialidad que ha guiado esta alianza «progresista». Sobre su eficacia solo caben malos pronósticos una vez exaltadas por los firmantes del pacto las líneas generales de su acción de Gobierno, dirigidas hacia un propósito sectario en el manejo de las prioridades políticas y dinamitador de las reformas puestas en marcha durante legislatura y media por el Ejecutivo del PP. Lo que sí está claro, habida cuenta del gigantismo de la nueva estructura gubernamental, es que a los españoles les saldrá mucho más caro dar acomodo a las aspiraciones de Sánchez e Iglesias, pues conllevará un incremento de altos cargos, asesores y personal de apoyo a tanta vicepresidencia y tanto ministerio.

Estas primeras horas tras la investidura de Sánchez reflejan también que la desconfianza entre ambas facciones no tendrá fácil arreglo, pues La Moncloa se ha visto obligada a «contrarrestar» los anuncios unilaterales de los ministros de Podemos comunicando, sin avisar a Iglesias, que habrá una vicepresidencia socialista más de las pactadas. Es la respuesta de Sánchez para restar valor a la asumida por Podemos. Se trata de dar acomodo a cuantos más altos cargos posibles, desdoblando departamentos, direcciones generales y lo que haga falta en una desquiciada maniobra de «yo pinto mucho más que tú» en la que el interés general es secundario, como ya apuntaba la elección de los socios que sostienen esta aventura política personalista, tóxicos para la unidad de España.


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